TA HUI - Sentencia 41001-23-33-000-2021-00247-00 (22-04-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta de Decisión

Neiva, veintidós de abril de dos mil veinticinco.

MAG PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEMANDANTE: JOSE JOAQUIN VARGAS QUEZADA

ACCIONADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PROVIDENCIA: FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RADICACIÓN: 41 001 23 33 000 2021 00247 00

ACTA: 029

I. EL ASUNTO.

Surtida la etapa de alegaciones, sin que se adviertan falencias sustanciales o adjetivas que invaliden la actuación, al tenor de lo dispuesto en el artículo por el artículo 152-2º del Cpaca, procede la sala a emitir pronunciamiento de mérito.

II. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

Actuando por conducto de apoderado judicial, Jose Joaquín Vargas Quezada promueve el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación; en procura de que previa inaplicación de los “decretos 3549/03, 4180/04, 943/05, 396/06, 625/07, 665/08, 730/09, 1395/10, 1047/11, 875/12, 1035/13, 205/14, 1087/15, 219/16, 989/17,

343/18, 996/19 y 300/20”; se declare la nulidad del oficio 31500-20520-2656 del 9 de octubre de 2020 y de la resolución 0130 del 27 de abril de 2021; a través de los cuales, le negaron el reconocimiento y pago del 30% del valor de la asignación salarial, creada como prima especial, y la reliquidación de las prestaciones sociales.

A título de restablecimiento del derecho, depreca que se ordene dicho reconocimiento, desde su vinculación a la entidad y en lo sucesivo.

De igual manera, solicita que las sumas resultantes sean indexadas, que se reconozcan intereses moratorios y que se condene en costas.Jose Joaquín Vargas Quezada vs Nación - Fgn 41 001 23 33 000 2021 00247 00

2

2. Fundamentación fáctica.

Como sustento de orden fáctico, aduce lo siguiente:

a. El demandante labora en la Fiscalía General de la Nación desde el 29 de marzo de 1995, desempeñando el cargo de fiscal delegado ante jueces penales.

b. Su régimen salarial y prestacional se encuentra regido por el decreto 53 de 1993.

c. La Ley 4ª de 1992 creó a favor de los jueces, magistrados y fiscales una prima especial sin carácter salarial; la cual, debía ser reglamentada por el Gobierno Nacional (cuyo monto podía oscilar entre el 30% y el 60% de la remuneración mensual).

Merced a lo anterior, esa prestación fue reconocida anualmente a través de varios decretos a los servidores de la Fiscalía General de la Nación.

60% de la remuneración mensual).

Merced a lo anterior, esa prestación fue reconocida anualmente a través de varios decretos a los servidores de la Fiscalía General de la Nación.

d. A partir del 2003 la demandada liquidó sus prestaciones sociales con el 70% del salario básico, pues consideró como prima especial sin carácter salarial el 30% restante.

e. Por conducto del decreto 272 de 2021, el gobierno nacional “estableció la prima especial del 30% del salario, con efectos fiscales a partir del 01/Ene/21”.

Dicha novedad se vio reflejada en la nómina 526 de marzo de 2021.

f. Por ese motivo, le solicitó a la demandada que le reconociera y pagara el 30% del valor de la asignación salarial, y la respectiva reliquidación de las prestaciones sociales.

g. Mediante el oficio 31500-20520-2656 del 9 de octubre de 2020, le negaron la petición.

h. Inconforme, el demandante interpuso el recurso de apelación, el cual fue declarado improcedente mediante la resolución 0130 del 27 de abril de 2021.

