TA HUI - Sentencia 41001-33-33-004-2023-00274-01 (24-06-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva, veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025).

ACCION : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE : LEONARDO GONZÁLEZ GARCÍA DEMANDADO : CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL PROVIDENCIA : SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN : 41 001 33 33 004 2023 00274 01

Aprobado en Sala en sesión de la fecha. Acta N° 038.

1. OBJETO A DECIDIR

En virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, procede la Sala a dictar sentencia y decidir de fondo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 13 de junio de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

2. DEMANDA

2.1. De las pretensiones de la demanda.

LEONARDO GONZÁLEZ GARCÍA, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA instauran demanda contra la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL - con el fin que se

en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA instauran demanda contra la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL - con el fin que se declare la nulidad de la Resolución No. 3622 del 14 de marzo de 2023 por medio del cual se negó el reajuste de la partida computable subsidio familiar con el 100% de lo devengado en actividad.

Que se inaplique parcialmente por inconstitucional el Decreto 1162 de 2014 en relación con el porcentaje de inclusión del subsidio familiar en un 30%, por ser vulneratorio de derechos fundamentales.

Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Caja de Retiro de las Fuerzas2 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. 41 001 33 33 004 2023 00274 01

Demandante: LEONARDO GONZÁLEZ GARCÍA

Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL.

Militares reajustar la asignación de retiro en la partida del subsidio familiar tomando como base el 100% de lo reconocido por dicho concepto en actividad.

Pretende también que las sumas a que sea obligada a pagar la entidad demandada, sean actualizadas tomando como base el índice de precios al consumidor IPC certificado por el DANE, más el reconocimiento de los intereses moratorios a que hubiere lugar desde la fecha de la sentencia hasta que se haga efectivo el pago.

Finalmente, solicita que la entidad demandada de cumplimiento a la

consumidor IPC certificado por el DANE, más el reconocimiento de los intereses moratorios a que hubiere lugar desde la fecha de la sentencia hasta que se haga efectivo el pago.

Finalmente, solicita que la entidad demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 189 a 192 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. De los hechos fundamento de la demanda.

Se indica que el señor Leonardo González García laboró por más de 20 años al Ejército Nacional.

Que a través de la Resolución No. 3622 del 14 de marzo de 2023 le fue reconocida una acción de retiro a cargo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, liquidando la partida computable del subsidio familiar en un 30% de lo devengado en actividad conforme al Decreto 1162 de 2014.

Señala que para los soldados profesionales existen dos reconocimientos diferenciados de subsidio familiar, uno el consagrado en el Decreto 1794 de 2000 que se les reconoce como partida computable en la asignación de retiro en un por centaje del 30% conforme al Decreto 1162 de 2014; y el otro, el estipulado en el Decreto 1161 de 2014, que se les reconoce como partida computable en la asignación de retiro en un 70%.

Y que, por su parte a los suboficiales y oficiales, se les computa el subsidio de familia en un 100% de lo devengado en actividad en la asignación de retiro conforme al Decreto 4433 de 2004.

2.3. Normas Violadas y Concepto de la Violación.

Se enuncian como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 53 y 93 de la

conforme al Decreto 4433 de 2004.

2.3. Normas Violadas y Concepto de la Violación.

Se enuncian como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 53 y 93 de la Constitución Política; las leyes 4 de 1992 y 1437 de 2011, y los Decretos 4433 de 2004, 1161 de 2014 y 1162 de 2014.

Como concepto de la violación, expuso que que los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares; que es el personal que más deve nga, el subsidio de familia es sumado en la asignación de retiro y pensiones de invalidez de forma directa según el porcentaje devengado en actividad.

Que a su turno, los soldados profesionales que devenguen en actividad el3 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. 41 001 33 33 004 2023 00274 01

Demandante: LEONARDO GONZÁLEZ GARCÍA

Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL.

subsidio de familia regulado po r el Decreto 1161 de 2014, el porcentaje que se tiene en cuenta como partida computable en la asignación de retiro será del setenta por ciento (70%) de lo devengado en actividad y, los soldados que devenguen el subsidio de familia regulado en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000, les será computado según la norma acusada decreto 1162 de 2014, para la asignación de retiro solo el treinta por ciento (30%) del subsidio familiar devengado en actividad.

del 2000, les será computado según la norma acusada decreto 1162 de 2014, para la asignación de retiro solo el treinta por ciento (30%) del subsidio familiar devengado en actividad.

