TA HUI - Sentencia 41001-33-33-004-2014-00765-01 (05-08-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Neiva, cinco (5) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO Radicación : 41001-33-33-004-2014-00765-01

Medio de Control : REPARACIÓN DIRECTA

Demandante : LEANDRO VALENCIA CASTAÑEDA Y O.

Demandado : NACIÓN-MINDEFENSA-POLICÍA NACIONAL Sentencia No. : 03-08-158-25/RD-20-2-20

Acta No. : 70 DE LA FECHA

1. ASUNTO.

Se decide el recurso de apelación de la parte demandada contra la sentencia del 27 de febrero de 2019 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva.

2. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA

2.1. Posición de la Parte Actora (f. 1 a 23 y 201 a 243 c. ppal.).

2.1.1. Los señores Leandro Valencia Castañeda, Franz Norberto Carvajal Gasca, Roger Mauricio Ramos Sánchez y sus respectivos familiares, interponen el medio de control de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de DefensaPolicía Nacional , pretendiendo que se a declarada responsable administrativamente y se le condene al pago de los perjuicios materiales, a la salud y morales ocasionados , los cuales derivan de las graves lesiones a la integridad personal sufridas por dichos ciudadanos en hechos d el 25 de febrero de 2013, durante el “paro cafetero” campesino en la vereda Majo del municipio

salud y morales ocasionados , los cuales derivan de las graves lesiones a la integridad personal sufridas por dichos ciudadanos en hechos d el 25 de febrero de 2013, durante el “paro cafetero” campesino en la vereda Majo del municipio de Garzón, Huila, a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD).

2.1.2. Los hechos refieren que en el marco del paro nacional cafetero iniciado el 25 de febrero de 2013, originado por la grave crisis económica que enfrentaban más de 500.000 familias caficultoras debido a la caída sostenida del precio internacional del café, la devaluació n del dólar, el encarecimiento de insumos agrícolas y la ausencia de medidas estatales eficaces, múltiples productoresRADICACIÓN: 41001-33-33-004-2014-00765-01

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rurales se movilizaron en todo el país, ejerciendo su derecho constitucional a la protesta pacífica.

En el departamento del Huila, una de las concentraciones más representativas se dio en la vereda Majo del municipio de Garzón, donde un grupo de campesinos se encontraba reunido sin ejercer actos violentos ni bloquear vías, entre ellos, los demandantes Leandro Valencia Castañeda, Franz Norberto Carvajal Gasca y Roger Mauricio Ramos Sánchez, pese a ello, resultaron gravemente heridos como consecuencia del uso desproporcionado, indebido y directo de explosivos y armas

demandantes Leandro Valencia Castañeda, Franz Norberto Carvajal Gasca y Roger Mauricio Ramos Sánchez, pese a ello, resultaron gravemente heridos como consecuencia del uso desproporcionado, indebido y directo de explosivos y armas de letalidad reducida por parte de miembros del ESMAD, quienes intervinieron de manera sorpresiva y represiva en la manifestación.

Leandro Valencia Castañeda sufre una herida penetrante en abdomen y fosa ilíaca izquierda con evisceración, ocasionada por el disparo de un fusil lanza granadas a quemarropa, hecho que comprometió gravemente su integridad física y puso en riesgo su vida.

Franz Norberto Carvajal Gasca al intentar protegerse de un artefacto explosivo lanzado hacia el grupo de manifestantes, result a con amputación traumática de varios dedos de su mano derecha, lesión que le produjo secuelas funcionales permanentes.

Y Roger Mauricio Ramos Sánchez, resulta impactado por un proyectil no letal en su ojo derecho, lo que le gener a un trauma ocular severo y pérdida total de la visión en dicho órgano.

Tras estos acontecimientos, los tres campesinos fueron trasladados de urgencia al Hospital San Vicente de Paúl de Garzón y posteriormente remitidos al Hospital Universitario de Neiva, donde recibieron atención médica especializada . Las secuelas en su estado de salud fueron calificadas como graves y permanentes.

