TA HUI - Sentencia 41001-33-33-003-2025-00123-01 (15-07-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Neiva, julio quince (15) de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICACIÓN : 41001-33-33-003-2025-00123-01

ACCIONANTE : LICETH LORENA SANDOVAL SALDAÑA

ACCIONADA : FONVIVIENDA y O.

MEDIO CONTROL : TUTELA SENTENCIA No. : 07-07-142-25/AT-27-2-24

ACTA No. : 55 DE LA FECHA

1. TEMA.

Se decide la impugnación interpuesta por el Fondo Nacional de ViviendaFONVIVIENDA, contra la sentencia del 4 de junio de 2025 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, donde decide amparar los derechos de petición y debido proceso a la actora.

2. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA.

2.1. Posición de la actora (archivos 1 y 7, Samai).

La señora Liceth Lorena Sandoval Saldaña, en nombre propio, presenta acción de tutela que aclara en audiencia del 23 de mayo de 2025, pretendiendo el amparo a las condiciones materiales mínimas que le permitan ejercer su derecho a la vivienda y al mínimo vital para que se ordene a las accionadas Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. y Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, que adelantes las acciones para el saneamiento del inmueble de su propiedad y la reconexión del servicio de agua, sin que se le exija el pago de las deudas heredadas.

las acciones para el saneamiento del inmueble de su propiedad y la reconexión del servicio de agua, sin que se le exija el pago de las deudas heredadas.

En los hechos, la accionante manifiesta que es madre cabeza de familia en situación de vulnerabilidad, conformando su núcleo familiar con dos hijos: una hija que recientemente cumplió la mayoría de edad y un hijo menor de 12 años, quienes residen con ella y dependen ex clusivamente de su trabajo diario , presentando condiciones de extrema necesidad.Radicación: 41001-33-33-003-2025-00123-01 2

Accionante: LICETH LORENA SANDOVAL SALDAÑA

Accionada: FONVIVIENDA y O.

Expone que mediante resolución No. 0012 del 14 de febrero de 2024, FONVIVIENDA le adjudicó un subsidio de vivienda en especie, consistente en un apartamento ubicado en el proyecto Cuarto Centenario en la ciudad de Neiva, pero no ha podido habitar el inmueble en condiciones normales, pues presenta deuda por el servicio de agua, cuya última factura asciende a $1.067.000 la cual no está en capacidad económica de asumir.

Indica que, si bien la empresa LAS CEIBAS accedió a realizar el cambio de titularidad del servicio a su nombre, el inmueble sigue sin contar con medidor de agua ni con prestación efectiva del servicio, lo cual le impide ocupar la vivienda, a pesar de haber adquirido la posesión formal del bien y FONVIVIENDA no ha adoptado las acciones necesarias para sanear los servicios públicos ni para garantizar una entrega efectiva del inmueble en condiciones de habitabilidad, lo que configura una omisión del deber estatal y una carga desproporcionada para una persona en situación de pobreza

necesarias para sanear los servicios públicos ni para garantizar una entrega efectiva del inmueble en condiciones de habitabilidad, lo que configura una omisión del deber estatal y una carga desproporcionada para una persona en situación de pobreza extrema.

En los fundamentos de derecho, invoca el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, donde reconoce la presunción de vulnerabilidad reforzada de las mujeres desplazadas o en condiciones de exclusión social y cita la Ley 387 de 1997, el Decreto 2569 de 2000 y la Convención Interamericana de Belém do Pará, destacando el deber del Estado de remover los obstáculos estructurales que impiden a las mujeres el goce efectivo de sus derechos.

2.2. Posición de las accionadas.

2.2.1. Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. (archivo 9, Id.)

Se opone a las pretensiones indicando que no ha vulnerado derecho fundamental alguno y solicit a que se declare la improcedencia de la acción por configurarse el fenómeno de carencia actual de objeto.

