TA HUI - Sentencia 41001-23-33-000-2022-00162-00 (08-07-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M. P. Dr. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, ocho (8) de julio de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE : HAROLD EDDISON GAITÁN OSPINA

DEMANDADO : PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

DECISIÓN : SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA No. 00

RADICACIÓN : 41001-23-33-000-2022-00162-00

APROBADA EN SALA : ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes a la prim era instancia, siendo competente en razón a la naturaleza del asunto, cuantía y el lugar de ocurrencia de los hechos y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponde.

1. LA DEMANDA. (Fls. 2-16 C. Ppal.)

HAROLD EDDINSON GAITÁN OSPINA, mediante apoderado especial y en ejercicio del medio control de nulidad y restablecimiento del derecho, demanda a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y solicita que se declare nula la decisión contenid a en el fallo de primera instancia del 17 de julio de 2013, proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinariamente para la defensa de los derechos humanos; así como el fallo de segunda instancia del 30 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Discipl inaria de la Procuraduría

proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinariamente para la defensa de los derechos humanos; así como el fallo de segunda instancia del 30 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Discipl inaria de la Procuraduría General de la Nación, a través de los cuales se declaró su destitución e inhabilidad por el término de 20 años, dentro del proceso Disciplinario No. 1615826 (IUS 008-129056-2005).

De igual manera, solicitó la nulidad de la Resol ución No. 02862 del 19 de octubre de 2017, por la cual la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional ejecutó la sanción de destitución impuesta disciplinariamenteTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2 Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Harold Eddinson Gaitán Ospina

Demandada: Procuraduría General de la Nación Rad. 41001-23-33-000-2022-00162-00

A título de restablecimiento del derecho, solicit ó que se ordene el reintegro al servicio activo del Ejército Nacional, con efectividad a partir a la fecha de su retiro del cargo que venía desempeñando o a otro de superior categoría y sea ascendido al grado de Sargento Primero conforme a los términos establecidos en la ley y previo cumpli miento de los requisitos; así mismo, se concedan los ascensos que se hallan consolidado posteriormente y a los cuales tenga derecho el demandante por ser empleado de escalafón.

Se ordene el reconocimiento y pago salariales y prestacionales que en todo tiempo devengue un sargento primero del Ejercito Nacional del mismo

tenga derecho el demandante por ser empleado de escalafón.

Se ordene el reconocimiento y pago salariales y prestacionales que en todo tiempo devengue un sargento primero del Ejercito Nacional del mismo grado y cargo que tenía al momento de su retiro, reajustes pertinentes, ascensos de antigüedad dejados de percibir inherentes a su calidad de suboficial, hasta cuando sea efectivamente reintegrado al grado y cargo que le corresponda por antigüedad dentro del escalafón.

Se reconozca los perjuicios materiales ocasionados en la suma de $234.671.471,56, a título de compensación por engaño, angustia y pesar que le causó la ilegal decisión de destituirlo del cargo que ostentaba y la pérdida de su empleo, sumas que deberán ser ajustadas e indexadas conforme al IPC certificado por el DANE, vigente para la época en que se ordene el pago ; y se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos señalados en el CPACA.

1.2. Lo anterior se sustenta en los siguientes HECHOS:

• Que el señor Harold Eddison Gaitán Ospina estuvo vinculado al Ejército Nacional, siendo asignado en el año 2005 en su condición de CS al Batallón Cacique Pigoanza -Unidad militar Compañía Simón Bolívar Pelotón Bayoneta 3, perteneciente a la Jurisdicción del Municipio de Algeciras

Departamento del Huila.

• El 08 de enero de 2005, el comandante del Batallón Cacique Pigoanza emitió la Orden de Trabajo denominada “Misión Táctica No. 002 LIBANO” y designó al capitán César Augusto González con el fin de desa-

• El 08 de enero de 2005, el comandante del Batallón Cacique Pigoanza emitió la Orden de Trabajo denominada “Misión Táctica No. 002 LIBANO” y designó al capitán César Augusto González con el fin de desarrollar tareas de destrucción y repliegue de agentes perturbadores del orden público y neutralización de grupos al margen de la ley que delinquieran en la zona, y en desarrollo de la misma resultó muerto el señor Jhon Fredy Barco Gutiérrez el 10 de enero de 2005, en la vereda el Quebradón sur del municipio de Algeciras.