Sostienen que estas lesiones no fueron producto de una confrontación violenta, sino como resultado de una intervención injustificada, desproporcionada y contraria a derecho, violatoria de los protocolos policiales contenidos en la resolución 03514 de 2009 y demás normas sobre uso gradual, diferenciado y

sino como resultado de una intervención injustificada, desproporcionada y contraria a derecho, violatoria de los protocolos policiales contenidos en la resolución 03514 de 2009 y demás normas sobre uso gradual, diferenciado y excepcional de la fuerza.RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2014-00765-01

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Además, denuncian que las armas supuestamente no letales fueron empleadas de forma directa sobre el cuerpo de los mencionados, sin respetar las distancias mínimas ni los principios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad, convirtiéndose en medios lesivos que ocasionaron graves daños físicos y morales.

En suma, atribuyen los perjuicios a la conducta desplegada por los miembros del ESMAD, donde les fueron vulnerados los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la protesta pacífica y el debido uso de la fuerza por parte del Estado, configurándose una falla del servicio y/o un riesgo excepcional imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

2.1.3. En los fundamentos de derecho exponen que los hechos narrados configuran una responsabilidad estatal por falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional, pues la demandada como autoridad encargada de proteger la seguridad y los derechos de los ciudadanos, incurrió en un exceso y abuso de poder, lo cual viola directamente lo establecido en la Constitución Política en los

riesgo excepcional, pues la demandada como autoridad encargada de proteger la seguridad y los derechos de los ciudadanos, incurrió en un exceso y abuso de poder, lo cual viola directamente lo establecido en la Constitución Política en los artículos 2, 6, 12, 90 y 217, que imponen el deber del Estado de proteger la vida, la honra y los bienes de las personas y establece la res ponsabilidad patrimonial por daños antijurídicos causados por acción u omisión de sus agentes.

Además, citan los "Criterios para el empleo de armas no letales" de julio de 2009 de la Policía Nacional, que enfatizan la necesidad de evitar el uso desmedido de la fuerza y de optar siempre por los medios que causen menos daño y recuerda la distinción entre fuerza (legal y necesaria) y violencia (ilegal y dañina), afirmando que lo ocurrido fue violencia policial.

Agrega que, el Consejo de Estado ha establecido el deber reforzado del Estado de proteger a las personas frente a riesgos prohibidos y ha condenado la desproporción en el uso de la fuerza pública, calificándola como falla del servicio1 y el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca en sentencia del 4 de octubre de 2011, con ponencia de la magistrada Carmen Amparo Ponce Delgado (no cita referencia), ha señalado en un caso similar al presente, que la actuación del

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, consejero ponente: Enrique Gil Botero, sentencia del veintidós (22) de junio de dos mil once (2011), radicación número: 050011 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, consejero ponente: Enrique Gil Botero, sentencia del veintidós (22) de junio de dos mil once (2011), radicación número: 0500123-25-000-1995-00048-01(20716).RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2014-00765-01

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ESMAD, aunque comienza lícitamente, puede derivar en uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes desarmados, configurando la falla del servicio.

2.1.4. Al alegar de conclusión (f. 695 a 721 Id. ) itera lo expuesto en la demanda y agrega que en el paro cafetero del 25 de febrero de 2013 en la vereda Majo (Garzón, Huila), el ESMAD actuó sin observar los protocolos establecidos en la resolución 03514 de 2009, especialmente en lo relacionado con la coordinación previa con el Ministerio Público , de ahí que l a Procuraduría Provincial de Garzón y la Personería Municipal certificaron que no fueron citadas como garantes o veedoras antes del operativo , por eso, con posterioridad o ficiaron para alertar sobre el uso excesivo de la fuerza, solicitando detener los desalojos violentos ante la presencia de población vulnerable.

Diversos testigos ( José Libardo Páramo Parra, Miller Urriago Penagos, Obeimar Moncayo Quiñónez, Leonardo Fabio Hernández Merchán, Juan José Gonz áles

la presencia de población vulnerable.

