TA HUI - Sentencia 41001-23-33-000-2020-00842-00 (15-07-2025)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Magistrado: Enrique Dussán Cabrera Neiva Quince (15) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho. Demandante Danes Ingenieros S.A.S. Demandado DIAN Radicación 41 001 23 33 000 2020 00842 00

Asunto SENTENCIA Número: S-112

Acta de Sala N° 046 De la fecha.

1. DEMANDA1.

1.1. HECHOS

La sociedad Danes Ingenieros S.A.S. presentó su declaración de renta correspondiente al año gravable 2015, el 3 de mayo de 2016, en el formulario identificado con el No. 1111603828069.

El 30 de julio de 2018, la División de Fiscalización de la Administración de Impuestos de Neiva, remite requerimiento especial No. 132382018000065, mediante el cual proponen la modificación de l impuesto de renta del año gravable 2015. Determinando un valor a pagar por la suma de $2.252.130.000, requerimiento al cual se da respuesta mediante radicado No. 013E2018017702.

La entidad accionada el 25 de julio de 2019, expidió la Liquidación Oficial de Revisión No. 132412019000064, mediante el cual modifica el valor a pagar, reduciendo a la suma de $1.166.994.000. Contra esta decisión el 26 de septiembre de 2019, la sociedad interpuso Recurso de Reconsideración, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante la Resolución No. 4704 del 4 de agosto de 2020.

decisión el 26 de septiembre de 2019, la sociedad interpuso Recurso de Reconsideración, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante la Resolución No. 4704 del 4 de agosto de 2020.

1.2. PRETENSIONES

La sociedad Danes Ingenieros S.A.S. pretende que se declare la nulidad total de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 132412019000064 del 25 de julio de 2019, así como de la Resoluc ión del Recurso de Reconsideración Nro. 4704 del 4 de agosto de 2020, mediante el cual la entidad demandada confirmó dicha liquidación.

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Como consecuencia de lo anterior, solicita como restablecimiento del derecho de la sociedad Danes Ingenieros S.A.S., la corrección de la declaración de renta del año gravable 2015 sin que se impongan sanciones económicas ni intereses.

Adicionalmente, se archive el proceso administrativo adelantado por la Dian y que se condene en costas a la entidad demandada, conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Como nomas violadas señaló los artículos 13, 29 y 83 de la Constitución Política, artículos 82, 647, 742, 743, 745, 772, 773 y 774 del Estatuto

Como nomas violadas señaló los artículos 13, 29 y 83 de la Constitución Política, artículos 82, 647, 742, 743, 745, 772, 773 y 774 del Estatuto Tributario, artículos 50, 51 y 59 de Código de Comercio, artículos 3 -2, 10, 137 y 138 del CPACA, artículo 185 del CPC.

Expone que la entidad demandada desconoció el principio de asociación entre ingresos y costos, al rechazar los costos reportados sin valorar adecuadamente las prueb as aportadas, lo que llevó a una determinación de renta gravable desproporcionada. Igualmente, argumenta que la administración tributaria no aplicó el artículo 82 del E.T., que permite reconocer costos presuntos cuando no es posible su verificación directa, y que actuó en contravía del principio de realidad económica.

Señaló como concepto de violación que la D ian exigió un nivel de prueba excesivo, ignorando la documentación presentada por la sociedad, como certificaciones de consorcios, actas de obra y facturas, muchas de las cuales fueron rechazadas por razones formales.

La parte actora sostiene que esta actuación vulnera el derecho al debido proceso y desconoce la buena fe del contribuyente, al presumir la inexistencia de los costos sin pruebas suficie ntes. Además, se alega que la carga probatoria fue trasladada injustamente al contribuyente, sin que la administración ejerciera plenamente sus facultades de verificación, lo que resultó en una liquidación que no refleja la verdadera capacidad económica de la empresa.

2. CONSTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

que la administración ejerciera plenamente sus facultades de verificación, lo que resultó en una liquidación que no refleja la verdadera capacidad económica de la empresa.

2. CONSTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

La apoderada judicial de la entidad demandada , contestó la demanda señalando que los actos administrativos demandados fueron proferidos conforme a la ley, en ejercicio legítimo de las facultades de fiscalización.

