TA HUI - Sentencia 41001-33-33-005-2014-00514-01 (16-09-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Neiva, septiembre dieciséis (16) de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO Radicación : 41001-33-33-005-2014-00514-01

Medio de Control : REPARACIÓN DIRECTA

Demandante : NINI YOBANA MARÍN CARVAJAL Y O.

Demandado : NACIÓNFGNMEDICINA LEGAL Sentencia No. : 100918125/ RD 24222

Acta No. : 79 DE LA FECHA

1. ASUNTO.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada, contra la sentencia proferida el 12 de marzo de 2019 por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, donde se accede parcialmente a las pretensiones.

2. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA.

2.1. Posición de la parte actora (f. 2 a 14, C. Ppal. 1).

2.1.1. La señora Nini Yobana Marín Carvajal, en nombre propio y en representación su hijo menor de edad, Joan Sebastián Castro Marín, acuden al medio de control de reparación directa solicitando que se declare administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Naciónen adelante FGN y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forensesen adelante Medicina Legal, por la falla en el servicio cometida por la demora en la entrega del cadáver de Hugo Castro Montes, fallecido el 3 de agosto de 2012. En consecuencia, reconocer los siguientes perjuicios:

Perjuicio Titular Total

cometida por la demora en la entrega del cadáver de Hugo Castro Montes, fallecido el 3 de agosto de 2012. En consecuencia, reconocer los siguientes perjuicios:

Perjuicio Titular Total Perjuicios materiales Daño emergente No indica Lucro cesante $420.000 Perjuicios morales Nini Yobana Marín 100 SMLMV Joan Sebastián Castro Marín 100 SMLMV

2.1.2. En los hechos señalan que el 3 de agosto de 2012 aproximadamente a la 1:00 am, el señor Hugo Castro Montes , compañero permanente de Nini Yobana Marín y padre de Joan Sebastián Castro Marín, fallece por una explosión cercana aRadicación: 41001-33-33-005-2014-00514-01 2

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su vivienda en el barrio Bernardo (sic) de Ne iva, su pareja acude al lugar del incidente y lo reconoce por el vestuario que le enseña por fotos un agente de la Sijin, a las 9:00 am lo reconoce nuevamente en la URI, donde le enseñan “el tronco”, las prendas y un tatuaje de él, por lo cual el Fiscal Tercero Local de la URI remite el oficio 0207 (sin indicar fecha), dirigido a medicina legal ordenando la entrega del cuerpo a la demandante.

En consecuencia, medicina legal le manifiesta que entregaría el cuerpo al día siguiente, pero el 4 de agosto de 2012 le indica que debe practicarle una prueba de ADN por petición de la F GN y por eso el 5 del mismo mes y año acude la señora Rubiela Montes, madre del fallecido, con el fin de tomar la muestra, pues se negaron

ADN por petición de la F GN y por eso el 5 del mismo mes y año acude la señora Rubiela Montes, madre del fallecido, con el fin de tomar la muestra, pues se negaron a practicarle la prueba a Joan Sebastián, hijo del fallecido y la actora , porque “presuntamente era de otro padre”. Una vez medicina legal toma la muestra de ADN, comunica que los resultados saldrían en 15 o 20 días y el cadáver permanecería en custodia en un cuarto frío de la morgue.

Mediante oficio No. 0341 de agosto 23 de 2012, medicina legal le comunica que la prueba genética se estaría analizando en Bogotá, pero solicitará agilizar los resultados, pero ello no pasó y continuaba preguntando a dicha entidad cuándo se entregaría el cuerpo, allí le indican que la Fiscalía Décima Seccional asumió el conocimiento del asunto . Hasta ese momento las demandadas le indicaban no se preocupara porque el cuerpo estaba en cuarto frío y bajo custodia.

El 20 de diciembre de 2012 solicita información a la fiscalía décima seccional de Neiva, quien le informa que la prueba de ADN fue tomada por medicina legal el 3 de agosto de 2012 y el 27 de agosto del mismo año solicitó practicar la prueba, los resultados se enviaron a la Fiscalía el 17 de septiembre de 2012 pero solo con el oficio 0836 de diciembre 20 de 2012, la Fiscalía solicita a medicina legal de Neiva la entrega del cuerpo.

