TA HUI - Sentencia 41001-23-33-000-2025-00130-00 (27-05-2025)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Magistrado ponente: Enrique Dussán Cabrera Neiva Veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Recurso de insistencia Demandante Oscar Mesías Torres Peña Demandado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF Radicación 41 001 23 33 000 2025 00130 00 Asunto Decide recurso de insistencia S-077 Acta de Sala N° 035 De la fecha.

1. ASUNTO.

Se decide el recurso de insistencia promovido por el señor Oscar Mesías Torres Peña contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Huila , a efectos de definir si la documentación solicitada es de carácter reservado.

2. DE LA PETICIÓN OBJETO DE INSISTENCIA.

El 30 de abril de 2025 , de manera telefónica 1 conforme el radicado 23699552 el señor Oscar Mesías Torres Peña, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Cecilia de la Fuente de LlerasDirección de Servicios y Atención CZ La Gaitana conforme la descripción de la petición:

"En la fecha se comunica telefónicamente al CZ el señor Oscar Mesías Torres Peña identificado con cédula de ciudadanía No. 1075285243, domiciliado en la Calle 32 No. 6W -18 Barrio Californio en Neiva, correo electrónico: oscartorres0795@gmail.com celular: 3186824415, en calidad de progenitor de la niña Hanna Antonella Torres Escobar identificada con registro civil de nacimiento No. 1075810648 de 3 años. El peticionario solicita copia de las valoraciones

oscartorres0795@gmail.com celular: 3186824415, en calidad de progenitor de la niña Hanna Antonella Torres Escobar identificada con registro civil de nacimiento No. 1075810648 de 3 años. El peticionario solicita copia de las valoraciones llevadas a cabo a su hija dentro del SIM 1764537373. Requiere que las mismas sean enviadas a su correo electrónico oscartorres0795@gmail.com”

3. DE LA RESPUESTA DE L INSTITUTO COLOMBIANO DE

BIENESTAR FAMILIAR –- REGIONAL HUILA -DEFENSORÍA

CUARTA DE FAMILIA.

El 30 de abril de 20252 el La Defensora Cuarta de Familia del ICBF CZ La Gaitana, dio respuesta al señor Torres Peña frente a la solicitud de copias de valoraciones iniciales dentro de un trámite administrativo de restablecimiento de derechos a favor de una menor identificada como H.A.T.E., la cual fue radicada con el número SIM 23699552 , requerimiento que fue negado teniendo en cuenta que la información

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solicitada por el señor Torres Peña contiene datos sensibles y privados, más aún por tratarse de una menor de edad y solo puede entregarse si hay consentimiento expreso del titular o de su representante legal, o si existe una ordena de una autoridad de control o judicial, enfatizando el

más aún por tratarse de una menor de edad y solo puede entregarse si hay consentimiento expreso del titular o de su representante legal, o si existe una ordena de una autoridad de control o judicial, enfatizando el interés superior del menor que prevalece sobre otro derechos , citando como marco jurídico la Ley 1581 de 2012 referente a la protección de datos personales, la cual en su artículo 5° hace referencia a los datos sensibles.

Así mismo citó sentencias de la Corte Constitucional C-748 de 2011, T216 de 2004, T-557 de 2011, concluyendo que la información personal podría ser entregada “a) cuando el titular de la misma expresamente manifiesta su consentimiento para que aquella sea entregada por parte del Estado a otro ente o persona; o b) cuando dicha información es requerida en ejercicio de una facultad jurisdiccional o de control , por parte de una autoridad constitucional y legalmente facultada para solicitarla.”

Asimismo, indicó que no puede pasarse por alto que la Ley 1712 de 2014 contempla una excepción aplicable a ciertos tipos de información, conforme a lo establecido en el artículo 19, el cual señala:

“Artículo 19. Información exceptuada por daño a los intereses públicos. Es toda aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional:

(…)

g) Los derechos de la infancia y la adolescencia;

(…)

Parágrafo. Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos.”

g) Los derechos de la infancia y la adolescencia;

(…)

Parágrafo. Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos.”

La negativa a entregar copias solicitadas se fundamentó en que la información relacionada con los derechos de la infancia y adolescencia tiene carácter de pública reservada, lo que permite restringir su acceso bajo justificación legal y constitucional. Esta reserva debe ser motivada por escrito.

