TA HUI - Sentencia 41001-33-33-003-2019-00271-02 (04-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, cuatro (4) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N No. 5

MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO

DEMANDANTE: ÓSCAR ANTONIO OSPINA SANDOVAL

DEMANDADO: UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP– EXPEDIENTE: 41001-33-33-003-2019-00271-02

SENTENCIA: TAH 005-25-02-019

TEMA: CONTENIDO DE LA OBLIGACIÓN NO ES

DISCUTIBLE EN SEDE EJECUTIVA

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad ejecutada contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva en audiencia del 16 de mayo de 2024 , mediante la cual declaró no probadas las excepciones de pago y prescripción, y ordenó seguir adelante con la ejecución, condenando en costas a la entidad ejecutada.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

El señor Oscar Antonio Ospina Sandoval presentó solicitud de ejecución1 de la sentencia proferida el 30 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Huila, a través de la cual se confirmó la providencia dictada por el Juzgado

1 Documento 11, expediente electrónico de primera instancia.2

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Huila, a través de la cual se confirmó la providencia dictada por el Juzgado

1 Documento 11, expediente electrónico de primera instancia.2

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EJECUTIVO No. 41001-33-33-003-2019-00271-02

Demandante: Óscar Antonio Ospina Sandoval; Demandado: UGPP Tercero Administrativo de Neiva el 21 de junio de 2021; en las que se condenó a la sustitución y pago de la pensión de vejez dev engada por el señor Antonio Ospina Andrade, en favor del hoy ejecutante.

1.1. Pretensiones:

Consecuencia de lo anterior, solicitó se libre mandamiento 2 por la suma de $88.296.369, por concepto de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 11 de octubre de 2017 hasta el 24 de febrero de 2023; los cuales no fueron incorporados en la Resolución N° RDP 03357 del 27 de diciembre de 2022.

Lo anterior, debidamente indexado; aunado a la condena en costas judiciales y agencias en derecho a la demandada.

1.2. Hechos:

Como fundamentos fácticos 3, narró que el 21 de junio de 2021 , el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva dictó sentencia c ondenatoria a favor del señor Oscar Antonio Ospina Sandoval, en la que declaró la nulidad de las Resoluciones N° RDP 012106 y RDP 023067 de 2018, ordenó la sustitución de la pensión de vejez devengada en vida por el señor Antonio Ospina Andrade,

Resoluciones N° RDP 012106 y RDP 023067 de 2018, ordenó la sustitución de la pensión de vejez devengada en vida por el señor Antonio Ospina Andrade, y condenó al pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 11 de octubre de 2017.

La anterior decisión, fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Huila el 30 de marzo de 2022, cobrando ejecutoria el 18 de abril de 2022.

Indicó, que el 22 de abril de 2022, se presentó la respectiva cuenta de cobro ante la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

A través de la Resolución N° RDP 033570 del 27 de diciembre de 2022, la UGPP reconoció la sustitución pensional y ordenó su pago.

2 Páginas 4 a 6, ibídem. 3 Página 6, ibídem.3

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Demandante: Óscar Antonio Ospina Sandoval; Demandado: UGPP Sin embargo, la demandada no inc luyó los aludidos intereses moratorios contenidos en el ordinal segundo de la parte resolutiva , estimando que adeuda el pago de dicho concepto.

2. Trámite Procesal en Primera Instancia

El 22 de noviembre de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva libró mandamiento ejecutivo 4 a favor del señor Oscar Antonio Ospina Sandoval y en contra de la UGPP, tendiente al cumplimiento de la condena

El 22 de noviembre de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva libró mandamiento ejecutivo 4 a favor del señor Oscar Antonio Ospina Sandoval y en contra de la UGPP, tendiente al cumplimiento de la condena contenida en sentencias del 21 de ju nio de 2021 y el 30 de marzo de 2022 ; ordenando el pago de:

“[…] OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($88.296.369) Mcte; por concepto de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados desde el 11 de octubre de 201 7 hasta el 24 d e febrero de 2023.