Realizó la compra del ataúd y acudió a medicina legal para reclamar el cuerpo, pero allí le indican que se encuentra en una fosa común como NN 1 en el cementerio

entrega del cuerpo.

Realizó la compra del ataúd y acudió a medicina legal para reclamar el cuerpo, pero allí le indican que se encuentra en una fosa común como NN 1 en el cementerio central y para exhumarlo debió pagar $420.000. Finalmente, el 22 de diciembre de 2012 recibió el cuerpo.

1 “De las iniciales del lat. nomen nescio 'desconozco el nombre'. 1. m. y f. Bol., Chile y Perú. Persona desconocida de la que no se tiene ningún dato”. https://dle.rae.es/nn.Radicación: 41001-33-33-005-2014-00514-01 3

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2.1.3. En los fundamentos de derecho, indica que en virtud del artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder sobre todos los daños causados por la administración y, en el caso particular ocurrió una falla en el servicio por parte de las demandadas y la falta de efectividad de la administración de justicia, pues la FGN no le ofreció protección ni a su hijo por ser víctima s y haber lo reconocido directamente, pero adem ás, en compañía de medicina legal, no actuaron prudencialmente para entregar el cuerpo del señor Castro Montes aun cuando ya tenían los resultados del ADN, causándoles un daño que no estaban en el deber de soportar.

2.1.4. Al alegar de conclusión (f. 266 a 267, C. P. 2) insiste en sus pretensiones indicando que probó que existió un actuar lento y negligente por parte de las demandadas, para tomar los exámenes de ADN y para tratar el cuerpo de Hugo

indicando que probó que existió un actuar lento y negligente por parte de las demandadas, para tomar los exámenes de ADN y para tratar el cuerpo de Hugo Castro, pues el Hospital Universitario no se reportaron daños en las neveras del cuarto frío para el 27 de agosto de 2012 y tampoco se registra el ingreso del occiso para ese año, lo que indica que hubo im pericia y descuido en el trato del cuerpo, pero además su entrega no se realizó tan pronto se recibieron los resultados de la prueba el 17 de septiembre de 2012.

Agrega que los testigos Luz Stella Sotto Calderón, Cenaida Carvajal Borrero y Gladys Carvajal Barrera, demuestran el daño psicológico que se causó.

2.2. Posición de la parte demandada.

2.2.1. Nación - Fiscalía General de la Nación (F. 64 a 70, C.P.1)

2.2.1.1. Se opuso a las pretensiones, señalando que cumplió con su labor investigativa y las circunstancias por las que reclama la demandante le fueron ajenas, pues diferentes razones impidieron entregar el cuerpo del señor Hugo Castro.

2.2.1.2. En los hechos indica que no le constan y se atiene a lo que resulte probado, otros no son hechos sino apreciaciones subjetivas de la demandante.

2.2.1.3. Propuso las siguientes excepciones: i) Culpa exclusiva de la víctima: indica que la actora debió ser más diligente para informarse de lo que pasaba conRadicación: 41001-33-33-005-2014-00514-01 4

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indica que la actora debió ser más diligente para informarse de lo que pasaba conRadicación: 41001-33-33-005-2014-00514-01 4

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el cuerpo de su pareja, ii) Falta de legitimación en la causa por activa: No se ha probado el vínculo o relación entre la actora y el occiso y, iii) Falta de legitimación por pasiva : porque sus funciones se cumplieron a cabalidad y lo siguiente fue responsabilidad de medicina legal.

Mediante audiencia inicial del 14 de junio de 2014 (f. 176 a 182) se resuelve n desfavorablemente las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y pasiva.

2.2.1.4. En los fundamentos de defensa indica que actuó conforme a las disposiciones legales, sin errores que pudieran afectar patrimonial y moralmente a la demandante, asumió el caso como investigador y debía realizar el reconocimiento del cadáver, lo cual hizo adecuadamente por la SIJIN y una vez la demandante solicitó entregar el cuerpo de Hugo Castro Montes , autorizó a medicina legal a realizar dicha entrega, pero los siguientes acontecimientos ocurrieron por el retardo de medicina legal y por eso no es su responsabilidad asumir la demora. No dio una orden para retener el cuerpo, por el contrario, una vez terminó la labor investigativa libró el oficio para su entrega, por eso no se cumplen los parámetros de la responsabilidad patrimonial del Estado.