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De la misma forma, reconoció que la sociedad presentó su declaración de renta del año gravable 2015 y que, tras un proceso de revisión, se determinó un mayor valor a pagar. Su representada, argumentó que la sociedad no aportó pruebas suficientes ni v álidas para respaldar los costos y deducciones reclamados, lo que justificó su rechazo parcial.

Como argumentos de defensa, explicó que las certificaciones aportadas por los consorcios no constituyen prueba suficiente sin los respectivos soportes contable s, como facturas válidas, libros auxiliares, estados financieros y comprobantes de pago. Además, indicó que muchas de las facturas presentadas no cumplían con los requisitos del artículo 7712 del Estatuto Tributario, y que algunas estaban duplicadas, fuer a del rango autorizado o emitidas por proveedores no localizables. También se rechazaron cuentas de cobro por no acreditar el pago de aportes a

2 del Estatuto Tributario, y que algunas estaban duplicadas, fuer a del rango autorizado o emitidas por proveedores no localizables. También se rechazaron cuentas de cobro por no acreditar el pago de aportes a seguridad social, conforme a la Ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del E.T.

De la misma forma, sostuvo que no s e vulneraron los principios constitucionales invocados por la parte actora, como la buena fe, el debido proceso o la igualdad, y que no era procedente aplicar el artículo 82 del Estatuto Tributario sobre costos presuntos, ya que no se trataba de enajenación de activos y no se cumplieron los requisitos legales para ello.

Por lo tanto , solicitó se n ieguen las pretensiones de la demanda y se reconozcan las costas procesales a favor de la D ian, en virtud de la legalidad de sus actuaciones.

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

3.1. De la parte actora3

El apoderado de la sociedad demandante, reiteró los hechos y pretensiones de la demanda y señaló que los actos administrativos expedidos por la D ian —la Liquidación Oficial de Revisión No. 132412019000064 del 25 de julio de 2019 y la Resolución No. 4704 del 4 de agosto de 2020 — fueron proferidos sin tener en cuenta la normatividad vigente aplicable al caso concreto, y que se incurrió en una indebida aplicación de las normas tributarias.

Insistió en que los soportes aporta dos durante el proceso demuestran que los costos y gastos rechazados por la entidad demandada, sí

indebida aplicación de las normas tributarias.

Insistió en que los soportes aporta dos durante el proceso demuestran que los costos y gastos rechazados por la entidad demandada, sí

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corresponden a operaciones reales y necesarias para la generación de ingresos, y que ente fiscal no valoró adecuadamente las pruebas.

Por lo tanto, solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos mencionados y que se ordene el restablecimiento del derecho, permitiendo la corrección de la declaración de renta del año gravable 2015 sin imposición de sanciones ni intereses.

Finalmente, argumenta que se configura como causal de nulidad la infracción directa de normas superiores , por la falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas tributarias, lo cual justifica la anulación de los actos administrativos demandados y el archivo del proceso adelantado por la Dian.

3.2. De la parte demandada4

La apoderada de la entidad demandada, reiteró los argumentos de la contestación de la demanda, aduciendo que los actos administrativos demandados, fueron expedidos conforme a de recho, respetando el debido proceso y dentro del marco de las facultades legales de fiscalización. Señaló que las glosas administrativas que dieron lugar a la modificación de la declaración de renta del año gravable 2015 se

debido proceso y dentro del marco de las facultades legales de fiscalización. Señaló que las glosas administrativas que dieron lugar a la modificación de la declaración de renta del año gravable 2015 se basaron en la falta de soporte d ocumental válido para los costos y gastos reportados por la sociedad demandante.

Explicó que los costos rechazados correspondían a operaciones realizadas a través de consorcios, pero que la sociedad no aportó facturas ni documentos equivalentes que cumplieran con los requisitos legales establecidos en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario.

De la misma forma, indicó que no se allegaron libros contables, auxiliares ni estados financieros que permitieran verificar la realidad de las operaciones. Las certificaciones emitidas por los consorcios fueron consideradas insuficientes como prueba, al no estar respaldadas por documentos contables idóneos.

Frente a la aplicación del artículo 82 del Estatuto Tributario sobre costos presuntos, sostuvo que dicha norm a no es aplicable de forma automática ni supletoria, y que su uso requiere la existencia de indicios de que el costo informado no es real o que no pueda determinarse mediante pruebas directas, lo cual no se acreditó en este caso.