3. Fundamentación legal.

Como sustento, invocan la siguiente normatividad:

• Constitución Política: artículos 4, 13, 25, 48, 53, 58, 215.9 y 256-7. - Ley 4ª de 1992: artículos 2 y 4. - Ley 270 de 1997: artículo 152-7.Jose Joaquín Vargas Quezada vs Nación - Fgn 41 001 23 33 000 2021 00247 00

3

• Ley 270 de 1997: artículo 152-7.Jose Joaquín Vargas Quezada vs Nación - Fgn 41 001 23 33 000 2021 00247 00

3 En esencia, aduce que el acto acusado desconoció las normas en que debía fundarse; destacando que “…Desde el año 1993 hasta 2002 el Gobierno Nacional dictó los decretos anuales que fijaban los salarios de los servidores de la FGN con las siguientes dos ilegales situaciones, (1) las liquidaciones de las prestaciones sociales se liquidaban con el 70% de la remuneración y no con el 100% y (2) la remuneración mensual no incluía la prima especial del salario equivalente al 30% del salario y en adición a éste.

El Consejo de Estado declaró ilegal esta situación en sendas sentencias (Sección Segunda, sentencias de 15/Jul/04 -3531-02-, 3/Mar/05 -17021-, 13/Sep/07 -478-03). Inicialmente consideró la ilegalidad de fraccionar la remuneración mensual entre el 30 y 70%, so pretexto de pagar con el 30% la prima especial de salario y con el 70% la liquidación de las prestaciones sociales”.

Aseguró que el Consejo de Estado en sentencia de unificación del SUJ-016-CE-522019 (rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02), “determinó que el equivalente al 30% del salario suma a la remuneración mensual” y que las prestaciones sociales se deben liquidar con el 100% del salario básico.

4. La oposición.

La entidad accionada se opone a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que “los artículos que contenían la prima del 30% en los decretos

deben liquidar con el 100% del salario básico.

4. La oposición.

La entidad accionada se opone a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que “los artículos que contenían la prima del 30% en los decretos salariales de los años 1993 a 2002, fueron anulados porque los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación [regidos por el decreto 53 de 1993] no son beneficiarios de dicha prima por voluntad del legislador, y en estos casos el Gobierno Nacional se excedió en su potestad reglamentaria el incluirlos”.

Acatando los fallos emitidos por el Consejo de Estado y la voluntad del legislador, el gobierno nacional a partir del 2003 excluyó de los decretos salariales anuales la prima del 30% para fiscales.

Aseguró que “por el hecho de que por unos años el Gobierno Nacional reconoció el pago de la prima de 30% a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación sin tener derecho a esta como lo señaló el Consejo de Estado, nazca de dicha ilegalidad un derecho en favor de tales funcionarios y que el mismo deba ser protegido con principios de prohibición de regresividad y favorabilidad.

Sería esto un grave golpe al Estado Social de Derecho, pues dicha teoría además de ser contraría a la Constitución, lo que hace es deslegitimar verdaderos derechos laborales en este caso, que si deben protegerse y garantizarse.

Así mismo, el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992 es claro en indicar que todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en dicha Ley, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”.

salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en dicha Ley, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”.

En escrito separado propuso la excepción de prescripción, con fundamento en la subregla quinta de la sentencia de unificación SUJ-023CES2-2020 del 15 de diciembre de 2020.Jose Joaquín Vargas Quezada vs Nación - Fgn 41 001 23 33 000 2021 00247 00

4

5. Trámite surtido. Alegaciones conclusivas.

El 2 de diciembre de 2022 el despacho decretó las pruebas documentales aportadas, fijó el litigio y corrió traslado a las partes para alegar de conclusiones; quienes manifestaron lo siguiente:

a. Parte demandante.

Reiteró los argumentos esbozados en la demanda.

b. Parte demandada.

Señaló que a los servidores de la Fiscalía desde el 2003 les liquidan sus prestaciones sociales con el 100% del salario , insistiendo en la configuración de la excepción de prescripción.

c. Ministerio público.

No rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES.

1. El problema jurídico.

Se contrae a establecer la legalidad del oficio 3150020520-2656 del 9 de octubre de 2020, proferido por el subdirector regional de apoyo zona centro sur de la Fiscalía; a través del cual, le negaron al demandante la reliquidación de las prestaciones sociales y laborales. Acto que quedó en firme después de que se revocara la concesión del recurso de apelación

centro sur de la Fiscalía; a través del cual, le negaron al demandante la reliquidación de las prestaciones sociales y laborales. Acto que quedó en firme después de que se revocara la concesión del recurso de apelación interpuesto (resolución 0130 del 27 de abril de 2021).

