TA HUI - Sentencia 41001-33-33-001-2020-00098-01 (24-06-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N No. 5

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: MARÍA DEL CARMEN CHÁVEZ OLAYA

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO

NACIONAL EXPEDIENTE: 41001-33-33-001-2020-00098-01

SENTENCIA: TAH005-25-06-123

TEMA: RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferid a el 31 de marzo de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo de Neiva; mediante la cual, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1.

Actuando por conducto de apoderado judicial, las señoras MARÍA DEL CARMEN CHÁVEZ OLAY A, CARMEN ROCÍO ZÚÑIGA CHÁVEZ y LUZ HELENA ZÚÑIGA CHÁVEZ, promueven el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL , conforme a las pretensiones , hechos y fundamentos jurídicos que se señalan a continuación:

derecho contra la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL , conforme a las pretensiones , hechos y fundamentos jurídicos que se señalan a continuación:

1 Documentos 01DemandaAnexos.pdf, Onedrive2

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1.1. Pretensiones.

Procuran que se declare la nulidad de la Resolución 1517 del 17 de marzo de 2020, a través de la cual, la entidad demandada les negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento soldado regular DIEGO

FERNANDO ZÚÑIGA.

A título de restablecimiento del derecho, deprecan: i) el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, a partir del día siguiente al del fallecimiento (17 de noviembre de 2000) del antes nombrado, ii) se dé aplicación a la “suspensión de la prescripción” del artículo 2530 del Código Civil, iii) se reconozcan las sumas adeudadas por mesadas pensionales, prim a semestral y prima de navidad mediante sumas actualizadas. Asimismo, se dé cumplimiento al fallo en los términos de los art ículos 192 y 195 del CAPCA y se condene en costas a la demandada.

1.2. Hechos.

Aducen que, DIEGO FERNANDO ZÚÑIGA ingresó como soldado regular del Ejército Nacional el 8 DE ENERO DE 1999 y falleció el 17 de noviembre de 2000

1.2. Hechos.

Aducen que, DIEGO FERNANDO ZÚÑIGA ingresó como soldado regular del Ejército Nacional el 8 DE ENERO DE 1999 y falleció el 17 de noviembre de 2000 estando adscrito al Batallón de Infantería No. 27 Magdalena, ubicado en Pitalito (H).

Según informe administrativo por muerte, el deceso del soldado regular fue calificado como “simple actividad” y conforme a su hoja de servicios estuvo vinculado a la institución duran te 1 año, 10 meses y 9 días, habiendo cotizado para pensión 95 semanas.

Para la época del fallecimiento, la señora MARÍA DEL CARMEN CHÁVEZ OLAYA era compañera permanente de DIEGO FERNANDO ZÚÑIGA, con quien procreó a

CARMEN ROCÍO y LUZ HELENA ZÚÑIGA CHÁVEZ.

El 10 de febrero de 2020, solicitaron a la demandada el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual fue denegada mediante la Resolución No. 1517 del 17 de marzo de 2020.

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

Constitución Política: artículos 2, 4, 13, 23, 25, 48 y 53.3

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Ley 100 de 1993: artículos 46, 47, 48 y 288. Ley 238 de 1995.

María del Carmen Chávez Olaya vs Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Ley 100 de 1993: artículos 46, 47, 48 y 288. Ley 238 de 1995.

Consideran que el acto impugnado desconoce las normas superiores en que debió fundarse, también transgrede los principios de igualdad y favorabilidad; en esencia, porque no acató el precedente del Consejo de Estado y Tribunales Administrativos del país que prevé la aplicación de la Ley 100 de 1993 en casos de fallecimiento de soldados en su actividad laboral, la cual resulta más benéfica dado que solo exige 26 semanas de cotización para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, mientras que el régimen especial de la fuerza pública (art. 8º del Decreto 2728 de 1968) no contempla el aludid beneficio.