Por tanto, solicitó se n ieguen las pretensiones de la demanda, al no haberse demostrado la ilegalidad de los actos administrativos ni la vulneración de derechos fundamentales.

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3.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

4.1. Competencia.

El Tribunal es competente en el presente asunto en primera instancia de conformidad con el numeral 4º del artículo 152 en concordancia con numeral 2 del artículo 156 y del artículo 157 del CPACA sin la modificación introducida por la ley 2080 de 2021.

4.2. Problema jurídico.

Determinar si los actos administrativos proferidos por la D ian, Liquidación Oficial de Revisión No. 132412019000064 del 25 de julio de 2019 y la Resolución No. 4704 del 4 de agosto de 2020 ; mediante los cuales se modificó la declaración de renta del año gravable 2015 de la sociedad Danes Ingenieros S.A.S., incurrieron en violación de normas superiores, falsa motivación y desconocimiento del debido proceso , al rechazar costos y deducciones sin valorar adecuadamente las pruebas aportadas y sin aplicar el artículo 82 del Estatuto Tributario sobre costos presuntos.

4.3. Del fondo del asunto.

4.3.1. Desconocimiento de costos de venta y prestación de servicios ($1.833.321.000)

Mediante liquidación oficial 132412019000064 del 25 de julio de 201 5, la Dian seccional Neiva propone modificar la declaración de renta de la

servicios ($1.833.321.000)

Mediante liquidación oficial 132412019000064 del 25 de julio de 201 5, la Dian seccional Neiva propone modificar la declaración de renta de la sociedad Danes Ingenieros SAS. correspondiente al año gravable 2015, desconociendo costos de venta y prestación de servicios por valor de $1.833.321.000, producto del análisis que r ealizó de los costos declarados como consecuencia de su participación en 11 consorcios, así:

Consorcio % de participación Costos con soportes Costo s/n participación Costos procedentes Costos procedentes s/n participación VIAS URBANAS LA ARGENTINA 50% $ 864.772.398 $ 432.386.199 $ 41.182.838 $ 20.591.419

DANES BARAYA 50% $ 526.912.175 $ 263.456.088 $ 62.907.883 $ 31.453.942

PAVIMENTACION ALTAMIRA 50% $ 347.070.723 $ 173.535.362 $ 150.594.939 $ 75.297.470

GALERIA LA ARGENTINA 90% $ 703.085.794 $ 632.777.215 $ 228.787.330 $ 205.908.597

CDIG 49% $ 49.703.990 $ 24.354.955 $ 40.471.990 $ 19.831.275TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 6 de 30

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SENDEROS GUADALUPE 10% $ 34.724.832 $ 3.472.483 $ 31.524.832 $ 3.152.483

VIAS TERCIARIAS YAGUARA 50% $ 86.738.259 $ 43.369.130 $ 38.618.259 $ 19.309.130

DANES 80% $ 22.922.645 $ 18.338.116 $ 13.922.645 $ 11.138.116

VIAS TERCIARIAS LA ARGENTINA 2 50% $ 16.741.327 $ 8.370.664 $ 15.969.311 $ 7.984.656

VIAS TERCIARIAS LA ARGENTINA 1 50% $ 19.206.330 $ 9.603.165 $ 18.737.940 $ 9.368.970

BATERIAS SANITARIAS GUADALUPE 99% $ 116.706.427 $ 115.539.363 $ 79.832.327 $ 79.034.004

TOTALES $ 2.788.584.900 $ 1.725.202.740 $ 722.550.294 $ 483.070.062

Al haber declarado co stos de venta por $2.316.000.000 y determinar que solo son procedentes $482.679.000 (aproximado al $1.000 más cercano), le desconoce $1.833.321.000, sin embargo, es de aclarar que la D ian incurre en un error al calcular los costos procedentes en el

que solo son procedentes $482.679.000 (aproximado al $1.000 más cercano), le desconoce $1.833.321.000, sin embargo, es de aclarar que la D ian incurre en un error al calcular los costos procedentes en el consorcio Galería La Argentina, ya que el 90% (% de participación) de $228.787.330, son $205.908.597, luego el total de los costos procedentes según la participación de la actora en los consorcios serian $483.070.062 y el valor de los costos desconocidos de $1.832.930.000.

