TA HUI - Sentencia 41001-33-33-003-2023-00017-02 (12-08-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M.P. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, doce (12) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD SIMPLE

DEMANDANTE JAN MARCO CORTÉS GUZMAN

DEMANDADO MUNICIPIO DE PITALITO

DECISIÓN SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN 41001333300320230001702

APROBADA EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Una vez agotadas las etapas procesales atinentes a la segunda instancia y al no observar causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 19 de octubre de 2023, complementada mediante providencia del 13 de febrero de 2024, proferidas por el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, y mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA1

Jan Marco Cortés Guzmán, en ejercicio del medio de control de nulidad simple demanda al Municipio de Pitalito, para que previa citación se declare la nulidad del Decreto No. 361 de 2022 “Por el cual se crean unos cargos en la planta de personal de la Alcaldía de Pitalito”, expedido por el señor alcalde de Pitalito - Huila, por haberse expedido de manera irregular al carecer de los estudios técnicos que justifique la modificación de la planta de personal en la entidad territorial.

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estudios técnicos que justifique la modificación de la planta de personal en la entidad territorial.

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1.1. Lo anterior lo sustenta en los siguientes HECHOS:

• El 30 de diciembre de 2022 el señor Alcalde de Pitalito expidió el Decreto 361 de 2022 “Por el cual se crean unos cargos en la planta de personal de la Alcaldía de Pitalito”, publicado en el portal web institucional el 12 de enero de 2023 y en el art ículo primero se crea el cargo de Jefe de Oficina de Juzgamiento, en la Oficina d e Control Interno Disciplinario, y en el artículo 2° se crean seis (6) empleos adscritos a la Secretaría de

Gobierno e Inclusión Social.

• Que en la parte considerativa del acto administrativo se menciona que por disposición legal “ existe la necesidad de fortalecer la planta de personal del Municipio de Pitalito”, apelando a la expedición de la Ley 1952 de 2019 (Código Disciplinario) y la Ley 2126 de 2021, bajo el entendido de que se necesitaba separar los roles de instrucción y juzgamiento en la OCID, y por su parte se requería dotar a las Comisarías de Familia del equipo interdisciplinario mínimo. De igual forma, señala que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, para la vigencia 2021 el indicador de la Ley 617 de 2000 se ubicó en 49.11%, por lo que permite

de Familia del equipo interdisciplinario mínimo. De igual forma, señala que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, para la vigencia 2021 el indicador de la Ley 617 de 2000 se ubicó en 49.11%, por lo que permite al Municipio contar con viabilidad financiera para crear los cargos.

• Que a pesar de que en el Decreto en mención se alude a la realización de un estudio técnico realizado por la profesional Luz Melva Manzano Tello en el año 2021 y que en aquel se recomendó la creación de 26 empleos en la planta de personal, en dicho documento se indicó que la Oficina de Control Interno Disciplinario no requería “ni crear ni suprimir cargos”

• Respecto a las Comisarías de Familia, el estudio de rediseño institucional no concluye la necesidad de crear cinco (5) empleos de profesional universitario ni un empleo de auxiliar administrativo al servicio de dicha dependencia, la recomendación del estudio técnico se refiere exclusivamente a los siguientes empleos:TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

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• Afirma que n o existe estudio técnico realizado por el Municipio de Pitalito que justifique la creación de un cargo de Jefe de Oficina de Juzgamiento en la Oficina de Control Interno ni seis cargos en la Secretaría de Gobierno e Inclusión Social para el fortalecimiento del equipo interdisciplinarios de las Comisarías.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Invoca como normas vulneradas el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y

equipo interdisciplinarios de las Comisarías.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Invoca como normas vulneradas el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.12.1 del Decreto 1083 de 2015 y considera que, aunque el municipio intenta apelar al estudio de rediseño efectuado en el año 2021, lo cierto es que en dicho estudio no se estructuró justif icación alguna para la creación de los cargos en el acto demandado. Por el contrario, explícitamente señala para el caso de la OCID que no se requiere creación de cargo alguno, en tanto que para la Secretaría de Gobierno sugiere la creación de algunos cargos, pero ninguno ateniente al equipo interdisciplinario de las Comisarías.