• La Procuraduría Provincial de Neiva dispuso la apertura de una indagación preliminar el 6 de julio de 2005, bajo el radicad o 112-03685-2005,TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Harold Eddinson Gaitán Ospina

Demandada: Procuraduría General de la Nación Rad. 41001-23-33-000-2022-00162-00

en atención a la queja presentada por el señor Diógenes Martínez y otros en la que afirman que el 10 de enero de 2005, miembros del Ejército Nacional capturaron al señor Jhon Fredy Barco Gutiérrez en la vereda El Quebradón Sur, sector Dan ta del municipio de Algeciras, siendo sometido a torturas que lo llevaron a su deceso y que luego, fue posteriormente trasladado a la base principal de Garzón. Dicha actuación fue remitida a la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Der echos Humanos.

trasladado a la base principal de Garzón. Dicha actuación fue remitida a la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Der echos Humanos.

• El 19 de diciembre de 2006 la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos dispuso abrir investigación disciplinaria bajo el radicado No. 008 -129056-2005, en contra de los miembros del Ejército Nacional, Batal lón de Infantería No. 26, III pelotón de la compañía Bayoneta, CP. CÉSAR AUGUSTO GONZÁLEZ, CP. EDWIN PINZON SALDANA, CS. HAROLD GAITAN OSPINA y los soldados profesionales YESID OUVYA RIVERA, LUIS GARZON BUSTOS, CARLOS CAMPOS IMBACHÍ, PEDRO GUANARITA ORTIZ y HERLENDY TRUJILLO ORDOÑEZ.

• Previa solicitud de la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, el Despacho del Procurador General de la Nación por auto del 17 de septiembre de 2008, revocó la decisión del 15 de marzo de 2005, proferida por la Oficina de Control Interno Disciplinario del Batallón de Infantería No. 26 que ordenó el archivo definitivo de la actuación y, en consecuencia, autorizó ejercer el poder preferente y acumular las diligencias adelantadas.

• El 29 de octubre de 2008, se evaluó la investigación y se formularon cargos disciplinarios a los uniformados CP. CÉSAR AUGUSTO GONZ ÁLEZ CABALLERO, CP. EDWIN HERN ÁN PINZON SALDAÑA, CS. HAROLD EDgos disciplinarios a los uniformados CP. CÉSAR AUGUSTO GONZ ÁLEZ CABALLERO, CP. EDWIN HERN ÁN PINZON SALDAÑA, CS. HAROLD EDDINSON GAITAN y a los soldados profesionales YESID OLAYA RIVERA, LUIS CA RLOS GARZÓN BUSTOS. CARLOS AUGUSTO CAMPO IMBACHI, PEDRO JOSÉ GUANARITA y HERLENDY ARMANDO TRUJILLO, por la presunta comisión de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, y Protocolo II artículo 4, numeral 2, literal a).

• La Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos profirió fallo de primera instancia el 17 de julio de 2013, resolviendo sancionar con sanción principal de destitución y sanción a ccesoria de inhabilidad general de 20 años a los disciplinados CP. CÉSAR AUGUSTO GONZALEZ CABALLERO, CP. EDWIN HERNAN PINZON SALDAÑA, CS. HAROLDTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

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Demandante: Harold Eddinson Gaitán Ospina

Demandada: Procuraduría General de la Nación Rad. 41001-23-33-000-2022-00162-00

EDDINSON GAITAN y a los soldados profesionales YESID OLAYA RIVERA.