En particular precisar i) si los salarios y prestaciones sociales del demandante se deben reliquidar y pagar incluyendo el valor correspondiente a la prima especial de servicios (equivalente al 30% del salario como lo prevé el artículo 14 de la Ley 4 de 1992), durante el tiempo de vinculación como Fiscal y, ii) si hay lugar a ordenar el reconocimiento y pago de dicha prima como una adición o agregado.

2. El reconocimiento de la prima especial a los fiscales que se acogieron al Decreto 53 de 1993 o se vincularon con posterioridad.

En la sentencia de unificación del 15 de diciembre de 2020 (radicación 73001-23-33-000-2017-00568-01), el H. Consejo de Estado analizó el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, el alcance e interpretación de las modificaciones introducidasJose Joaquín Vargas Quezada vs Nación - Fgn 41 001 23 33 000 2021 00247 00

5 por la Ley 476 de 1998 y los precedentes jurisprudenciales sobre la materia.

A manera de conclusión, fijó las siguientes reglas relacionadas con el reconocimiento y pago de la prima especial de los f iscales que se acogieron al régimen salarial previsto en el Decreto 53 de 1993 o se vincularon con posterioridad (artículo 14, Ley 4ª de 1992):

reconocimiento y pago de la prima especial de los f iscales que se acogieron al régimen salarial previsto en el Decreto 53 de 1993 o se vincularon con posterioridad (artículo 14, Ley 4ª de 1992):

“1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la

inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.”

De acuerdo con el parecer de dicha Colegiatura, no obstante que desde el año 2003 el Gobierno Nacional no incluyó la prima especial en los decretos que fijan anualmente al régimen salarial de la Fiscalía, las reclamaciones posteriores al año 2002 tienen vocación de prosperidad por las siguientes razones:

“1. La ley 4ª de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al gobierno nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el cual en todo caso no puede ser inferior al 30%; 2. La prima especial fue reglamentada hasta el año 2002 para los funcionarios de la Fiscalía que se acogieron al régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y allí se estableció que debía pagarse el 30% del salario básico; 3. Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto, aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral.Jose Joaquín Vargas Quezada vs Nación - Fgn 41 001 23 33 000 2021 00247 00

6

en este caso concreto, aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral.Jose Joaquín Vargas Quezada vs Nación - Fgn 41 001 23 33 000 2021 00247 00

6 Respecto del último punto, debe recordarse que, de acuerdo con el principio de progresividad “…una vez alcanzado un determinado nivel de protección de un derecho social, existe prima facie la presunción de inconstitucionalidad de todo retroceso…” Así las cosas, la determinación de si la no inclusión desde el año 2003 de la prima especial en los Decretos que regulan el régimen salarial de la Fiscalía General de la Nación genera un retroceso requiere constatar que exista una disposición normativa previa que haya consagrado el derecho que se reclama. Este aspecto se presenta porque, como se dijo, no sólo las leyes 4ª de 1992 y 476 de 1998 consagran el derecho, sino que el mismo fue previsto por el Gobierno Nacional anualmente hasta el año 2002. Ante esta realidad resulta indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel de protección conseguido, aspecto que no sólo es un mandato reconocido en el artículo 53 de la Constitución sino además en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

3. Expedición del Decreto 272 de 2021.

Superada la controversia sobre el reconocimiento y pago de la prima especial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 199, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 272 de 2021, en el cual dispuso:

“…ARTÍCULO 1. Prima Especial. Establecer una prima especial equivalente al 30%

Nacional expidió el Decreto 272 de 2021, en el cual dispuso:

“…ARTÍCULO 1. Prima Especial. Establecer una prima especial equivalente al 30% del salario básico, de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, modificada por el artículo 1 de la Ley 332 de 1996 aclarada por el artículo 1 de la Ley 476 de 1998, para los Magistrados Auxiliares. Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, Jueces de la República, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar. Auditores de Guerra, Jueces de Instrucción Penal Militar, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Fiscales delegados ante Tribunal del Distrito, ante Jueces Penales de Circuito Especializados, ante Jueces del Circuito, ante Jueces Municipales y Promiscuos.