2.2.1.5. Al alegar de conclusión (f. 246 a 250) señala que el 3 de agosto de 2012 autorizó a medicina legal entregar el cuerpo de Hugo Castro, pues ya se había

responsabilidad patrimonial del Estado.

2.2.1.5. Al alegar de conclusión (f. 246 a 250) señala que el 3 de agosto de 2012 autorizó a medicina legal entregar el cuerpo de Hugo Castro, pues ya se había realizado la inspección técnica y en diciembre 20 de 2012 autoriza nuevamente por petición de la demandante. Precisa que la conservación del cadáver no era una tarea específica de la Fiscalía, sin embargo, la labor investigativa requirió la identificación del cuerpo por el estado en el que se encontraba luego de la explosión, las muestras fueron trasladadas a Bogotá y por eso la entrega se demoró, pero ello no daba lugar a enterrarlo en una fosa común.

Manifiesta que no se demuestra una falla en el servicio ni los daños reclamados, pues el recibo que aportó la actora por la exhumación del cadáver en la fosa común es de un pago del 22 de diciembre de 2012 a l as “salas de velación parque crematorio San José”, sin identificar el concepto de lo pagado y, además no se prueba el daño moral que alega porque no lo relaciona con la mora en la entrega del cuerpo.Radicación: 41001-33-33-005-2014-00514-01 5

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2.2.2. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (f. 87 a 106 C.P. 1).

2.2.2.1. Se opuso a las pretensiones argumentando que actuó conforme a la ley y los procedimientos establecidos, no causó el daño reclamado porque realizó la

106 C.P. 1).

2.2.2.1. Se opuso a las pretensiones argumentando que actuó conforme a la ley y los procedimientos establecidos, no causó el daño reclamado porque realizó la necropsia, toma y procesamiento de muestras de ADN y remitió la información a la autoridad judicial competente, sin dilaciones injustificadas pues su deber fue llevar a cabo la necropsia médico legal y adelantar los procedimientos necesarios para la identificación del cadáver reportado inicialmente como NN.

2.2.2.2. Frente a los hechos, indica que en acta No. 216 de agosto 3 de 2012 de inspección técnica al cadáver, consta que la demandante se acercó a la URI manifestando ser esposa del occiso, fue escuchada en entrevista e identificó al mismo a través de fotografías de él, sus prendas de vestir y un tatuaje, sin que obre en sus archivos el oficio No. 0207 de agosto 3 de 2012 con el cual se habría requerido la entrega del cuerpo, sin embargo, el mismo día realizó la necropsia médico legal al cuerpo que ingresó como NN o Hugo Castro Montes.

Por el contrario, mediante Oficio No. 0209 de agosto 6 de 2012, la fiscalía tercera delegada ante juzgados penales municipales de Neiva solicita tomar muestras de ADN a la señora Rubiela Montes de Castro y al occiso, para establecer su identificación, pues el cuerpo fue desintegrado por el artefacto explosivo que le ocasiona la muerte y no era posible identificarlo por un cotejo decadactilar o carta dental, por eso, aunque no es de su competencia tomar dichas muestras, lo realizó por ser auxiliar de la administración de justicia en ciencias medico legales.

ocasiona la muerte y no era posible identificarlo por un cotejo decadactilar o carta dental, por eso, aunque no es de su competencia tomar dichas muestras, lo realizó por ser auxiliar de la administración de justicia en ciencias medico legales.

Aclara que la muestra se tomó el 6 de agosto de 2012 y mediante oficio No. DRSURGPFO-481-2012 de agosto 14 de 2014 la remitió al laboratorio de genética de su sede en Bogotá, quien el 17 del mismo mes y año radicó las muestras para el proceso de estudio y mediante informe pericial No. DRBO -LGEF-1202000760 del 17 de septiembre de 2012 y planilla No. EE12000522 de septiembre 19 de 2012 dio respuesta al requerimiento de la Fiscalía , aunque ya se encontraba en el aplicativo SIRDEC desde el 17 del mismo mes y año.