LUIS CARLOS GARZON BUSTOS, CARLOS AUGUSTO CA MPO IMBACHI, PEDRO JOSÉ GUAÑARITA y HERLENDY TRUJILLO, por incurrir en la grave

LUIS CARLOS GARZON BUSTOS, CARLOS AUGUSTO CA MPO IMBACHI, PEDRO JOSÉ GUAÑARITA y HERLENDY TRUJILLO, por incurrir en la grave infracción al DIH de lesiones, tortura y homicidio en persona protegida, siendo víctima el señor Jhon Fredy Barco Gutiérrez en hechos ocurridos el 10 de enero de 2005.

• Tales militares interpusieron recurso de apelación y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia del 30 de noviembre de 2016, confirmó en todas sus partes la decisión adoptada por la Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, con destitución e inhabilidad general de 15 años.

• El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional mediante Resolución No. 02862 del 19 de octubre de 2017, destituyó al hoy demandante HAROLD EDDINSON GAITAN en cumplimiento del fallo disciplinario.

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

Invoca como normas violadas los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 21, 29, 53, 76. 90, 93, 121, 125, 211 de la Constitución Política; numeral 2º del art. 42, numeral 4º del art. 34 de la Ley 1015 de 2006; art. 180 de la Ley 734 de 2002; art. 85 CCA; así como la jurisprudencia que debió ser aplicada al presente caso.

Indicó que la demandada desconoció el derecho fundamental al debido proceso, principio de legalidad, autoridad administrativa com petente,

art. 85 CCA; así como la jurisprudencia que debió ser aplicada al presente caso.

Indicó que la demandada desconoció el derecho fundamental al debido proceso, principio de legalidad, autoridad administrativa com petente, imparcialidad, publicidad, presunción de inocencia, defensa y contradicción, al emitir las decisiones disciplinarias con interpretaciones exegéticas, imponiendo una carga imposible al demandante, al determinar que al occiso por el que había sido investigado, fue sujeto de golpes y maltratos por parte de los uniformados, lo que sumado a disparos, le causaron la muerte, aun cuando, dicha afirmación no estuviera relacionada en el protocolo de necropsia del 11 de enero de 2005 ni el acta de inspección a cadáver de la misma fecha, lo cual pretende desconocer con el concepto médico denominado “Estudio General de Necropsia” del 12 de septiembre de 2012, emitido por el médico especialista forense de la Unidad de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.

Consideró que en el proceso disciplinario (L. 734/02) prevale ce el derecho al debido proceso, así como el derecho a no ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa, o el principio de favorabilidad, los cuales no admiten limitaciones; no obstante , fueron conculcados por la autoridad administrativa sancionatoria a través de la injusta imputación queTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5 Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Harold Eddinson Gaitán Ospina

Demandada: Procuraduría General de la Nación Rad. 41001-23-33-000-2022-00162-00

Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Harold Eddinson Gaitán Ospina

Demandada: Procuraduría General de la Nación Rad. 41001-23-33-000-2022-00162-00

realizó en contra del actor por hechos que afirmó, no fueron ciertos, fundamentado en el concepto de una persona aislada al proceso que no demostró su tesis y manipuló elementos probatorios reales de las cuales no pudo defenderse el actor en ningún momento procesal, pues los juzgadores tomaron tal afirmación como cierta para edificar la condena, aunado a las cap richosas interpretaciones realizadas de los testimonios vertidos por los uniformados. De esta manera, se limitó el derecho de defensa y contradicción para garantizar intereses legítimos alternos, desconociendo las limitaciones establecidas y que deben ser razonables y desproporcionadas.

Alude a que de acuerdo con el art. 175 de la Ley 734 de 2002, el procedimiento verbal solo se aplica para los casos que se establecen allí, a saber, cuando el implicado es sorprendido en flagrancia o con elementos que provengan de la ejecución de la conducta; confesión; falta leve; falta gravísima; se den los requisitos sustanciales para proferir el pliego de cargos, se citará a audiencia, y si bien se encuentra vigente en la actualidad, todas debieron reducirse a la regla c ontenida en el inciso tercero; es decir, en todo caso, cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar la procedencia de la apertura de investigación se daban los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia, en la medida en que el último