Que el trato diferenciado entre los soldados pro fesionales si tiene un fin válido, y es equipararlos en la asignación de retiro, contrario a lo que sucede con ellos y los oficiales y suboficiales, pues, la norma atacada no tiene un fin constitucionalmente válido; por cuanto el subsidio fam iliar en Colombia desde el fin de la norma y como lo indica la jurisprudencia constitucional, busca beneficiar a los sectores más pobres de la población estableciendo un sistema de compensación entre los salarios bajos y altos dentro de un criterio que mi ra a la satisfacción de las necesidades básicas del grupo familiar, caso contrario sucede en las fuerzas militares, pues, el personal con menor ingreso económico como son los soldados profesionales se les reconoce la prestación del subsidio familia com o partida computable en menor proporción frente a aquellos con mayores beneficios, por lo que considera que el trato diferenciado no tiene justificación legal y mucho menos constitucional.

Manifestó que, por la naturaleza jurídica del subsidio de familia, no se puede realizar un test de igualdad justificando la desigualdad de los oficiales y sub oficiales con los soldados y/o infantes de marina profesionales, pues la justificación deviene en separar los sujetos por su modo de ingreso, profesionalización, responsabilidad, cuando la finalidad del subsidio de familia es proteger a los menos favorecidos y teniendo en cuenta, su

justificación deviene en separar los sujetos por su modo de ingreso, profesionalización, responsabilidad, cuando la finalidad del subsidio de familia es proteger a los menos favorecidos y teniendo en cuenta, su reconocimiento por la protección que el Estado le debe a la familia como núcleo fundamental de la sociedad.

Para finalizar, precisó que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política de 1991 ninguna norma jurídica en el sistema colombiano puede desconocer la supremacía de los mandatos constitucionales, y por tanto los actos adminis trativos no son vinculantes cuando violan la Constitución y la Ley o desconocen la Doctrina Constitucional Integradora.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. (Doc. 7 Samai 1Inst.)

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, así como a la condena en costas y agencias en derecho , manifestando que la asignación de retiro le fue reconocida al demandante conforme a la ley y la jurisprudencia vigente.4 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. 41 001 33 33 004 2023 00274 01

Demandante: LEONARDO GONZÁLEZ GARCÍA

Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL.

Sostuvo que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, reconoció el derecho a la Asignación de retiro del señor Soldado Profesional Leonardo González García, mediante Resolución No. 3622 del 14 de marzo de 2023 con efectos,

Sostuvo que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, reconoció el derecho a la Asignación de retiro del señor Soldado Profesional Leonardo González García, mediante Resolución No. 3622 del 14 de marzo de 2023 con efectos, a partir del 29 de marzo de 2023, por haber acreditado un tiempo de servicio de 20 años, 4 meses y 10 días.

Que las normas que regulan la materia, esto es, el Decreto 1161 y el Decreto 1162 de 2014, y el Decreto 4433 de 2004, conciben la liquidación de la asignación de retiro de forma clara, entendiendo que en virtud del principio de progresividad y la libertad de configuración legislativa, la situación de los Soldados Profesionales cambió, encontrándose algunos que consolidaron su derecho a una asignación de retiro sin el factor compu table subsidio familiar (antes del 1 de julio de 2014); otros que tendrían derecho a que les fuese reconocido el 30% de dicho factor, dado que venían devengándolo en actividad conforme al Decreto 1794 de 2000, y que se entiende, cotizaron al sistema tenien do en cuenta dicho factor; y otros que lo percibieron con el decreto 1161 de 2014, quienes tendrán derecho a un porcentaje del 70%, situación que fue avalada en Sentencia de Unificación 850013333002 201300237 01 del 25 de abril de 2019, Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda; Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

En cuanto al derecho a la igualdad, señaló que existe una justificación jurídicamente válida para el trato diferenciado entre los Soldados

Contencioso Administrativo – Sección Segunda; Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

En cuanto al derecho a la igualdad, señaló que existe una justificación jurídicamente válida para el trato diferenciado entre los Soldados Profesionales y los Oficiales y Suboficiales. De igual forma, se asimiló que los Soldados profesionales han ido adquiriendo gradualmente el derecho a percibir ciertas prebendas, lo que se entiende como una expresión del principio de progresividad; de esta forma, es comp rensible que ciertos Soldados profesionales hayan consolidado su derecho bajo ciertos parámetros normativos con anterioridad a la expedición de los Decretos 1161 y 1162 de 2014, y otros sujetos, en virtud de la citada expresión legislativa, consoliden su d erecho de manera distinta, sin desmejorarse en ningún momento, respecto de sus antecesores.

