TA HUI - Sentencia 41001-33-33-003-2025-00084-01 (15-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA No. 41-001-33-33-003-2025-00084-01

Demandante: Manuel Ricardo Sánchez Moyano Demandado: Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Colegiada del Huila

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I ÓN No. 5

REFERENCIA: TUTELA

ACCIONANTE: MANUEL RICARDO SÁNCHEZ MOYANO

ACCIONADO: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

– GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA

DEL HUILA EXPEDIENTE: 41001-33-33-003-2025-00084-01

SENTENCIA: TAH005-2025-05-092

MAGISTRADO PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala la impugnación presentada por el señor Manuel Ricardo Sánchez Moyano contra la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva el 2 de abril de 2025, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1

El señor Manuel Ricardo Sánchez Moyano instauró acción de tutela contra la Gerencia Departamental Colegiada del Huila - Contraloría General de la República, a fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales a l trabajo, mínimo vital, debido proceso, igualdad, defensa, acceso a la

Gerencia Departamental Colegiada del Huila - Contraloría General de la República, a fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales a l trabajo, mínimo vital, debido proceso, igualdad, defensa, acceso a la administración de justicia, buen nombre y honra , también por la presunta violación directa a los principios de “…PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, IMPARCIALIDAD, PROPORCIONALIDAD, IGUALDAD DE TRATO Y APLICACIÓN DE LA LEY…”, pretendiendo se ordene a la accionada no aplicar el fallo de responsabilidad fiscal de única instancia con radicación No. PRF 2020-0003, proferido el 04 de diciembre de 2024, y en razón

1 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 4.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandante: Manuel Ricardo Sánchez Moyano Demandado: Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Colegiada del Huila 2 a ello, se suspenda cualquier actuación administrativa en su contra, junto con la exclusión inmediata del boletín de responsables fiscales de la Cont raloría General de la República.

1.1. Hechos2

Manifestó, que en el año 2018 se presentó una denuncia ciudadana , por presuntas filtraciones y humedales en la sede administrativa de la E.S.E Hospital Santa Teresa de Tesalia, el cual, se construyó en el marco del contrato de obra pública 001 de 2015, fungiendo el aquí actor como contratista, por lo que, la accionada adelantó proceso de responsabilidad fiscal con radicación No. PRF

Santa Teresa de Tesalia, el cual, se construyó en el marco del contrato de obra pública 001 de 2015, fungiendo el aquí actor como contratista, por lo que, la accionada adelantó proceso de responsabilidad fiscal con radicación No. PRF 2020 – 003.

Aduce que, en el año 2019 la accionada llevó a cabo visita técnica, concluyendo que, la pendiente de la cubierta no alcanzaba el 9% mínimo recomendado en el manual del fabricante de la teja utilizada. Además, advirtió la presunta ausencia de amarres en algunos puntos, lo que habría generado goteras y deterioros en cielorrasos y muros.

Así mismo, precisó que, a partir de los mentados hallazgos, la Gerencia Departamental Colegiada del Huila imputó responsabilidad fiscal a los intervinientes en la ejecución del contrato , incluyendo al accionante y al interventor Héctor Julio Ríos Jovel , por omisión en el cumplimiento de sus deberes contractuales.

Resaltó que, el 4 de diciembre de 2024 , la accionada emitió fallo de única instancia en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal, declarando al actor responsable, quién presentó recurso de reposición, el cual, fue resuelto negativamente mediante auto No. 133 del 3 de marzo de 2025.

Añadió que, el fallo en mención, adolece de falsa motivación y viola el debido proceso, por las irregularidades en el trámite , como la falta de resolución de incidente de nulidad y la ausencia de un análisis objetivo de las pruebas. Afirma que dicha situación, conlleva a la existencia de un perjuicio irremediable, al restringir totalmente su posibilidad de trabajar o contratar con entidades del

incidente de nulidad y la ausencia de un análisis objetivo de las pruebas. Afirma que dicha situación, conlleva a la existencia de un perjuicio irremediable, al restringir totalmente su posibilidad de trabajar o contratar con entidades del estado (ejercicio profesional como ingeniero civil) y no contar con los recursos económicos para su sustento y el de su familia.

2 Ibídem, Pág.3.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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2. Contestación a la tutela3.

2.1. Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Huila.

La Gerente de la Gerencia Departamental Colegiada del Huila, indicó que los argumentos presentado s por el actor, fueron analizados en el proceso de responsabilidad fiscal , el cual , se desarrolló respetando el debido proceso y todas las garantías procesales, por lo que, señaló que el accionante pretende por vía de tutela exista pronunciamiento sobre cuestiones ya decididas en el proceso en mención, asuntos de mera legalidad que no vulneran sus derechos fundamentales.

