TA HUI - Sentencia 41001-23-33-000-2023-00303-00 (21-10-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M.P. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD SIMPLE

DEMANDANTE SANDRA MARCELA MAHECHA SEGURA

DEMANDADO

MUNICIPIO DE SA LADOBLANCO –

CONCEJO MUNICPAL DE

SALADOBLANCO DECISIÓN SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA - ANTICIPADA RADICACIÓN 41001233300020230030300

APROBADO EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Una vez concluidas las etapas procesales pertinentes y observado que no existe ningún hecho que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia anticipada en primera instancia, al tenor del numeral 3 del artículo 182A del C.P.A.C.A., adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA1

Sandra Marcela Mahecha Segura , en ejercicio del medio de control de nulidad demanda al Municipio de Saladoblanco – Concejo Municipal de Saladoblanco, para que previa citación se declare la nulidad del artículo primero del Acuerdo No. 35 del 2021, modificator io de los artículos 281 a 288 del Acuerdo No. 039 de 2020, los cuales consagran el impuesto del alumbrado

1 Documento 2 -Índice 3 expediente electrónico de primera instancia - samaiTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Sandra Marcela Mahecha Segura

1 Documento 2 -Índice 3 expediente electrónico de primera instancia - samaiTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2

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público, expedido por el concejo municipal de Saladoblanco – Huila, por haberse expedido por infracción a las normas en que debería fundarse.

1.1. Lo anterior lo sustenta en los siguientes HECHOS:

• Sostiene que el impuesto de alumbrado público tuvo origen en la Ley 97 de 1913, que autorizó al Distrito Capital de Bogotá para establecer un impuesto “sobre el servicio de alumbrado público”, organizar su cobro y darle el destino más conveniente para atender los servicios municipales; facultad extendida por la Ley 84 de 1915 a las demás entidades territoriales del orden municipal. Que luego, la Ley 1753 de 2015 sustituyó dicho tributo por una contribución especia l con destinación específica; norma que fue luego declarada inexequible por la Corte

Constitucional.

• Que posteriormente, la Ley 1819 de 2016 derogó tácitamente las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, consagrando un nuevo impuesto de alumbrado público con la definición de sus elementos esenciales de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado; cuyo artículo 353 ejusdem, contempló un término perentorio de un (1) año para que los municipios incorporaran en su ordenamiento tributario el nuevo impuesto de alumbrado público, el 349, estableció que el Gobierno Nacional tendría

contempló un término perentorio de un (1) año para que los municipios incorporaran en su ordenamiento tributario el nuevo impuesto de alumbrado público, el 349, estableció que el Gobierno Nacional tendría seis (6) meses para reglamentar los criterios técnicos a tener en cuenta en la determinación del impuesto de alumbrado público y el artículo 351 estableció límites para la determinación d el valor del impuesto a recaudar. En virtud de ello, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 943 de 2018, en cuyo artículo 9° estableció los criterios técnicos para la determinación del impuesto de alumbrado público con el fin de evitar abusos en su cobro.

• Que el municipio de Saladoblanco - Huila incorporó el impuesto de alumbrado público a través del Acuerdo 039 de2020, contraviniendo el mandato de la Ley 1819 de 2016 que exige, de manera previa a la incorporación del tributo, contar con un Estudio Técnic o de Referencia para determinar los costos del servicio. Además, en la incorporación del impuesto se desconocieron todos los preceptos normativos contenidos en la Constitución Política, al crear un tributo cuyos elementos eran ambiguos e indeterminados.

• Con posterioridad a la improvisada adopción del impuesto, y desconociendo el término establecido en el régimen de transiciónTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

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previsto en el artículo 353 de la Ley 1819 de 2016, en el mes de febrero

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previsto en el artículo 353 de la Ley 1819 de 2016, en el mes de febrero de 2021 se expidió el “Estudio técnico de referencia para el sistema de alumbrado público del Municipio de Saladoblanco -Departamento del Huila” el cual se encuentra publicado en su página web desde febrero de 2021 como lo exige el Decreto 943 de 2018.

• Con base en ese estudio técnico de referencia, el concejo de l municipio de Saladoblanco, departamento del Huila, modificó el acuerdo no. 039 de 2020 e hizo nuevamente la incorporación del impuesto de alumbrado público en ese ente territorial mediante el acuerdo no. 035 de 2021 de forma extemporánea pues ello ocurri ó casi cuatro (4) años después de agotadas las facultades previstas en la Ley 1819 de 2016.