Advierten que, conforme al artícul o 2530 del Código Civil y la jurisprudencia, la prescripción se suspende en favor de los menores, como sucede en el caso de las señoritas CARMEN ROCÍO y LUZ HELENA ZÚÑIGA CHÁVEZ, quienes para la época en que falleció su progenitor contaban con 2 años y 1 a ño de edad, por lo que asiste al operador judicial el deber de proteger el derecho pensional de las antes nombradas desde el deceso de su padre.

2. Contestación de la demanda2.

La mandataria judicial se opone a las pretensiones, destacando que los hechos en su mayoría resultan ciertos ; y o bjeta la cuantía, porque a su juicio, no se acreditó el origen de los perjuicios reclamados; los cuales, ascienden a $39.003.671.

en su mayoría resultan ciertos ; y o bjeta la cuantía, porque a su juicio, no se acreditó el origen de los perjuicios reclamados; los cuales, ascienden a $39.003.671.

Igualmente, propuso las siguientes exceptivas:

a.- Legalidad del acto demandado.

Afirma que, a la s demandantes no le s asiste el derecho procurado, porque el Decreto 2728 de 1968 (aplicable al sub lite ), no consagra la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de soldados o grumetes.

b.- Principio de favorabilidad en materia labora l, inaplicabilidad en casos de prestación del servicio militar obligatorio.

2 Documento 18EscritoContestación.pdf, Id4

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Considera que no es procedente aplicar los principios de favorabilidad e igualdad, toda vez que el Decreto 2728 de 1968, está dirigido a los conscriptos y el Decreto 1211 de 1990 , a los soldados profesionales, suboficiales y oficiales; cuyos vínculos , responsabilidades y formación tienen naturaleza diferente: el primero, ingresa en cumplimiento de un deber constitucional sin formación en la actividad militar; y el segundo, en virtud de una relación legal y reglamentaria, luego de aprobar el estudio y el entrenamiento castrense.

c.- Principio de inescindibildiad de la norma.

Es violatorio de este principio, el pretender beneficiarse de ambas disposiciones

luego de aprobar el estudio y el entrenamiento castrense.

c.- Principio de inescindibildiad de la norma.

Es violatorio de este principio, el pretender beneficiarse de ambas disposiciones normativas; comoquiera q ue en virtud del Decreto 2728 de 1968 recibió las prestaciones sociales y con fundamento en el Decreto 1211 de 1990, procura el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

d.- Incumplimiento de los requisitos del Decreto 1211 de 1990.

No se acreditaron los requisitos establecidos en el artículo 191 del Decreto 1211 de 1990 para acceder a la pensión de sobrevivientes.

e.- Calidad militar del causante – ascenso honorífico.

Los derechos prestacionales que se consolidan al fallecimiento, se supeditan al rango militar que se ostenta en ese momento (en este caso, soldado regular). De manera que, no asiste razón a la parte actora al reclamar la pensión de sobrevivientes por la muerte de un suboficial.

f.- Relatividad del derecho a la igualdad.

La difere ncia prestacional en caso de muerte de un soldado y un suboficial u oficial, se justifica en la calidad de los sujetos destinatarios, las especiales circunstancias en que estos se vinculan y cumplen sus funciones en la fuerza.

g.- Ausencia de causales de nulidad.

El acto acusado fue expedido de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, por el funcionario competente, sin desviación de poder y/o falsa motivación.5

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por el funcionario competente, sin desviación de poder y/o falsa motivación.5

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h.- Descuentos por concepto de compensación por muerte y cotizaciones al sistema de seguridad social.

Ante la eventual prosperidad de las pretensiones, es menester disponer el descuento de los valores correspondientes a las cotizaciones al sistema de seguridad social y a lo cancelado a título de compensación. Ello, en virtud de lo señalado por el Consejo de Estado en providencia del 30 de octubre de 2008 (expediente 05001-23-31-000-2000-01274-01).

i.- Prescripción.

Debe darse aplicación a la prescripción cuatrienal de que trata el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.