Sin que resulte procedente disponer la indexación de dicha suma en cuanto ello no se dispuso en el título de recaudo; amén de que dicha actualización recayó únicamente sobre lo dejado de percibir por mesadas pensionales”5.

Inconforme con la anterior decisión, la UGPP presentó recurso de reposición 6 y formuló excepciones contra el mandamiento de ejecutivo 7, alegando el pago de la obligación. No obstante, en auto del 6 de marzo de 2024 , la a quo decidió confirmar la providencia recurrida , debido a la improcedencia del recurso de reposición para cuestionar aspectos distintos a los requisitos formales del título ejecutivo8.

2.1. Oposición al mandamiento de pago:

El mandatario judicial de la UGPP9 se opuso a las pretensiones de la demanda, estimando que la entidad dio cumplimiento a las providencias ejecutadas a

formales del título ejecutivo8.

2.1. Oposición al mandamiento de pago:

El mandatario judicial de la UGPP9 se opuso a las pretensiones de la demanda, estimando que la entidad dio cumplimiento a las providencias ejecutadas a través de la Resolución N° RDP 33570 del 27 de noviembre de 2022,

4 Documento 14, ibídem. 5 Página 4, ibídem. 6 Documento 18, ibídem. 7 Documento 20, ibídem. 8 Documento 22, ibídem. 9 Documento 20, ibídem.4

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Demandante: Óscar Antonio Ospina Sandoval; Demandado: UGPP realizando la inclusión en nómina pensional a partir del mes de febrero de 2023; con base en lo cual propuso como excepción el pago de la obligación.

Sobre los intereses previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, expuso que se configuran “cuando se presente retardo en el pago de la pensión, entendido este como la entrega de las sumas a que tie ne derecho el pensionado, sin hacerla extensiva a la mora en el reconocimiento de la prestación que origina el pago de las mesadas adeudadas”.

De otro lado, formuló la excepción de cobro de lo no debido , por ejecutarse diferencias pensionales que no corre sponden a la realidad y por tanto no existen; y la de prescripción trienal de las mesadas pensionales reconocidas.

2.2. Sentencia apelada:

En audiencia del 16 de mayo de 2024 10, la Juez Tercera Administrativa del

existen; y la de prescripción trienal de las mesadas pensionales reconocidas.

2.2. Sentencia apelada:

En audiencia del 16 de mayo de 2024 10, la Juez Tercera Administrativa del Circuito de Neiva declaró improcedente la excep ción de cobro de lo no debido, y no probadas las excepciones de pago y prescripción; por lo que ordenó seguir adelante con la ejecución, condenando en costas a la parte vencida.

Para el efecto, recordó que la presente ejecución versaba sobre el cobro de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, derivados de la falta de pago oportuno de las mesadas pensionales sustituidas al actor, tal como se dispuso en las providencias base de la ejecución, en las que no se declaró la prescripción de ninguna de las mesadas reclamadas.

Así, estimó que como el título ejecutivo no contempló la prescripción de mesada alguna, no era viable declarar este fenómeno procesal en esta instancia.

Sobre el pago total de la obligación, adujo que, en las sentencias ejecutadas, además de reconocer al señor Oscar Ospina el derecho a la sustitución pensional, se ordenó a la ejecutada pagar los pluricitados intereses desde el 11 de octubre de 2017, por ser la fecha en la que se consolidó el estatus pensional.

10 Documento 32, ibídem.5

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Demandante: Óscar Antonio Ospina Sandoval; Demandado: UGPP

10 Documento 32, ibídem.5

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Demandante: Óscar Antonio Ospina Sandoval; Demandado: UGPP Esgrimió que, de las pruebas obrantes en el expediente, se evidenciaba que los intereses moratorios no se habían incluido en el reconocimiento efectuado en la Resolución N° RDP 033570 del 27 de diciembre de 2022, ni pagados en el retroactivo; por tant o, no era viable tener por pagado tal concepto, máxime cuando la entidad alega la improcedencia de ese pago porque al haberse indexado las sumas reconocidas, no pueden cancelarse intereses moratorios.