En respuesta al requerimiento especial la actora manifiesta que, durante el año 2015, participó en 13 consorcios, sin embargo, presentó soportes de costos incurridos por los mismos 11 contratos de colaboración empresarial, relacionados por el fi scalizador, por valor de $2.376.790.120, de los cuales le corresponderían $1.519.305.348, de acuerdo a su participación en los mismos.

Pese a lo anterior, al atender la ampliación al requerimiento especial presenta certificaciones de los contadores de los 13 consorcios de los que hizo parte en el año 2015, sobre los ingresos y costos y gastos , como se relaciona a continuación:

Consorcio % de participación Total ingresos Total costos y gastos Participación de ingresos Participación de costos y gastos VIAS URBANAS LA ARGENTINA 50% $446.598.301 $423.687.808 $223.299.151 $211.843.904

DANES BARAYA 50% $570.613.958 $539.629.620 $285.306.979 $269.814.810

PAVIMENTACION

DANES BARAYA 50% $570.613.958 $539.629.620 $285.306.979 $269.814.810

PAVIMENTACION ALTAMIRA 50% $364.721.079 $347.070.723 $182.360.540 $173.535.362

GALERIA LA

ARGENTINA 90%

$1.166.165.151 $1.107.973.510 $1.049.548.636 $997.176.159

CDIG 49% $190.538.901 $181.011.956 $93.364.061 $88.695.858

SENDEROS GUADALUPE 10% $554.058.064 $521.368.638 $55.405.806 $52.136.864

VIAS TERCIARIAS YAGUARA 50% $192.118.078 $184.715.768 $96.059.039 $92.357.884

DANES 80% $86.654.475 $80.770.636 $69.323.580 $64.616.509

VIAS TERCIARIAS LA ARGENTINA 2 50% $112.098.535 $104.386.156 $56.049.268 $52.193.078

VIAS TERCIARIAS LA ARGENTINA 1 50% $112.427.396 $106.042.644 $56.213.698 $53.021.322TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 30

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BATERIAS

SANITARIAS

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BATERIAS SANITARIAS GUADALUPE 99% $270.787.894 $260.281.324 $268.080.015 $257.678.511

AULAS LA ARGENTINA 99% $85.848.738 $82.414.788 $84.990.251 $81.590.640

DISEÑOS CRC 50% $16.000.000 $15.096.000 $8.000.000 $7.548.000

TOTALES

$4.168.630.570 $3.954.449.571 $2.528.001.024 $2.402.208.901

En desarrollo del proceso administrativo de fiscalización la Dian, el 7 de noviembre de 2017 , profirió el req uerimiento ordinario 1 -13-238-41710401 mediante el cual requirió a la investigada copia de los estados financieros de los años 2014 y 2015, balance de prueba a nivel de terceros del año 2015, los libros auxiliares de ese mismos año, la conciliación fiscal de la declaración de renta del año 2015 y copia de los certificados de retención en la fuente declarad as en ese año, el cual nunca fue contestado.

Los artículos 631 y 686 del Estatuto Tributario no solo establecen deberes formales para los contribuyentes , sino que también facultan a la administración tributaria para ejercer un control efectivo sobre la información financiera y contable de los ciudadanos y empresas.

El artículo 6315 faculta al ente fiscalizador para requerir a las personas

deberes formales para los contribuyentes , sino que también facultan a la administración tributaria para ejercer un control efectivo sobre la información financiera y contable de los ciudadanos y empresas.

El artículo 6315 faculta al ente fiscalizador para requerir a las personas naturales y jur ídicas, contribuyentes o no, una serie de informaciones detalladas con el fin de realizar estudios y cruces de información. Esta información incluye datos sobre ingresos recibidos, costos y gastos incurridos y retenciones practicadas, entre otros. Esta disposición busca fortalecer la capacidad de la D ian para detectar inconsistencias, prevenir la evasión fiscal y asegurar que los tributos se recauden de manera justa y eficiente.

Por su parte, el artículo 686 6 establece las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones, otorgando a la D ian la facultad de imponer sanciones y requerir información adicional cuando se detecten omisiones o errores en la información suministrada. Esta norma refuerza el principio de responsabilidad tributaria, recordando a los contribuyentes que el cumplimiento de sus deberes no es opcional, sino una obligación legal con implicaciones directas.