• El citado Acuerdo No. 035 de 2021, intenta ajustar a lo previsto en la Ley el Impuesto de Alumbrado Público y su regulación, modificando los artículos 282 al 288 y consagrando en ellos la definición, ámbito de aplicación, principios rectores, hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable, tarifas, causación, exclusiones, ajustes, y mecanismo de recaudo.

• Sostuvo que en el artículo 283-5.5 del Acuerdo 039 de 2020, modificado por el artículo primero del Acuerdo 035 del 2021 , se indica que las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, mixtas o privadas,

• Sostuvo que en el artículo 283-5.5 del Acuerdo 039 de 2020, modificado por el artículo primero del Acuerdo 035 del 2021 , se indica que las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, mixtas o privadas, diferentes a la del Municipio, que posean predios, servidumbres o establecimientos, que presten su s servicios como tal, en cualquier modalidad en el Municipio de Saladoblanco (Huila) y utilicen cualquier parte de la jurisdicción del Municipio para poder desarrollar su actividad económica y/o de servicio en cualquier parte de la jurisdicción del Municipio, se gravarán mensualmente con seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo anterior en flagrante oposición a principios constitucionales como el de la capacidad contributiva e incluso a lo previsto en el mismo Acuerdo en lo referente a uno de los elementos del tributo, al establecer una tarifa que desconoce la base gravable fijada, cual es el valor de la energía eléctrica consumida, desvirtuando así mismo el principio de certeza incluido en el Acuerdo como principio rector del tributo.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Argumenta que las normas demandadas , se encuentran viciadas de nulidad por infracción a las normas en que deberían fundarse, pues contravienenTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

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los artículos 287 y 313 de la Constitución Política, 24.1 de la Ley 142 de 1994,

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los artículos 287 y 313 de la Constitución Política, 24.1 de la Ley 142 de 1994, 349 y siguiente de la Ley 1819 de 2016, así como el Decreto 943 de 2018; al considerar que el Concejo Municipal de Saladoblanco , por las siguientes razones:

• Inobservancia al plazo establecido en el artículo 353 de la Ley 1819 de 2016 para la adopción del Impuesto de Alumbrado Público en los ordenamientos tributarios de los municipios.

Refiere que dicha norma constituye el marco vigente para ese tributo, en la cual se estableció que “los acuerdos que se adecuen a lo previsto en la presente Ley mantendrán su vigencia, salvo aquellos que deben ser modificados, lo que deberá surtirse en un término máximo de un año”.

Indicó que, en ese plazo –hasta el 29 de diciembre de 2017 – debía adoptarse la reforma de los estatutos tributarios municipales, so pena de (i) que los acuerdos municipales perdieran vigencia y (ii) los Concejos Municipales perdieran la facultad de incorporar el impuesto como fuente de financiación del servicio de alumbrado público. Sin embarg o, en el caso de Saladoblanco , decidió incorporar arbitrariamente el impuesto a su ordenamiento mediante el Acuerdo No. 039 de 2020, pero al advertir que lo había hecho en contravención con la Ley 1819 de 2016 pretendió corregir su error profiriendo el Estudio Técnico de Referencia y un nuevo Acuerdo Municipal, sin importarle que para ese momento el plazo perentorio establecido por la Ley 1819 de 2016 ya se

con la Ley 1819 de 2016 pretendió corregir su error profiriendo el Estudio Técnico de Referencia y un nuevo Acuerdo Municipal, sin importarle que para ese momento el plazo perentorio establecido por la Ley 1819 de 2016 ya se encontraba vencido.

Señala que para la fecha de expedición del Acuerdo 035 de 2021, el Consejo del Municipio de Saladoblanco (Huila) no tenía competenci a para regular y cobrar el Impuesto de Alumbrado Público, dado que por su negligencia dejó vencer el plazo previsto en el artículo 353 de la Ley 1819 de 2016 para hacerlo, lo que deriva en la ilegalidad del citado Acuerdo respecto al artículo demandado por vulnerar la norma citada y además los artículos 253, 313 y 338 de la Constitución Nacional.

• Inobservancia del artículo 24.1 de la Ley 142 de 1994.