2.3. La apelación:

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la ejecutada interpuso recurso de apelación 11, señalando que mediante la Resolución N° RDP 33570 de 2022, se dispuso el pago de $1.766.938,13 por concepto de intereses moratorios “derivados de la aplicación de los artículos 187 y 192 del CPACA , no ordenándose la aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 ya que constituiría una triple sanción a cargo de la entidad, existiendo una incompatibilidad frente al pago de la indexación establecida en el artículo 187 del CPACA y el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993”.

Con base en ello, solicitó revocar la providencia impugnada, declarar la prosperidad de la excepción y terminar el proceso por pago.

3. Trámite de Segunda Instancia

la Ley 100 de 1993”.

Con base en ello, solicitó revocar la providencia impugnada, declarar la prosperidad de la excepción y terminar el proceso por pago.

3. Trámite de Segunda Instancia

El 26 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación 12 presentado por la parte ejecutada , y el 3 de octubre siguiente, el Secretario de esta Corporación pasó el expediente al despacho para proferir decisión de segundo grado 13, en armonía a lo consagrado en el artículo 247-5º del C.P.A.C.A.14; sin que previo a ello se allegar a pronunciamiento alguno de las partes o el Ministerio Público.

11 Documento 33, ibídem. 12 Documento 9, expediente electrónico de segunda instancia. 13 Documento 11, ibídem. 14 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20216

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Demandante: Óscar Antonio Ospina Sandoval; Demandado: UGPP

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal es competente para conocer este asunto en segunda instancia de acuerdo con lo dispuesto e n el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, t eniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva y corresponde a la Corporación su conocimiento como superior funcional.

Igualmente, de acuerdo con el artículo 328 del C.G.P., la competencia se circunscribe a los argumentos formulados por la parte ejecutada en el escrito

conocimiento como superior funcional.

Igualmente, de acuerdo con el artículo 328 del C.G.P., la competencia se circunscribe a los argumentos formulados por la parte ejecutada en el escrito de alzada.

2. Problema Jurídico

El problema jurídico se contrae a establecer si hay lugar a declarar probada la excepción de pago de la obligación contenida en la sentencia proferida el 30 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Huila, confirmando la decisión de primera instancia dictada el 21 de junio de 2021 por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva; resp ecto de la cual se libró mandamiento ejecutivo el 22 de noviembre de 2023 . En consecuencia, determinar si es procedente terminar el proceso, o seguir adelante con la ejecución.

Para resolver el asunto planteado, se analizará brevemente (i) la naturaleza del proceso ejecutivo y los aspectos generales de los títulos ejecutivos, así como a (ii) las excepciones procedentes en los casos de ejecución de providencias judiciales , enfatizando en la de pago; para posteriormente dilucidar el caso concreto.

3. Resolución del Problema Jurídico

3.1. Naturaleza del proceso ejecutivo:

Los procesos ejecutivos buscan el cumplimiento total y definitivo de obligaciones expresas, claras y exigibles, bien sean de dar, hacer o no hacer; por lo que el fin de dicho trámite sobreviene, p or regla general, ante la extinción de la obligación.7

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EJECUTIVO No. 41001-33-33-003-2019-00271-02

por lo que el fin de dicho trámite sobreviene, p or regla general, ante la extinción de la obligación.7

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Demandante: Óscar Antonio Ospina Sandoval; Demandado: UGPP Al tenor del artículo 104, numeral 6, del C.P.A.C.A., la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para conocer de “los procesos ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las concili aciones aprobadas por esta jurisdicción, así como las providencias de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades”.

En concordancia, el artículo 297, numeral 3, del mismo estatuto procesal, “las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias”, constituyen título ejecutivo.