Que la entidad territorial efectuó una reforma en la planta de personal (creación de cargos) sin contar con estudios técnicos de análisis de cargas de trabajo e impacto en la modernización, no se efectuó un análisis de los procesos y procedimientos a mejorar por conducto de la creación de los cargos, la necesidad de redistribuir o no las funciones asignadas a determinados empleos, la pertinencia de los perfiles y de la asignación salarial determinada, entre otros aspectos que hacen parte del análisis técnico previo que debió efectuar el

Municipio.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

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No se efectuó un análisis comparativo de costos entre la planta vigente para la época y la propuesta. De hecho, en la parte considerativa se apela al

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No se efectuó un análisis comparativo de costos entre la planta vigente para la época y la propuesta. De hecho, en la parte considerativa se apela al dicho de que la Secretaría de Hacienda señaló cumplimiento de los indicadores de solvencia Ley 617 de 2000 para el año 2021, perdiendo de vista que el Decreto fue expedido en el 2022 para implementarlo en el año 2023, por lo que el análisis de solvencia y comparativo de costos (que se omitió por completo) debió considerar la vigencia del año 2023.”

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El municipio de Pitalito se opone a las pretensiones, pues el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, indica que las reformas de planta de personal deben estar soportadas en justificaciones o estudios técnicos, es decir, que, para realizar la reforma de la planta, el Municipio debe contar, o bien, con un estudio técnico, o bien, con justificaciones técnicas, como es el caso del Decreto 361 de 2022.

Que la parte demandante interpretó de manera errónea que el Decreto 361 de 2022 se fundamenta técnicamente en el estudio realizado en el año 2021 por la Dra. Luz Melva Manzano Tello, pues las referencias que s e hacen en el Decreto se efectuaron a título de antecedente para establecer la conformación de la planta de personal previo a la expedición del Decreto enjuiciado, pero nunca se indicó que fuera este, el estudio que justifica la creación de los cargos en la Comisaría de Familia y el de Juzgamiento en la Oficina de Control Interno.

de la planta de personal previo a la expedición del Decreto enjuiciado, pero nunca se indicó que fuera este, el estudio que justifica la creación de los cargos en la Comisaría de Familia y el de Juzgamiento en la Oficina de Control Interno.

Que las justificaciones para crear estos cargos, parten de un imperativo legal, por un lado, la Ley 1952 de 2019, que establece la obligación de separar el funcionario instructor del funcionario de juzgamiento, razón por la cual, la administración, a través de la Oficina de Control Interno y la Secretaría General trabajaron en los aspectos técnicos que determinaron finalmente la necesidad de crear un cargo de nivel directivo para fungir como jefe de Oficina – Juzgamiento en la OCID.

La administración efectuó los análisis relativos a la posibilidad de asignar las funciones de juzgamiento en otro funcionario, lo cual no prosperó, ante la carga laboral de los profesionales en derec ho que hacen parte de la planta de personal, aunado a la garantía de recursos para sufragar la carga salarial y prestacial, que concluyó la necesidad y viabilidad de crear el cargo.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

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Igual ocurrió con los cargos creados para la comisaría de familia, que también tienen un fundamento de orden legal, según el cual deben crearse equipos interdisciplinarios al interior de las comisarias con profesionales en derecho, psicología, trabajo social además de un cargo de nivel asistencial.

Concluye que el acto demandado parte de estas justificaciones técnicas y

equipos interdisciplinarios al interior de las comisarias con profesionales en derecho, psicología, trabajo social además de un cargo de nivel asistencial.

Concluye que el acto demandado parte de estas justificaciones técnicas y de orden legal, fueron incorporadas en la parte motiva, situación que no puede entenderse como violatoria de norma superior.