Es evidente que estas disposiciones no deben ser vistas como una carga excesiva, sino como mecanismos necesarios para garantizar l a equidad fiscal. Es una herramienta legal que permite a la administración

5 Artículo 631 ET: “Para estudios y cruces de información. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y demás normas que regulan las facultades de la Administración de Impuestos, el Director de Impuestos Nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y

facultades de la Administración de Impuestos, el Director de Impuestos Nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de la s siguientes informaciones, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, así como de cumplir con otras funciones de su competencia, incluidas las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos consagrados en las convenciones y tratados tributarios suscritos por Colombia: …” 6 Artículo 686 del ET: “Deber de atender requerimientos. Sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones tributarias, los contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, (UAE - Dirección de Impuestos y aduanas nacionales) así como los no contribuyentes de los mismos, deberán atender los requerimientos de informaciones y pruebas relac ionadas con investigaciones que realice la Administración de Impuestos, cuando a juicio de ésta, sean necesarios para verificar la situación impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos.”TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 8 de 30

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tributaria ejercer un control riguroso , esencial para proteger el interés general, representado en las finanzas del estado.

En conclusión, los artículos 631 y 686 del Estatuto Tributario imponen a los contribuyentes la obligación de ser transparentes y diligentes en la entrega de información fiscal. Su cumplimiento no solo evita sanciones, sino que también contribuye a la construcción de un sistema tributario

los contribuyentes la obligación de ser transparentes y diligentes en la entrega de información fiscal. Su cumplimiento no solo evita sanciones, sino que también contribuye a la construcción de un sistema tributario más justo, eficiente y solidario.

El artículo 651 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 2277 de 2022, establece sanciones claras y contundentes para quienes omitan, entreguen de forma errónea o extemporánea la información requerida por la entidad encarga de administrar los tributos.

Estas sanciones no solo tienen un carácter pecuniario, sino que también conllevan el desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos, deb iendo conservarse y mantenerse a disposición de la Administración Tributaria.

La información tributaria es la base sobre la cual se construyen los procesos de fiscalización, y su ausencia o inexactitud puede fac ilitar la evasión y elusión de impuestos, afectando directamente la financiación de los servicios públicos y el bienestar colectivo.

Las sanciones por no entregar información no deben verse como una carga excesiva, sino como un mecanismo legítimo del Esta do para asegurar el cumplimiento de las normas fiscales. La responsabilidad de los contribuyentes en este aspecto es clave para construir un sistema tributario justo, eficiente y sostenible.

En el sistema tributario colombiano, la contabilidad no solo cumple una función administrativa y financiera, sino que también se erige como un medio de prueba fundamental en los procesos de fiscalización e investigación adelantados por la administración tributaria . Su valor

En el sistema tributario colombiano, la contabilidad no solo cumple una función administrativa y financiera, sino que también se erige como un medio de prueba fundamental en los procesos de fiscalización e investigación adelantados por la administración tributaria . Su valor probatorio ha sido reconocido tanto por la le gislación como por la jurisprudencia, consolidándola como una herramienta clave para garantizar la transparencia y la legalidad en las relaciones entre el Estado y los contribuyentes.

Conforme lo prescribe el artículo 772 del Estatuto Tributario, los libr os de contabilidad debidamente llevados constituyen plena prueba a favor del contribuyente, siempre que reflejen fielmente los hechos económicos y se ajusten a las normas contables y fiscales vigentes. Esto implica que, en caso de una investigación tributaria, la contabilidadTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 30

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puede ser utilizada para demostrar la veracidad de las operaciones registradas, la procedencia de costos y deducciones, y la correcta determinación de las bases gravables.

Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado q ue la contabilidad, como registro cifrado de la situación patrimonial de una entidad, tiene fuerza probatoria plena, siempre que no existan inconsistencias o irregularidades que la desvirtúen. Esto refuerza la importancia de llevar una contabilidad clara, ordenada y conforme a los marcos técnicos normativos, como las Normas Internacionales de

entidad, tiene fuerza probatoria plena, siempre que no existan inconsistencias o irregularidades que la desvirtúen. Esto refuerza la importancia de llevar una contabilidad clara, ordenada y conforme a los marcos técnicos normativos, como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

El uso de la contabilidad como medio de prueba fortalece el principio de seguridad jurídica, ya que permite a los contribuyentes defenderse con base en documentos objetivos y verificables. Asimismo, promueve la equidad en la fiscalización, al exigir a la administración tributaria que base sus decisiones en pruebas concretas y no en pres unciones arbitrarias.