3.2. Aspectos generales del título ejecutivo:

Doctrinalmente, el título ejecutivo ha sido definido como aquel en el cual consta una obligación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer, que debe ser clara, expresa y actualmente exigible y proveniente del deudor15; o como:

“el documento, o la serie de dos o más documentos conexos, que por mandato legal o judicial o por acuerdo de quienes lo suscriben, contiene una obligación de pagar una suma de dinero, o dar otra cosa, o de hacer o no hacer a cargo de una o má s personas y a favor de otra y otras personas, que por ser expresa, clara, exigible y constituir plena prueba,

una obligación de pagar una suma de dinero, o dar otra cosa, o de hacer o no hacer a cargo de una o má s personas y a favor de otra y otras personas, que por ser expresa, clara, exigible y constituir plena prueba, produce certeza judicial necesaria para que pueda ser satisfecha mediante el proceso de ejecución respectivo”16.

A su turno, el artículo 442 del Código General del Proceso dispone, que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él.

En uniforme jurisprudencia, la s Altas Cortes han sostenido que los títulos ejecutivos deben gozar de ciertas condiciones formales y sustanciales 17.

15 Rodríguez Tamayo, Mauricio Fernando. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa. El concepto de título ejecutivo. Librería Jurídica Sánchez R Ltda., 5ª Ed. p. 53. 16 Velásquez Gómez, Luis Guillermo. Los procesos ejecutivos y medidas cautelares. 13ª Ed. Editorial Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. Medellín, 2006. p. 47. 17 Al respecto, puede verse: Corte Constituci onal. Sentencia del 10 de diciembre de 2018. Expediente T6.609.035. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de noviembre de 2017. Magistrado Ponente: Lus Armando Tolosa Villabona. Radicación: 11001-22-03-000-2017-02586-01.8

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Sentencia del 30 de noviembre de 2017. Magistrado Ponente: Lus Armando Tolosa Villabona. Radicación: 11001-22-03-000-2017-02586-01.8

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Demandante: Óscar Antonio Ospina Sandoval; Demandado: UGPP Particularmente, en providencia del 11 de octubre de 2006 18, el Consejo de Estado señaló que las formales consisten en que el documento o el conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación , sean auténticos y emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el Juez o tribunal o de cualquier jurisdicción, de un acto administrativo debidamente ejecutoriado o de otra providencia judicial que tuviere fuerza ejecutiva conforme a la Ley.

Por su parte, aquellas sustanciales hacen referencia a que las obligaciones que se acreditan a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, sean claras, expresas y exigibles.

En ese sentido, se entiende que una obligación es expresa cuando aparece precisa y manifiesta en la redacción misma del título; es decir que, en el documento que contiene la obligación, deben constar, en forma nítida, en primer término, el crédito del ejecutante y, en segundo término, la deuda del ejecutado; de manera que se declaran expresamente estas dos situaciones sin que, para ello, sea necesario acudir a elucubraciones o suposiciones.

Así, es clara cuando aparece fácilmente determinada en el título, esto es, que debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido.

que, para ello, sea necesario acudir a elucubraciones o suposiciones.

Así, es clara cuando aparece fácilmente determinada en el título, esto es, que debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido.

Y, es exigible cuando puede requerirse el cumplimiento de la misma por no estar sometida a plazo o condición, o bien porque estos se hubieren cumplido.

De otro lado, los títulos ejecutivos se han clasificado como singulares y complejos, siendo los primeros aquellos que se encuentran contenidos en un solo documento y los segundos, los que están integrados por un conjunto de documentos.

Ahora, respecto de los procesos ejecutivos cuya fuente se desprende de sentencias o providencias judiciales, como se indicó en precedencia, el artículo 297 del C.P.A.C.A. señala que constituyen título ejecutivo:

“1. Las sentencias debidamente ejecutor iadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Providencia del 11 de octubre de 2006. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 15001-23-31-000-2001-00993-01(30566).9

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Demandante: Óscar Antonio Ospina Sandoval; Demandado: UGPP

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de con flictos, en las que las entidades públicas

Demandante: Óscar Antonio Ospina Sandoval; Demandado: UGPP

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de con flictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible”

De igual modo, el artículo 298 ídem expresa que en el caso del citado numeral 2, se emitirá orden de cumplimiento transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, sin que esta se hubiese pagado.