Finalmente, que en la demanda se indica que el m unicipio omitió hacer un análisis del costo comparativo de la planta propuesta, lo cual no es verdad, pues dichos estudios se encuentran en el documento de justificación técnica que reposa en el archivo de la entidad y que se aporta como prueba en este esc rito, lo cual demuestra que el municipio cumplió con las exigencias legales.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Décimo Administrativo de Neiva mediante sentencia del 19 de octubre de 2023 resolvió negar las pretensiones , al considerar que el acto administrativo demandado fue expedido en cumplimiento a un deber imperativo y por expreso mandato de orden legal . Que el alcalde municipal actuó en ejercicio de la competencia constitucional que le corresponde, teniendo en cuenta que no requería o le era exigible para el presente caso, de estudios o justificaciones técnicas ni ser autorizado por otro órgano para establecer la planta de empleos de la administración y para determinar los requisitos y las funciones de los cargos creados.

Refiere que mediante Decreto 355 del 30 de diciembre de 2021 , modificado por el Decreto 170 del 17 de junio de 2002 (sic), modificado a su vez por el Decreto 229 del 31 de agosto de 2022, se estableció la Planta de

Refiere que mediante Decreto 355 del 30 de diciembre de 2021 , modificado por el Decreto 170 del 17 de junio de 2002 (sic), modificado a su vez por el Decreto 229 del 31 de agosto de 2022, se estableció la Planta de Personal de la Alcaldía de Pitalito –Huila, de acuerdo con el estudio técnico, según lo preceptuado por los artículos 46 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 2.2.12.1 al 2. 2.12.3 del Decreto 1083 de 2015 ; así mismo, derogó el Decreto No. 576 del 28 de diciembre de 2018, mediante el cual se había establecido la Planta de Personal de la Alcaldía del Municipio de Pitalito – Huila.

Señaló que de las consideraciones del acto administrativo demandado, se advierte, que este señala que mediante Decreto 355 del 30 de diciembre de 2021, se estableció la Planta de Personal de la Alcaldía de Pitalito –Huila de acuerdoTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

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con el estudio técnico, según lo preceptuado por los artículos 46 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 2.2.12.1 al 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, frente a los siguientes aspectos referidos (funcionales, denominación del cargo, código, grado y escala salarial), por lo que es posible conocer el motivo que se dieron en este aspecto y su justificación.

El 13 de febrero de 2024 profirió sentencia complementaria en la cual

grado y escala salarial), por lo que es posible conocer el motivo que se dieron en este aspecto y su justificación.

El 13 de febrero de 2024 profirió sentencia complementaria en la cual indicó que en el presente caso la facultad legal conferida al alc alde municipal de Pitalito, en el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 3 de la Ley 2094 de 2021 y el artículo 8 de la Ley 2126 de 2021, le permiten la modificación de la estructura administrativa del municipio para la creación de los cargos allí aludidos, sin la necesidad de estudios o justificaciones técnicas establecidos en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.12.1 del Decreto 1083 de 2015; e incluso, por imperio de la Ley subsume las competencias del Con cejo Municipal al omitir la previa autorización y/o facultades pro tempore.

Reiteró que no se violó ninguna norma superior en la que debía fundarse, y tampoco los demá s principios de la función pública o los límites de la discrecionalidad administrativa; toda vez que, al contrario de lo sostenido por la parte demandante, puede afirmarse que, los cargos allí creados, sus requisitos y funciones son por mandato de orden legal “con el propósito de garantizar lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 3 de la Ley 2094 de 2021”; y “artículo 8 de la Ley 2126 de 2021”, por lo que está constitucionalmente justificado y al no probarse el carg o por la causal de nulidad por infracción de las normas en que debía fundarse.

Adicionalmente, indicó que se encuentra acreditado que se realizó el

está constitucionalmente justificado y al no probarse el carg o por la causal de nulidad por infracción de las normas en que debía fundarse.

Adicionalmente, indicó que se encuentra acreditado que se realizó el respectivo análisis financiero de capacidad institucional (interno), de procesos y evaluación de la prestación del servicio, de la planta de personal, incluyendo la clasificación de los empleos, remuneración, la estructura organizacional, las denominaciones de los empleos según el nivel jerárquico, con análisis de las funciones, competencias y requisitos exigid os para cada nivel jerárquico, mediante las pruebas que le fueron trasladas al abogado y demandante y sin violación al debido proceso.