La prima especial que se establece en el presente artículo será adicional a la asignación básica correspondiente a cada empleo, se pagará mensualmente y únicamente constituirá factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.

(…)

PARÁGRAFO 2. En ningún caso, los ingresos totales anuales de los servidores que tengan o llegaren a tener derecho a la Bonificación por Compensación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 610 de 1998 o en los artículos 1 y 2 del

PARÁGRAFO 2. En ningún caso, los ingresos totales anuales de los servidores que tengan o llegaren a tener derecho a la Bonificación por Compensación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 610 de 1998 o en los artículos 1 y 2 del Decreto 1102 de 2012, podrán superar el 80% de lo que por todo concepto devengan los Magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Por lo tanto, las entidades responsables de reconocer y pagar los salarios y prestaciones de los servidores a que hace referencia el inciso anterior, al momento de reconocer la prima especial, deberán ajustar el valor de la Bonificación por Compensación, con el fin de no superar el mencionado tope del 80%, conforme a loJose Joaquín Vargas Quezada vs Nación - Fgn 41 001 23 33 000 2021 00247 00

7 previsto en el Decreto 610 de 1998, en los artículos 1 y 2 del Decreto 1102 de 2012 y en la parte motiva del presente Decreto”

(…)

ARTÍCULO 3. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 01 de enero de 20211”.

4. Imprescriptibilidad de los aportes pensionales.

En reiteradas oportunidades, el H. Consejo de Estado2 recordó que “este fenómeno jurídico no sería aplicable frente a los aportes para pensión, «en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues

En reiteradas oportunidades, el H. Consejo de Estado2 recordó que “este fenómeno jurídico no sería aplicable frente a los aportes para pensión, «en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, si son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales», por lo tanto, aun cuando los derechos salariales estén prescritos, por no haber sido reclamados dentro de los 3 años en que se hicieron exigibles, procederá el reconocimiento de los valores que debieron ser aportados para efectos de pensión”.

Como los aportes constituyen el capital necesario para el reconocimiento y pago de la pensión, es del caso colegir, que por estar inescindiblemente ligados a la seguridad social, aquellos deben tener un carácter imprescriptible.

5. Lo probado.

En el sub lite se encuentra debidamente acreditado lo siguiente:

a. El demandante funge como fiscal delegado ante los jueces municipales desde el 29 de marzo de 1995, a la fecha3.

b. El 16 de septiembre de 2020 le solicitó a la Fiscalía el reconocimiento y pago de la prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y la reliquidación de las prestaciones sociales a partir de la fecha de vinculación.

c. Por conducto del oficio 3150020520-2656 del 9 de octubre de 2020, el subdirector regional de apoyo centro sur resolvió negativamente la petición, argumentando lo siguiente:

de vinculación.

c. Por conducto del oficio 3150020520-2656 del 9 de octubre de 2020, el subdirector regional de apoyo centro sur resolvió negativamente la petición, argumentando lo siguiente:

“… De esta forma queda claro y establecido que el marco normativo laboral aplicable al doctor JOSE JOAQUIN VARGAS QUEZADA, es el citado [decreto 53 de 1993]. 1 Destacado por la Sala. 2 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), Radicación número: 76001 -23-33-000-2012-0073401(4533-17), Actor: LESBIA MARÍA GIRÓN ORJUELA. 3 Certificación expedida el 5 de septiembre de 2020.Jose Joaquín Vargas Quezada vs Nación - Fgn 41 001 23 33 000 2021 00247 00

8

Si bien es cierto, para las vigencias del año 1993 a 2002 el gobierno Nacional expidió unos Decretos dictando unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores de entre otras entidades, la rama judicial (Siguiente cuadro), en los cuales expresamente estableció que el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual se debía considerar como prima especial de servicios sin carácter salarial, con relación a algunos cargos, ésta normatividad no aplicaría para los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, porque esta Entidad debía aplicar los decretos específicos

se debía considerar como prima especial de servicios sin carácter salarial, con relación a algunos cargos, ésta normatividad no aplicaría para los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, porque esta Entidad debía aplicar los decretos específicos proferidos para los servidores de la FGN, es decir liquidar las prestaciones sin tener en cuenta el 30% de prima especial de servicios, por lo que actuar de forma contraria comprometería la responsabilidad del ordenador del gasto.