A su turno, el inciso 2 del artículo 299 del mismo estatuto procesal, dispone que “[…] las condenas impuestas a entidades públicas consisten tes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este Código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento”.

Ahora bien, en cuanto a la conformación del título, el Consejo de Estado ha sostenido que , por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla, casos donde el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. No obstante, por excepción el título ejecut ivo es simple y se integra ú nicamente con la sentencia o la respectiva providencia, verbi gracia, cuando la administración no ha proferido el acto para dar cumplimiento a la obligación constituida en la decisión judicial19.

excepción el título ejecut ivo es simple y se integra ú nicamente con la sentencia o la respectiva providencia, verbi gracia, cuando la administración no ha proferido el acto para dar cumplimiento a la obligación constituida en la decisión judicial19.

3.3. Excepciones procedentes en los casos de ejecución de provide ncias judiciales:

Recuérdese que por expresa remisión de los artículos 298 y 306 del C.P.A.C.A., el trámite ejecutivo se rige por el Código General del Proceso, estatuto que en su artículo 442, nume ral 2, establece las reglas aplicables a la formulación d e excepciones cuando se trata de una obligación contenida en una providencia, conciliación o transacción judicial, así:

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Auto del 7 de abril de 2016.

Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Radicación: 68001-23-31-000-2002-01616-01(0957-15).10

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Demandante: Óscar Antonio Ospina Sandoval; Demandado: UGPP

“ARTÍCULO 442. EXCEPCIONES . La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:

[…]

2. Cuando se trate del cobro de o bligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción ,

providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción , siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.”

Sobre el particular se ha pronunciado el Consejo de Estado, precisando lo siguiente:

"Ahora bien, respecto de cuáles excepciones pueden proponerse en el proceso ejecutivo derivado de alguna disposición que contenga una obligación clara, expresa y exigible en la actualidad, la normatividad es precisa al consagrar taxativamente la procedencia de las mismas.

Asimismo, el numeral 2º del artículo 509 del C. P. C., hoy previsto en el numeral 2º del Artículo 442 del nuevo Código General del Proceso prevé que si el título ejecutivo consiste en una sentencia de condena o cualquier otra provide ncia que lleve consigo ejecución, ‘sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia…, la de ‘pérdida de la cosa deb ida […]’ y las nulidades originadas en la indebida representación de las partes o la falta de notificación a las personas que deben ser citadas como partes. En cuanto a los hechos constitutivos de excepciones previas el citado artículo señala ahora que no pueden proponerse’ [...] ni aún por la vía de reposición"20.

Lo anterior encuentra fundamento en que el propósito de la ejecución es

cuanto a los hechos constitutivos de excepciones previas el citado artículo señala ahora que no pueden proponerse’ [...] ni aún por la vía de reposición"20.

Lo anterior encuentra fundamento en que el propósito de la ejecución es obtener el cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible, es decir, de cual se tiene certeza no solo sobre su e xistencia, sino también de sus titulares y las condiciones o criterios a los que está sometida la obligación; de ahí que en este tipo de procesos no tenga cabida un espacio para proponer otro tipo de excepciones o consideraciones que redundarían en el

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci ón Tercera, Subsección B. Auto del 7 de diciembre de 2017. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 25000 -23-36-000201500819-03 (60499)11

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EJECUTIVO No. 41001-33-33-003-2019-00271-02

Demandante: Óscar Antonio Ospina Sandoval; Demandado: UGPP resurgimiento de una controversia que ya fue decantada por la autoridad jurisdiccional de la que proviene el título ejecutivo.

Así pues, de acuerdo con el artículo 1625 del Código Civil, el pago, es una de las formas de extinción de las obligaciones, entendid o como “la prestación de lo que se debe”21 según el objeto de la respectiva obligación22.

Dicho de otro modo, el pago ocurre cuando se satisface integralmente la obligación reclamada en sede judicial 23, lo que implica, en el caso de los procesos ejecutivos a delantados contra entidades públicas, que la

Dicho de otro modo, el pago ocurre cuando se satisface integralmente la obligación reclamada en sede judicial 23, lo que implica, en el caso de los procesos ejecutivos a delantados contra entidades públicas, que la administración cancele efectivamente la prestación debida a un particular 24, cobijando todos los componentes de la deuda 25, circunstancia que debe encontrarse debidamente acreditada.