En cuanto a los hechos , expone que no le corresponde pronunciarse sobre los relacionados con FONVIVIENDA, por no constarle ni ser de su competencia y los restantes no son ciertos, particularmente los narrados en la audiencia del 23 de mayo de 2025 pues obra prueba de la notificación del oficio del 26 de mayo de 2025Radicación: 41001-33-33-003-2025-00123-01 3

Accionante: LICETH LORENA SANDOVAL SALDAÑA

Accionada: FONVIVIENDA y O.

donde da respuesta a la ac tora a través de l correo licethzandoval@gmail.com,

Accionante: LICETH LORENA SANDOVAL SALDAÑA

Accionada: FONVIVIENDA y O.

donde da respuesta a la ac tora a través de l correo licethzandoval@gmail.com, registrado por la accionante.

Agrega que dicha respuesta es clara, completa y de fondo, lo que descarta cualquier vulneración a su derecho fundamental de petición y cita jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-618 de 2008, T-218 de 2017 y SU225 de 2013), enfatizando que, si ya existe respuesta adecuada al derecho invocado, la tutela carece de objeto porque no hay situación fáctica que requiera protección judicial.

2.2.2. Fondo Nacional de ViviendaFONVIVIENDA.

La accionada guarda silencio (f. 10 Id.).

2.3. La sentencia de primera instancia.

El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva profiere sentencia el 4 de junio de 2025 donde resuelve: tutelar los derechos fundamentales de petición y debido proceso a la accionante (resolutivo 1°), ordenar a Las Ceibas E.S.P. notificar en debida forma la respuesta emitida el 26 de mayo de 2025, conforme al artículo 67 del CPACA y, a FONVIVIENDA, asesorar a la ac tora sobre el trámite y los documentos requeridos para el saneamiento del inmueble (resolutivo 2°), niega las demás pretensiones por falta de prueba de la vulneración (resolutivo 4°) y advierte que la decisión es impugnable en el plazo de tres días (resolutivo 5°).

Frente a Las Ceibas E.S.P., señala que la petición presentada por la señora Liceth

falta de prueba de la vulneración (resolutivo 4°) y advierte que la decisión es impugnable en el plazo de tres días (resolutivo 5°).

Frente a Las Ceibas E.S.P., señala que la petición presentada por la señora Liceth Lorena Sandoval Saldaña el 26 de mayo de 2025 es resuelta dentro del trámite de tutela y en ella la entidad actualiza la titularidad del servicio de acueducto y alcantarillado en cabeza de la demandante y refiere la deuda existente en la cuenta, así como al procedimiento para la reconexión.

Sin embargo, pone de presente que esta respuesta no fue notificada conforme al artículo 67 del CPACA, pues no se indica a la accionante los recursos procedentes ni los plazos para interponerlos; omisión que constituye una vulneración a los derechos fundamentales de petición y debido proceso, ya que impide el acceso efectivo a los mecanismos de defensa previstos por la Ley 142 de 1994 ;, por eso, le ordena aRadicación: 41001-33-33-003-2025-00123-01 4

Accionante: LICETH LORENA SANDOVAL SALDAÑA

Accionada: FONVIVIENDA y O.

dicha demandada que proceda a notificar debidamente el oficio en un término de 48 horas y subsanar la falencia anotada.

En cuanto a Fonvivienda, considera que la entidad al guardar silencio frente a la solicitud formulada por la ac tora para que se le diera orientación encaminada a sanear el inmueble adjudicado mediante subsidio en especie, sin haber recibido respuesta por lo cual opera la presunción de veracidad según el artículo 20 del

solicitud formulada por la ac tora para que se le diera orientación encaminada a sanear el inmueble adjudicado mediante subsidio en especie, sin haber recibido respuesta por lo cual opera la presunción de veracidad según el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 y más que la entidad no presenta justificación ni respuesta alguna, por ello le ordena que, en el término de 48 horas, informe y asesore a la petente sobre el trámite que debe adelantar y los documentos necesarios para sanear el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 200 -240068, relacionado con las deudas dejadas por el anterior propietario por servicios públicos domiciliarios.

2.4. La impugnación.

FONVIVIENDA impugna la anterior decisión, explicando que, conforme al Decreto Ley 555 de 2003 sus funciones se limitan a la asignación de subsidios de vivienda conforme al principio de legalidad y no tiene competencia para resolver asuntos sobre obligaciones por servicios públicos ni para intervenir en procesos de cambio de titularidad en empresas de servicios.