En este contexto, el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014 establece que corresponde al sujeto obligado demostrar, con razones y pruebas, que la información solicitada debe mantenerse reservada. Además, debe probar que dicha reserva responde a un objetivo legítimo y que su divulgación causaría un daño presente, probable y específico que supere el interés público de acceder a la información.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 3 de 16

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En consecuencia, la ley exige que toda negativa a entregar información reservada esté debidamente sustentada , con el fin de proteger los derechos de los titulares de dicha información. Cita los conceptos 132 de 2013 y 114 de 2012 de la Oficina Jurídica de la entidad destacando “…la solicitud, debe indicar el interés que asiste al interesado en el documento solicitado y la finalidad que pretende con su obtención la cual debe analizar con los parámetros expuestos para determinar su procedencia”

“…la solicitud, debe indicar el interés que asiste al interesado en el documento solicitado y la finalidad que pretende con su obtención la cual debe analizar con los parámetros expuestos para determinar su procedencia”

En casos que involucren información relacionada con los derechos de niños, niñas y adolescentes —como historias de atención u otros documentos que los mencionen explícitamente — debe prevalecer la confidencialidad, en cumplimiento del principio del interés superior del menor y con el fin de prevenir posibles daños.

En este contexto, la Defensoría de Familia decidió no entregar las copias solicitadas. Se sugirió que la solicitud se canalizara a través de una autoridad judicial (como un juez o fiscal) o, en su defecto, mediante un ente de control . Añade que e l ICBF manifiesta su disposición a entregar las copias de la act uación administrativa correspondiente, siempre que se realice por los canales adecuados.

Concluyó que esa decisión se basa también en que el solicitante no especificó el propósito de la solicitud, lo cual es relevante para evaluar la procedencia de la entrega de la información.

Aunque no existe una reserva legal general sobre el acceso a los documentos del ICBF relacionados con procedimientos administrativos de restablecimiento de derechos, su circulación puede estar restringida cuando contienen información de carácter privado, como valoraciones iniciales, entrevistas o visitas sociales. Estos documentos, aunque públicos, están protegidos por reserva legal debido a la naturaleza sensible de su contenido.

Además, toda actuación que involucre a niñ os, niñas y adolescentes debe regirse por el principio del interés superior del menor, conforme al

públicos, están protegidos por reserva legal debido a la naturaleza sensible de su contenido.

Además, toda actuación que involucre a niñ os, niñas y adolescentes debe regirse por el principio del interés superior del menor, conforme al artículo 44, parágrafo 3 de la Constitución Política.

4. DE LA INSISTENCIA Y LA REMISIÓN DEL RECURSO.

4.1. El 13 de mayo de 202 53, el accionante elevó el recurso de insistencia contra la repuesta emitida por la entidad con radicado SIM23699552 mediante el cual el negó proporcionar c opias de las valoraciones iniciales de psicología, trabajo social, nutrición y verificación de derechos realizadas a su hij a menor de edad, H.A.T.E.,

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en un trámite en el que participó junto con la madre de la menor. La Defensoría negó la entrega de esta información alegando reserva legal.

Argumenta su insistencia en los siguientes puntos:

1. Participó activamente en el trámite y considera que, como padre y parte del proceso, tiene derecho a acceder a la información, además que las copias las requiere para guardarlas y poder usarlas en futuras valoraciones psicológicas de la menor, no para divulgación pública.

2. Los documentos no c ontienen datos íntimos o sexuales que justifiquen la reserva absoluta.

además que las copias las requiere para guardarlas y poder usarlas en futuras valoraciones psicológicas de la menor, no para divulgación pública.

2. Los documentos no c ontienen datos íntimos o sexuales que justifiquen la reserva absoluta.

3. La Defensoría no demostró que la entrega de la información causaría un daño presente, probable y específico que supere el interés público del acceso.

4. Cita un caso similar resuelto por el Juzgado Quinto Administrativo de Manizales, que ordenó la entrega parcial de documentos a un progenitor por haber sido parte del proceso.

5. Se enfatiza que el acceso a la información también protege los derechos de la menor, en lugar de vulnerarlos

4.2. El 15 de mayo de 20254, mediante Oficio 202547005000045641, La Defensora Cuarta de Familia ICBF CZ La Gaitana, allegó el recurso de insistencia presentado por el señor Oscar Mesías Torres Peña, respecto de la petición del 30 de abril de 2025, mediante el cual solicitó copias de las valoraciones realizadas a la menor H.A.T.E. dentro de una solicitud de restablecimiento de derechos , en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la ley 1755 de 2015.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

5.1. Competencia.

Conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 1755 de 2015, y el artículo 151 numeral 5 del CPACA, é sta Corporación es competente para resolver el recurso.

5.2. Problema jurídico.

Corresponde establecer si la información requerida por el señor Oscar Mesías Torres Peña , respecto de la petición del 30 de abril de 20 25,

para resolver el recurso.

5.2. Problema jurídico.

Corresponde establecer si la información requerida por el señor Oscar Mesías Torres Peña , respecto de la petición del 30 de abril de 20 25, mediante la cual solicitó copias de valoraciones iniciales dentro de un trámite administrativo de restablecimiento de derechos a favor de una

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menor identificada como H.A.T.E., está sujeta a reserva al referir a aspectos de datos sensible e información de un menor de edad.