… No obstante, los Decretos aplicables a la Fiscalía General de la Nación expedidos durante los años 1993 a 2002 en la parte pertinente que consagraba la prima especial de servicios sin carácter salarial, fueron declarados nulos en las fechas señaladas en el citado cuadro, en las sentencias proferidas, no se incluyó la reliquidación de los factores salariales o prestacionales de los funcionarios que en vigencia de éstos, les fueron cancelados sus prestaciones, ni ordenó la creación de una prima especial.

En lo que a la Fiscalía General de la Nación compete, es importante precisar y reiterar que desde el año 2003, y en adelante (Decreto 3549/2003) los decretos que fijaron el régimen salarial y prestacional para sus servidores NO contemplaron la mencionada prima especial de servicios. A partir del año 2003, los salarios y prestaciones sociales se liquidaron con base en el 100 % del salario, y es así como, de conformidad con esta normatividad ha sido liquidados al JOSE JOAQUIN VARGAS QUEZADA, todos sus emolumentos.

Ahora bien, sin quebrantar los principios Constitucionales y Normas Legales, la Fiscalía General de la Nación, ha liquidado y pagado la asignación salarial y

emolumentos.

Ahora bien, sin quebrantar los principios Constitucionales y Normas Legales, la Fiscalía General de la Nación, ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional no solo al doctor JOSE JOAQUIN VARGAS QUEZADA, sino también a todos sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal; Decretos en los cuales, como ya se señaló desde el 2003, se eliminó la prima especial del 30%, de donde se puede concluir que la entidad no le adeuda ningún emolumento correspondiente a las vigencias reclamadas, ya que las prestaciones se liquidaron con base al 100% del salario…”.

d. Inconforme, el actor interpuso el recurso de apelación; el cual, fue declarado improcedente mediante resolución 0130 del 27 de abril de 2021.

e. De acuerdo con los comprobantes de nómina allegados, se acredita que durante las anualidades 2017 a 2020 la entidad accionada no le reconoció al demandante la prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, equivalente al 30% del sueldo básico.

De igual manera, se avizora que a partir de enero de 2021 le vienen reconociendo y pagando la prima especial.Jose Joaquín Vargas Quezada vs Nación - Fgn 41 001 23 33 000 2021 00247 00

9

6. Análisis de fondo.

a. Teniendo en cuenta los hechos probados, el marco normativo y el precedente al que se hizo alusión en acápites anteriores, la sala considera que el demandante tiene derecho a acceder al reconocimiento y pago de

6. Análisis de fondo.

a. Teniendo en cuenta los hechos probados, el marco normativo y el precedente al que se hizo alusión en acápites anteriores, la sala considera que el demandante tiene derecho a acceder al reconocimiento y pago de la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (equivalente al 30% del sueldo básico -adición o agregado-).

b. No obstante, dicho reconocimiento se hará a partir del 16 de septiembre de 2017 (por efectos de la prescripción trienal) y hasta el 31 de diciembre de 2020. Teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se radicó el 16 de septiembre de 2020 y a partir del 2021 se incluyó la prima reclamada.

Huelga recordar, que en la sentencia de unificación del 15 de diciembre de 2020, el H. Consejo de Estado precisó que “Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendr á́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969”.

c. Adicionalmente, la sala oficiosamente ordenará el reconocimiento de las diferencias en aportes pensionales que por dicho concepto se generen desde el 9 de septiembre de 1998 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 476 de 1998) hasta el 31 de diciembre de 2020; claro está, previa verificación por parte de la demandada de la no inclusión de la prima especial como una adición o agregado en las anualidades anteriores al 2007.