Precisó que a pesar de que el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 dispuso que para la elaboración o modificación de los manuales de funciones la unidad de personal de cada organismo o entidad debe adelantar los estudios respectivos, y que en este caso, solo resultaba necesario realizar un estudio por parte de la mencionada unidad o la dependencia que haga sus veces, sin queTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7

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fuera obligatorio seguir las directrices y la metodología que sí deben observar las reformas de las respectivas plantas de personal, previstas en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, ya que el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública no remite a dicha normatividad.

4. RECURSO DE APELACIÓN2

de la Ley 909 de 2004, ya que el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública no remite a dicha normatividad.

4. RECURSO DE APELACIÓN2

En el escrito de apelación, la parte demandante solicita que se excluya de la actuación como pruebas el Decreto 573 de 2018; 576 de 2018; 478 de 2014; Acuerdo 054 de 2014; Acuerdo 055 de 2014; 355 de 2021; 170 de 2022; 229 de 2022; Certificado DANE , Resolución 1289 de 2019 y la Resolución 258 de 2015, pues no fueron aportadas, solicitadas ni decretadas en momento alguno y solo hicieron su aparición en la sentencia de primera instancia.

Que el a quo aseveró en la sentencia de complementación que el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 le permite valorar cualquier prueba que se encuentre en el sitio web institucional, lo cual escapa por completo al contenido de la norma, ya que, en el presente caso, dichos documentos no fueron introducidos al proceso regularmente y, por ende, deben ser excluidas.

Igualmente recurre la sentencia y solicita que se revoque y se acceda a las pretensiones, reiterando que i) ni el artículo 12 la Ley 1952 de 2019 ni el 8 de la Ley 2126 de 2021 fijaron excepción al artículo 46 de la Ley 909 de 2004 o al artículo 2.2.12.1 del Decreto 1083 de 2015 ; ii) l a definición de perfiles y necesidades de personal debe hacer parte del estudio técnico, iii) no es posible usar un diseño técnico del año 2021 para efectuar una modificación de planta

artículo 2.2.12.1 del Decreto 1083 de 2015 ; ii) l a definición de perfiles y necesidades de personal debe hacer parte del estudio técnico, iii) no es posible usar un diseño técnico del año 2021 para efectuar una modificación de planta de personal que rige a partir del 2023 ; iv) de los documentos valorados por el juzgado para preservar la legalidad del acto no se evidencia la existencia de justificación técnica previa para la modificación de la planta de personal.

Refiere que se encuentra probado que el Decreto 361 de 2022 fue expedido con infracción del artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.12.1 del Decreto 1083 de 2015, toda vez que la reforma en la planta de personal no contó con estudio técnico propio y no puede respaldarse válidamente sobre el estudio técnico del año 2021, cuando el municipio de Pitalito contaba con una realidad administrativa y financiera propia de un municipio de 4° categoría, pasando a ser en el 2023 de 3° categoría, menos aun cuando explícitamente dicho estudio concluyó en que no había necesidad

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distinta a crear un cargo de comisario, el cual se concretó en el Decreto 355 de 2021.

Que el Decreto 361 de 2022 no se ciñe a la guía de rediseño institucional elaborado por el DAFP, lo cual conlleva al incumplimiento del artículo 46 de la

2021.

Que el Decreto 361 de 2022 no se ciñe a la guía de rediseño institucional elaborado por el DAFP, lo cual conlleva al incumplimiento del artículo 46 de la Ley 909 de 200 4, y d el Decreto 1083 de 2015 e implica una insuficiente motivación del acto de reforma de la planta y porque no cuenta con concepto y certificado de viabilidad presupuestal previa de h acienda ni se respalda en un análisis de gastos generales y tampoco se guió por criterios técnicos para definir perfiles y necesidades de personal.

5. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso se admitió mediante auto del 16 de mayo de 20243, al no haber existido solicitud probatoria alguna en segunda instancia, el asunto ingresó para emitir sentencia (artículo 247-5 del CPACA modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021).