Conforme al régimen de servicios públicos domiciliarios – Ley 142 de 1994, no es posible “gravar a las em presas de servicios públicos con tasas, contribuciones o impuestos que sean aplicables a los demás contribuyentes que cumplan funciones industriales o comerciales”TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

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Sobre el partic ular, citó al Consejo de Estado 2 para plantear que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios solo están sujetas a los gravámenes territoriales establecidos en Leyes preexistentes a la entrada en vigencia de la Ley 142 de 1994. No obsta nte, el municipio de Saladoblanco

empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios solo están sujetas a los gravámenes territoriales establecidos en Leyes preexistentes a la entrada en vigencia de la Ley 142 de 1994. No obsta nte, el municipio de Saladoblanco gravó las aludidas empresas con el impuesto de alumbrado público previsto en la Ley 1819 de 2006, a las cuales fijó una tarifa diferencial y negativa, significativamente superior a la de los contribuyentes que desarrollan actividades industriales y comerciales.

Añadió, que en sentencia de unificación del 6 de noviembre de 20193, el Consejo de Estado se refirió a las condiciones que debían ser tenidas en cuenta por los municipios para la determinación de los sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público; sin enunciar allí a las empresas de servi cios públicos domiciliarios.

• Violación al principio de certeza en la adopción del tributo.

Señala que el acto demandado se incurrió en contradicción al señalar lo siguiente:

• Que l a norma define el hecho generador como el beneficio por la prestación del servicio alumb rado público, y la Ley señaló que está constituido por el beneficio derivado de la prestación del servicio de alumbrado público, lo que implica que alrededor y en consonancia con el concepto de “beneficio” es que los Concejos Municipales debe n incorporar los demás elementos del tributo, motivo por el cual llama la atención del Acuerdo No. 035 de 2021 al incurrir en varios vacíos y contradicciones que conllevan la vulneración de los principios de legalidad y de certeza y por lo tanto generan la ilegalidad de la norma.

atención del Acuerdo No. 035 de 2021 al incurrir en varios vacíos y contradicciones que conllevan la vulneración de los principios de legalidad y de certeza y por lo tanto generan la ilegalidad de la norma.

Señala que el artículo 283-2 del Acuerdo demandado señala, en su inciso segundo, que constituye hecho generador del impuesto de alumbrado público la realización de actividades cuando se tenga capacidad contributiva para pagar el impuesto. Si bien es cierto la Ley 1819 de 2016, delegó en los sujetos activos del impuesto la determinación de algunos de sus elementos, respecto al hecho generador fue clara en señalar que el mismo está constituido por el beneficio derivado de la prestac ión del servicio, lo que implica qué cualquier modificación o adición que los

2 Refiriéndose a: Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 3 de diciembre de 2001. Consejera Ponente: Ligia López Díaz. Expediente: 12539 3 Concejo de Estado en Sentencia de Unificación del 6 de noviembre de 2019 (Exp. 23103)TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

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municipios hagan al mismo en sus ordenamientos deriva en una violación al principio de legalidad y torna ilegal el Acuerdo, tal cual como ocurre en este caso.

No obstante, cuando el Acuerdo 035 de 2021 define los demás elementos del tributo, específicamente la tarifa para el caso de algunos sujetos pasivos como por ejemplo las empresas de servicios públicos

en este caso.

No obstante, cuando el Acuerdo 035 de 2021 define los demás elementos del tributo, específicamente la tarifa para el caso de algunos sujetos pasivos como por ejemplo las empresas de servicios públicos domiciliarios, olvida que la aplicación de una tarifa está supeditada a l a existencia de un hecho generador y deja de lado el concepto de “beneficio” por la prestación del servicio, para establecer un cobro con criterio objetivo, en consideración simplemente al objeto social o actividad de un sujeto, vulnerando además con esa posición nuevamente la prohibición de trato discriminatorio que establece el numeral 1 de artículo 24 de la Ley 142 de 1994.

Así las cosas, bajo el entendido que una empresa de servicios públicos domiciliarios no sea usuario potencial del servicio de alumbrado público y no ostente la condición de sujeto pasivo por no desarrollar el hecho generador de tributo, estaría en todo caso obligada a pagar el impuesto por la forma en la que se encuentra establecida la tarifa, y de hecho sabemos que la administración tributaria del Municipio de Saladoblanco lo ha venido cobrando sin reserva alguna.

