TA HUI - Sentencia 41001-23-33-000-2025-00146-00 (13-06-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N No. 5

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: YINETH GONZÁLEZ GALLEGO

ACCIONADO: JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE NEIVA Y

OTROS

VINCULADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA -EJÉRCITO

NACIONAL EXPEDIENTE: 41001-23-33-000-2025-00146-00

SENTENCIA: No. TAH005-2025-06-229

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala la acción de tutela instaurada por la señora Yineth González Gallego por intermedio de apoderado judicial contra el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y el señor Rafael Sánchez Oyola , por la presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital, acceso a la administración de justicia y seguridad social, en conexidad con la dignidad humana.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

La señora Yineth González Gallego , por intermedio de apoderado judicial1, solicitó el amparo constitucional a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital, acceso a la administración de justicia y seguridad social , en conexidad con la dignidad humana , pretendiendo se ordene:

1 Expediente digital Samai, índice 3.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

proceso, igualdad, mínimo vital, acceso a la administración de justicia y seguridad social , en conexidad con la dignidad humana , pretendiendo se ordene:

1 Expediente digital Samai, índice 3.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA No. 41001-23-33-000-2025-00146-00

Demandante: Yineth González Gallego

Demandado: Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y Otros

2 “…

…”.

1.1 Hechos

Precisó el apoderado actor 2, que la señora Yineth González Gallego es progenitora del señor Steven Smith González, quien ingresó al Ejército Nacional el 1 de agosto del año 2017 y sirvió como soldado profesional hasta su fallecimiento (22 de septiembre de 2019).

Indicó que, la accionante sacó adelante sola a sus tres hijos, ya que el señor Rafael Sánchez Oyola padre de sus hijos, los abandonó hace 15 años y nunca contribuyó a su crianza.

Al respecto, señaló que, la señora Yineth González Gallego dependía económicamente de su hijo Stiven, quien le aportaba mensualmente $350.000 y otros recursos esenciales para el hogar, siendo el principal sustento económico de la actora y sus otros hijos.

Aunado a ello, expuso que, la accionante no tiene formación académica (solo cursó hasta tercer grado de primaria), no ha cotizado al sistema de pensiones, trabaja esporádicamente en labores domésticas y está afiliada al régimen subsidiado del Sisbén, que vive en arriend o con sus dos hijos y enfrenta una

cursó hasta tercer grado de primaria), no ha cotizado al sistema de pensiones, trabaja esporádicamente en labores domésticas y está afiliada al régimen subsidiado del Sisbén, que vive en arriend o con sus dos hijos y enfrenta una situación de vulnerabilidad económica y emocional tras la pérdida de su hijo.

De igual forma, precisó que, tras la muerte del señor Stiven Smith González, el Ejército Nacional reconoció el pago de cesantías definitivas a ambos padres (Resolución No.273828 del 11 de diciembre de 2019). Sin embargo, la solicitud conjunta de pensión de sobreviviente fue negada por el Ministerio de Defensa

2 Ibídem, Pág. 1-4.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA No. 41001-23-33-000-2025-00146-00

Demandante: Yineth González Gallego

Demandado: Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y Otros

3 Ejército Nacional en dos ocasiones (Resolución 6179 del 27 de diciembre de 2019 y Oficio No. OF121-540 MDNSGDAGPS del 6 de enero de 2021).

También, sostuvo que, el 31 de agosto de 2023, el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva profirió fallo a favor de Rafael Sánchez Oyola, ordenando el pago de la pensión de sobreviviente exclusivamente a él, sin que la accionante fuera notificada y vinculada al proceso, a pesar de haber sido parte de la solicitud inicial del reconocimiento de dicha pensión.

En razón a ello, indicó que la actora hace tres (3) meses, tuvo conocimiento de la mentada situación, es decir, que el señor Sánchez Oyola estaba cobrando la

parte de la solicitud inicial del reconocimiento de dicha pensión.

En razón a ello, indicó que la actora hace tres (3) meses, tuvo conocimiento de la mentada situación, es decir, que el señor Sánchez Oyola estaba cobrando la pensión, lo cual, considera injusto dado su abandono previo y el uso de testigos falsos.

En consecuencia, el apoderado de la accionante, alega la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital, acceso a la administración de justicia y seguridad social en conexidad con la dignidad humana, ya que la actora no fue notificada ni vinculada al proceso judicial que otorgó la pensión de sobrevivientes al señor Rafael Sánchez Oyola.