Señala que, al revisar sus registros, pudo constatar que no recibió peticiones de la actora durante los años 2024 o 2025 y la referida en la tutela, fue radicada ante Las Ceibas el 21 de abril de 2025 para el cambio de nombre en la factura del servicio de acueducto, tema ajeno a la competencia legal de Fonvivienda , además, t ampoco hubo traslado formal de dicha petición a la entidad, lo cual impide su intervención.

Sostiene que el fallo vulnera el debido proceso de Fonvivienda al imponerle una obligación jurídicamente imposible de cumplir, pues la solicitud de la demandante

hubo traslado formal de dicha petición a la entidad, lo cual impide su intervención.

Sostiene que el fallo vulnera el debido proceso de Fonvivienda al imponerle una obligación jurídicamente imposible de cumplir, pues la solicitud de la demandante no fue presentada conforme a los requisitos de los artículos 15 y 16 de la Ley 1755 de 2015 ni dentro del ámbito de funciones del Fondo y en sentencia C-367 de 2014 la Corte Constitucional señala que "nadie está obligado a lo imposible".

Por lo anterior, solicita que se revoque el resolutivo 2.2 de la sentencia pues no es posible jurídicamente cumplir la orden impartida y las actuaciones de la empresa Las Ceibas son las que han generado la afectación alegada por la tutelante.Radicación: 41001-33-33-003-2025-00123-01 5

Accionante: LICETH LORENA SANDOVAL SALDAÑA

Accionada: FONVIVIENDA y O.

3. SEGUNDA INSTANCIA. CONSIDERACIONES.

3.1. Competencia, legitimación y validez.

La Corporación es competente para dirimir esta instancia de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, a lo que se procede pues no se avizoran circunstancias que invaliden lo actuado y las partes están legitimadas en causa, dado que la demandante atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales a las demandadas, a cuyo amparo se accede parcialmente por el juzgado, siendo impugnada por la accionada Fonvivienda, de ahí el interés en que se resuelva esta instancia.

3.2. Problema jurídico.

Se plantea al Tribunal resolver:

impugnada por la accionada Fonvivienda, de ahí el interés en que se resuelva esta instancia.

3.2. Problema jurídico.

Se plantea al Tribunal resolver:

3.2.1. Si debe revocar el fallo en cuanto FONVIVIENDA carece de competencia para asesorar a la demandante en torno al saneamiento jurídico o deudas de servicios públicos anteriores a la adjudicación, según el Decreto Ley 555 de 2003 que le asigna la asignación y formalización del subsidio en especie, sin facultades para intervenir en la entrega del inmueble

3.2.2. Si procede reformar el fallo de primera instancia, para amparar el derecho al agua potable, al saneamiento básico, a la salud y la vida digna , ordenando a la empresa prestadora del servicio público asegurar el acceso al agua potable , sin perjuicio de la actuación administrativa propiciada por la actora

La tesis del Tribunal es que el fallo impugnado debe adicionarse frente a FONVIVIENDA, en tanto se encuentra legitimada en la causa por pasiva y su deber institucional incluye garantizar que los inmuebles entregados mediante subsidio en especie cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad, incluyendo el saneamiento de obligaciones previas a la entrega.

De otro lado, debe modificarse la sentencia para ampliar el amparo constitucional en favor de la ac tora y su familia, ante la acreditada vulneración de sus derechos fundamentales al agua potable, a la salud, al saneamiento básico y a una vida dignaRadicación: 41001-33-33-003-2025-00123-01 6

Accionante: LICETH LORENA SANDOVAL SALDAÑA

Accionada: FONVIVIENDA y O.

Accionante: LICETH LORENA SANDOVAL SALDAÑA

Accionada: FONVIVIENDA y O.

y para el efecto ordenar la reconexión inmediata del servicio, sin exigir el pago de deudas ajenas ni condicionar la prestación del servicio a cargas excesivas.

Este planteamiento se fundamenta en el análisis de : a) la legitimación en la causa de la impugnante, b) el acceso al servicio de agua y, c) el caso concreto.