Así las cosas , la contabilidad no solo es una obligación legal, sino también un derecho del contribuyente, al constituirse en un medio de prueba legítimo y eficaz en los procesos tributarios. Su adecuada gestión no solo previene sanc iones, sino que también garantiza una relación más justa y equilibrada con la administración tributaria.

En cuanto a las certificaciones emitidas por contadores públicos y revisores fiscales, desempeñan un papel crucial como medio de prueba. Estas certificaciones no solo respaldan la veracidad de la información contable presentada por los contribuyentes, sino que también constituyen un instrumento técnico que puede influir en las decisiones de la administración tributaria.

El Estatuto Tributario, en sus a rtículos 774 y 777, establece que las certificaciones contables tienen valor probatorio siempre que cumplan con ciertos requisitos formales y sustanciales. Específicamente, deben indicar si la contabilidad se lleva conforme a las normas legales, si los libros están debidamente registrados, si las operaciones están

certificaciones contables tienen valor probatorio siempre que cumplan con ciertos requisitos formales y sustanciales. Específicamente, deben indicar si la contabilidad se lleva conforme a las normas legales, si los libros están debidamente registrados, si las operaciones están soportadas documentalmente y si reflejan fielmente la situación financiera del ente económico.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara al respecto. En la sentencia del expediente 25 000-23-27-000-2002-91426-01 (15931) de 2008, la M.P. Ligia López Diaz, de la Sección Cuarta, precisó que las certificaciones de los contadores deben sujetarse a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad . Para que tengan valorTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 10 de 30

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Danes Ingenieros S.A.S.

Demandado: DIAN Radicación: 41 001 23 33 000 2020 00842 00

probatorio suficiente, deben estar acompañadas de los soportes contables correspondientes y permitir el convencimiento del hecho que se pretende probar.

Asimismo, en decisiones más recientes, el Consejo de Estado ha reiterado que la fe pública del contador no se ve anulada por las exigencias probatorias del ámbito tributario. Por el contrario, estas exigencias refuerzan la necesidad de que las certificaciones sean detalladas, verificables y basadas en registros contables confiables. La valoración de estas pruebas de be hacerse conforme a las reglas de la sana crítica, tal como lo establece el artículo 743 del Estatuto Tributario.

detalladas, verificables y basadas en registros contables confiables. La valoración de estas pruebas de be hacerse conforme a las reglas de la sana crítica, tal como lo establece el artículo 743 del Estatuto Tributario.

Las certificaciones contables, cuando se emiten con rigor técnico y ético, no solo protegen al contribuyente, sino que también facilitan la labor de la administración tributaria al ofrecer información clara y verificable.

En resumen, las certificaciones de los contadores públicos son un pilar fundamental en los procesos tributarios colombianos. Su valor probatorio está condicionado a su calidad técnica y documental, lo que exige a los profesionales contables un alto grado de responsabilidad y compromiso con la verdad contable, sin embargo, suplen la contabilidad y sus soportes, por el contrario, son un complemento de ellos.

Con base en los ar gumentos expuestos es aceptable que la fiscalizadora realice el análisis de los costos declarados por la actora, tomando como referencia los soportes presentados , en concordancia con el artículo 7767 del estatuto tributario, ya que no se atendió el requerimiento ordinario mediante el cual le solicitaron los estados financieros y libros de contabilidad, entre información financiera.

El artículo 82 del Estatuto Tributario establece un mecanismo para la determinación de costos estimados o presuntos cuando el contribuyente no puede demostrar de manera adecuada los costos y gastos asociados a su actividad económica. Esta norma cobra especial relevancia en procesos de fiscalización donde se detecta la ausencia de contabilidad o de soportes válidos que respalden las cifras declaradas.

Según el artículo 82, cuando existan indicios de que el costo informado

procesos de fiscalización donde se detecta la ausencia de contabilidad o de soportes válidos que respalden las cifras declaradas.

Según el artículo 82, cuando existan indicios de que el costo informado no es real, o cuando no se conozca el costo de los activos enajenados ni sea posible su determinación mediante pruebas directas (como libros contables, declaraciones de renta o comprobantes), la administración tributaria puede fijar un costo estimado con base en