3. La sentencia apelada3.

El 31 de marzo de 2025 , el a quo declaró probada la excepción de prescripción de las mesadas pensionales propuesta por la demandada (resolutivo 1º) , la nulidad de la Resolución 1517 del 19 de marzo de 2020 (resolutivo 2º) y a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la demandada reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la compañera MARÍA DEL CARMEN CHÁVEZ OLAYA e hijas CARMEN ROCÍO ZÚÑIGA CHÁVEZ y LUZ HELENA ZÚÑIGA CHÁVEZ del causante, en cuantía del 100% del salario mínimo del año 2000 con los reajustes

e hijas CARMEN ROCÍO ZÚÑIGA CHÁVEZ y LUZ HELENA ZÚÑIGA CHÁVEZ del causante, en cuantía del 100% del salario mínimo del año 2000 con los reajustes de ley, correspondiendo el 50% de dicha prestación a la compañera permanente y el otro 50% para las hijas (25% para cada una), haciéndose efectivas las mesadas a partir del 10 de febrero de 2017 por prescripción (resolutivo 3º).

Adicionalmente, ordenó el fallador el descuento indexado de las sumas percibidas por las demandantes por concepto de compensación por muerte aplicando las reglas de la sentencia de unificación CE -SUJ-SII-010-2018 (resolutivo 4º), advirtiendo que las sumas resultantes en favor de la parte actora se indexarán conforme al artículo 187 del CPACA (resolutivo 5º), negando las demás pretensiones (resolutivo 6º) sin condenar en costas (resolutivo 7º).

Para adoptar dicha determinación, luego de referirse al mar co normativo y jurisprudencial de la pensión de sobrevivientes en el régimen especial del ejército y en régimen general de pensiones, en el caso concreto evidenció que el extinto DIEGO FERNANDO ZÚÑIGA ingresó como soldado regular el 8 de enero

3 Índice 43 SAMAI6

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de 1999 y falleció el 17 de noviembre de 2000 (completando 1 año, 10 meses y 9 días), siendo calificado su deceso como muerte en simple actividad.

Agregó que , los testimonios de Eider Fabián Polanía Samboní y Julio César Gutiérrez Pascuas, dan cuenta de la convivenci a aproximada de 5 años entre el causante y MAR ÍA DEL CARMEN CHÁ VEZ OLAYA, las dos hijas que procrearon y la actividad de mayordomos que realizaban de la cual derivaban su sustento previo a que DIEGO FERNANDO ZÚÑIGA se dedicara a la institución militar, también enseñan los deponentes que la demandante visitó y estuvo pendiente del soldado mientras prestó el servicio militar.

Asimismo, evidenció el a quo que, con la Resolución No. 02139 del 27 de febrero de 2001, se ordenó el pago de las prestaciones sociales que correspondían al causante en favor de las demandantes, incluyendo la compensación por muerte, la cual resulta incompatible con la pensión de sobrevivientes según la sentencia SU-010 de 2018.

Señaló que, en virtud del principio de favorabilid ad y la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-2018, es procedente aplicar al presente asunto la Ley 100 de 1993 que prevé la pensión de sobreviviente exigiendo solo 50 semanas de

CE-SUJ-SII-010-2018, es procedente aplicar al presente asunto la Ley 100 de 1993 que prevé la pensión de sobreviviente exigiendo solo 50 semanas de cotización (requisito que cumple el causante) , por cuanto dicha prestación es inexistente en el régimen especial de los soldados regulares.

Por lo anterior, concluyó que , las demandantes resultan beneficiarias de la pensión de sobrevivientes con ocasión del deceso de DIEGO FERNANDO ZÚÑIGA (50% para la compañera y 25% para cada hija), advirtiendo que conforme a la mencionada sentencia de unificación y el principio de inescindibildiad normativa, se debe aplicar el régimen general de prescripción (art. 488 CST), por lo que al haber solicitado la parte actora su derecho el 10 de fe brero de 2020 y presentada la demanda el 8 de julio siguiente, operó la prescripción de las mesadas anteriores al 10 de febrero de 2017.