2. Trámite procesal

Mediante auto del 3 de junio de 20253, se admitió la presente acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y el señor Rafael Sánchez Oyola, y, se le requirió al mentado juzgado para qu e aportara de manera electrónica copia íntegra del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con radicación No. 41-001-33-33-005-2020-00149-00.

A su vez, se vinculó al trámite constitucional a la Nación-Ministerio de DefensaEjército Nacional, como tercero interesado en las resultas del proceso.

3. Contestación de la tutela:

• Juzgado Quinto Administrativo de Neiva4.

La Juez Quinta Administrativa de Neiva, señaló que el señor Rafael Sánchez Oyola, padre del fallecido soldado Stiven Smith Sánchez González, presentó una

• Juzgado Quinto Administrativo de Neiva4.

La Juez Quinta Administrativa de Neiva, señaló que el señor Rafael Sánchez Oyola, padre del fallecido soldado Stiven Smith Sánchez González, presentó una

3 Índice 5, expediente digital Samai. 4 Índice 12, expediente digital Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA No. 41001-23-33-000-2025-00146-00

Demandante: Yineth González Gallego

Demandado: Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y Otros

4 demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, radicación No. 41-001-33-33-005-2020-00149-00, con el objeto de controvertir el acto administrativo mediante el cual, se le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Precisó que, durante el trámite procesal no se allegaron pruebas que indicaran que la madre del fallecido estuviera viva, dependiera económicamente de él, o tuviera un derecho reconocido a la pensión, por lo que, actuó dentro de los límites del litigio establecidos por el demandante y la entidad demandada, en observancia del artículo 138 del CP ACA y del principio dispositivo que rige las actuaciones contencioso-administrativas.

Al respecto, indicó que, no era obligatorio vincular a la señora Yineth González Gallego como litisconsorte necesaria, en el entendido que, no existe un acto administrativo que le reconociera la pensión, tampoco se probó su dependencia económica. Trajo a colación jurisprudencia de la Corte Suprema

Gallego como litisconsorte necesaria, en el entendido que, no existe un acto administrativo que le reconociera la pensión, tampoco se probó su dependencia económica. Trajo a colación jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (sentencias SL16855-2015 y STL10447-2017), a través de las cuales, se establece que, no es necesario vincular a todos los posibles beneficiarios en estos casos, salvo menores de edad o personas con derechos ya reconocidos.

Concluyó que, no hubo actuación arbitraria o negligente del despacho y en razón a ello no vulneró los derechos fundamentales incoados por la accionante.

• El señor Rafael Sánchez Oyola y la vinculada Nación-Ministerio de Defensa

Ejército Nacional.

Guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES.

1. Competencia

El Tribunal es competente para decidir en primera instancia la acción de tutela de marras, teniendo en cuenta que esta Corporación es el superior funcional del despacho judicial que se demanda (art. 1° del Decreto 333 de 2021).

2. Problema JurídicoTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA No. 41001-23-33-000-2025-00146-00

Demandante: Yineth González Gallego

Demandado: Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y Otros

5 Corresponde a la Sala establecer en primer lugar, si se cumplen los requisitos de procedibilidad de las acciones de tutela contra decisión judicial.

En caso afirmativo, se analizará si el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva transgredió los derechos fundamentales incoados por la parte actora , en el

de procedibilidad de las acciones de tutela contra decisión judicial.

En caso afirmativo, se analizará si el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva transgredió los derechos fundamentales incoados por la parte actora , en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, bajo radicación No. 41 -001-33-33005-2020-00149-00, al haber adoptado la determinación de reconocer pensión sobreviviente a favor del señor Rafael Sá nchez Oyola, sin haber citado a ese proceso a la señora Yineth González Gallego.

Para el efecto, se analizará: i) Legitimación en la causa por activa, ii) Legitimación en la causa por pasiva, iii) Inmediatez, iv) Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, v) Debido proceso y (vi) análisis del caso concreto.

3. Legitimación en la causa

A pesar del carácter informal que reviste la acción de tutela 5, derivado de su excepcionalidad, la legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, es un requisito para su procedencia, pues se hace necesario “reconocer la persona a quien la Constitución y la ley faculta para invocar la acción y la persona respecto de la cual se puede reclamar un derecho”6.