• No existe consagrada en el Acuerdo Municipal una base gravable del impuesto de alumbrado público para las personas que determinan su impuesto en salarios mínimos legales vi gentes, debido a que el Concejo Municipal, al pretender adoptarla incurrió una imprecisión al confundir la base gravable con la tarifa.

Sostiene que el artículo 283-4 del Acuerdo 039 de 2020, modificado por el artículo primero del acuerdo 035 del año 2021, acorde con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016 señala que la base gravable se determina en

Sostiene que el artículo 283-4 del Acuerdo 039 de 2020, modificado por el artículo primero del acuerdo 035 del año 2021, acorde con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016 señala que la base gravable se determina en función del consumo energía eléctrica para ciertos sujetos pasivos que enuncia. Excluye de este supuesto a las personas que tributan en salarios mínimos y aquellos respecto de los cuales no se puede establecer el consumo de energía, para quienes se abstiene de consagrar la base gravable y simplemente se limita a mencionar que su tarifa se fija en salarios mínimos mensuales legales vigentes

A pesar de la claridad con la que se encuentra redactada la base gravable, la tarifa aplicable a ciertos contribuyentes, entre ellos , las empresas deTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7

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servicios públicos domiciliarios, se encuentra fijada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que implica una incongruen cia entre la norma en el mismo Acuerdo, pues no tiene justificación que mientras la base gravable está determinada bajo los tres criterios mencionados, a ciertos contribuyentes se les imponga una tarifa que no guarda ningún tipo de relación con los mismos.

Concluye que la regulación del impuesto en el Acuerdo 035 de 2021, es ambigua y llama a equívoco a los contribuyentes. Tal es el caso de las empresas de servicios públicos domiciliarios, quienes se ven conminados al pago del tributo a pesar de no contar con una base gravable, no estar demostrada su

ambigua y llama a equívoco a los contribuyentes. Tal es el caso de las empresas de servicios públicos domiciliarios, quienes se ven conminados al pago del tributo a pesar de no contar con una base gravable, no estar demostrada su capacidad contributiva en relación con los ingresos percibidos en esa jurisdicción, e incluso de no desarrollar el hecho generador habida consideración que en varios casos no cumplen con la condición de ser usuarios potenciales del servicio

2. CONTESTACIÓN4

El municipio de Saladoblanco se opone a las pretensiones así:

Frente al primer cargo: Refiere que la demandante realiza una incorrecta interpretación del artículo 353 de la Ley 1819 de 2016, toda vez que dicha normatividad dispone del término de un año para que se realice una transición en relación con aquellos acuerdos que hayan adoptado el impuesto de alumbrado público sin estar acordes a las disposiciones de la Ley 1819 de 2016, es por ello que el artículo deja claro que los acuerdos municipales que estuvieran acordes con la Ley 1819 seguían vigentes, y exceptúa a aquellos acuerdos que debían adecuarse lo cual debía hacerse en el término de un año; so pena de perder vigencia. Pero de la pérdida de vigenc ia de un acto administrativo a la pérdida de competencia de la corporación edilicia hay una distancia bastante amplia.

Sostuvo que ese municipio adoptó el impuesto de alumbrado público mediante Acuerdo Municipal 054 de 2012 – capítulo XI - amparado en las disposiciones legales dispuestas en las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, entre otras; posteriormente, en noviembre de 2017 el municipio mediante Acuerdo

mediante Acuerdo Municipal 054 de 2012 – capítulo XI - amparado en las disposiciones legales dispuestas en las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, entre otras; posteriormente, en noviembre de 2017 el municipio mediante Acuerdo 080 de 2017 unificó el estatuto tributario se trascribió el acápite del estatuto tributario, habida cuenta que no era posible hacer su modificación como quiera

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que aún no existían los parámetros para la determinación de los valores del impuesto por cuanto el Gobierno Nacional aún no los expedía; con posterioridad en el año 2020 el municipio realizó una nueva modificación al estatuto tributario sin que se modificara el capítulo del impuesto de alumbrado público, por tanto al advertir que el Acuerdo 039 de 2020 en el capítulo del estatuto tributario no se revestía de legalidad por no haberse realizado el estudio técnico de referencia pero además toda la adecuación dispuesta por la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 493 de 2018, pero que además eran acuerdos que habían perdido vigencia por disposición del artículo 353; el ente territorial procedió a corregir el yerro y envestido de las facultades que le otorga el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, adecuando el impuesto además bajo los parámetros dados por el Gobierno Nacional en cuanto los parámetros de referencia del Decreto 493 de 2018.