Precisó que, conforme al artículo 48 de la 100 de 1993, la pensión se liquidará con base en el salario mínimo legal vi gente, sin que sea posible incluir los factores salariales invocados en la demanda porque el causante no fue oficial ni suboficial sino conscripto, los cuales devengaban una bonificación respecto de la cual no se generan cotizaciones, por ello la mesada se debe liquidar con el salario mínimo conforme al precedente unificador.7

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Por último, señaló que la compensación por muerte recibida por las demandantes no hace parte del régimen general de pensiones , por ello , hay lugar a que los dineros pagados por concepto de la mismas sean descontados bajo las reglas de la pluricitada sentencia de unificación.

4. La apelación4.

La parte demandante interpuso en término el recur so de apelación, solicitando: i) modificar la sentencia de primera instancia , en el sentido de aplicar la “suspensión de la prescripción” y reconocer desde el 18 de noviembre de 2000 las mesadas pensionales a las jóvenes CARMEN ROCÍO y LUZ HELENA ZÚÑIGA CHÁVEZ, ii) revocar el resolutivo cuarto que ordenó el reintegro de la compensación po r muerte y iii) revocar el resolutivo séptimo y en su lugar, condenar en costas a la demandada.

Para lo anterior, insistió en que para la época del deceso del soldado DIEGO FERNANDO ZÚÑIGA, las demandantes CARMEN ROCÍO ZÚÑIGA CHÁVEZ y LUZ HELENA ZÚÑIGA C HÁVEZ eran menores de edad, condición por la cual los artículos 2541 y 2530 del Código Civil y el precedente 5 han establecido que opera la figura de la suspensión de la prescripción, pues prevalecen los derechos de los niños (incluyendo el de la seguridad social) y por ello, debe reconocerse el

artículos 2541 y 2530 del Código Civil y el precedente 5 han establecido que opera la figura de la suspensión de la prescripción, pues prevalecen los derechos de los niños (incluyendo el de la seguridad social) y por ello, debe reconocerse el derecho pensional en favor de las antes nombradas, a partir del día siguiente del fallecimiento de su padre.

Arguyó que, no había lugar a ordenar el reintegro indexado de la compensación por muerte, pues si bien l a sentencia de unificación CE -SUJ-SII-010-2018 prevé dicha posibilidad, el artículo 164 -c del CPACA establece que no hay lugar a recuperar las prestaciones pagadas de buena fe6, tal y como como ocurrió con la aludida compensación que fue reconocida unilateralmente por la entidad y sin mediar petición de la parte actora , advirtiendo que la ley prevalece sobre el

4 Índice 46 SAMAI 5 Consejo de Estado: sentencia del 22 de septiembre de 2011, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, Rad. 05001-23-31-000-200404969-01; sentencia del 29 de abril de 2010, C.P. Eduardo Gómez Aranguren, Rad. 68001 -23-15-000-2005-01238-01 (125909); sentencia del 16 de octubre de 1997, C.P. Eduardo Gómez Aranguren, Rad.15012 Sala de Casación Laboral Corte Suprema Justicia: sentencia del 11 de diciembre de 1998, Rad. 12890 Tribunal Administrativo de Antioquia, sentencia del 29 de mayo de 2013, M.P. María Nancy García García , Rad. 05001333102820100001901

Tribunal Administrativo de Antioquia, sentencia del 29 de mayo de 2013, M.P. María Nancy García García , Rad. 05001333102820100001901 Tribunal administrativo del Tolima, sentencia del 15 de octubre de 2014, M. P. Susana Nelly Acosta Prada, Rad. 73 -001-33-31009-2012-00113-01 6 A igual conclusión ha llegado el precedente: Consejo de Estado, sentencia del 23 de marzo de 2017, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015) Consejo de Estado, sentencia del 5 de mayo de 2016, C.P. William Hernández, Rad. 05001-23-33-000-2013-0065-01 (0525-14) Sentencias C-1049 de 2004 y C-836 de 20018

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mencionado pronunciamiento jurisprudencial, máxime cuando resulta más favorable7.

Por último, resaltó que al juez de primera instancia asistía el deber de condenar en costas a la demandada, por cuanto dicha entidad resultó vencida y ello constituye una causa objetiva para imponer la referida condena (art. 365 CGP y sentencia C-157/2013).

5. Trámite de segunda instancia.

El 12 de junio de 2025 , se admitió el recurso de apelación presentado por la

sentencia C-157/2013).