Que en el caso de los soldados profesionales como en el de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares las partidas que se computan para tener derecho a la asignación de retiro son aquellas respecto de las cuales se hicieron las cotizaciones, por lo cual tampoco se evidencia que haya un trato discriminatorio o diferenciado injustificado que se aparte de los postulados constitucionales o de los elementos bá sicos del régimen consagrado en la Ley 923 de 2004.

Para finalizar propuso las siguientes exceptivas: i) Legalidad de las actuaciones efectuadas por la caja de retiro de las fuerzas militares correcta aplicación de las disposiciones legales vigentes, ii) No configuración de falsa motivación en las actuaciones de la caja de retiro de las fuerzas militares, iii)5

actuaciones efectuadas por la caja de retiro de las fuerzas militares correcta aplicación de las disposiciones legales vigentes, ii) No configuración de falsa motivación en las actuaciones de la caja de retiro de las fuerzas militares, iii)5 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. 41 001 33 33 004 2023 00274 01

Demandante: LEONARDO GONZÁLEZ GARCÍA

Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL.

no configuración a la violación al derecho de igualdad.

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. (Doc. 17 Samai 1Inst.)

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, mediante Sentencia proferida el 13 de junio de 2024 resolvió:

“PRIMERO. - DECLARAR probadas las excepciones de mérito denominadas: i) legalidad de las actuaciones efectuadas por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, correcta aplicación de las disposiciones legales vigentes, ii) no configuración de falsa motivación en las actuaciones de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, iii) no configuración a la violación al derecho de igualdad, y iv) ausencia de requisitos para declarar la excepción de inconstitucional, propuestas por la entidad demandada.

ABSTENERSE de elevar un análisis respecto de la prescripción de derechos al haberse negado las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. - NEGAR las pretensiones de la demanda, al tenor de lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

haberse negado las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. - NEGAR las pretensiones de la demanda, al tenor de lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

TERCERO. - CONDENAR en costas a la parte demandante. Liquídense por secretaria. ABSTENIÉNDOSE de fijar agencias en derecho en esta instancia.

CUARTO. -ARCHIVESE el expediente, una vez se encuentre en firme este proveído y hechas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.”

Para tal efecto, encontró acreditado que al demandante mediante la Resolución No. 3622 del 14 de marzo de 2023 la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, le reconoció el pago de una asignación de retiro efectiva a partir del 30 de marzo de 20 23, que fue liquidada de la siguiente manera: 70% del sueldo básico (SMMLV + 40%), prima de antigüedad 38.50% y subsidio familiar 30%.

Pretendiendo con la demanda la reliquidación de la partida computable subsidio familiar en su asignación de retiro, teniendo en cuenta el valor devengado en actividad según lo establecido en el Decreto 1794 de 2000, por haber adquirido el derecho con anterioridad a la expedición del Decreto 1161 del 24 de junio de 2014 que redujo esta partida.

Que de la Hoja de Servicios No. 3 -12258846 del 4 de enero de 2023 se evidencia que en servicio activo devengaba los siguientes haberes: sueldo básico, seguro de vida subsidiado, bonificación orden público soldado PF 25%, devolución partida de alimentación para todos los soldados, prima de antigüedad 58.5% y subsidio familiar 4%.

básico, seguro de vida subsidiado, bonificación orden público soldado PF 25%, devolución partida de alimentación para todos los soldados, prima de antigüedad 58.5% y subsidio familiar 4%.

Que, conforme a lo anterior, el reconocimiento de la asignación de retir o se6 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. 41 001 33 33 004 2023 00274 01

Demandante: LEONARDO GONZÁLEZ GARCÍA

Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL.

efectúo bajo los siguientes parámetros:

Concluyendo así, que, al haber adquirido el derecho a la asignación de retiro con posterioridad a julio del año 2014, en aplicación de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019, del subsidio familiar que devengaba en actividad, el porcentaje a incluir en la asignación de retiro es el 30%, y por ello, considera que el acto administrativo se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico.

Para finalizar dispuso que en atención a l o dispuesto en el artículo 188 del CPACA y el sentido del fallo, resolvió condenar en costas a la parte demandante y se abstuvo de fijar agencias en derecho.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN. (Doc. 19 Samai 1Inst.)

La parte demandante interpone recurso de apelación solicitando se revoque la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia, al señalar que la condena en costas en la jurisdicción contencioso administrativa no deviene como consecuencia de resultar vencido en el proceso.

la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia, al señalar que la condena en costas en la jurisdicción contencioso administrativa no deviene como consecuencia de resultar vencido en el proceso.