Finalmente refiere que el Estudio Técnico de Referencia para el Sistema

adecuando el impuesto además bajo los parámetros dados por el Gobierno Nacional en cuanto los parámetros de referencia del Decreto 493 de 2018.

Finalmente refiere que el Estudio Técnico de Referencia para el Sistema de Alumbrado Público del Municipio de S aladoblanco, debía ajustarse a lo señalado por el Decreto 943 del 30 de mayo de 2018 (Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 6 del Título III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público), y así se hizo, por lo que su elaboración culminó el día 21 de febrero de 2021, publicándose en la página oficial el día 24 de febrero de 2021, atendiendo lo dispuesto respecto a su publicación. Ahora bien, con base en lo establecido y en las necesidades requeridas por el sistema de alumbrado público del Municipio de Saladoblanco, se procedió a expedir el Acuerdo 035 de noviembre de 2021, Acuerdo vigente a la fecha y que posee en todos sus apartes lo definido por la Ley 1819 de 2016, y que cumple con los criterios técnicos expresados en el Estudio Técnico realizado, con base en lo desarrollado por el Decreto 943 de 2018.

Frente al segundo cargo: en relación al fragmento normativo establecido en el artículo 24.1 de la Ley 142 de 1994 indicó que ella simplemente consagra un principio de tributación dirigido a asegurar la igualdad entre las empresas de servicios públicos y los demás contribuyentes que desarrollen actividades industriales o comerciales y, obviamente, a prohibir la discriminación ,

un principio de tributación dirigido a asegurar la igualdad entre las empresas de servicios públicos y los demás contribuyentes que desarrollen actividades industriales o comerciales y, obviamente, a prohibir la discriminación , adicionalmente, indicó que Consejo de Estado ha precisado que, respecto del impuesto de alumbrado público, dichas empresas sí son sujetos pasivos, siempre que se beneficien potencialmente del servicio (CE, Sección Cuarta, Exp. 16667/2010; SU, Exp. 23103/2019)

Frente al tercer cargo : Considera que es totalmente erróneo que la demandante refiera que no se puede establecer el impuesto en SSMMLV, puesTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

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de acuerdo con los cálculos, análisis y proyecciones se pudo establecer las tarifas mínimas que el Municipio de Saladoblanco requiere para seguir costeando el servicio y dar continuidad al servicio de Alumbrado Público en toda la comunidad. Dichas Tarifas contemplan el cubrimiento de costos establecido en la normatividad de la CREG, resolución 123 de 2011 y aquellas normas complementarias que involucran el servicio y que la han modificado, como es la Ley 1819 de 2016 y sus Decretos reglamentarios. Las tarifas incorporan nuevamente un porcentaje de cobro sobre los consumos de energía como la metodología más adecuada, para el sector residencial del 8% y en la zona rural 5%. En los sectores comercial, industrial, oficial, bombeo de agua,

incorporan nuevamente un porcentaje de cobro sobre los consumos de energía como la metodología más adecuada, para el sector residencial del 8% y en la zona rural 5%. En los sectores comercial, industrial, oficial, bombeo de agua, autoconsumo y no regulados del 10%. Para compensar la necesidad de coste del alumbrado público es menester establecer unas tarifas diferenciales en salarios mínimos legales vigentes a ciertos sectores acorde con su capacidad contributiva.

3. TRÁMITE DE SENTENCIA ANTICIPADA.

Mediante providencia del 14 de agosto de 2025, el despacho dispuso el trámite de la sentencia anticipada previsto en el artículo 182A del CPACA, para lo cual se pronunció sobre las pruebas aportadas y solicitadas por las partes, fijó el litigio y ordenó dar traslado para alegar de conclusión.

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

4.1. Parte actora: Guardó silencio.

4.2. Municipio de Saladoblanco5:

En síntesis, reitera los argumentos de la constelación de la demanda, y adicionalmente, alega que la demandante no aporta un solo elemento probatorio que demuestre que las tarifas son desproporcionadas, inequitativas o arbitrarias. En ausencia de esa carga probatoria, la presunción de legalidad del Acuerdo debe prevalecer.