5. Trámite de segunda instancia.

El 12 de junio de 2025 , se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante8 y el 19 de junio siguiente, el Secretario de esta Corporación en armonía a lo consagrado en el artículo 247 -5º del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021), pasó el ex pediente al despacho para proferir decisión de segundo grado9.

5.1. Alegatos de conclusión.

Ninguna de las partes se pronunció con relación al recurso de apelación; y el Ministerio Público, no emitió concepto10.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para conocer del presente asunto. Ahora, en virtud del artículo 328 del CGP (aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA), la Sala abordará exclusivamente los argumentos formulados por la parte demandante en el escrito de alzada.

2. Caducidad del medio de control.

La caducidad, como fenómeno jurídico, ha sido definida por el Consejo de Estado como el vencimiento del término previsto en la ley para acudir ante los jueces a demandar, “límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable

7 Trae como apoyo de su tesis los siguientes pronunciamientos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: Sentencia del 17 de febrero de 2022, M.P. Carmen Alicia Rengifo Sanguino, Rad. 25307-33-33-002-2019-00131-01

7 Trae como apoyo de su tesis los siguientes pronunciamientos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: Sentencia del 17 de febrero de 2022, M.P. Carmen Alicia Rengifo Sanguino, Rad. 25307-33-33-002-2019-00131-01 Sentencia del 24 de enero de 2020, M.P. Néstor Javier Calvo Chaves, Rad. 25307333300320170014101 8 Documento 004AdmiteRecurso C02SegundaInstancia, expediente digital. 9 Índice 9 SAMAI 10 Ibídem.9

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para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante las autoridades competentes”11, configurándose cuando expira dicho término.

Así, conforme al numeral 1, literal c), del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, como las pensiones; criterio que opera en este caso, puesto se pretende la nulidad de un acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes.

En ese orden de ideas, en el ejercicio del presente medio de control no opera la configuración de la caducidad.

3. Problema Jurídico.

Se contrae en determinar si con ocasión del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, las demandantes deben reintegrar la compensación por muerte

configuración de la caducidad.

3. Problema Jurídico.

Se contrae en determinar si con ocasión del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, las demandantes deben reintegrar la compensación por muerte que per cibieron por el fallecimiento del soldado regular , DIEGO FERNANDO ZÚÑIGA, también si las jóvenes CARMEN ROCÍO y LUZ HELENA ZÚÑIGA CHÁVEZ son beneficiarias de la “suspensión de la prescripción” que permite el reconocimiento y pago pensional a partir del aludido deceso. Por último, corresponde establecer si había lugar a condenar en costas a la demandada.

3. El marco normativo de la pensión de sobrevivientes de los miembros de las Fuerzas Militares muertos en simple actividad.

El Decreto 2728 de 1968 12 en su artículo 8º, estableció las prestaciones sociales de los beneficiarios de los soldados o grumetes que fallezcan por causas diferentes al combate o acción directa del enemigo, sin incluir allí la pensión de sobrevivientes:

“El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y

11 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de noviembre de 2018. Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque. Radicación: 25000-23-26-000-2014-00029-01 (58452); entre otras.

noviembre de 2018. Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque. Radicación: 25000-23-26-000-2014-00029-01 (58452); entre otras. 12 “Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de So ldados y Grumetes de las Fuerzas Militares”.10

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pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía. (Subrayas fuera de texto)

A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causa s diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.”

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 19 de 1983 13, el Presidente de la República expidió el Decreto 095 de 1989 14 en cuyo artículo 186 señaló las siguientes prestaciones en favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales muertos en simple actividad : i) compensac ión de 2 años de haberes correspondientes al grado del causante, ii) pago de las cesantías por el tiempo de servicio del fallecido, iii) si el oficial o suboficial hubiere cumplido 15 o más años de servicios sus beneficiarios tienen derecho a una pensión m ensual que se liquidará en la misma forma de la asignación de retiro.

el tiempo de servicio del fallecido, iii) si el oficial o suboficial hubiere cumplido 15 o más años de servicios sus beneficiarios tienen derecho a una pensión m ensual que se liquidará en la misma forma de la asignación de retiro.