Dentro del término de ejecutoria, el apoderado del municipio de Pitalito, presentó escrito en el que solicita que se mantenga la decisión y que se nieguen las pretensiones, pues la creación de los cargos se sustenta en la Ley 1952 de 2019.

Que se demostró que, la administración efectuó los análisis relativos a la posibilidad de asignar las funciones de juzgamiento en otro funcionario, lo cual no prosperó, ante la carga laboral de los profesionales en derecho que hacen parte de la planta de personal, aunado a la garantía de recursos para sufragar la carga salarial y prestación, que concluyó la necesidad y viabilidad de crear el cargo. Ahora, el actor indica que los estudios técnicos deben indicar perfiles y

parte de la planta de personal, aunado a la garantía de recursos para sufragar la carga salarial y prestación, que concluyó la necesidad y viabilidad de crear el cargo. Ahora, el actor indica que los estudios técnicos deben indicar perfiles y salarios, situación que no es aplicable en este asunto, en la medida en que los perfiles que se exigen tanto para el cargo de juzgamiento como los de comisaría de familia son definidos por Ley.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

La Sala es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia de conformidad con el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse del recurso de apelación interpuesto contra sentencia.

3 índice No. 13 del expediente electrónico de segunda instancia – Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

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2. CUESTIÓN PREVIA

Previamente a descender al fondo del asunto, es necesario resolver la solicitud del apelante relacionada con la exclusión como pruebas del Decreto 573 de 2018, por medio del cual se establece la estructura Orgánica y Funcional de la Alcaldía del Municipio de Pitalito – Huila y se señalan las funciones de sus dependencias; Decreto 576 de 2018, por el cual se estableció la Planta de Personal de la Alca ldía del municipio de Pitalito ; Decreto 478 de 2014 , mediante el cual se había establecido la Planta de Personal de la Alcaldía del

sus dependencias; Decreto 576 de 2018, por el cual se estableció la Planta de Personal de la Alca ldía del municipio de Pitalito ; Decreto 478 de 2014 , mediante el cual se había establecido la Planta de Personal de la Alcaldía del Municipio de Pitalito – Huila; Acuerdo 054 de 2014; Acuerdo 055 de 2014 expedidos por el Concejo Municipal de Pitalito -Huila que modificaron la estructura municipal; Decreto 355 de 2021; Decreto 170 de 2022; Decreto 229 de 2022, mediante el cual se estableció la Planta de Personal de la Alcaldía de Pitalito –Huila; Certificado DANE; Resolución 1289 de 2019 , por medio del cual se adopta el nuevo organigrama del municipio de Pitalito; y la Resolución 258 de 2015.

Al respecto, la Sala advierte que el demandante previamente interpuso incidente de nulidad procesal con los mismos argumentos, siendo resuelta por el a quo mediante providencia del 19 de enero de 2024, ordenando su rechazo por s er improcedente, por cuanto que la causal invocada no se encuentra taxativamente enlistadas en las causales establecidas en el artículo 133 del CGP, decisión que se encuentra en firme al no haberse interpuesto recursos.

No obstante, a lo anterior, y a gracia de discusión, advierte la Sala que, si bien los referidos actos administrativos no fueron aportados al proceso, ello no es razón que impida al Juez Administrativo para que pueda consultar actos administrativos relacionados con el objeto de controversia y que puedan servir de herramienta auxiliar al momento de resolver el asunto de fondo.

Téngase en cuenta que el acto administrativo , una vez publicado en la

administrativos relacionados con el objeto de controversia y que puedan servir de herramienta auxiliar al momento de resolver el asunto de fondo.