caso, cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar la procedencia de la apertura de investigación se daban los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia, en la medida en que el último numeral encierra no solo los supuestos contenidos en los otros 4 numerales, sino que también amplia el marco de acción y posibilita incluir supuesto de hecho no contemplados en el mismo para tener en cuenta a la hora de proferir el pliego de cargos, los cuales fueron ignorados por la entidad hoy demandada, pues con la sola prueba científica del occiso John Freddy Barco Gutiérrez, se demostraba que no había sido objeto de violación de sus derechos fundamentales al ser abatido en una operación militar, por no existir la tortura y vejámenes que argumentó el quejoso, siendo este último, una de las personas que participó en las hostilidades hacia los militares; sin embargo, pretendió sacar provecho y conseguir que militares que controlaban el orden público y garantizaban resultados frente a la guerrilla de las FARC, fuesen diseminados, logrando desarticular el comando ofensivo contra los delitos que ejercen estos grupos contra la sociedad civil.

Afirmó que en el sub lite, la Procuraduría General de la Nación en su afán de infringir una condena, creó su propia tesis de la muerte de l señor Barco, culpando a los militares, como si hubiesen violado los derechos fundamentales de un ciudadano, cuando actuaron con el uso legítimo de la fuerza, respetando las normas públicas que llaman al cumplimiento de todos los ciudadanos.

De acuerdo con el art. 170 de la Ley 734 de 2002, es requisito del fallo

de un ciudadano, cuando actuaron con el uso legítimo de la fuerza, respetando las normas públicas que llaman al cumplimiento de todos los ciudadanos.

De acuerdo con el art. 170 de la Ley 734 de 2002, es requisito del fallo sancionatorio el análisis de las pruebas en que se fundamente, en concordanciaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6 Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Harold Eddinson Gaitán Ospina

Demandada: Procuraduría General de la Nación Rad. 41001-23-33-000-2022-00162-00

con el art. 128, al establecer el principio de necesidad de la prueba, conforme a la cual toda decisión interlocutoria y fallo disciplinario debe fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso, a petición de parte o en ejercicio de la facultad oficiosa del órgano de control.

En cuanto a la violación del derecho de defensa y audiencia, alude a que se debe verificar si se garantizó el derecho a presentar pruebas, controvertirlas y valorarlas con sujeción a criterios de razonabilidad y objetividad propios de la sana crítica.

Respecto a la violación de normas superiores , aseguró que la decisión disciplinaria se encuentra sujeta a la Ley 734 de 2002, en lo que tiene que ver con los principios de la actividad probatoria y las reglas de recaudo y valoración de la prueba , para posteriormente, establecer la disconformidad de aquellas frente a las normas.

En la falsa motivación argumentó que al momento de establecer si los supuestos de hecho que llevaron a sancionar disciplinariamente corresponde a

de la prueba , para posteriormente, establecer la disconformidad de aquellas frente a las normas.

En la falsa motivación argumentó que al momento de establecer si los supuestos de hecho que llevaron a sancionar disciplinariamente corresponde a la realidad o se encuentran tergiversados en su apreciación, por lo que se debe realizar un control al proceso de valoración de la prueba que llevó al establecimiento de los supuestos de hecho de la decisión disciplinaria.

Aseguró que la prueba aludida fue dec retada de oficio en cabeza del médico especialista en medicina forense que pertenece a la Unidad de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, generando lo que denominó Estudio General de la Necropsia, cuestionando el protocol o de necropsia No. 2005 -SP-0003 del 11 de enero de 2005, el cual no determinó elemento material probatorio alguno o exhumación de los restos del occiso Barco Gutiérrez, siendo solo un estudio de su propia autoría que propone una tesis de hechos que pudie ron incidir en las resultas del deceso del abatido por parte de miembros del Ejército Nacional, que a su vez pudieron haber tenido ocurrencia en el plano ontológico, y no rebaten la prueba científica calificada por los galenos que realizaron el protocolo de necropsia.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL1

El apoderado de la entidad manifestó que el demandante no mencionó ni analizó las presuntas causales por las cuales considera que la Resolución No.