Los beneficios y derecho pensional en las condiciones descritas en el Decreto 095 de 1989, se mantuvieron en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 por el cual se reformó el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, estableciendo además en su artículo 158 las partidas en virtud de las cuales se liquidarán dichas prestaciones (sueldo básico, prima de actividad, prima de antigüedad, prima de Estado mayor, prima de navidad, prima de vuelo, gastos de representación, subsidio familiar y bonificación por compensación) y en el artículo 185 el orden y prelación de los beneficiarios de la siguiente manera:

1. La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del causante, ii) si no hubiese cónyuge la prestación corresponderá íntegramente a los hijos, iii) si no hubiese hijos la prestación se divide en un 50% para el cónyuge y un 50% para los padres, iv) si no hubiese cónyuge ni hijos, la prestación se dividirá entre los padres por partes iguales, v) si no concurre ninguna de los anteriores beneficiarios, la prestación se otorgará a los hermanos menores de 18 años que demuestren que el extinto era su único sostén, vi) a falta de todos los anteriores el beneficio corresponderá a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

demuestren que el extinto era su único sostén, vi) a falta de todos los anteriores el beneficio corresponderá a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

13 “Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y las entidades descentralizadas del sector, y para modificar las normas que regulan las carreras del personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”. 14 Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares11

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Ahora bien, con la expedición de la Constitución de 1991 se confirió al legislativo en sus artículos 150 -19 y 217 la potestad de fijar el régimen de carrera, prestacional y disciplinario de los miembros de la fuerza pública.

A su turno, el artículo 1º de la Ley 447 de 1998 15 creó una pensión vitalicia para los beneficiarios de las personas que fallecieran prestando el servicio militar obligatorio en combate, como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sin pronunciarse sobre el reconocimiento pensional para dicho personal que falleciera en simple actividad.

Más adelante , el Decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000, estableció el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las

pensional para dicho personal que falleciera en simple actividad.

Más adelante , el Decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000, estableció el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares; sin embargo, no consagró una pensión de sobrevivientes para este personal.

Seguidamente, a través de la Ley 923 de 2004, se señalaron las normas, objetivos y criterios que debería observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública y en lo tocante con la pensión de sobreviviente, consagró:

“3.6. El derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes, así como su monto, será fijado teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias en que se origine la muerte del miembro de la Fuerza Pública y el monto de la pensión en ningún caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro en el evento de la muerte en combate, en actos meritorios del servicio o en misión del servicio.

En el caso d e muerte simplemente en actividad el monto de la pensión no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) cuando el miembro de la Fuerza Pública tenga quince (15) o más años de servicio al momento de la muerte, ni al cuarenta por ciento (40%) cuando el tiempo de servicio sea inferior.

Solo en el caso de muerte simplemente en actividad se podrá exigir como requisito para acceder al derecho, un tiempo de servicio que no sea superior a un (1) año a partir de la fecha en que se termine el respectivo curso d e formación y sea dado de

Solo en el caso de muerte simplemente en actividad se podrá exigir como requisito para acceder al derecho, un tiempo de servicio que no sea superior a un (1) año a partir de la fecha en que se termine el respectivo curso d e formación y sea dado de alta en la respectiva carrera como miembro de la Fuerza Pública”.

Acatando los anteriores lineamientos, el Presidente de la República expidió el

15 por la cual se establece pensión vit alicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones12

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho 41001-33-33-001-2020-00098-01 María del Carmen Chávez Olaya vs Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Decreto 4433 de 200416 y fijó el régimen pensional de los miembros de la Fuerza Pública, reglamentando en el capítulo III del Título II, la pensión de sobrevivientes y estableciendo en el artículo 21 dicha prestación para los oficiales, suboficiales, o soldados profesionales que fallecen en simple actividad así:

“ARTÍCULO 21. Muerte en si mple actividad . A la muerte de un Oficial, Suboficial, o Soldado Profesional de las Fuerzas Militares en actividad, con u