Añade que mediante oficio No. 0110-SSF-2019 de marzo 21 de 2013, estableció los tiempos de respuesta en servicios forenses, indicando que es de 60 días para tomaRadicación: 41001-33-33-005-2014-00514-01 6

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de muestras de sangre en estos asuntos, al igual que los casos de delitos sexuales desde el momento en que ingresa el caso al laboratorio de genética.

Señala que no está obligado a conservar en refrigeración los cuerpos pendientes de identificación, pero en este caso debido a los daños que presentó la nevera d el cuarto f río del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, mediante oficio No. DRSUR-GPFO-521-2012 de agosto 30 de 2012, la coordinadora

cuarto f río del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, mediante oficio No. DRSUR-GPFO-521-2012 de agosto 30 de 2012, la coordinadora de patología informó a la Fiscalí a 10 Seccional de Neiva que ello aceleró la descomposición del cadáver y tuvo la necesidad de inhumarlo como lo autoriza la Resolución 5194 de 2010 del Ministerio de Protección Social , por tratarse de un asunto de salubridad pública, no tenía la obligación de solicitar autorización o informar a la familia, pues no había finalizado el proceso de identificación.

Indica que el cuerpo se entregó el 20 de diciembre de 2012 a la demandante, una vez la autoridad dio autorización para ello, pero no recibió pago por la exhumación del cuerpo, porque ello no le correspondía. Así, actuó acorde a los procedimientos dispuestos para trámite de identificación de cadáveres según los artículos 35 de la Ley 938 de 2004 y 204 de la Ley 906 de 2004, Ley 9 de 1979, Resolución 5194 de 2010 y los manuales de procesos y procedimientos de su instituto.

2.2.2.3. Propuso las siguientes excepciones: i) Inexistencia del hecho generador del perjuicio relacionado en la demanda y, ii) Falta de legitimación en la causa por pasiva, pues solo le correspondía identificar al occiso y a la fiscalía disponer su entrega.

Mediante audiencia inicial del 14 de junio de 2014 (f. 176 a 182) se resuelve desfavorablemente la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.2.2.4. En los fundamentos de defensa, indica que la demanda invoca la

desfavorablemente la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.2.2.4. En los fundamentos de defensa, indica que la demanda invoca la demora en la entrega del cadáver y en realizar el procedimiento de identificación, pero las consideraciones no tiene n sustento legal o pruebas en su contra, ya que actuó según los protocolos que se exigen para la identificación forense como lo indican los hechos y no es competente para decidir sobre la entrega de los cadáveres que custodia, pues debe autorizarlo la autoridad judicial que dirige la investigación, sin embargo si podía ordenar la inhumación del cuerpo considerando las condiciones en las que se encontraba y en garantía de la salud pública.Radicación: 41001-33-33-005-2014-00514-01 7

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2.2.2.5. Al alegar de conclusión (f. 254 a 265) manifiesta que se encuentra probado que a la FGN le corresponde autorizar la entrega de un cadáver o su disposición final en el transcurso de una investigación penal y en este asunto le solicitó realizar una necropsia, carta dental y tomar muestras de ADN para cotejarlas con la señora Rubiela Montes, lo cual realizó y comunicó el resultado en 1 mes y medio, dentro del término prudencial para atender el asunto y la entrega del cadáver se realizó el 20 de diciembre de 2012 cuando la autoridad competente dio l a autorización.

Agrega que no está obligado a mantener en refrigeración los cuerpos pendientes de identificar mientras se agota este procedimiento y los testigos pudieron probar que se mantuvo en cadena de frío hasta que por razones ajenas a su voluntad d ebió

autorización.

Agrega que no está obligado a mantener en refrigeración los cuerpos pendientes de identificar mientras se agota este procedimiento y los testigos pudieron probar que se mantuvo en cadena de frío hasta que por razones ajenas a su voluntad d ebió inhumarlo y lo comunicó a la Fiscalía 10 Seccional de Neiva con el oficio No. DRSURGPFO-521-2012 del 30 de agosto de 2012 de la coordinadora de patología.