2.1. NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL1

El apoderado de la entidad manifestó que el demandante no mencionó ni analizó las presuntas causales por las cuales considera que la Resolución No.

1 Fls. 152 a 169 C. Ppal. 1TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7

Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Harold Eddinson Gaitán Ospina

Demandada: Procuraduría General de la Nación Rad. 41001-23-33-000-2022-00162-00

02862 del 19 de octubre de 2017 se encuentra viciada , aun cuando se trata de un acto administrativo de ejecución.

Afirmó que no le constan los hechos expuestos en la demanda, por lo que deberán ser acreditados en desarrollo del proceso; se opone a las pretensione s de la demanda por carecer de apoyo en hechos concretos y fundamentos jurídicos que permitan establecer que el acto demandando se encuentra viciado de nulidad; así mismo el monto y origen de los perjuicios cuyo pago reclama a título de restablecimiento del derecho.

Consideró que la Resolución No. 02862 del 19 de octubre de 2017 se encuentra fundamentada en los artículos 100 numeral 2 y numeral 8 literal B del Decreto No. 1790 de 2000, pues el retiro obedeció a la recomendación por razones del servicio en forma de separaci ón absoluta, por tener sentencia de segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación, al ser encontrado responsable por los hechos ocurridos el 10 de enero de 2005, donde perdiera la

razones del servicio en forma de separaci ón absoluta, por tener sentencia de segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación, al ser encontrado responsable por los hechos ocurridos el 10 de enero de 2005, donde perdiera la vida el señor Jhon Fredy Barco Gutiérrez alias “Conejo”, ordenándose la destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 15 años.

Señaló que el actor, en el recurso de apelación , señaló que el a quo erró al dar por cierto el grado de culpabilidad –dolo-, con el cual la autoridad disciplinaria calificó su conducta, al considerar que no hubo vulneración de los principios de proporcionalidad e igualdad en la determinación de la sanción. Acude a la Ley 734 de 2002 y concluye que, por tratarse de la graduación de la pena en disciplinario, lo que se colige del extracto de los motivos por los cuales se tomó la decisión por parte de la Procuraduría de requerir y hacer acusación disciplinaria, se tomó teniendo en cuenta las pruebas y testimonios que se rindieron de forma oportuna , como las denuncias de los familiares del occiso, en tanto, el Ejército solo acató lo preceptuado en la ley, pues la conducta del actor se encuentra reglada en la ley y jurisprudencia.

Aseguró que en el presente caso no hay suficiencia probatoria para afirmar que existió una justa causa, pues como lo señaló el fallo disciplinario, encontró muchos factores tanto probatorios como objetivos, como lo es la muerte de persona protegida amparada por el DIH, cuando en la escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chinca”, dedicaron horas de instrucción y

encontró muchos factores tanto probatorios como objetivos, como lo es la muerte de persona protegida amparada por el DIH, cuando en la escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chinca”, dedicaron horas de instrucción y entrenamiento en la protección de los derechos internacionales, como también en la pista de entrenamiento llamada pista de derechos humanos, lugar donde simuladamente se coloca a los alumnos de la escuela a pasar por una serie de pasos y procedimientos del cual deben realizar en pro de la educación militar en los derechos humanos.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8 Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Harold Eddinson Gaitán Ospina

Demandada: Procuraduría General de la Nación Rad. 41001-23-33-000-2022-00162-00

Aseguró que el actor quiere dejar en entredicho la decisión de separar lo absolutamente del cargo con el argumento que hubo desviación de poder o falsa motivación, cuando no ha cuestionado el acto administrativo que lo sancionó por 15 años de servicios. Que, sin embargo, para la entidad el proceso estuvo de acuerdo a los mandatos legales y mal haría el Ejército Nacional en no dar cumplimiento al mandato del ministerio p úblico, cuando está en la obligación de cumplir los fallos ejecutoriados de los jueces, magistrados, procuradores y contralores.