Como causal de extinción de l as obligaciones, el encontrar probado el pago dentro de los procesos ejecutivos da lugar a su terminación, de conformidad con lo previsto en el artículo 443-1º del C.G.P.

3.4. Caso concreto:

Como ya se indicó, en el sub examine se ejecuta la providencia proferida el 30 de marzo de 2022 por la Sala Quinta de Decisión de esta Corporación 26, mediante la cual confirmó la sentencia del 21 de junio de 2021, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva27; esta última, accediendo a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. RDP 012106 del 9 de abril de 2016 y Resolución No. RDP 023067 del 20 de junio de 2018, actos administrativos por medio de los cuales se negó el pago de una pensión de sobrevivientes.

21 Artículo 1626. Código Civil. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 6 de julio

de 2021. Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque. Radicación: 68001 -23-33-000-2013-00383-01 (601424). 23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 28 de abril de 2009. Magis trado Ponente: Edgardo Villamil Portilla. Radicación: 11001-02-03-000-2004-00885-00. 24 Rodríguez Tamayo, Mauricio Fernando. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa. El concepto de título ejecutivo. Librería Jurídica Sánchez R Ltda., 5ª Ed. p. 706. 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 6 de febrero de 2020. Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Radicación: 88001 -23-31-000-2003-0007303 (64540). 26 Páginas 37 a 52 de documento 11, expediente electrónico de primera instancia. 27 Páginas 22 a 36 de documento 11, expediente electrónico de primera instancia .12

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Demandante: Óscar Antonio Ospina Sandoval; Demandado: UGPP

SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho se dispone: a) ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPPa sustituir y pagar el total de la pensión de vejez que devengaba el señor ANTONIO OSPINA ANDRADE (q.e.p.d.) al señor OSCAR ANTONIO OSPINA

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPPa sustituir y pagar el total de la pensión de vejez que devengaba el señor ANTONIO OSPINA ANDRADE (q.e.p.d.) al señor OSCAR ANTONIO OSPINA SANDOVAL, identificada con la C.C. No. 7.699.982, en calidad de hijo y a partir del 11 de octubre de 2017, fecha de deceso del mencionado.

b) ORDÉNASE a la a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP al pago de intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el día 11 de octubre de 2017.

c) Deberá reconocer y pagar al señor OSCAR ANTONIO OSPINA ANDRADE todos los reajustes y demás beneficios consagrados en la ley y devengados en vida por el señor ANTONIO OSPINA ANDRADE (q.e.p.d.).

d) La sentencia será cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195 , numeral 4º de la Ley 1437 de 2011, así como se ajustará la condena en los términos del inciso cuarto del artículo 187 ibídem […]”28.

El Consejo de Estado ha sostenido que, en las ejecuciones de sentencias judiciales, el título generalmente es complejo, amén de que está integrado por la providencia y por el acto que la administración expide para su cumplimiento; sin embargo, cuando no se expide ningún acto administrativo, el título es simple29.

En ese orden, el título base de la eje cución está constituido por (i) la

la providencia y por el acto que la administración expide para su cumplimiento; sin embargo, cuando no se expide ningún acto administrativo, el título es simple29.

En ese orden, el título base de la eje cución está constituido por (i) la sentencia condenatoria proferida del 21 de junio de 2021 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 41001 -33-33-003-2017-00271-0030, (ii) la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila el 30 de marzo de 2022 , a través de la cual se confirmó la decisión anterior31; así como por (iii) la Resolución N° RDP 033570 del 27 de diciembre de 202232, a través de las cuales se da cumplimiento a la condena judicial, con la salvedad ya expresada respecto de la constancia de ejecutoria.

28 Páginas 34 a 35 de documento 11, ibídem. 29 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de tutela del 18 de febrero de 20 16. C.P. Dr. William Hernánd