Para tal efecto, precisó que el artículo 188 de la ley 1437 de 2011 no contiene el imperativo de condenar en costas a la parte vencida, como quiera que, si bien establece que “la sentencia dispondrá sobre las condenas en costas” , asume categórico que la alocución “dispondrá” significa “mandar lo que se debe hacer” y la remisión que hace a la norma supletoria antes código de procedimiento civil o el código general del proceso es solo para efectos de la liquidación y ejecución de costas.

Para finalizar, manifiesta que la demanda no fue presentada con temeridad, por cuanto, las razones de hecho y de derecho se encuentran fundamentadas constitucionalmente, al ser pretensiones que tratan de derechos laborales y se buscaba el mejoramiento de las condiciones para un grupo de trabajadores que menos ingresos perciben.

6. DEL TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

El 4 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado7 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. 41 001 33 33 004 2023 00274 01

Demandante: LEONARDO GONZÁLEZ GARCÍA

Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL.

por la parte demandante, disponiéndose que el expediente ingresara el al Despacho para emitir sentencia, de conformidad con el numeral 5° del artículo

Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL.

por la parte demandante, disponiéndose que el expediente ingresara el al Despacho para emitir sentencia, de conformidad con el numeral 5° del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. (Doc. Samai 2Inst.)

El 11 de septiembre de 2024 ingresó el expediente al despacho para proferir sentencia de segunda instancia. (Doc. 7 Samai 2Inst.)

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

Cumplidos con los trámites propios del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el proceso y sin que exista causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a pronunciarse sobre el asunto de la referencia.

7.1. Asunto Jurídico a Resolver.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia interpuesto por la parte demandante, corresponde a la Sala establecer si resulta improcedente la condena en costas impuesta al actor SLP® LEONARDO GONZÁLEZ GARCÍA, y por tanto se debe revocar el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia.

7.2. De lo probado en el proceso.

De lo recaudado en el acervo probatorio, se puede colegir como debidamente demostrado lo siguiente:

Según hoja de servicios Nro. 3 -1225846 del 4 de enero de 2023 el demandante Leonardo González García prestó servicio en el Ejército Nacional en los siguientes cargos:

CARGO DESDE HASTA TOTAL

AA - MM - DD

demandante Leonardo González García prestó servicio en el Ejército Nacional en los siguientes cargos:

CARGO DESDE HASTA TOTAL AA - MM - DD Servicio Militar 11-10-2002 13-08-2004 1 10 2 Soldado Voluntario 01-10-2004 30-11-2004 0 1 29 Soldado Profesional 01-12-2004 30-12-2022 18 0 29 Tres meses de alta 30-12-2022 30-03-2023 0 3

TOTAL TIEMPO DE SERVICIO 20 4 10

Así mismo, percibía los siguientes haberes en actividad: sueldo básico, seguro de vida subsidiado, bonificación orden público soldado PF 25%, devolución partida de alimentación para todos los soldados, prima de antigüedad soldado profesional 58.54% y subsidio familiar 4%.

Mediante Resolución No. 3622 del 14 de marzo de 2023 expedida por el Director General de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se ordenó el8 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. 41 001 33 33 004 2023 00274 01

Demandante: LEONARDO GONZÁLEZ GARCÍA

Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL.

reconocimiento y pago de la asignación de retiro a favor del Soldado Profesional® del Ejército Nacional Leonardo González García , efectiva a partir del 30 de marz o de 20 23 en cuantía del 70% del salario mensual

reconocimiento y pago de la asignación de retiro a favor del Soldado Profesional® del Ejército Nacional Leonardo González García , efectiva a partir del 30 de marz o de 20 23 en cuantía del 70% del salario mensual (Decreto 2613 del 28 de diciembre de 20 22) indicado en el numeral 13.2.1 (salario mensual más el 40% en los términos del inciso segundo del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000), adicionado con un 38.5% de l a prima de antigüedad y con el 30% del subsidio familiar devengado en actividad, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1162 de 2014. (Doc. 1 Samai 1Inst.)

7.3. Del fondo del Asunto.

En primer lugar resulta importante precisar que la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a los argumentos expuestos en el recurso de apelación en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia y que resultó desfavorable o perjudicial a sus derechos o intereses; significando ello en principio que los aspectos que no fueron planteados en la sustentación del recurso se deben excluir del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo.