Arguyó que, la solicitud de nulidad presentada por el actor, fue rechazada por extemporánea, pues se presentó con posterioridad al fallo, dando así aplicabilidad a los dispuesto en el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011. Además, advirtió que el mentado proceso es de única instancia y no es susceptible del recurso de apelación.

aplicabilidad a los dispuesto en el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011. Además, advirtió que el mentado proceso es de única instancia y no es susceptible del recurso de apelación.

Así las cosas, concluyó que el fallo fue notificado correctamente, se basó en pruebas legales y se respetaron los derechos de defensa. Consider ó que, la tutela es improcedente, pues cuenta con otro medio de defensa como lo es la nulidad y restablecimiento del derecho , para revocar la decisión final tomada dentro del proceso de responsabilidad fiscal con radicación No. PRF-202000003, y que, también cuenta con la solicitud de medidas cautelares, conforme a lo dispuesto en el artículo 229 del CPACA.

Finalmente, señal ó que, no se evidenció una vulneración a los derechos fundamentales incoados en el escrito de tutela, en el entendido que el proceso fiscal en comento garantizó el debido proceso, la correcta valoración probatoria, la imparcialidad en la vinculación de sujetos procesales y la verificación del nexo causal exigido en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000.

Además, indicó que, no es admisible que las personas que no estén de acuerdo con los fallos de responsabilidad fiscal, acudan a la acción de tutela alegando un daño injustificado e inminente que le cause un grave perjuicio, pues existen otros medios para solicitar la revocatoria de las decisiones de los órganos de control fiscal.

3 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 8.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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3 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 8.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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3. Decisión de Primera Instancia4

Mediante providencia del 2 de abril de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, declaró improcedente la presente acción de tutela, promovida por el señor Manuel Ricardo Sánchez Moyano contra la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Huila.

Esto, con ocasión a que no se probó la configuración de un perjuicio irremediable, pues no basta con la sola anunciación, en ese sentido precisó que el máximo órgano constitucional, previo que “…la sola imposición de una sanción de la Procuraduría o la declaratoria de responsabilidad fiscal por la Contraloría, no implica per se la existencia de un perjuicio irremediable…”; en el entendido que, quien contrata con el Est ado y adquiere la calidad de gestor fiscal debe saber el riesgo jurídico y patrimonial que conlleva el manejo de recursos públicos, siendo este un riesgo ínsito al ejercicio del objeto contractual, por lo cual, puede prever estas contingencias, no siendo a sí este, un suceso súbito, imprevisible o irresistible.

Así las cosas, concluyó que en el caso bajo estudio no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, ni la eminencia de su causación, por lo que declaró

un suceso súbito, imprevisible o irresistible.

Así las cosas, concluyó que en el caso bajo estudio no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, ni la eminencia de su causación, por lo que declaró improcedente la acción de tutela, advirtiendo, además, que el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial (medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho).

4. Impugnación5

El señor Manuel Ricardo Sánchez Moyano , presentó escrito de impugnación contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia proferida el 2 de abril de 2025, bajo el sustento que existe vulneración a los derechos fundamentales incoados en el escrito de tutela , al presentarse la existencia de un perjuicio inminente con ocasión a los efectos de la sanción fiscal así:

“… i) Su exclusión de procesos de contratación pública.

4 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 16. 5 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 20.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandante: Manuel Ricardo Sánchez Moyano Demandado: Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Colegiada del Huila 5 ii) La afectación reputacional derivada de la publicación en bases de datos fiscales. iii) El deterioro de su estabilidad financiera debido a la imposición de un pago. iv) La decisión fiscal desencadena automáticamente la imposibilidad de contratar con el Estado y genera un impacto reputacional irreversible.

fiscales. iii) El deterioro de su estabilidad financiera debido a la imposición de un pago. iv) La decisión fiscal desencadena automáticamente la imposibilidad de contratar con el Estado y genera un impacto reputacional irreversible.

1. La publicación de la decisión en el boletín de res ponsables fiscales y su consecuente exclusión de procesos contractuales generan un impacto automático sobre su capacidad laboral.

1. La demora en la adopción de medidas judiciales permitiría que las afectaciones reputacionales se consoliden, lo cual compromete seriamente las posibilidades de revertir sus efectos en el corto plazo.

…”.

De igual forma, el accionante señaló que los mecanismos ordinarios disponibles no son idóneos ni eficaces para mitigar los efectos de la decisión fiscal a corto plazo, y, que al momento de sustentar la decisión la a quo incurrió en los siguientes yerros:

• Errores en la determinación y formulación del problema jurídico a tratar en el sub-lite.