3.3. La legitimación en la causa por pasiva de Fonvivienda.

La acción de tutela es un instrumento procesal que tienen todas las personas en forma prevalente y sumaria, contra la acción u omisión de las autoridades o de los particulares que ejerzan funciones públicas y aun de los particulares en los casos de ley, cuando con ellas se vulnere o amenacen los derechos constitucional es fundamentales1.

Procede siempre que la persona no tenga otro mecanismo judicial de prote cción o los que existan sean ineficaces y , cuando a pesar de existir, no impiden que se produzca un perjuicio irremediable, como lo disponen los artículos 86 de la Carta Política y 13 del Decreto 2591 de 1991, siendo así que la Corte Constitucional ha señalado que están legitimadas en causa pasiva las autoridades llamadas a responder por la afectación de los derechos mencionados:

“Con base en lo anterior, la Corte ha establecido que la legitimación por pasiva en la acción de tutela, se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.2

de tutela, se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.2

Apreciado lo anterior se auscultará si la impugnante Fonvivienda cuenta con legitimación en causa y para ello se tiene que según el Decreto Ley 555 de 2003 se encuentra adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con personería jurídica, patrimonio propio, autono mía presupuestal y financiera; teniendo entre s us objetivos: consolidar el Sistema Nacional de Información de Vivienda y ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana, por eso dentro de sus funciones el artículo 3º le asigna:

“9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones

1 Artículo 5 Decreto 2591 de 1991. 2 Sentencia T-1077 de 2012 reiterada en la sentencia T-118 de 2015.Radicación: 41001-33-33-003-2025-00123-01 7

Accionante: LICETH LORENA SANDOVAL SALDAÑA

Accionada: FONVIVIENDA y O.

definidas por el Gobierno Nacional. Para el efecto, desarrollará a través de entidades públicas o privadas las siguientes actividades, entre otras:

9.1 Atender de manera continua la postulación de hogares para el subsidio familiar de vivienda, a través de contratos de encargo de gestión u otros mecanismos.

públicas o privadas las siguientes actividades, entre otras:

9.1 Atender de manera continua la postulación de hogares para el subsidio familiar de vivienda, a través de contratos de encargo de gestión u otros mecanismos.

9.2 Coordinar a las entidades encargadas de otorgar la elegibilidad de los proyectos de vivienda de interés de social, una vez seleccionadas por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los parámetros sobre elegibilidad que este establezca”.3

Además, el parágrafo 4 del artículo 2.1.1.4.1.2.1. del Decreto 1077 de 20154, señala que Fonvivienda definirá el número de subsidios familiares de vivienda a asignar , para aquellos hogares que cuenten con ingresos condicionados por dicha norma y podrá, mediante acto administrativo , optar por modificar el número de subsidios familiares para los segmentos respectivos (población beneficiada), sin afectar los que se encuentren efectivamente asignados y vigentes al momento de la expedición del acto de modificación.

Por su parte los artículos 2.1.1.2.1.1.2 y 2.1.1.2.1.1.1 Id., señalan como una de las modalidades de solución de vivienda, en el marco del programa de vivienda gratuita, la concerniente a entrega de subsidio familiar 100% de vivienda en especie (SFVE), destinada a hogares vulnerables, mediante identificación, postulación y asignación, priorizando grupos poblacionales según criterios sociales definidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS.

En ese contexto, de conformidad con el artículo 2.2.4.2.1.5.2 Id., Fonvivienda es la entidad encargada de ejecutar los macroproyectos de vivienda, incluida la asignación

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS.

En ese contexto, de conformidad con el artículo 2.2.4.2.1.5.2 Id., Fonvivienda es la entidad encargada de ejecutar los macroproyectos de vivienda, incluida la asignación de subsidios de interés social y puede hacerlo directamente o a través de entidades públicas o privadas, pudiendo contratar el manejo de los recursos mediante fiducia mercantil, encargo fiduciario, fondos fiduciarios o patrimonios autónomos ; figuras que permiten que Fonvivienda delegue la administración, ejecución y formalización de la transferencia de dominio a los beneficiarios, sin perder la responsabilidad sobre el cumplimiento de las condiciones definidas por el Gobierno Nacional para garantizar soluciones de vivienda dignas y habitables.