Razón por la cual la jurisprudencia ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del m ismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: “tantum devolutum quantum appellatum”.1. Lo anterior de conformidad

del juez que conoce del m ismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: “tantum devolutum quantum appellatum”.1. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 328 del Código General del Proceso, en el cual se dispone que “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley (…)”.

En ese orden de ideas, procede la Sala a resolver los argumentos expuestos por la entidad demandada en contra del fallo de primera instancia.

7.3.1. De la condena en costas.

7.3.1.1. La parte demandante en el recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, solicita específicamente la revocatoria de la condena en costas que le fuera impuesta por el A quo, al argumentar que las actuaciones desplegadas en desarrollo del proceso fueron equilibradas en búsqueda de mejorar sus condiciones laborales, por hacer parte de un grupo de trabajadores del Ejército Nacional que menos ingresos perciben.

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia del 11 de agosto de 2010. Radicación número: 25000-23-26-000-1996-02533-01(18894)9 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. 41 001 33 33 004 2023 00274 01

Demandante: LEONARDO GONZÁLEZ GARCÍA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. 41 001 33 33 004 2023 00274 01

Demandante: LEONARDO GONZÁLEZ GARCÍA

Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL.

En ese orden de ideas, estima la Sala pertinente precisar que por costas del proceso se ha de entender como todos los gastos necesarios o útiles dentro de la actua ción y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho 2, los llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso3 y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres y transporte de expediente al superior en caso de apelación, entre otros.

Ahora bien, en relación con el tema de costas y con ocasión de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ha sido objeto de discusión constante si allí se consagró un criterio objetivo en lo que corresponde a la imposición de las costas a la parte a quien se le resuelva de manera desfavorable las pretensiones de la demanda, sin tener en cuenta la conducta asumida por la parte vencida.

Al respecto, la Sección Segunda 4 del H. Consejo de Estado sobre el particular, ha dejado en claro que en la medida que el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, a partir del análisis de

particular, ha dejado en claro que en la medida que el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, a partir del análisis de diversos aspectos dentro de la actuación procesa l y principalmente aparezcan causadas y comprobadas, descartándose así una apreciación objetiva que atienda únicamente a quien resulte vencido para que le sean impuestas

En este sentido, se pronunció esa Corporación en sentencia de 16 de julio de 20155 así:

“El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con la condena en costas estableció:

Artículo 188.- Condena en costas. - Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá s obre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La Subsección ‘A’ de la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia dictada el 20 de enero de 20156, en relación con la norma antes transcrita expuso

2 Artículo 361 del Código General del Proceso. 3 Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib. 4 Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583 -2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.

5 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente 25000-23-42-000-2013-00455-01 (4044-13). 6 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 20 de enero de 2015. Expediente No. 25000-23-42-000-2012-00701-01 (4583 -2013). Magistrado Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

Actor: Ivonne Ferrer Rodríguez.10

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Demandante: LEONARDO GONZÁLEZ GARCÍA

Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL.

que contiene el verbo ‘dispondrá’ que está encaminado a regular la actuación del funcionario judicial, cuando profiera la sentencia que decida las pretensiones del proceso sometido a su conocimiento. […] Como se advierte, la citada norma no impone al funcionario judicial la obligación de condenar en costas, solo le da la posibilidad de ‘disponer’, esto es, no impone la condena de manera automática frente a aquel que resulte vencido en el litigio, pues debe entenderse que tal condena es el resultado de observar una serie de factores, tales como, la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre la causación de gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez ponderando tales circunstancias, de be pronunciarse sustentando su decisión de procedencia.

mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre la causación de gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez ponderando tales circunstancias, de be pronunciarse sustentando su decisión de procedencia.

La anterior interpretación se ajusta a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso, el cual señala que la condena en costas se impone en los procesos y actuaciones posteriores a aquellos «…en que haya controversia…» y «…solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»”

Posteriormente, en sentencia en providencia del 28 de junio de 2018 7 de la Sección Segunda, Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se manifestó:

“En lo concerniente a la inconformidad del fallo de primera instancia al imponer la condena en costas; la Sala estima que el a quo aplicó de manera restrictiva lo dispuesto en el artículo 188 8 del CPACA, a la parte vencida, pues no estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención preceptuaba la imposición de tal condena.

En este sentido, se pronunció esta Corporación en sentencia de 1.º de diciembre de 20169 así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas . Salvo en l os procesos en que se ventile un

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas . Salvo en l os procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulac ión especial gira en torno al significado del voc