-Defecto material o sustantivo por interpretación y aplicación errónea del principio de subsidiariedad al momento de evaluar la existencia del perjuicio grave e irremediable alegado.

-Defecto fáctico en sus dimensiones positiva y negativa por indebida valoración probatoria.

-Desconocimiento del precedente jurisprudencial frente al elemento subsidiariedad.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de l a impugnación presentada por el señor Manuel Ricardo Sánchez Moyano contraTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de l a impugnación presentada por el señor Manuel Ricardo Sánchez Moyano contraTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandante: Manuel Ricardo Sánchez Moyano Demandado: Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Colegiada del Huila 6 el fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva el 2 de abril de 2025, de acuerdo con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 153 del C.P.A.C.A.

2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala establecer en primer lugar, si es procedente el amparo constitucional para controvertir las decisiones que se profieren durante el proceso de responsabilidad fiscal.

En caso afirmativo , conforme los argumentos consignados en el escrito de impugnación, se establecerá si hay lugar, a revocar lo decidió por la a quo, en el entendido que existe la ocurrencia de un perjuicio irremediable lo que conlleva a la presunta violación de los derechos fundamentales del accionante al trabajo, mínimo vital, debido proceso , igualdad, defensa, acceso efectivo a la administración de justicia, buen nombre y honra.

Para resolver el problema jurídico planteado, esta Corporación se ocupará de los siguientes temas: (i) Legitimación en la causa por activa, ii) Legitimación en la causa por pasiva , iii) Inmediatez, iv) Naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela; y v) Caso concreto.

los siguientes temas: (i) Legitimación en la causa por activa, ii) Legitimación en la causa por pasiva , iii) Inmediatez, iv) Naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela; y v) Caso concreto.

3. Legitimación en la causa.

A pesar del carácter informal que reviste la acción de tutela 6, derivado de su excepcionalidad, la legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, es un requisito para su procedencia, pues se hace necesario “reconocer la persona a quien la Constitución y la ley faculta para invocar la acción y la persona respecto de la cual se puede reclamar un derecho”7.

Al respecto, la Corte Constitucional, ha señalado:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que aunque la acción de tutela está regida por el principio de informalidad, ello no es impedimento para que se encuentre cobijado por el derecho al debido proceso (C.P. art. 29), de manera que en su trámite, se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos, como son, entre otros, la capacidad de las partes.

6 Artículo 14. Decreto 2591 de 1991. 7 Corte Constitucional. Sentencia T-1009 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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En este sentido, la legitimación en la causa es “un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, porque otorga a las partes el derecho

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En este sentido, la legitimación en la causa es “un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable”8.

Según la jurisprudencia de esta Corporación, este requisito procesal se satisface “con la correcta identificación de las personas o autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados, destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional”[9]

Con el cumplimiento de este requisito procesal, se busca entre otras cosas, evitar que se profieran sentencias desestimatorias con base en argumentos formales o de ritualidad exclusiva, que como es obvio resultan perjudiciales para el demandante, e igualme nte, que se adopten decisiones inhibitorias las cuales se encuentran proscritas en sede de amparo constitucional por expreso mandato del parágrafo único del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.”

3.1 Legitimación en la causa por activa.

Se encuentra legitimado en la causa por activa el señor Manuel Ricardo Sánchez Moyano, quien manifestó haber laborado como contratista al servicio de la E.S.E Hospital Santa Teresa del Municipio de Tesalia - Huila, pretendiendo a través de la presente acción constitucional , se amparen sus derechos

Moyano, quien manifestó haber laborado como contratista al servicio de la E.S.E Hospital Santa Teresa del Municipio de Tesalia - Huila, pretendiendo a través de la presente acción constitucional , se amparen sus derechos fundamentales, y, en consecuencia, se ordene a la accionada no aplicar el fallo de responsabilidad fiscal de única instancia PRF 2020 -0003, proferido el 04 de diciembre de 2024, y en razón a ello, se suspenda cualquier actuación administrativa en su contra , junto con la exclusión inmediata del boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.

3.2 Legitimación en la causa por pasiva.

En ese sentido, se tiene que la Contraloría General de la República – Gerencia

8 T-568 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo. 9 Auto 257 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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8 Departamental Colegiada del Huila, está legitimada por pasiva para actuar, por ser la entidad que, profirió el fallo de responsabilidad fiscal en mención, a través del cual se le imputó responsabilidad al accionante.