2.3. Ministerio público.

No presenta concepto según constancia secretarial del 8 de mayo de 2012 (f. 268, C.P.2)

2.4. La sentencia de primera instancia (f. 276 a 311, C. P. 2).

El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, dicta sentencia el 12 de marzo de 2019, declara probada la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por medicina legal (resolutivo 1°), declara no probadas las excepciones propuestas por la FGN y lo declara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes (resolutivo 2°).

Condena a la FGN a pagar por perjuicios morales a favor de Nini Yobana Marín Carvajal y Joan Sebastián Castro Marín , compañera permanente e hijo de Hugo Castro Montes, respectivamente, el valor de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento en que se haga efectivo el pago, para cada uno (resolutivo 3°), niega las demás pretensiones de la demanda (resolutivo 4°) y condena en costas a la FGN, fijando de agencias en derecho a su cargo y a favor de la parte

3°), niega las demás pretensiones de la demanda (resolutivo 4°) y condena en costas a la FGN, fijando de agencias en derecho a su cargo y a favor de la parte actora, el 2% de la condena impuesta (resolutivo 5°).Radicación: 41001-33-33-005-2014-00514-01 8

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Para arribar a lo anterior, indica que se acredita la legitimación en la causa por activa porque se acredita el parentesco del señor Hugo Castro Montes con su hijo Joan Sebastián Castro Marín con su registro civil de nacimiento y de su esposa (sic) Nini Yobana Marín por declaración extraprocesal y la legitimación en la causa de la s demandadas por estar debidamente representadas.

De otro lado, no se causó la caducidad porque la Fiscalía 10 seccional autoriza la entrega del cuerpo el 20 de diciembre de 2012, la solicitud de conciliación se presentó el 23 de julio de 2014, la constancia de no conciliación se expide el 17 de octubre de 2014 y la demanda se presenta el 29 del mismo mes y año.

Identifica el problema jurídico, explica el daño antijurídico , la imputación y el nexo causal como elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado conforme al artículo 90 de la Constitución, señala que en este caso el daño consiste en la demora en el trámite administrativo realizado por las demandadas para entregar el cuerpo del señor Castro Montes y el posterior pago de su exhumación.

Para analizar la falla en el servicio, indica que el señor Hugo Castro Montes fa lleció

en el trámite administrativo realizado por las demandadas para entregar el cuerpo del señor Castro Montes y el posterior pago de su exhumación.

Para analizar la falla en el servicio, indica que el señor Hugo Castro Montes fa lleció en forma violenta el 3 de agosto de 2012, por lo que la FGN solicitó a medicina legal realizar la necropsia, carta dental, toma de muestras de ADN y cotejo con las muestras de Rubiela Montes, madre del occiso.

La necropsia arroja como causa del fallecimiento politraumatismo severo secundario a onda explosiva y el 6 de agosto de 2012 el Fiscal Tercero Local de la URI solicitó a medicina legal tomar las muestras de ADN a lo cual procedió medicina legal el 8 de agosto del mismo año y lo comunica al fiscal.

Medicina legal en el informe de “identificación de cadáveres en la práctica forense” señala que, en la inspección técnica al cadáver por parte de los policías judiciales, ya existía una información pr eliminar de la identificación del occiso y por eso se realizaron los cotejos de ARN, su estudio se hizo el 31 de agosto de 2012 y con informe pericial del 19 de septiembre de 2017 se comunicó a la Fiscalía el parentesco con la madre biológica.

Realiza un recuento de los testimonios de Lina María Ramos Aranda y Adriana Lorena Roca Peña, directora regional sur y coordinadora del área de patología de MedicinaRadicación: 41001-33-33-005-2014-00514-01 9

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legal, respectivamente, quienes informan que el término de 60 días para practicar

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legal, respectivamente, quienes informan que el término de 60 días para practicar servicios forenses comienza desde la admisión del caso en el laboratorio en que se practicará la prueba; término que se cumplió pues los resultados se comunicaron a la Fiscalía oportunamente, como se prueba con la planilla de la emp resa transportadora 472, siendo la Fiscalía la única encargada de autorizar la entrega del cuerpo pues fue quien requirió la práctica del examen forense.