De esta manera, la decisión no correspondió a las atribuciones disciplinarias del Ejército Nacional, aun cuando no solo fue sancionado el actor, sino otro personal por los mismos hechos, razón por la cual, en pro de la misma función pública se motivó el retiro teniendo en cuenta los fallos. Destacó que

disciplinarias del Ejército Nacional, aun cuando no solo fue sancionado el actor, sino otro personal por los mismos hechos, razón por la cual, en pro de la misma función pública se motivó el retiro teniendo en cuenta los fallos. Destacó que existe un proceso penal adelantado por el Juzgado 6 5 de Instrucción Penal Militar radicado con el No. 1520 -65, el cual fue remitido mediante oficio No. 134 del 4 de marzo de 2008 a la Fiscalía 3ª de Neiva.

Afirmó que no existen fundamentos de hecho y derecho para acceder a las pretensiones de la demanda, aunado a que no se ha analizado el expediente penal, pues la parte actora se limitó a relatar los motivos que le conviene a la Litis.

2.2. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN2.

A través de apoderada, la entidad se opone a las pretensiones de la demanda por cuanto la actuación estuvo ajustada al ordenamiento jurídico y el acto demandado fue proferido atendiendo los requisitos de validez y legalidad, procurando la protección y guarda de los derechos fundamentales.

En cuanto a los hechos mencionó que, es cier to que el señor Harold Eddinson Gaitán Ospina era miembro del Ejército Nacional; pero que la época de vinculación debe ser objeto de prueba en el proceso, siendo asignado al Batallón Cacique Pigoanza en el Departamento del Huila. Que se emitió orden de trabajo denominada Misión Táctica No. 002 Líbano; sin embargo, el objeto, alcance y ejecución de la misma deberán verificarse con el material probatorio.

Cacique Pigoanza en el Departamento del Huila. Que se emitió orden de trabajo denominada Misión Táctica No. 002 Líbano; sin embargo, el objeto, alcance y ejecución de la misma deberán verificarse con el material probatorio.

2 Fls. 189 a 206 C. Ppal. 2TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Harold Eddinson Gaitán Ospina

Demandada: Procuraduría General de la Nación Rad. 41001-23-33-000-2022-00162-00

Señaló que, tal como se hizo en el fallo de segunda instancia, en declaración y ampliación de la misma, el soldado José Haiber Bonilla afirmó que se enteró de la muerte de su hermano John Freddy porque su padrastro Diógenes Martínez le avisó que ese día estaban los dos y miembros del Ejército lo retuvieron vivo, le interrogaron y golpearon, señalándolo de ser guerrillero y mataron el perro que lo acompañaba, y que así mismo, el hostigamiento entre el Ejército y la guerrilla se produjo después de que su hermano había sido retenido, pues fue retenido desde las 2 y el hostigamiento ocurrió como a las 5 pm; aclarando que su hermano se dedicaba a la agricultura y al momento de su muerte se encontraba en esa labor con su padrastro en la vereda Quebradón.

Mencionó que el señor Diógenes Martínez formuló queja, denunciando que el 10 de enero de 2005 miembros del Batal lón Cacique Pigoanza que se desplazaron por la vereda Quebradón sur, sector la Danta, capturaron al señor

el 10 de enero de 2005 miembros del Batal lón Cacique Pigoanza que se desplazaron por la vereda Quebradón sur, sector la Danta, capturaron al señor John Fredy Barco Gutiérrez, sometiéndolo a torturas que le causaron la muerte y desplazaron su cadáver hasta Garzón y siendo presentado como alias el “Conejo” porque fue muerto en la funda de nombre los conejos. Aclaró que al momento de la muerte, era miembro de la Junta de acción comunal de la vereda Quebradón y que se destacaba como persona trabajadora, honesta, colaboradora, trabajadora y dedicada exclusivamente a las labores agrícolas.