4. Inmediatez de la acción de tutela

La Corte Constitucional, ha establecido que el principio de inmediatez dispone que la acción de tutela debe impetrarse en un plazo razonable, al respecto , se trae a colación la Sentencia T-160 de 2021, a través de la cual se estableció:

La Corte Constitucional, ha establecido que el principio de inmediatez dispone que la acción de tutela debe impetrarse en un plazo razonable, al respecto , se trae a colación la Sentencia T-160 de 2021, a través de la cual se estableció:

“…Para definir el plazo razonable, se considera el tiempo transcurrido entre el momento en el que se produjo la vulneración o amenaza a un derecho fundamental y la interposición de la acción. De manera que no se vea afectada la naturaleza propia de la acción de t utela como mecanismo de protección inmediata y urgente de derechos fundamentales. De allí, que le corresponda al juez constitucional verificar el cumplimiento del principio de inmediatez…”.

Así las cosas , el hecho por el cual el accionante considera que s e le están vulnerando sus derechos fundamentales, acaeció por que el fallo de responsabilidad fiscal el 04 de diciembre de 2024 , presuntamente adolece de falsa motivación y vulnera el debido proceso frente a las irregularidades configuradas en el trámite y falta de valoración probatoria; y como quiera que dentro del proceso en comento, se profirió auto No. 133 del 3 de marzo de 2025, por el cual, se resolvió recurso de reposición, confirmando la decisión de imputarle la responsabilidad fiscal al accionante por omisión en el cumplimiento de sus deberes contractuales , en razón a ello, la Sala considera que, el tiempo transcurrido entre dicha data y la interposición de la tutela (21/03/2025)10, es razonable, por lo que se cumple con el requisito de inmediatez.

5. Precisiones jurídicas

5.1 Procedencia y subsidiaridad de la acción de tutela

(21/03/2025)10, es razonable, por lo que se cumple con el requisito de inmediatez.

5. Precisiones jurídicas

5.1 Procedencia y subsidiaridad de la acción de tutela

La acción de tutela es el mecanismo constitucional instituido para lograr la efectiva protección de los derechos fundamentales cuando quiera que ellos

10 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 4, archivo (003Demanda.pdf).TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandante: Manuel Ricardo Sánchez Moyano Demandado: Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Colegiada del Huila 9 resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o por los particulares en los casos previstos en la Ley, por lo tanto, de existir un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental, si no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado, este mecanismo constitucional resulta improcedente11.

Así, permitir que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipotéticas, y que no se hayan concretado en el mundo material y jurídico, resultaría violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acción, ya que atentaría contra el principio de la seguridad jurídica12.

Aunado a ello, desde su consagración constitucional se otorgó a este mecanismo, el carácter de residual y subsidiario, reiterado en el desarrollo de la norma por el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 6, numeral 1.

Aunado a ello, desde su consagración constitucional se otorgó a este mecanismo, el carácter de residual y subsidiario, reiterado en el desarrollo de la norma por el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 6, numeral 1.

Sobre la procedencia del amparo, la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia13, ha desarrollado de manera rigurosa el tema de la subsidiariedad, estableciendo en principio, que debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, 2. El accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o asunto se encuentra en trámite.

Las anteriores causales, específicamente las dos últimas, tienen su excepción cuando los mecanismos no resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado y/o no son expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Frente a las excepciones de la regla general de improcedencia de la acción de tutela, la Corte Constitucional, en sentencia T-122 de 2015, dispuso:

“6.3.4. Entonces, la primera de las excepciones a la regla general de improcedencia se concibe cuando a pesar de existir otros medios ordinarios de defensa, la acción de amparo se promueve como mecanismo transitorio,

“6.3.4. Entonces, la primera de las excepciones a la regla general de improcedencia se concibe cuando a pesar de existir otros medios ordinarios de defensa, la acción de amparo se promueve como mecanismo transitorio,

11 Sentencia T130 de 2014, M.P. LUIS GUILLERMO GUTIERREZ PÉREZ. 12 Ibidem. 13 Ver entre otras la sentencia T011 de 2007.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandante: Manuel Ricardo Sánchez Moyano Demandado: Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Colegiada del Huila 10 siempre y cuando el demandante demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable [artículo 86 de la Constitución Política], en cuyo caso la orden de protección tendrá efectos temporales solo hasta el momento en que la autoridad judicial competente decida en forma definitiva el conflicto planteado. Dicho perjuicio, a partir de los lineamientos de la jurisprudencia constitucional, debe reunir los siguientes elementos: ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; ser urgente, lo que significa que implique la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; ser impostergable, es decir, se debe acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales.

6.3.5. La segunda de las excepciones , permite acudir a la acción de tutela aun

es decir, se debe acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales.