Ley 476 de 1998) hasta el 31 de diciembre de 2020; claro está, previa verificación por parte de la demandada de la no inclusión de la prima especial como una adición o agregado en las anualidades anteriores al 2007.

Lo anterior se justifica por tratarse de un aspecto inescindiblemente ligado al objeto de la controversia; como quiera que el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 prescribe expresamente que dicho emolumento tiene un “…carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación”.

Aspecto que también se analizó en la plurimencionada sentencia de unificación; es decir, la misma en la que se reconoció la calidad de incremento que reviste la prima especial.

Así mismo, es pertinente resaltar que los aportes pensionales son imprescriptibles, porque constituyen el capital indispensable para acceder al reconocimiento y pago de la pensión, y su finalidad es salvaguardar la seguridad social y la sostenibilidad del sistema.

d. En lo relacionado con el pago de las prestaciones sociales, en dicha providencia se estableció -como regla general-, que la prima especial solo es factor salarial para establecer el ingreso base de liquidación de laJose Joaquín Vargas Quezada vs Nación - Fgn 41 001 23 33 000 2021 00247 00

10 pensión de jubilación, y en la medida en que dicho precedente es de carácter obligatorio4; es menester desestimar el cargo planteado por la parte actora.

De igual manera, tampoco se probó que la demandada liquidara las prestaciones sociales del accionante con el 70% del sueldo básico, al

carácter obligatorio4; es menester desestimar el cargo planteado por la parte actora.

De igual manera, tampoco se probó que la demandada liquidara las prestaciones sociales del accionante con el 70% del sueldo básico, al considerar como prima especial sin carácter salarial del 30% restante; al menos no dentro del periodo que no se encuentra prescrito.

e. Merced a lo anterior, se declarará probada parcialmente la excepción de prescripción, respecto de las diferencias causadas con anterioridad al 16 de septiembre de 2017.

A su vez, se declarará la nulidad de la resolución 0130 del 27 de abril de 2021 y se ordenará a la demandada reconocer y pagar al demandante la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (equivalente al 30% del sueldo básico -adición o agregado-), desde el 16 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020. Las sumas resultantes se actualizarán mes a mes de acuerdo con el ipc (artículo 187 del Cpaca).

Así mismo, se ordenará el pago de las diferencias en los aportes pensionales que se generen desde el 9 de septiembre de 1998 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 476 de 1998) hasta el 31 de diciembre de 2020, con destino al fondo pensional correspondiente. Claro está, previa verificación por parte de la entidad de la no inclusión de la prima especial como una adición o agregado en las anualidades anteriores al 2007.

7. Costas.

Al tenor de los dispuesto en el artículo 188 del Cpaca (adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021), no se condenará en costas en esta

7. Costas.

Al tenor de los dispuesto en el artículo 188 del Cpaca (adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021), no se condenará en costas en esta instancia, porque no se acredita que se causaron y no se aprecia la carencia de fundamentos en la oposición por la entidad demandada. 4 Sentencia C-588/12. “Precisando el alcance del carácter vinculante del precedente, de la jurisprudencia constitucional se infiere que los funcionarios judiciales cuentan con un margen de “autonomía funcional” -en los términos de la sentencia citadapara, de manera excepcional y justificada, apartarse de dicho precedente. En sentencia 816 de 2011, la Corte expresó: En síntesis: (i) la jurisprudencia, por definición constitucional, es “criterio auxiliar” de interpretación de la actividad judicial -CP, artículo 230.2-, y de este modo los jueces en sus providencias “sólo están sometidos al imperio de la ley” -CP, artículo 230.1-; (ii) sin embargo, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -autoridades de cierre de las correspondientes jurisdiccionesy la Corte Constitucional -en todos los casos, como guardián de la Constitución-, tienen valor vinculante por emanar de órganos diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica -CP, artículos 13 y 83-; (iii) excepcionalmente, el juez puede apartarse del precedente judicial vinculante de los órganos jurisdiccionales de cierre, mediante una argumentación explícita y razonada de su

13 y 83-; (iii) excepcionalmente, el juez puede apartarse del precedente judicial vinculante de los órganos jurisdicc