Al respecto, la Corte Constitucional, ha señalado:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que aunque la acción de tutela está regida por el principio de informalidad, ello no es impedimento para que se encuentre cobijado por el derecho al debido proceso (C.P. art. 29), de manera que en su trámite, se deben satisfacer ciertos presupuestos

tutela está regida por el principio de informalidad, ello no es impedimento para que se encuentre cobijado por el derecho al debido proceso (C.P. art. 29), de manera que en su trámite, se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos, como son, entre otros, la capacidad de las partes.

En este sentido, la legitimación en la causa es “un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable”7.

5 Artículo 14. Decreto 2591 de 1991. 6 Corte Constitucional. Sentencia T-1009 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 7 T-568 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA No. 41001-23-33-000-2025-00146-00

Demandante: Yineth González Gallego

Demandado: Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y Otros

6

Según la jurisprudencia de esta Corporación, este requisito procesal se satisface “con la correcta identificación de las personas o autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados, destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional”[8]

Con el cumplimiento de este requisito procesal, se busca entre otras cosas, evitar que se profieran sentencias desestimatorias con base en argumentos

los hechos que son materia de la controversia constitucional”[8]

Con el cumplimiento de este requisito procesal, se busca entre otras cosas, evitar que se profieran sentencias desestimatorias con base en argumentos formales o de ritualidad exclusiva, que como es obvio resultan perjudiciales para el demandante, e igualm ente, que se adopten decisiones inhibitorias las cuales se encuentran proscritas en sede de amparo constitucional por expreso mandato del parágrafo único del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.”

3.1 Legitimación en la causa por activa.

La tutela fue interp uesta por el abogado Alfonso Vélez Jaramillo , en representación de la señora Yineth González Gallego, quien está legitimado en la causa para impetrar la presente acción de tutela, pues cumplió con los presupuestos establecidos en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, es decir, reposa en el plenario el memorial poder 9 debidamente conferido por la accionante, que lo faculta para actuar en el proceso.

3.2 Legitimación en la causa por pasiva.

En ese sentido, se tiene que el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, está legitimado en la causa por pasiva, por ser el despacho judicial que adelantó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, bajo radicación No. 41 -001-33-33-005-202000149-00, a través del cual se reconoció pensión sobreviviente, sin que se vinculara al mismo a la accionante, alegando esta la falt a de integración de litisconsorcio necesario.

8 Auto 257 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

vinculara al mismo a la accionante, alegando esta la falt a de integración de litisconsorcio necesario.

8 Auto 257 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 9 Índice 3, Expediente digital Samai, Primera Instancia, archivo (2_Poder(.pdf) NroActua 3).TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA No. 41001-23-33-000-2025-00146-00

Demandante: Yineth González Gallego

Demandado: Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y Otros

7 En cuanto al señor Rafael Sánchez Oyola, está legitimado en la causa por pasiva, en calidad de accionado, debido a que a él se le reconoció el derecho pensional en comento.

Y, en cuanto a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, igualmente se encuentra legitimado por pasiva en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, debido a su capacidad para hacer parte del trámite constitucional.

4. Inmediatez

La Corte Constitucional, ha establecido que el principio de inmediatez dispone que la acción de tutela debe impetrarse en un plazo razonable, al respecto se trae a colación la Sentencia T-160 de 2021, a través de la cual se estableció:

“…Para definir el plazo razonable, se considera el tiempo transcurrido entre el momento en el que se produjo la vulneración o amenaza a un derecho fundamental y la interposición de la acción. De manera que no se vea afectada la naturaleza propia de la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata y urgente de derechos fundamentales. De allí, que le corresponda al juez

fundamental y la interposición de la acción. De manera que no se vea afectada la naturaleza propia de la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata y urgente de derechos fundamentales. De allí, que le corresponda al juez constitucional verificar el cumplimiento del principio de inmediatez…”.

Aunado a ello, igualmente la Corte ha desarrollado diferentes criterios para valorar la admisibilidad de una acción de tutela que se presenta luego de transcurrido un largo periodo de tiempo respecto del hecho generador de la vulneración o amenaza de derechos, así:

“…que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual. Y (ii) que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”10.

Circunstancias que, permiten que la exigencia del principio de inmediatez no se analice de manera estricta.