Adicionalmente, la entrega de una vivienda gratuita por parte del Estado debe cumplir con los estándares de habitabilidad definidos en el artículo 2.1.1.1.1.1.2 del citado decreto, o sea, tener condiciones sanitarias satisfactorias, calidad estructural

3 Art. 3, Id. 4 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.Radicación: 41001-33-33-003-2025-00123-01 8

Accionante: LICETH LORENA SANDOVAL SALDAÑA

Accionada: FONVIVIENDA y O.

y disponibilidad de servicios públicos o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro. En tal sentido, la falta de habitabilidad impide que se entreguen viviendas con deudas de servicios públicos causadas por ocupantes anteriores, pues ello limitaría la prestación efectiva del servicio. Así, el subsidio estatal debe materializarse en una

En tal sentido, la falta de habitabilidad impide que se entreguen viviendas con deudas de servicios públicos causadas por ocupantes anteriores, pues ello limitaría la prestación efectiva del servicio. Así, el subsidio estatal debe materializarse en una vivienda habitable, libre de cargas y plenamente funcional.

Esto se refuerza con lo establecido en el literal b) del artículo 2.1.1.1.3.7.1 dispone:

“b) La entidad propietaria del inmueble deberá transferirlo a paz y salvo por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, valorizaciones nacionales, departamentales o municipales causados con anterioridad a la transferencia del bien, y libre de gravámenes, limitaciones al dominio, querellas o litigios pendientes, contratos, ocupaciones de terceros y en general de cualquier situación que impida o limite el ejercicio pleno y exclusivo del derecho de dominio sobre el inmueble que será objeto de transferencia , situaciones todas estas que deberá verificar el Patrimonio Autónomo Derivado (PAD) y que deberá acreditar ante el Fondo Nacional de Vivienda y el Patrimonio Autónomo Matriz (PAM)”.

En este caso la demanda y el informe rendido por Fonvivienda (archivo 006 Samai), acreditan que la vivienda adjudicada a la ac tora corresponde al proyecto Portal de San Luis II, desarrollado bajo el esquema público a través d el fideicomiso PVG administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. En tal modalidad, las obligaciones previas a la entrega, como impuestos y servicios públicos, son responsabilidad del fideicomiso, como expresamente lo señala la referida accionada en dicho informe:

“Una vez realizado el proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie,

la entrega, como impuestos y servicios públicos, son responsabilidad del fideicomiso, como expresamente lo señala la referida accionada en dicho informe:

“Una vez realizado el proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, se procede a efectuar la escrituración y entrega al hogar beneficiario, para que desde la fecha de entrega del inmueble se haga responsable del mismo, lo que incluye las obligaciones relacionadas con los servicios públicos e impuestos municipales. Para este caso dado que la vivienda se desarrolló bajo el esquema de ejecución PÚBLICO, con anterioridad a la entrega de la vivienda las obligaciones relacionadas con los servicios públicos e impuestos estarían a cargo del Fideicomiso PVG”. (Subrayas propias).

En esas condiciones, antes de asignarse el subsidio en especie a la actora Liceth Lorena Sandoval Saldaña, la vivienda fue adjudicada inicialmente a Edixon Collazos Proaños quien renunció voluntariamente a la misma según resolución No. 1333 del 22 de agosto de 2017 y luego, fue reasignada a Alirio Suárez Hernández, quien también renunció, según resolución No. 1807 de 2018 , empero durante el tiempo de ser titulares hicieron uso del bien y de los servicios públicos domiciliarios sin haber cancelado los consumos respectivos, como se colige de la factura emitida por Las Ceibas ESP.Radicación: 41001-33-33-003-2025-00123-01 9

Accionante: LICETH LORENA SANDOVAL SALDAÑA

Accionada: FONVIVIENDA y O.

Estas renuncias permitieron que la actora, ubicada en el renglón 5 de la Lista de Espera No. 125 de 2014, fuera seleccionada como beneficiaria del proyecto

Accionada: FONVIVIENDA y O.