Diversos testigos ( José Libardo Páramo Parra, Miller Urriago Penagos, Obeimar Moncayo Quiñónez, Leonardo Fabio Hernández Merchán, Juan José Gonz áles Gonzáles, Carlos Julio Mahecha Fernández, Nolberto Cortés Arana y Héctor Fabio Rojas Oviedo) coinciden en que el ataque fue sorpresivo, sin advertencia previa, cuando los campesinos apenas organizaban su campamento, sin bloquear vías ni portar armas y el ESMAD disparó a corta distancia , directamente contra las personas, contraviniendo las reglas del uso progresivo de la fuerza previstas en el manual policial.

Agregan que, el comandante del departamento de Policía Huila certificó en oficio del 7 de junio de 2013 que el oficial al mando del operativo en mención fue el mayor Peter Deiby Agudelo Mayorga y en el informe ejecutivo de la Policía Nacional (no cita fecha) se reconoce el uso de 25 granadas C3, 10 Sting Ball y 28 cartuchos de 37 mm, lo que identifica tanto el agente estatal involucrado y la intervención policial de gran intensidad.

En cuanto a las víctimas directas, refiere que la historia clínica de Leandro constata que sufrió una grave herida en el abdomen por impacto a corta distancia, con exposición de vísceras, requiriendo múltiples cirugías y una hospitalización prolongada. Medicina Legal concluyó que presentaba una deformidad permanente y secuelas graves, mientras la Junta de Calificación de Invalidez fijó una pérdida de capacidad laboral del 31,02%.RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2014-00765-01

y secuelas graves, mientras la Junta de Calificación de Invalidez fijó una pérdida de capacidad laboral del 31,02%.RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2014-00765-01

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Por su parte, Franz fue atendido inicialmente por una lesión en la mano derecha que resultó en la amputación de varios dedos, atribuida a la explosión de un artefacto. Medicina Legal diagnosticó una perturbación funcional permanente en el miembro superior y la Junta de Calificación determinó una pérdida de capacidad laboral del 41,45%.

Y en cuanto a Roger, quien recibió un impacto en el ojo derecho que derivó en pérdida de visión y daño permanente , requiriendo tratamiento oftalmológico especializado, según los dictámenes periciales, presenta afectación irreversible del órgano de la visión. La Junta de Calificación estimó su pérdida de capacidad laboral en el 20,95%.

Se concluye que deben prosperar las pretensiones, ya que fueron víctimas de un uso desproporcionado e injustificado de la fuerza por parte del ESMAD, sin observar los protocolos legales exigidos para este tipo de intervenciones , configurando un daño antijurídico imputable a la Nación al amparo del artículo 90 de la Constitución Política.

2.2. Posición de la parte demandada (f. 234 a 243 Id.).

2.2.1. Se opone a las pretensiones por considerar que carecen de fundamento

de la Constitución Política.

2.2. Posición de la parte demandada (f. 234 a 243 Id.).

2.2.1. Se opone a las pretensiones por considerar que carecen de fundamento jurídico, fáctico y probatorio ni se acredita la responsabilidad del Estado y tampoco la ocurrencia de los daños reclamados.

2.2.2. Sobre los hechos en términos generales refiere que le constan los relacionados con las manifestaciones campesinas, pero niega que el ESMAD sea responsable de las lesiones o daños, atribuyéndolos a artefactos explosivos artesanales usados por los manifestantes y sus agentes actuaron conforme a los protocolos, rechazando acusaciones de fuerza excesiva y sugiriendo que las protestas fueron una fachada para actos violentos , asimismo, admite algunos trámites administrativos y respuestas institucionales , pero descarta las acusaciones por considerarlas simples apreciaciones de la parte actora.