Añade que el 3 de agosto de 2012 la Fiscalía autorizó la entrega del cuerpo, pero el 23 de agosto de 2012 se le informó a la actora que no era posible hacerlo porque se encontraba en proceso de verificación y así en oficio del 20 de diciembre de ese año la Fiscalía autoriza a Medicina Legal para la entrega del cuerpo a la actora, a lo cual accedió el instituto el mismo día , por lo cual queda claro que los resultados se conocían desde el 19 de septiembre de 2012 y solo el 20 de diciembre del mismo año se autorizó su entrega, acreditándose la demora en dicho trámite y por ende, la responsabilidad de la FGN.

De otro lado, el cuerpo permaneció del 3 al 27 de agosto en custodia de medicina legal, pero por razones de salubridad por el daño presentado en el cuarto frío de su propiedad ubicado en el Hospital Universitario, debió trasladarse a fosa común como se consignó en el oficio del 30 de agosto del mismo año suscrito por la coordinadora de patología del instituto para el Fiscal 10 Seccional de Neiva, con el cual sustenta las causas de la inhumación.

se consignó en el oficio del 30 de agosto del mismo año suscrito por la coordinadora de patología del instituto para el Fiscal 10 Seccional de Neiva, con el cual sustenta las causas de la inhumación.

Por lo anterior, medicina legal realizó las labores de identi ficación en los términos razonables de sus protocolos internos, mientras la FGN comete una falla del servicio por la tardanza sin justificación en autorizar la entrega del cadáver a su familia para su sepultura 3 meses después de identificarlo, sin conside rar el dolor que estos padecieron por la muerte violenta de su familiar, desatando una doble victimización por los trámites que debieron realizar para entregarlo, aun cuando no había sido conservado en debida forma y fueron obligados a realizar la exhumación del mismo para sepultarlo según sus creencias.

Justifica la importancia del rito funerario para garantizar las libertades de culto y conciencia de los derechos humanos a la luz del derecho internacional y la constitución política, lo anterior como sustento de la importancia moral que implica para las familias realizar ritos después de la muerte y cualquier hecho que lo impidaRadicación: 41001-33-33-005-2014-00514-01 10

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u obstaculice es contrario a los derechos fundamentales de libertad de conciencia y de culto.

Sustenta el reconocimiento del daño moral en la congoja, dolor o aflicción que pudo sentir la esposa e hijo del occiso al asumir trámites engorrosos y demorados para obtener el cuerpo de su familiar, daño que no se relaciona en la sentencia de unificación del Consejo de Estado y lleva a realizar un análisis razonable de las

sentir la esposa e hijo del occiso al asumir trámites engorrosos y demorados para obtener el cuerpo de su familiar, daño que no se relaciona en la sentencia de unificación del Consejo de Estado y lleva a realizar un análisis razonable de las pruebas y argumentos expuestos para reconocer 15 smlmv para cada uno.

Niega el reconocimiento de lo solicitado por daño emergente, porque el recibo de caja No. 235637 de la sala de velación del parque crematorio “San José” del 22 de diciembre de 2012, no especifica claramente su concepto, pues solo se lee: “Por concepto de pago serv + Hugo” y cliente la señora Nini Yobana Marín.

Condena en costas a la demandada FGN una vez valora que si se causaron considerando que los demandantes debieron contratar un abogado para acudir a la justicia en un proceso cuya duración fue de aproximadamente 4 años.

2.5. Los recursos de apelación.

2.5.1. Parte actora (f. 316 y 317)

Solicita adicionar a la sentencia de primera instancia para reconocer el daño emergente o lucro cesante causado y acoger la estimación del daño moral al menos en 80 SMLMV para cada demandante.

Señala que el daño emergente se prueba porque el 22 de diciembre de 2022 debió pagar $420.000 para hacer la exhumación del cuerpo de Hugo Castro Montes, como consecuencia de haberlo sepultado como “NN”, por eso debe reconocerse en forma indexada. De otro lado, el daño moral se acredita por la tristeza, zozobra e incertidumbre que padecieron , que no equivale a 15 SMLMV sino a 100 SMLMV ,

indexada. De otro lado, el daño moral se acredita por la tristeza, zozobra e incertidumbre que padecieron , que no equivale a 15 SMLMV sino a 100 SMLMV , como lo indicó en la estimación razonada del perjuicio, que no fue controvertido ni objetado.Radicación: 41001-33-33-005-2014-00514-01 11

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2.5.2. Fiscalía General de la Nación (f. 318 a 320)

Solicita revocar la sentencia y negar las pretensiones de la demanda, porque obró en cumplimiento de un deber legal, sin ser injusta, desproporcionada ni arbitraria o con defectuoso funcionamiento de su parte.