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Concluye que en el proceso se demuestra que el Concejo Municipal de Saladoblanco actuó dentro de su competencia constitucional y legal, observó los parámetros técnicos fijados por el Gobierno Nacional, garantizó el principio de igualdad entre los contribuyentes y definió tarifas clar as, razonables y proporcionales que permiten la financiación de un servicio público esencial.

5. Concepto del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público manifestó que los cargos están llamados a prosperar parcialmente en lo referente a la pr oporcionalidad de las tarifas y en tal medida deben anularse artículos 283-5.2 a 283-5.5 del Acuerdo No. 039 de 2020, modificado por el Acuerdo 035 de 2021; al considerar lo siguiente:

• El plazo establecido por el artículo 353 la Ley 1819 no es un plazo preclusivo que prive a los Municipios de la facultad de regular los elementos del tributo. La finalidad de dicho plazo fue la de atemperar las normas vigentes para ese momento sin que pueda entenderse la perdida de competencia ratione tempore de forma definitiva pues ello implicaría en la práctica la pérdida de la facultad de manera definitiva y un vaciamiento de competencias del ente territorial en esta materia, interpretación contraria al ordenamiento constitucional y legal aplicable en la materia.

• El acto demandado no desconoce el artículo 24.1 de la Ley 142 de 1994 por cuanto el impuesto de alumbrado público no es un nuevo impuesto. Adicionalmente no

en la materia.

• El acto demandado no desconoce el artículo 24.1 de la Ley 142 de 1994 por cuanto el impuesto de alumbrado público no es un nuevo impuesto. Adicionalmente no se desvirtúa que una Empresa de Servicios Públicos domiciliarios pueda ser sujeto pasivo de dicho tributo por cuanto puede ser potencial beneficiario de este servicio en los términos de la sentencia de unificación de probarse por ejemplo que la Empresa tiene un establecimiento en el Municipio

• Las tarifas deben ser razonables y proporcionales con respecto al costo de la prestación de este servicio a la comunidad. Costo que debe determinarse de conformidad con la metodología establecida por la CREG para la determinación de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para remunerar a los prestadores del servicio, así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público.

• Sobre este particular está demostrado que las tarifas que se establecieron en los actos demandados en salarios mínimos son desproporcionadas con los costo s de prestación del servicio.

• Los estudios aportados como prueba evidencian que el costo de prestación al momento del estudio ascendía a 301.826.623 por año, en términos mensuales 25.235.551,92 por lo que gravar a una sola empresa, que sería un solo usuario con seis salarios mínimos mensuales establece un gravamen desproporcionado.

Adicionalmente si se compara el propio estudio, una empresa que pague el valorTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

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fijo, pagaría casi seis veces más que la empresa que pague por proporcionalidad al consumo de en ergía, lo que evidencia un trato desigual que no se encuentra soportado en los estudios aportados.

• Al cumplirse la carga de la prueba sobre la falta de proporcionalidad de la tarifa establecida en salarios mínimos legales mensuales respectos del valor to tal de prestación del servicio a la comunidad, debe accederse parcialmente a la nulidad solicitada y anularse los artículos 283-5.2 a 283-5.5 del Acuerdo No. 039 de 2020, modificado por el Acuerdo 035 de 2021

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente por el factor funcional y territorial para proferir sentencia de primera instancia, en virtud de lo consag rado en el artículo 152 y del artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Se precisa que la Ley no les otorgó a los concejos municipales personería jurídica y, por ende, no tienen capacidad para ser parte o intervenir directamente en procesos judiciales o administrativos y deben hacerlo por intermedio del respectivo ente territorial.

2. PROBLEMA JURÍDICO

La Sala debe definir si ¿debe declararse la nulidad del artículo primero del Acuerdo 035 de 2021, por medio del cual se modifica el capítulo XVII del Acuerdo 039 de 2020 impuesto de alumbrado público, y subsidiariamente los

La Sala debe definir si ¿debe declararse la nulidad del artículo primero del Acuerdo 035 de 2021, por medio del cual se modifica el capítulo XVII del Acuerdo 039 de 2020 impuesto de alumbrado público, y subsidiariamente los artículos 283-5.2 a 2835.5 del Acuerdo No. 039 de 2020, modificado por el Acuerdo 035 de 2021, por infracción a las normas en que debería fundarse, por haber sido expedido sin facultades para ello; por presuntamente vulnerar (i) el plazo establecido en el artícul o 353 de la Ley 1819 de 2016 para la adaptación