2.2.3. Presenta las siguientes excepciones:RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2014-00765-01

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a. Culpa exclusiva de la víctima: argumenta que las lesiones reclamadas fueron consecuencia directa de la conducta de los manifestantes, quienes participaron activamente en actos violentos, portaban machetes, piedras y explosivos artesanales. Se reitera que n o hay prueba de que el daño fuera causado por el ESMAD.

consecuencia directa de la conducta de los manifestantes, quienes participaron activamente en actos violentos, portaban machetes, piedras y explosivos artesanales. Se reitera que n o hay prueba de que el daño fuera causado por el ESMAD.

b. Inexistencia del nexo causal: sostiene que no hay vínculo entre la actuación de la entidad y las lesiones reclamadas. El daño, si existió, fue generado por terceros (manifestantes) y no por agentes estatales , por lo tanto, no se cumplen los tres elementos para imputar responsabilidad estatal: hecho, daño y nexo.

c. Cumplimiento de un deber legal : los agentes estatales actuaron en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, de conformidad con el Decreto 1355 de 1970 y los procedimientos se realizaron bajo protocolos y coordinación con otras entidades (ICBF, Defensoría, Procuraduría, etc.).

2.2.4. En las razones de defensa expone que la parte demandante no ha logrado probar la responsabilidad de la Policía Nacional , destacando que el presente asunto debe ser estudiado bajo el régimen de responsabilidad de "falla probada", donde los demandantes deben demostrar la ocurrencia del hecho, la existencia del daño y la relación de causalidad.

Se sostiene que las pruebas presentadas por los demandantes (fotografías, videos, recortes de prensa) son insuficientes y carecen de valor probatorio por sí mismas para demostrar una mala actuación policial o que las lesiones fueron causadas por el ESMAD ya que los uniformados actuaron de manera lícita y las noticias periodísticas no constituyen prueba testimonial.

Enfatiza en que sus acciones fueron legítimas y coordinadas con otras entidades

causadas por el ESMAD ya que los uniformados actuaron de manera lícita y las noticias periodísticas no constituyen prueba testimonial.

Enfatiza en que sus acciones fueron legítimas y coordinadas con otras entidades y los manifestantes no actuaron pacíficamente, sino que estaban armados y lesionaron a policías, transgrediendo el derecho a la manifestación pacífica, de lo que da cuenta un informe de la secretaría de salud departamental <sic> que reporta 11 policías y 10 civiles con traumas, al igual que informes de inteligencia policial sobre la intervención de grupos armados ilegales (FARC) y el uso de objetos peligrosos por parte de los manifestantes, lo que causó serias lesiones a los uniformados.RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2014-00765-01

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Finalmente, sugiere que las lesiones de los demandantes pudieron ser causadas por los propios manifestantes debido a la manipulación de explosivos por parte de ellos mismos.

2.2.5. Al alegar de conclusión (f. 720 a 721) refiere que las lesiones de las víctimas no son compatibles con armas de uso oficial, resaltando que no se puede dejar de lado que la Policía Nacional ha establecido que los manifestantes portaban armas de fabricación artesanal , hechas con tuercas, vidrios y demás elementos idóneos para generar graves lesiones e insiste en el hecho de un tercero y cita la sentencia del 27 de noviembre de 2003 del Consejo de Estado 2

portaban armas de fabricación artesanal , hechas con tuercas, vidrios y demás elementos idóneos para generar graves lesiones e insiste en el hecho de un tercero y cita la sentencia del 27 de noviembre de 2003 del Consejo de Estado 2 donde se esboza dicho aspecto como eximente de responsabilidad.

2.3. Posición del ministerio público.

Guardó silencio a lo largo del proceso.