10 Sentencia T-158 de 2006 (MP. Humberto Sierra Porto). Estas consideraciones fueron reiteradas en las sentencias T-590 de 2014 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez), T-069 de 2015 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez), T-205 de 2015 (MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA No. 41001-23-33-000-2025-00146-00

Demandante: Yineth González Gallego

Demandado: Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y Otros

8 Así las cosas, aunque en este caso han transcurrido más de un (1) año y nueve (9) meses, desde que el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva profirió la sentencia cuestionada (31 de agosto de 20 23), la Sala no puede soslayar lo manifestado por la accionante en el escrito de tutela, al referir que tan solo hace tres (3) meses, tuvo conocimiento de que, el señor Sánchez Oyola estaba cobrando la pensión de sobreviviente, hecho que no fue controvertido en el proceso.

Máxime teniendo en cuenta que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional11 de manera reiterada ha señalado que el derecho a la pensión es imprescriptible, por lo que, la eventual vulneración que subsista respecto de este derecho, se debe considerar actual, en ese sentido, la Sala concluye, que como quiera que la actora no percibe la pensión de sobreviviente y alega que tiene derecho a ella, bajo dichas circunstancias particulares, se entiende que, el requisito de inmediatez se encuentra superado.

5. Precisiones jurídicas.

-Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

El artículo 86 de la Constitución consagra la acción de tutela como el mecanismo judicial de defensa de protección de los derechos fundamentales, cuando que éstos resulten vulnerados o amenazados por las autoridades o por los particulares en los casos señalados en la ley, así mismo, prevé que es un

mecanismo judicial de defensa de protección de los derechos fundamentales, cuando que éstos resulten vulnerados o amenazados por las autoridades o por los particulares en los casos señalados en la ley, así mismo, prevé que es un mecanismo de defensa de carácter residual y subsidiario, en tanto que solo procede cuando no existan otros mecanismos de defensa para la protección de los derechos fundamentales.

En virtud de anterior, la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, ha desarrollado de manera rigurosa el tema de la subsidiariedad y para el caso de acciones de tutela contra providencias judiciales, ha establecido reglas generales para la de procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales -sentencias y aut os, precisando para este último que “por regla general, deben ser discutidas por medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto.” 12.

11 Sentencia SU024/18.

12 Sentencia SU187 de 2010.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA No. 41001-23-33-000-2025-00146-00

Demandante: Yineth González Gallego

Demandado: Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y Otros

9 En la sentencia en la C-590 de 2005, precisó que debe cumplirse con la totalidad de los requisitos formales, a fin de habilitar la presentación de este mecanismo constitucional y una vez habilitado, verificar al menos uno de los defectos o requisitos especiales mencionados. Así expresó:

“24. Los requisitos generales de procedencia de la acció n de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

constitucional y una vez habilitado, verificar al menos uno de los defectos o requisitos especiales mencionados. Así expresó:

“24. Los requisitos generales de procedencia de la acció n de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constit ucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la t utela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal

los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

• Derecho fundamental al debido proceso.

El artículo 29 de la Constitución Política, consagra el derecho fundamental al debido proceso, disposición según la cual este “se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas”. Esta garantía constitucional ha sido entendida comoTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA No. 41001-23-33-000-2025-00146-00

Demandante: Yineth González Gallego

Demandado: Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y Otros

10 el deber de las autoridades, tanto judiciales como administrativas, de respetar el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción y ha sido definida por la Corte Constitucional en sentencias C -035 de 2014 y T - 404 de 2014 como “un principio inherente al Estado de Derecho que posee una estructura compleja y se compone por un plexo de garantías que operan como defensa de la autonomía y libertad del ciudadano, límites al ejercicio del poder público y barrera de contención a la arbitrariedad”13.

6. Caso concreto.

compone por un plexo de garantías que operan como defensa de la autonomía y libertad del ciudadano, límites al ejercicio del poder público y barrera de contención a la arbitrariedad”13.

6. Caso concreto.

La señora Yineth González Gallego por intermedio de apoderado judicial , presentó acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, al considerar que , transgredió los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital, acceso a la administración de justicia y seguridad social en conexidad con la dignidad humana, pretendiendo se deje sin efectos jurídicos la sentencia proferida el 31 de agosto de 2023, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo radicación No. 41-001-33-33-0052020-00149-00, y, en su lugar , el mentado despacho profiera nueva providencia, realizando una valoración adecuada del precedente jurisprudencial y la debida integración del contradictorio, vinculando al trámite procesal a la accionante.