Que es cierto que la Procuraduría Provincial de Neiva dispuso apertura de una indagación preliminar el 6 de julio de 2005, actuación que fue remitida a la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la defensa de los Derechos Humanos, la cual el 19 de diciembre de 2006 dispuso abrir investigación disciplinaria en contra de miembros del Ejército Nacional Batallón de Infantería No. 26, tercer pelotón de la compañía Bayoneta, CP . César Augusto González, CP Edwin Pinzón Saldaña, CS Harold Gaitán Ospina y los soldados profesionales Yesid Olaya Rivera, Luis Garzón Bustos, Carlos Campos Imbachi, Pedro Guañarita Ortiz y Herlendy Trujillo Ordóñez.

Señaló que previamente y debido a solicitud enviada a la Procuraduría General de Nación, mediante auto del 17 de septiembre de 2008, se revocó la decisión del 15 se marzo de 2005 proferida por la Oficina de Control Interno

Señaló que previamente y debido a solicitud enviada a la Procuraduría General de Nación, mediante auto del 17 de septiembre de 2008, se revocó la decisión del 15 se marzo de 2005 proferida por la Oficina de Control Interno Disciplinario del Batallón de Infantería No. 26, mediante la cual se había ordenado el archivo por los hechos aludido s previamente y autorizó ejercer el poder preferente y acumular las diligencias adelantadas.

El 29 de octubre de 2008, se evaluó la investigación y se formularon cargos disciplinarios a los uniformados CP . César Augusto González, CP Edwin Pinzón Saldaña, CS Harold Gaitán Ospina, y soldados profesionales Yesid Olaya Rivera,TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10 Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Harold Eddinson Gaitán Ospina

Demandada: Procuraduría General de la Nación Rad. 41001-23-33-000-2022-00162-00

Luis Garzón Bustos, Carlos Campos Imbachi, Pedro Guañarita Ortiz y Herlendy Trujillo Ordoñez, por la presunta comisión de graves infracciones al DIH –art. 3 común a los 4 Convenios de Ginebra, y Protocolo II art. 4, numeral 2, literal a)-.

Culminado el periodo probatorio posterior a descargos y descorrido el traslado para alegar de conclusión, la Delegada Disciplinaria para la defensa de los Derechos Humanos al no observar causal de nulidad, emitió fallo de primera instancia el 17 de julio de 2017, sancionando a los disciplinados por incurrir en la

los Derechos Humanos al no observar causal de nulidad, emitió fallo de primera instancia el 17 de julio de 2017, sancionando a los disciplinados por incurrir en la grave infracción al DIH de lesiones, tortura y homicidio en persona protegida; decisión que fue confirmada por la Sala Disciplinaria.

Alude a que no desconoce que en reiteradas oportunidades el Consejo de Estado ha manifestado que ejercen un control de legalidad amplio sobre los actos sancionatorios que son demandados en sede judicial, como en general de los demás actos administrativos.

Señaló que en el proceso disciplinario en el que resultó sancionado el actor, se respetaron las garantías fundamentales al debido proceso y defensa, al haberse tramitado conforme lo dispone la Ley 734 de 2002, se le permitió al disciplinado ejercer su derecho de contradicción formulando descargos, alegatos de conclusión, recursos, permitiendo su participación activa ante el operador disciplinario, fue debidamente individualizado de la conducta objeto de reproche y la sanción impuesta a demandante atendió a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Aseguró que el material probatorio obrante en el expediente disciplinario daba cuenta que los militares incurrieron en una vulneración al DIH por el fallecimiento de un civil como persona protegida. Señaló que es falsa la acusación del actor en cuanto a que la entidad no tenía pruebas y basó su análisis en una única prueba, cuando en el curso del proceso también se recaudaron pruebas documentales y testimoniales que dieron cuenta de la existencia de la falta y que el deceso del señor Barco Gutiérrez no se produjo en medio de un combate como se indicó.

única prueba, cuando en el curso del proceso también se recaudaron pruebas documentales y testimoniales que dieron cuenta de la existencia de la falta y que el deceso del señor Barco Gutiérrez no se produjo en medio de un combate como se indicó.

Advirtió que las explicaciones dadas por los militares fueron inconsistentes y contradictorias, por lo que se logró determinar que el enfrentamiento u hostigamie