6.3.5. La segunda de las excepciones , permite acudir a la acción de tutela aun existiendo un medio judicial ordinario para dirimir el asunto, siempre que este resulte ineficaz para hacer cesar la amenaza o la vulneración a los derechos fundamentales, teniendo en cuenta las circunstancias en que se encuentra el solicitante [numeral 1º, del artículo 6º, del Decreto 2591 de 1991 ]14. En este caso, la tutela procede como mecanismo principal y definitivo de defensa, ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y cierta por otra vía 15.

Se concluye entonces, que la acción de tutela es procedente cuando existiendo otros mecanismos judiciales ordinarios de defensa: 1. Se promueva como mecanismo transitorio y el demandante demuestre la existencia de un perjuicio irremediable y 2. Cuando el mecanismo judicial ordinario no resulte idóneo para la protección de los derechos del demandante.

6. Análisis del caso concreto

Presenta el señor Manuel Ricardo Sánchez Moyano, acción de tutela contra la Gerencia Departamental Colegiada del Huila, al considerar que se le están vulnerando sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, debido proceso, igualdad, defensa, acceso efectivo a la administración de justicia, buen nombre y honra con ocasión al fallo de Responsabilidad Fiscal en el proceso con radicación No. PRF – 2020-00003, en el cual, se determinó como responsable al accionante.

nombre y honra con ocasión al fallo de Responsabilidad Fiscal en el proceso con radicación No. PRF – 2020-00003, en el cual, se determinó como responsable al accionante.

14 Decreto 2591 de 1991, artículo 8º. Ver Sentencia T-083 del 4 de febrero de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 15 Ver Sentencia T-1022 del 10 de diciembre de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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11 Al respecto, el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, declaró improcedente la acción de tutela, bajo el entendido que, el actor cuenta con otro mecanismo de defensa judicial (nulidad y restablecimiento del derecho, artículo 138 del CPACA) y por no haber acreditado la configuración de un perjuicio irremediable.

Como se expuso en el acápite anterior, la acción de tutela es subsidiaria , es decir que procede cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial mediante el cual pueda reclamarse la protección de los derechos fundamentales que se estimen amenazados o vulnerados; o cuando existiendo, los mismos, no sean idóneos ni eficaces, de manera que la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Pasa entonces la Sala analizar si el asunto amerita la procedencia de la acción de tutela, para el efecto, en el plenario se tiene acreditado que ante la Gerencia Departamental Colegiada del Huila, se llevó a cabo proceso de responsabilidad

Pasa entonces la Sala analizar si el asunto amerita la procedencia de la acción de tutela, para el efecto, en el plenario se tiene acreditado que ante la Gerencia Departamental Colegiada del Huila, se llevó a cabo proceso de responsabilidad fiscal No. PRF – 2020 – 0000316, y, que mediante fallo del 4 de diciembre de 202417, se imputó responsabilidad fiscal por culpa grave y de forma solidaria a los señores Manuel Ricardo Sánchez Moyano y Héctor Julio Ríos Jovel, declarando como daño patrimonial la suma de $37.571.083. Decisión, recurrida por el actor, al impetrar recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente, a través de Auto No. 133 del 3 de marzo de 202518.

Posteriormente, se probó que el accionante se encuentra registrado en el boletín de responsabilidad fiscal (SIBOR)19.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la Corporación es claro, que las pretensiones de la acción de tutela (inaplicación del fallo de responsabilidad fiscal de única instancia PRF 2020-00003, en aras de que se suspenda cualquier actuación administrativa en contra del actor y se excluya del boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República), son propias de un proceso ordinario ante la jurisdicción contenciosa administrativa, tal y como lo dispone el artículo 59 de la Ley 610 de 200020, el cual prevé que “…En materia del proceso de responsabilidad fiscal, solamente será demandable ante la

16 Expediente digital Samai, Primera Instancia Documento Pruebas 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 del archivo comprimido 6 PRUEBAS registrado en índice 4.

16 Expediente digital Samai, Primera Instancia Documento Pruebas 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 del archivo comprimido 6 PRUEBAS registrado en índice 4. 17 Expediente digital Samai, Primera Instancia Documento Prueba11 del archivo comprimido 6 PRUEBAS registrado en índice 4. 18Expediente digital Samai, Primera Instancia Documento Prueba14 A del archivo comprimido 6 PRUEBAS registrado en índice 4. 19 Ibídem. 20 En materia del proceso de responsabilidad fiscal, solamente será demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el Acto Administrativo con el cual termina el proceso, una vez se encuentre en firme.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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