2.4. La sentencia de primera instancia (f. 728 a 791 Id.).

2.4.1. El Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva profiere sentencia el 27 de febrero de 2019 donde declara no probadas las excepciones (resolutivo 1°) y la responsabilidad patrimonial de la demandada por las lesiones acaecidas a los demandantes (resolutivo 2°), condenar a la entidad a pagar a las víctimas directas e indirectas los perjuicios morales, materiales y a la salud (resolutivo 3°), niega las pretensiones para la señora Nohemí Pérez Pérez (resolutivo 4°) , ordena la expedición de copias del fallo únicamente a quienes fueron partes en el proceso (resolutivo 5°), dispone cumplir del fallo conforme a los artículos 171, 187, 192 y 195 del CPACA (resolutivo 6°) y se abstiene de condenar en costas (resolutivo 7°).

2.4.2. Para llegar a tal conclusión, plantea como problema jurídico establecer si se encuentra demostrada una falla del servicio o algún otro régimen de imputación que permita atribuir responsabilidad extracontractual a la demandada

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2003, radicación 73001si se encuentra demostrada una falla del servicio o algún otro régimen de imputación que permita atribuir responsabilidad extracontractual a la demandada

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2003, radicación 7300123-31-000-1995-02951-01.RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2014-00765-01

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por los daños causados a los demandantes durante el paro cafetero del 25 de febrero de 2013 o si, por el contrario, existe una causal ex imente por culpa exclusiva de la víctima o cumplimiento del deber legal y, en caso de establecerse la responsabilidad, si procede reconocer los perjuicios materiales, morales y a la salud alegados en la demanda.

2.4.3. Seguidamente, se refiere a l marco jurídico de la responsabilidad extracontractual del Estado por riesgo excepcional, conforme al artículo 90 de la Constitución y a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, la cual sostiene que cuando se causan daños con armas de dotación oficial, una vez probado el daño, la acción estatal y el nexo causal, procede la condena, salvo prueba de causa extraña como fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero; sin embargo, pone de presente que, si en el proceso se acredita una falla del servicio por uso excesivo o desproporcionado de la fuerza, debe preferirse este título subjetivo para declarar la responsabilidad.

sin embargo, pone de presente que, si en el proceso se acredita una falla del servicio por uso excesivo o desproporcionado de la fuerza, debe preferirse este título subjetivo para declarar la responsabilidad.

Adicionalmente, se refiere al derecho a la libre asociación y manifestación pública, consagrado en el artículo 37 de la Constitución, sobre el cual la Corte Constitucional ha destacado su valor democrático, pero advierte que pierde protección cuando se torna violento o altera el orden público, exigiendo restricciones razonables y proporcionales3.

Por otra parte, señala que, según la Organización de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, el uso de la fuerza oficial conlleva la obligación de proteger los derechos sin vulnerar la dignidad humana, de manera que debe regirse por principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, siendo un último recurso y la legítima defensa solo se admite si está plenamente probada, a fin de prevenir daños antijurídicos a terceros.

2.4.4. En torno al daño antijurídico, refiere que se encuentra acreditado a partir de las graves lesiones sufridas por los demandantes en el paro cafetero del 25 de febrero de 2013 en Garzón (Huila):

3 Corte Constitucional, sentencias C-742/2012, C-009/1992, C-127/1993 y C-456/1997RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2014-00765-01

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1. Leandro Valencia sufrió heridas abdominales por explosivos que le causaron una pérdida de capacidad laboral del 31,02 %.

1. Franz Carvajal resultó con amputación traumática de los dedos de la mano derecha, con pérdida de capacidad laboral del 41,45 %.

1. Roger Ramos sufrió trauma ocular severo, que derivó en disminución visual y discapacidad del 20,95 %.

Señala que todos los diagnósticos y secuelas fueron respaldados con las historias clínicas, dictámenes de juntas de calificación de invalidez y peritajes forenses, los cuales prueban la ocurrencia del daño y su carácter permanente, constituyendo así un daño antijurídico conforme al artículo 90 de la Constitución Política, lo cual satisface el primer elemento de la responsabilidad estatal.