Estas renuncias permitieron que la actora, ubicada en el renglón 5 de la Lista de Espera No. 125 de 2014, fuera seleccionada como beneficiaria del proyecto Desarrollo Urbano IV Centenario – Fase 4, bajo el esquema público, conforme a la Resolución No. 1894 del 22 de septiembre de 2022, emitida por la autoridad competente y para el efecto Fonvivienda por conducto de l Fideicomiso PVG debió verificar que esa nueva adjudicación contara con los servicios públicos domiciliarios debidamente cancelados en sus consumos , conforme lo indicara en el informe rendido en esta instancia (Archivo 6 Samai 2ª inst.).

No obstante, la vivienda fue entregada con deudas en el servicio público de agua , lo cual contraviene las condiciones de habitabilidad exigidas por el Decreto 1077 de 2015, por eso Fonvivienda como entidad encargada de asignar subsidios y garantizar que la transferencia de dominio se realice libre de cargas, conserva legitimación en la causa por pasiva.

Su responsabilidad incluye verificar que el inmueble cumpla con los requisitos legales antes de la entrega, especialmente en proyectos ejecutados bajo el esquema público, donde dichas obligaciones recaen en el Fideicomiso PVG y por ello no hay lugar a acoger sus argumentos de impugnación tendentes precisamente a desconocer dicha legitimación.

En esa medida se debe adicionar la sentencia impugnada para disponer que Fonvivienda gestione ante el Fideicomiso PVG el saneamiento de los servicios públicos del inmueble adjudicado como subsidio en especie a la actora.

3.4. Acceso al servicio de agua.

Fonvivienda gestione ante el Fideicomiso PVG el saneamiento de los servicios públicos del inmueble adjudicado como subsidio en especie a la actora.

3.4. Acceso al servicio de agua.

El derecho al agua potable, en tanto presupuesto ineludible del derecho a la salud, la vida digna, la vivienda y el saneamiento básico, ha sido reconocido por la Corte Constitucional como un derecho fundamental autónomo de quienes se hallen en condiciones de especial vulnerabilidad, en la sentencia T-401 de 2022 donde señala que este derecho debe garantizarse incluso por encima de consideraciones meramente económicas o contractuales, cuando se trate de proteger la vida, la salud y la dignidad de personas en condición de debilidad manifiesta.Radicación: 41001-33-33-003-2025-00123-01 10

Accionante: LICETH LORENA SANDOVAL SALDAÑA

Accionada: FONVIVIENDA y O.

En la misma oportunidad, la Corte sostuvo que toda persona tiene derecho a recibir una cantidad mínima diaria de agua potable , indispensable para garantizar condiciones básicas de salud, higiene, alimentación y vida digna y que, según estándares de la Organización Mundial de la Salud, este mínimo debe ser de al menos cincuenta litros al día por persona, para lo cual la empresa de servicios públicos puede valerse incluso de herramientas tecnológicas que dosifiquen el líquido. La omisión de suministro por parte de la empresa constituye una vulneración directa a las citadas garantías, especialmente cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad, comprometiendo gravemente el deber estatal de protección.

Asimismo, expuso dicha Corporación en la sentencia T-616 de 2010, que el principio

directa a las citadas garantías, especialmente cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad, comprometiendo gravemente el deber estatal de protección.

Asimismo, expuso dicha Corporación en la sentencia T-616 de 2010, que el principio de solidaridad y el deber de garantizar condiciones mínimas de existencia obligan a las empresas prestadoras del servicio público de acueducto a asegurar el acceso efectivo al agua para consumo humano, especialmente cuando la carencia del servicio afecta a personas en situación de vulnerabilidad , advirtiendo que exigir al usuario la construcción de redes locales o el cumplimiento de trámites técnicos complejos, sin orientación ni acompañamiento, implica una carga desproporcionada que vulnera su derecho fundamental al agua. Por tanto, deben adoptarse medidas razonables que no hagan imposible el acceso a este servicio básico.

3.5. Caso concreto.

Está probado que la señora Liceth Lorena Sandoval Saldaña es beneficiaria del programa de vivienda gratuita del Estado, al habérsele asignado un subsidio del 100% en especie con resolución No. 1984 del 22 de septiembre de 2022, expedida por Fonvivienda (f. 10 a 13, archivo 6, Samai 2ª inst.) el cual se materializó con la adjudicación del apartamento 401 de la torre 21, del conjunto Bosques de San Luis, proyecto IV Centenario, Fase 4, de la ciudad de Neiva, mediante a la resolución No. 0012 del 14 de febrero de 2024.