5.3. Del fondo del asunto.

5.3.1. La procedencia del recurso de insistencia

Procede el recurso de insistencia en los siguientes casos:

• Que haya una solicitud de información o expedición de copias de documentos que reposen en las entidades públicas. • Que la petición sea negada total o parcialmente, acto que debe ser motivado, donde se señale la normatividad que consagra la reserva de la documentación que impide la entrega de la misma. • Que el peticionario insista en su solicitud ante la negativa de la entidad dentro de los diez días siguientes (artículo 26 de la ley 1755 de 20155). • Que se envié al Juez o Tribunal Administrativo competente los documentos necesarios para decidir si son o no reservados.

El presente asunto cumple formalmente lo anterior.

En efecto, la parte actora realizó la petición de solicitud de información

• Que se envié al Juez o Tribunal Administrativo competente los documentos necesarios para decidir si son o no reservados.

El presente asunto cumple formalmente lo anterior.

En efecto, la parte actora realizó la petición de solicitud de información el 30 de abril de 2025, como obra en el expediente remitido por La Defensora Cuarta de Familia ICBF CZ La Gaitana en su escrito del recurso.

Dicha petición fue resuelta por La Defensora Cuarta de Familia ICBF CZ La Gaitana el 30 de abril de 20256, de manera negativa por tener reserva legal, además, porque la información contiene datos sensibles y privados, protegidos por la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.

Igualmente, porque al tratarse de una menor de edad, solo puede entregarse dicha información con consentimiento expreso del titul ar o su representante legal, o mediante orden de autoridad judicial o de control, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencias C748/11, T -216/04, T -557/11) y la Ley 1712 de 2014, que establece excepciones al acceso a información pública c uando se afectan derechos de la infancia y adolescencia.

Adicionalmente, la negativa se fundamentó también en que el solicitante no especificó el propósito de su solicitud, lo cual es esencial para

5 PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella. 6 Páginas 3 a 13 documento 3, índice 00003 samaiTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 6 de 16

de los diez (10) días siguientes a ella. 6 Páginas 3 a 13 documento 3, índice 00003 samaiTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 6 de 16

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evaluar su procedencia , recordando que, aunque los docume ntos del ICBF pueden ser públicos, su contenido puede estar reservado si incluye información privada o sensible, como valoraciones, entrevistas o visitas sociales.

Finalmente, reiteró que el ICBF está dispuesto a entregar la información solicitada si se canaliza por los medios adecuados, como una autoridad judicial o de control, en cumplimiento del principio del interés superior del menor, consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política.

5.3.2. Derecho de acceso a la información y a documentos públicos.

El artículo 74 de la C.P., establece: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable.”

La Co rte Constitucional 7 ha señalado que el derecho al acceso a documentos públicos debe ser entendido como una manifestación concreta del derecho a la información, el cual se materializa con la garantía del derecho fundamental de petición, este último necesario para acceder a la información.

Así lo establece el artículo 2° de la ley Estatutaria 1712 de 2014 el cual establece que “Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o

establece que “Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley.”.

Respecto del concepto de “ Información”, el artículo 6° de la ley 1712 de 2014 lo define como un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen.

En cuanto a quienes son los sujetos obligados, el mismo artículo en el literal f) establece que cualquier persona natural o jurídica, pública o privada incluida en el artículo 58 de la citada ley; tendrá a cargo el manejo de la información.

7 Sentencia C951 de 2014 8 ARTÍCULO 5o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 1494 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados: a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital. b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control. c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público. d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función.

directamente relacionada con la prestación del servicio público. d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función. e) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> Las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y sociedades en que este tenga participación.

• Mediante Sentencia C-274-13 de 5 de marzo de 2014, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa de la Corte Constitucional, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 228 de 2012 Cámara, 156 de 2011

Senado y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE este literal, 'en el entendido de que las personas obligadas, en relación con su actividad propia, industrial o comercial, no están sujetas al deber de i nformación, con respecto a dicha actividad'. f) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos. g) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 16

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5.3.3. Información sujeta a reserva.

El artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, establece que solo serán reservados aquellos documentos e informaciones que expresamente estén protegidos por la Constitución o la ley, particularmente los siguientes:

“1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.

reservados aquellos documentos e informaciones que expresamente estén protegidos por la Constitución o la ley, particularmente los siguientes:

“1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.

2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituc iones públicas o privadas, así como la historia clínica.

4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Es tos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.

5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.

6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.

7. Los amparados por el secreto profesional.

8. Los datos genéticos humanos.

PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información.”