2.4.5. Frente a la imputación del daño y nexo de causalidad , el juzgado comienza señalando que en el contexto de dicho paro cafetero, resultaron heridos los demandantes, quienes si bien afirman que fueron atacados por miembros del ESMAD sin previo aviso y mientras se encontraban fuera de la vía preparando alimentos, según los t estimonios de José Libardo Páramo, Norberto Cortés y Héctor Fabio Rojas quienes coinciden en señalar que no hubo enfrentamientos con la fuerza pública y no portaban armas, siendo el ESMAD quien hizo uso de explosivos a corta distancia , pero la versión del testigo Juan José González es

Héctor Fabio Rojas quienes coinciden en señalar que no hubo enfrentamientos con la fuerza pública y no portaban armas, siendo el ESMAD quien hizo uso de explosivos a corta distancia , pero la versión del testigo Juan José González es contraria pues reconoce que en ese momento sí existía un bloqueo de la vía por los manifestantes.

Al analizar la prueba documental, indica la juez que la bitácora de la Policía Judicial, informes del ESMAD, Procuraduría y Personería, así como registros del Puesto de Mando Unificado, evidencian que la vía en Jagualito estaba efectivamente taponada con árboles, llantas y carrotanques y se evidenció el uso de bombas molotov por parte de algunos manifestantes , por lo cual intervino el ESMAD.

No obstante, aunque la intervención se sustentó en normas constitucionales (Art. 218 CP), legales (Art. 124 del Decreto 1355/1970) y reglamentarias (ResolucionesRADICACIÓN: 41001-33-33-004-2014-00765-01

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05316/2008 y 03514/2009), se verificó que el ESMAD incumplió directrices esenciales sobre el uso racional y proporcional de la fuerza pues:

• Se emplearon cartuchos de impacto controlado (stinger ) por debajo de la distancia mínima exigida (18 metros). • Las lesiones (evisceración, amputaciones en miembros superiores , daño ocular) demuestran impactos en zonas no permitidas (parte superior del cuerpo).

distancia mínima exigida (18 metros). • Las lesiones (evisceración, amputaciones en miembros superiores , daño ocular) demuestran impactos en zonas no permitidas (parte superior del cuerpo). • No hubo acompañamiento del Ministerio Público durante el procedimiento, lo cual vulnera el principio de legalidad y el deber de control externo.

En consecuencia, se presentó la falla del servicio y no se acreditan eximentes de responsabilidad, específicamente, no se probó la culpa exclusiva de las víctimas ni el rompimiento del nexo causal, pues, aunque se menciona el uso de bombas artesanales, no existe evidencia que vincule a los demandantes con su manipulación y los p eritajes médicos confirmaron que las lesiones fueron compatibles con el uso incorrecto de proyectiles de impacto por parte del ESMAD.

Por lo tanto, considera acreditado un uso inadecuado y desproporcionado de armas de letalidad reducida por parte del ESMAD, lo que, unido a la omisión en la solicitud de acompañamiento del Ministerio Público, compromete la responsabilidad estatal por la vulneración de derechos fundamentales, en especial el derecho a la integridad física en el marco del ejercicio de la protesta social.

2.5. Perjuicios.

Finalmente, procede la tasación de los perjuicios, citando jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el lucro cesante4, donde se aplica la presunción de un salario mínimo legal vigente al momento de la sentencia si los ingresos no son determinables, calculando el monto sobre el porcentaje de pérdida de capacidad

4 Consejo de Estado, Sección Tercera. (2015, 22 de abril). Sentencia de Unificación CE -SUJ-3determinables, calculando el monto sobre el porcentaje de pérdida de capacidad

4 Consejo de Estado, Sección Tercera. (2015, 22 de abril). Sentencia de Unificación CE -SUJ-3001 de 2015; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. (2016, 16 de mayo). Sentencia sobre Reconocimiento de Valores en Lesiones. Radicación: 6800123 15 000 1998 00948 01 (30520).RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2014-00765-01

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laboral, con un 25% adicional por prestaciones y una deducción del 25% por gastos propios, usando fórmulas de valor presente.