Allí, se ordena cancelar la inscripción del anterior titular, Alirio Suárez Hernández, por renuncia voluntaria e inscribir a la actora como nueva titular del inmueble, hecho

0012 del 14 de febrero de 2024.

Allí, se ordena cancelar la inscripción del anterior titular, Alirio Suárez Hernández, por renuncia voluntaria e inscribir a la actora como nueva titular del inmueble, hecho registrado en el FMI No. 200-240068, en la anotación No. 11 del 16 de abril de 2024 (f. 13, archivo 8 Id.).Radicación: 41001-33-33-003-2025-00123-01 11

Accionante: LICETH LORENA SANDOVAL SALDAÑA

Accionada: FONVIVIENDA y O.

Asimismo, se acredita que la accionante ostenta la condición de madre cabeza de hogar, circunstancia reconocida en la resolución No. 0012 del 14 de febrero de 2024 en donde se identifican como sus hijos a Danny Sofía Giraldo Sandoval y Jorman Santiago Pérez Sandoval, ambos menores de edad, según lo registrado en el mismo acto administrativo y así, se evidencia que la actora es sujeto de especial protección constitucional en el sistema jurídico colombiano.

Del mismo modo, se demuestra que la demandante recibió material mente el inmueble el 6 de junio de 2024, según el acta suscrita con intervención de la Defensoría del Pueblo – Huila, la Alcaldía de Neiva y la Policía Nacional (f. 11 y 12, archivo 1, Samai 1ª inst.).

Aunque en el documento se indica que se recibe a entera satisfacción, lo cierto es que fue entregado sin el servicio de agua según el oficio del 26 de mayo de 2025 expedido por Las Ceibas E.S.P., donde se informa que la deuda se viene cobrando

Aunque en el documento se indica que se recibe a entera satisfacción, lo cierto es que fue entregado sin el servicio de agua según el oficio del 26 de mayo de 2025 expedido por Las Ceibas E.S.P., donde se informa que la deuda se viene cobrando al anterior ocupante, pero advierte la solidaridad legal del nuevo propietario frente al contrato de servicios públicos, conforme al artículo 130 de la Ley 142 de 1994, relativo a la solidaridad legal entre propietario, suscriptor y usuario.

La deuda mencionada corresponde al consumo de agua potable causado por el anterior propietario del inmueble, conforme a la factura No. 55344469 del 15 de mayo de 2025 por $1'067.000 (f. 17, archivo 1, Samai 1ª inst.) que refleja una mora acumulada de 43 meses (equivalente a 3 años y 7 meses, o sea, desde octubre de 2021) de manera que la adjudicación a la actora se surtió sin que se verificara su habitabilidad plena al no contar con el disfrute de los servicios públicos domiciliarios.

Esta obligación, no corresponde mayormente a la accionante, pues recibió el predio el 2 de junio de 2024 y los consumos anteriores corresponden a quien le antecedió en la propiedad y dieron lugar a la suspensión del servicio de agua en el inmueble entregado a la actora, sin que se conozca la fecha exacta de corte, situación que aún persiste y cuya reconexión fue condicionada por Las Ceibas E.S.P. a la suscripción de un acuerdo de pago.

La mentada empresa, se limitó en el presente trámite a señalar el haber brindado respuesta a la solicitud de cambio de titular del servicio y de reconexión del servicio

suscripción de un acuerdo de pago.

La mentada empresa, se limitó en el presente trámite a señalar el haber brindado respuesta a la solicitud de cambio de titular del servicio y de reconexión del servicio presentada por la actora (archivo 9 Samai 1ª Inst.), sin acreditar su notificación enRadicación: 41001-33-33-003-2025-00123-01 12

Accionante: LICETH LORENA SANDOVAL SALDAÑA

Accionada: FONVIVIENDA y O.

debida forma a la peticionaria conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, al haber omitido indicar lo