Téngase en cuenta que el acto administrativo , una vez publicado en la página web de la entidad, cualquier per sona puede consultarlo, por lo que no hay lugar a que se vulnere el debido proceso al demandante, tal como lo explica el Consejo de Estado:

“Esta conclusión guarda coherencia con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 166 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA - según el cual “se podrá indicar que el acto demandado se encuentra en el sitio web de la respectiva entidad para todos los fines legales”. Si bien, la norma hace alusión a la prueba de la existencia de los actos administrativos, puede aplicarse al caso concreto, pues de la misma se infiere que elTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

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fin del legislador con la expedición del nuevo código y concretamente con el texto del dispositivo citado, no es otro que flexibilizar la prueba de ciertos hechos y aprovechar y hacer un uso óptimo de las tecnologías de la información, de modo tal que si un acto o norma se encuentra disponible en la página web de la entidad, nada obsta para que así se informe en la demanda y se exima al accionante de aportarla en medio físico, razonamiento que también tiene cabida en los eventos donde deba probarse la existencia de un fallo proferido por cualquiera de las Altas Cortes, toda vez que todas ellas disponen de una base de datos digital a la que puede accederse con facilidad.

probarse la existencia de un fallo proferido por cualquiera de las Altas Cortes, toda vez que todas ellas disponen de una base de datos digital a la que puede accederse con facilidad.

En consecuencia, no cabe duda que la ausencia del cuerpo de la sentencia C-992 de 2001 en el proceso, no es motivo para negar las pretensiones y abstenerse de abordar el estudio de fondo del asunto, por lo que en este punto tampoco son de recibo los argumentos esgrimidos por la impugnante”4

Así las cosas, se negará la solicitud presentada por el demandante frente a la solicitud de exclusión de la prueba documental aludida por el a quo en la sentencia objeto de apelación.

3. PROBLEMA JURÍDICO

Como el a quo negó las pretensiones y como el demandante interpuso recurso de apelación, la Sala deberá resolver ¿si está afectado de nulidad el Decreto No. 361 de 2022 “por el cual se crean unos cargos en la planta de personal de la Alcaldía de Pitalito, al haberse expedido de manera irregular y sin tener los estudios técnicos exigidos legalmente?

4. TESIS DE LA SALA

La Sala revocará la sentencia recurrida y se dispondrá la nulidad del acto demandado, por cuanto el Decreto 361 del 30 de diciembre de 20022, fue expedido en forma irregular, en tanto que la creación de los siete (7) cargos en la planta de personal del municipio de Pitalito corresponde a una modificación de su estructura organizacional y la misma debía contar con el respectivo estudio técnico, tal como lo exige el 46 de la Ley 909 de 2004 y el artículo

la planta de personal del municipio de Pitalito corresponde a una modificación de su estructura organizacional y la misma debía contar con el respectivo estudio técnico, tal como lo exige el 46 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, aspecto este que afecta la validez de tal acto administrativo.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera . Sentencia del 26 de marzo de 2014 . C.P. Enrique Gil Botero. Rad.

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5. ACTO DEMANDADO

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6. MARCO NORMATIVOY JURISPRUDENCIAL APLICABLES

6.1. De la expedición irregular de los actos administrativos5

Este vicio o causal de nulidad de los actos administrativos se predica de los defectos en el elemento formal del acto, el cual comprende dos aspectos a saber: el procedimiento y la forma de la declaración. Sobre lo primero, la expedición irregular se configura cuando se incumplen las condiciones y fases previstas en el ordenamiento jurídico para la formación del acto. Y frente a lo segundo, el vicio se presenta en los casos en los que la manifestación unilateral de voluntad de la administr ación adolece de formalidades esenciales para su validez, tales como la motivación.

5 Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez, sentencia del 26 de enero de 2023 rad. 11001032500020210020900 (1324-2021)TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 17

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5 Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez, sentencia del 26 de enero de 2023 rad. 11001032500020210020900 (1324-2021)TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 17

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Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán

Demandado: Municipio de Pitalito-Huila Rad. 41001333300320230001702

En ese sentido, el elemento formal del acto que protege esta causal de nulidad, obedece tanto a razones de orden interno de la administración, como al respeto de las garantías y derechos de las personas, lo cual puede referirse a requisitos tendientes a garantizar cuestiones como la igualdad y la participación de los interesados en la formación del acto, otorgar las oportunidades que correspondan para el ejercicio de l os derechos a la defensa o contradicción y también para asegurar la autenticidad o veracidad del acto administrativo.

No obstante, es necesario precisar que la doctrina ha señalado de manera reiterada que, en virtud de los principios constitucionales de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y de efic