Sobre los perjuicios morales5 refiere que se tasan según la cercanía afectiva y la gravedad de la lesión, siguiendo una tabla de niveles de SMLMV y el daño a la salud6 lo reconoce exclusivamente a las víctimas directas con tope de 100 SMLMV, considerando la afectación psicofísica y funcional.

A continuación, detalla los perjuicios reconocidos para Leandro Valencia Castañeda, Franz Norberto Carvajal Gasca y Roger Mauricio Ramos Sánchez, así como para sus respectivos grupos familiares en condición de víctimas indirectas, los cuales asigna a cargo de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, así:

2.5.1. Grupo familiar de Leandro Valencia Castañeda.

Para Leandro Valencia Castañeda, indica que se trata de un cafetero, sufrió una

los cuales asigna a cargo de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, así:

2.5.1. Grupo familiar de Leandro Valencia Castañeda.

Para Leandro Valencia Castañeda, indica que se trata de un cafetero, sufrió una laparotomía exploratoria, una hernia ventral y una fractura de ilíaco, resultando en una deformidad física permanente y una pérdida del 31.02% de su capacidad laboral.

2.5.1.1. Perjuicios morales: $455’.463.800.

Expone que la gravedad de las lesiones (perforación de abdomen y vísceras, sangrado profuso, sepsis, cirugía de urgencia) justificó el reconocimiento del nivel máximo de indemnización, así:

No Nombre Calidad Monto SMLMV Total 1 Leandro Valencia Castañeda víctima directa 100 $82.811.600

5 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. (2014, 28 de agosto). Sentencia de Unificación sobre Reparación de Perjuicios Inmateriales. Radicación No. 66001-23-31-000-200100731-01 (26251); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. (2016, 16 de mayo). Sentencia sobre Reconocimiento de Valores en Lesiones. Radicación: 6800123 15 000 1998 00948 01 (30520). 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. (2014, 28 de agosto). Sentencia de Unificación Jurisprudencial sobre Daño a la Salud. Expedientes 31170 y 28832.RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2014-00765-01

agosto). Sentencia de Unificación Jurisprudencial sobre Daño a la Salud. Expedientes 31170 y 28832.RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2014-00765-01

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2 Cruz Ana Castañeda de Valencia madre 100 $82.811.600 3 Marco Aurelio Valencia Castañeda padre 100 $82.811.600 4 Luz Dary Valencia Castañeda hermana 50 $41.405.800 5 Marco Fidel Valencia Castañeda hermano 50 $41.405.800 6 Carmen Rosa Valencia Castañeda hermana 50 $41.405.800 7 Cruz Ana Valencia Castañeda hermana 50 $41.405.800 8 Yolima Valencia Castañeda hermana 50 $41.405.800

TOTAL 550 $455’463.800

2.5.1.2. Perjuicios materiales: $71’257.180.

2.5.1.2.1. Lucro cesante consolidado: reconocido a la víctima directa, cubre el período del 25 de febrero de 2013 al 13 de febrero de 2019 (71 meses y 19 días). La base de liquidación la establece en $256.881 (31.02% del SMLMV, ajustado con un incremento del 25% por prestaciones sociales y una deducción del 25% por gastos de sostenimiento propio) , reconociendo el m onto de $21’792.747.

2.5.1.2.2 Lucro cesante futuro: comprende desde el 13 de febrero de 2019

del 25% por gastos de sostenimiento propio) , reconociendo el m onto de $21’792.747.

2.5.1.2.2 Lucro cesante futuro: comprende desde el 13 de febrero de 2019 hasta el fin de su vida probable. El demandante tenía 52 años, 10 meses y 22 días al momento de los hechos (aproximado a 53 años), con una vida probable de 47.5 años (570 meses). La misma base de liquidación ($256.88 1) se utiliz a para este cálculo, reconociendo el monto de $49’464.433.

2.5.1.3. Daño a la salud: $49’686.960.

Reconocido a la víctima directa, y precisa que la calificación de la pérdida de capacidad laboral en 31.02% y la minusvalía del 10.75%,