Indica que, por regla general , las obligaciones a cargo de la administración son reguladas a través de normas y reglamentos internos, pero, además, el artículo 28 de la constitución política contempla la libertad del funcionario para interpretar los hechos de su conocimiento y las normas que juzgue apropiadas.

Manifiesta que obró según los artículos 250 de la constitución , 66, 136, 200, 204 , 214 y 251 de la Ley 906 de 2004, pues adelantó la investigación oficiosa de la comisión de un delito de homicidio ante la explosión en la que falleció Hugo Castro Montes, una vez el ente investigador realizó la inspección técnica al cadáver se identificó como NN y por el estado de descomposición tuvo que solicitar a medicina legal apoyo para individualizar al fallecido con distintos métodos de identificación , por eso con oficio No. 207 de 2012 , solicitó proceder con el estudio de ADN y

identificó como NN y por el estado de descomposición tuvo que solicitar a medicina legal apoyo para individualizar al fallecido con distintos métodos de identificación , por eso con oficio No. 207 de 2012 , solicitó proceder con el estudio de ADN y proceder con la entr ega del cuerpo a sus familiares una vez se obtuvieran los resultados del procedimiento.

Señala que no se ha acreditado el daño antijurídico como lo ha definido el Consejo de Estado y la doctrina 2, ni existe prueba de la falla en el servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ya que cumplió con el deber legal de realizar todas las labores pertinentes para entregar el cuerpo de quien en vida se llamaba Hugo Castro Montes.

3. LA SEGUNDA INSTANCIA, CONSIDERACIONES.

3.1. Actuaciones procesales. El recurso de apelación se admite mediante auto del 13 de septiembre de 2019 (f. 6 c. 2a. Inst.) y se corre traslado para las alegaciones con proveído del 1° de octubre

2 Cita la sentencia de la sala de lo contencioso administrativo, Sección Tercera, Subsección C, M.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 29 de febrero de 2012, Rad. 050012325000199501119 -01 (21536) y los libros: El daño de Juan Carlos Henao, Responsabilidad Extracontractual del Estado, Ed. Temis y Derecho Administrativo General y colombiano, Ed. Temis.Radicación: 41001-33-33-005-2014-00514-01 12

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del mismo año (f. 11 ib.) oportunidad en la cual la parte actora y el ministerio público

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del mismo año (f. 11 ib.) oportunidad en la cual la parte actora y el ministerio público guardaron silencio según constancia secretarial del 1° de noviembre de 2019 (f. 25, C. 2ª Inst.) mientras que la FGN (f. 16 a 18 , ib.) reitera los argumentos de la apelación.

Medicina Legal (f. 19 a 23, Ib.) describe las funciones a su cargo según los artículos 31 de la Ley 270 de 1996 y 35 de la Le y 938 de 2004, los métodos para la identificación de personas según el artículo 251 de la Le y 906 de 2004 y el manual técnico de identificación de cadáveres en la práctica forense y realiza un recuento de los hechos para señalar que la práctica de la prueba de ADN era necesaria para la plena identificación del occiso, pues no había otra opción, por su estado.

La prueba de ADN se procesó en los 2 meses previstos, ya que d esde que fue requerida por el fiscal hasta la presentación de los resultados, sólo transcurri ó un mes y medio sin que pudiera decidir sobre la entrega del cuerpo puesto en su custodia y no está obligada a mantener en la cadena de frío los cuerpos pendientes de identificar mientras esto se realiza, pero se mantuvo en ese estado hasta que se presentó un daño en la nevera y comunicó a la Fiscalía la necesidad de inhumarlo por el proceso de descomposición del cuerpo , para este proceso solo se requiere cumplir con la Ley 9 de 1979 y la Resolución 5194 de 2010 proferida por el ministerio de protección social