Por su parte, el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva precisó que , no ha vulnerado los derechos fundamentales incoados por la actora, como quiera que no era obligatorio vincular a la señora Yineth González Gallego como litisconsorte necesaria en el proceso, ante la inexistencia de un acto administrativo de reconocimiento pe nsional a favor de la misma , tampoco se probó su dependencia económica, tray endo a colación jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (sentencias SL16855-2015 y STL10447-2017), por las cuales, se establece que, no es necesario vincular a todos los posibles

probó su dependencia económica, tray endo a colación jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (sentencias SL16855-2015 y STL10447-2017), por las cuales, se establece que, no es necesario vincular a todos los posibles beneficiarios en estos casos, salvo si se trata de menores de edad o p ersonas con derechos ya reconocidos.

Pasa la Sala a analizar, tal como se planteó en el problema jurídico del asunto, si se cumplen los requisitos de procedibilidad de las acciones de tutela contra decisión judicial.

13 Sentencia T154 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA No. 41001-23-33-000-2025-00146-00

Demandante: Yineth González Gallego

Demandado: Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y Otros

11 Por lo tanto, se inicia el estudio del presente asunto verificando el cumplimiento de los mentados requisitos formales, así:

1. Que la cuestión que se discuta resulte de evid ente relevancia constitucional, estima la Sala que el caso bajo estudio, es de relevancia constitucional, por tratarse de la protección de derechos fundamentales de la accionante como seguridad social en conexidad con la dignidad humana. Además, la a ctora al impetrar la tutela, manifiesta que dependía económicamente del causante.

1. Que se hayan agotado todos los me dios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales

defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos; al respecto, el Tribunal considera que se cumple este presupuesto, pues la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo radicación No. 41 -001-33-33-005-2020-00149-00, no fue recurrida, por lo que, se encuentra ejecutoriada. Máxime teniendo en cuenta que, la actora por intermedio de apoderado judicial alega un eventual perjuicio irremediable, ante la omisión por par te de dicha autoridad judicial en vincularla al proceso, lo que le imposibilitó ejercer su derecho de defensa y obtener el reconocimiento pensional; sin que cuente con otro mecanismo judicial efectivo para garantizar sus derechos.

1. Que se cumpla el requisito de la inmediatez ; punto resuelto en acápite anterior, en el que se estableció que este presupuesto se encuentra superado.

1. Cuando se trate de una irregularidad procesal, el apoderado actor, alega la vulneración de los derechos fundamentales de la señora Yineth González Gallego, en el entendido que, el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva profirió fallo a favor del señor Rafael Sánchez Oyola, ordenando el pago de la pensión de sobreviviente exclusivamente a él, sin que la accionante fuera notificada y vinculada al proceso, a pesar de haber sido parte de la solicitud inicial del

Oyola, ordenando el pago de la pensión de sobreviviente exclusivamente a él, sin que la accionante fuera notificada y vinculada al proceso, a pesar de haber sido parte de la solicitud inicial del reconocimiento de dicha pensión.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA No. 41001-23-33-000-2025-00146-00

Demandante: Yineth González Gallego

Demandado: Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y Otros

12 v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; la Sala estima que también se cumple este requisito, pues de los hechos descritos pr eviamente se pueden identificar, que el argumento central consiste en que, el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo radicación No. 41 -001-33-33-005-2020-00149-00, desconoció sus derechos fundamentales , al no vincular la como Litis consorcio necesari o, frente a las resultas del reconocimiento pensional.

1. f. Que no se trate de sentencias de tutela , la accionante por intermedio de apoderada judicial est á controvirtiendo, la providencia proferida por la Juez Quinta Administrativa de Neiva, en el curso del proceso ordinario en referencia.

Acotado lo anterior , procede la Sala a analizar si el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, incurrió en la afectación de los derechos fundamentales invocados por la parte actora ; frente a lo cual, en materia probatoria, se observa que:

Acotado lo anterior , procede la Sala a analizar si el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, incurrió en la afectación de los derechos fundamentales invocados por la parte actora ; frente a lo cual, en materia probatoria, se observa que:

1. Se tiene acreditado en el plenario que Yineth González Gallego y Rafael Sánchez Oyola 14, son los padres del señor Stiven Smith González (Q.E.P.D), quienes reclamaron ante la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con ocasión al fallecimiento de su hijo. Obteniendo respuesta desfavorable (Resolución 6179 del 27 de diciembre de

201915).

1. Posteriormente, el señor Sánchez Oyola nuevamente solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, recibiendo respuesta negativa a través de Oficio No. OFI21 -540 MDNSGDAGPS del 6 de en