Por su parte, los artículos 18 a 22 de la Ley 1712 de 2014 establecen

apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información.”

Por su parte, los artículos 18 a 22 de la Ley 1712 de 2014 establecen las excepciones al derecho de acceso a la información pública , permitiendo su restricción cuando:

• Se pueda causar un daño a los derechos fundamentales de las personas naturales o jurídicas, como la intimidad, la vida, la salud o la seguridad.

• Se afecte el secreto comercial, industrial o profesional.

Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados sujetos obligados, solo deberán cumplir con la presente ley respecto de aquella in formación que se produzca en relación con fondos públicos que reciban o intermedien. PARÁGRAFO 1o. No serán sujetos obligados aquellas personas naturales o jurídicas de carácter privado que sean usuarios de información pública.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 8 de 16

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De la misma forma, se regula en la ley referida, que el acceso a la información puede ser negado cuando se prevea un daño a los intereses públicos, en casos como:

• La defensa y seguridad nacional. • La seguridad pública. • Las relaciones internacionales. • La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso;

• Las relaciones internacionales. • La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso; • El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales. • La administración efectiva de justicia. • Los derechos de la infancia y la adolescencia. • La estabilidad macroeconómica y financiera del país. • La salud pública.

De lo anterior se infiere que que la regla general es la publicidad y acceso a los documentos públicos, y la excepción es la reserva constitucional y legal que taxativamente se haya establecido.

Finalmente, en relación con el tratamiento de los datos personales de niños, niñas y adolescentes, el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 dispuso:

“ARTÍCULO 7o. DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes.

Queda proscrito el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública.

Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y la de los demás. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los

responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y la de los demás. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley.”

5.3.4. De lo datos personales

Frente a los datos privados la jurisprudencia ha establecido que la posibilidad de acceso a la información es la excepción, y debe sujetarse a los principios de la administración de datos, contemplados en la ley 1266TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 16

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de 20089, por cuanto se busca proteger el libre ejercicio del derecho a la intimidad, de tal suerte que la decisión acerca del conocimiento de la misma, es un asunto que solo puede ser decidido por las autoridades judiciales en ejercicio de sus funciones, dada la aplicación de la reserva judicial para la restricción de los derechos fundamentales.

El artículo 5 de la ley estatutaria 1581 de 201210 define los datos sensibles como aquellos que “afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos

política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos”.

En este Sentido la Corte Constitucional en sentencia C -274 de 2013 señaló:

“Como se indicó en apartes previos, la prohibición de tratamiento de datos sensibles es una garantía del habeas data y del derecho a la intimidad, y además se encuentra estrechamente relacionada con la protección de la dignidad humana. Sin embargo, en ciertas ocasiones el tratamiento de tal es datos es indispensable para la adecuada prestación de servicios –como la atención médica y la educacióno para la realización de derechos ligados precisamente a la esfera íntima de las personas –como la libertad de asociación y el ejercicio de las libe rtades religiosas y de opinión. Las excepciones del artículo 6 responden precisamente a la necesidad del tratamiento de datos sensible en dichos escenarios”.

La tensión entre el derecho a acceder a la información pública clasificada o pública reservada deberá resolverse en cada caso concreto, para determinar si la posibilidad de negar el acceso a este tipo de información, resulta razonable y proporcionada a la luz de los intereses que se pretenden salvaguardar al garantizar el derecho de acceso a la información pública. Así, por ejemplo, cuando se trata de información clasificada, se deberá sopesar en el caso concreto si la divulgación de ese tipo de información cumple una función constitucional importante o constituye una carga desproporcionada e irrazonable para el derecho a la intimidad de las personas afectadas, que no están

deberá sopesar en el caso concreto si la divulgación de ese tipo de información cumple una función constitucional importante o constituye una carga desproporcionada e irrazonable para el derecho a la intimidad de las personas afectadas, que no están obligadas a soportar”.

La Constitución Política en el su artículo 74 prevé “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”11, (subrayado de la Sala ), estableciendo de esta forma la restricción de acceso a la información pública dentro del ordenamiento jurídico, y que la Corte Constitucional en la sentencia T-330 de 2021 en materia penal relacionó el siguiente cuadro:

9 “Por la cual se dictan las disp osiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”. 10 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” 11 Asimismo, el artículo 19 (párrafos 2° y 3°) del Pacto Internacional de Derechos Civiles, establecen que: “2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones , que deberán, sin embargo,

otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones , que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley (…).” (Negrilla fuera del texto original).TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 10 de 16

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Demandante : Oscar Mesías Torres Peña Demandado : ICBF Radicación : 41001 2333000 2025 00130 00

“Ley 906 de 2004:12

Articulo 18 Artículo 150

Artículo 18. Publicidad. “La actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban in