TA HUI - Sentencia 41001-33-33-005-2016-00132-02 (25-11-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Neiva, noviembre veinticinco (25) de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICACIÓN : 41001-33-33-005-2016-00132-02

DEMANDANTE : ERNESTO PANTEVIS Y O.

DEMANDADO : NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN MEDIO DE CONTROL : REPARACIÓN DIRECTA SENTENCIA No. : 161124025/ RD 36233

ACTA No. : 109 DE LA FECHA

1. ASUNTO.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de primera instancia de septiembre 18 de 2019, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva.

2. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA.

2.1. Posición de la parte actora.

Los señores Ernesto Pantevis, Nenfis Perilla, Isaac Ben, Henry Navy y Lilibeth Pantevis Perilla, María Rubiela Pantevi z, Martha Edith Gómez Pantevis y Esperanza Pantevis, solicitan (f. 10 a 24 C . Ppal. 1 1) que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad del señor Ernesto Pantevis y se le condene al pago actualizado de los perjuicios que les fueron causados en la siguiente forma:

Perjuicio Titular Total Perjuicios materiales Daño emergente 1. $100’000.000 por honorarios pagados en su defensa. 2. $14’900.000 por el transporte,

que les fueron causados en la siguiente forma:

Perjuicio Titular Total Perjuicios materiales Daño emergente 1. $100’000.000 por honorarios pagados en su defensa. 2. $14’900.000 por el transporte, asistencia a diligencias, fotocopias y peritaje particular. 3. $100’000.000 por la pérdida de negocios comerciales luego de la detención. Lucro cesante $50’000.000 por los ingresos dejados de percibir durante la privación injusta de la libertad. Perjuicios morales Ernesto Pantevis, Nenfis Perilla (esposa), Isaac Ben, Henry Navy 50 SMLMV cada uno.

1 Subsanación en los folios 147 a 149, C.P. 1.RADICACIÓN : 41001-33-33-005-2016-00132-02

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y Lilibeth Pantevis Perilla (hijos). María Rubiela Panteviz, Martha Edith Gómez Pantevis y Esperanza Pantevis 25 SMLMV cada uno.

Los hechos indican que el 23 de abril 2009 Ernesto Pantevis fue capturado cuando era un comerciante reconocido en Garzón, vendía productos textiles y de confección de uniformes en el establecimiento “Textiles Navy” y se dedicaba al arrendamiento y venta de inmuebles que él construía o compraba.

Su reconocimiento como comerciante inició en 1989 siendo vendedor informal de textiles y confecciones en Garzón, El Pital, El Agrado y Acevedo, en compañía de su esposa, en 1994 se inscriben formalmente como comerciantes y, en 2007 fundaron el

textiles y confecciones en Garzón, El Pital, El Agrado y Acevedo, en compañía de su esposa, en 1994 se inscriben formalmente como comerciantes y, en 2007 fundaron el establecimiento “Textiles Navy” a nombre de su esposa, gozando de prestigio y buen nombre en sus actividades comerciales.

Relata que el 28 de enero de 2008 la Fiscalía Cuarta Especializada de Neiva, abrió una investigación preliminar en su contra por el supuesto punible de concierto para delinquir, por lo cual distintas fiscalías ordenaron 5 interceptaciones sobre 12 abonados telefónicos, pero no tuvieron información relacionada con la imputación .

El 9 de febrero de 2009 la Fiscalía Quinta Especializada de Neiva , recibe el testimonio de Edinson Orozco Martínez y Arturo Montaño Torres, quienes declararon que él mantenía comunicaciones y reuniones con comandantes de las Farc , les entregaba dinero con fines terroristas y participó en el atentado del Batallón Magdalena .

El 15 de abril del mismo año , dicha fiscalía libró orden de captura y ordenó su indagatoria, durante dicha diligencia tuvo “un roce” con el Fiscal Quinto Especializado, quien era de origen árabe y al inicio de la indagatoria lo increpó por ser judío y de origen Israelí, sin embargo allí demostró que Edinson Orozco dio un falso testimonio en su contra en venganza porque fue condenado por el secuestro de su sobrino, Samuel Andrés Nieto Pantevis, en el cual intervino para lograr su liberación y captura de los responsables y, de otro lado, el testimonio de Arturo Montaño Torres era

en su contra en venganza porque fue condenado por el secuestro de su sobrino, Samuel Andrés Nieto Pantevis, en el cual intervino para lograr su liberación y captura de los responsables y, de otro lado, el testimonio de Arturo Montaño Torres era contradictorio, refería que su piel era blanca, con acné en la cara y gordo, lo cual no corresponde a sus características físicas.

Además, el técnico del fiscal pretendía mostrar sus fotografías al testigo Nelviluar Fierro para que lo reconociera y declarara en su contra.RADICACIÓN : 41001-33-33-005-2016-00132-02

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Pese a ello, con la Resolución del 29 de abril de 2009, el Fiscal ordenó su detención preventiva por los delitos de terrorismo, testaferrato y rebelión, sin mediar an álisis, pese a que aportó las pruebas necesarias, acreditó que los testigos daban versiones contradictorias y había ex guerrilleros que aseguraban que esas versiones eran falsas, lo cual corroboró el Fiscal Tercero delegado ante el Tribunal Superior de Neiva, quien revocó la medida de aseguramiento (sin indicar fecha) confirmando que las versiones de los testigos eran contradictorias, dudosas y sin credibilidad. Así, el 30 de septiembre de 2013, el Fiscal Sexto delegado ante los jueces penales del circuito especializado de Ibagué, decide precluir la instrucción.

En consecuencia, el Fiscal Quinto Especializado de Neiva le causó un daño antijurídico grave e injusto, al mantenerlo privado de la libertad del 23 de abril al 29 de septiembre

Ibagué, decide precluir la instrucción.

En consecuencia, el Fiscal Quinto Especializado de Neiva le causó un daño antijurídico grave e injusto, al mantenerlo privado de la libertad del 23 de abril al 29 de septiembre de 2009 (5 meses y 6 días), pues aplicó en forma indebida las normas constitucionales y legales sobre la captura, detención y adecuación típica de los supuestos de hecho, faltó a su presunción de inocenci a, la necesidad de la detención y la sana cr ítica de las pruebas.

Por su parte, su captura fue documentada por autoridades judiciales y noticieros nacionales (RCN y Caracol), prensa regional y emisoras departamentales y locales, causando un grave daño a su honra y la de su familia, al punto que su hermana María Fanny entró en depresión y murió, lo cual es imputable al Estado y debe repararlo por los perjuicios materiales e inmateriales causados.

Al alegar de conclusión (f. 334 a 346, id) manifiesta que la privación de la libertad se prolongó en un centro de reclusión de alta seguridad en condiciones “afrentosas, indignas y degradantes” y los elementos de prueba demuestran que ocurrió un daño antijurídico imputable por falla del servicio o imputación objetiva .

Lo anterior, porque la carta que Edinson Orozco envió a Neiviluar Fierro, compromete al señor Wilson Collazos, técnico de la Fiscalía , señalando que este viajaría al lugar donde estaba recluido el señor Fierro para implicar a un inocente en graves delitos y el fiscal Nazir Yabor fue parcializado por su origen judío, abrió la investigación en su

donde estaba recluido el señor Fierro para implicar a un inocente en graves delitos y el fiscal Nazir Yabor fue parcializado por su origen judío, abrió la investigación en su contra cuando las interceptaciones no tuvieron resultados y solo contaba con los testimonios de Arturo Montaño y Edinson Orozco, que er an sujetos de alta peligrosidad, como lo dejó claro la Fiscalía cuando declaró la preclusión del caso.

Reitera las pretensiones de repara ción del daño causado, pues acreditó en debida forma el daño emergente, luc ro cesante y los perjuicios morales causados como directo afectado al igual que a su familia.RADICACIÓN : 41001-33-33-005-2016-00132-02

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2.2. Posición de la parte demandada.

La Fiscalía General de la Nación 2 se opone a las pretensiones de la demanda y en los hechos manifiesta que son ciertos aquellos que se refieren a la investigación preliminar, los testimonios rendidos en la Fiscalía y la etapa de instrucción, así como la preclusión de la investigación por parte de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Neiva y la Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué, en lo demás no le constan por ser apreciaciones subjetivas.

En los fundamentos de derecho indica que actuó conforme a las normas sustanciales y procedimentales vigentes para la época (Ley 600 del 2000), cuando se consideraba necesaria la privación de la libert ad mientras se llevaba a cabo la investigación , el artículo 356 ídem exigía como requisito mínimo 2 indicios graves de responsabilidad y el artículo 357 Id, disponía que era procedente la imposición de la medida de

necesaria la privación de la libert ad mientras se llevaba a cabo la investigación , el artículo 356 ídem exigía como requisito mínimo 2 indicios graves de responsabilidad y el artículo 357 Id, disponía que era procedente la imposición de la medida de aseguramiento cuando el delito tuviera prevista una pena de 4 años o más y en este caso, se cumplieron las dos condiciones, pues tenía dos señalamientos directos que comprometían su responsabilidad por los delitos de rebelión y concierto para delinquir.

Manifiesta que sus decisiones no fueron injustas y cumplieron con las formalidades legales desde el criterio objetivo valorativo, independientemente de que luego se decidiera precluir la investigaci ón, pues era forzoso iniciar la por los señalamientos directos que recibió, de manera que el hecho dañoso solo es atribuible a terceros que comprometieron su responsabilidad y no fue desvirtuado en su momento por el demandante.

En todo caso, para decretar la medida de aseguramiento, la exigencia de pruebas era menor a la que se requería para proferir la resolución de acusación y esta a su vez es menor que la prueba requerida para una sentencia condenatoria, por eso es posible que se cumplan las exigencias objetivas para ordenar la me dida de aseguramiento y que las pruebas resulten ineficientes para pro ferir la sentencia en su contra, como ocurrió en este caso y por eso finalizó por preclusión.

Propone las siguientes excepciones:

1. Cumplimiento de un deber lega l: Porque los informes rendidos por el DAS, interceptaciones de abonados y declaraciones de Edinson Orozco Martínez y Arturo Montaño Torres, señalaron al actor como presunto testaferro de la columna móvil

1. Cumplimiento de un deber lega l: Porque los informes rendidos por el DAS, interceptaciones de abonados y declaraciones de Edinson Orozco Martínez y Arturo Montaño Torres, señalaron al actor como presunto testaferro de la columna móvil “Teófilo Forero” de las FARC, por recibir extorsiones que convertía en negocios textiles

2 F. 225 a 233, C.P.2.RADICACIÓN : 41001-33-33-005-2016-00132-02

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a su nombre y de sus familiares, colaborar con la fabricación de uniformes camuflados y recibir capacitación en explosivos por escuelas bolivarianas.

1. inexistencia del daño antijurídico. 3) Inexistencia de falla del servicio. 4) Hecho de un tercero como eximente de responsabilidad.

Al alegar de conclusión (f. 348 a 350 , id) reitera sus argumentos defensivos, enfatizando que la actuación desplegada durante la investigación penal no fue injusta ni desproporcionada, sino ajustada a la ley y a las funciones propias de la Fiscalía, pues la medida se fundamentó en el material probatorio recaudado en ese momento y no se ha acreditado un comportamiento abiertamente ilegal, ostensible o errado.

2.3. Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva en sentencia del 18 de septiembre de 20193, declara no probadas las excepciones y eximente de la responsabilidad propuesto por la demandada (resolutivo 1°), declara que la Nación - Fiscalía General de la Nación es administrativamente responsable por los perjuicios causados a los demandantes por la

declara no probadas las excepciones y eximente de la responsabilidad propuesto por la demandada (resolutivo 1°), declara que la Nación - Fiscalía General de la Nación es administrativamente responsable por los perjuicios causados a los demandantes por la privación injusta de la libertad de Ernesto Pantevis (resolutivo 1° repetido).

Condena a la demandada a pagar: 1. perjuicios morales: 50 smlmv para Ernesto Pantevis, Nenfis Perilla, Isaac Ben, Henry Navy y, Lilibeth Pantevis Perilla, a cada uno y 25 smlmv para María Rubiela Panteviz, María Edith Gómez Pantevis y Esperanza Pantevis, a cada una y, 2. Lucro cesante: $4’127.240 a favor de Ernesto Pantevis

(resolutivo 2°), condena en costas a la parte demandada, por ser parte vencida en el proceso, fija como agencias en derecho el 2% de las pretensiones reconocidas (resolutivo 3°) y niega las demás pretensiones de la demanda (resolutivo 4°).

Para concluir de esa manera, identifica el problema jurídico, señala que no se presenta la caducidad e identifica la legitimación de las partes activa y pasiva, analiza el marco normativo y jurisprudencial de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad a partir de una imputabilidad objetiva, con la posibilidad de probar eximentes de responsabilidad en caso de culpa exclusiva de la víctima.

Indica que el daño se acredita por la privación de la libertad del señor Ernesto Pantevis del 27 de abril al 25 de septiembre de 2009 que no estaba en el deber jurídico de

Indica que el daño se acredita por la privación de la libertad del señor Ernesto Pantevis del 27 de abril al 25 de septiembre de 2009 que no estaba en el deber jurídico de soportar, como demuestra la Resolución del 30 de septiembre de 2013 de la Fiscalía

3 f. 362 a 393, C.Ppal.2.RADICACIÓN : 41001-33-33-005-2016-00132-02

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Sexta delegada de Ibagué donde se precluye la investigación en su contra.

En la imputación, hizo referencia a la prueba trasladada del proceso penal, las actuaciones que allí se surtieron, la declaración de parte del señor Pantevis y los testigos Nelviuar Fierro, Luz Dary Murcia Trujillo, Martha Lucía Rojas Murcia, Mérida Motta Vargas, Marisol Mora Escobar y Gilberto García Cano que permiten imputar el daño antijurídico a la demandada pues la medida de aseguramiento se tramitó en vigencia de la Ley 600 de 2000 y fue la Fiscalía Quinta Especializada Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Neiva, quien tuvo la responsabilidad de privar de la libertad al demandante.

En esa medida, era su deber analizar las pruebas junto con la indagatoria que realizó al actor, de forma lógica y razonable en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos, evaluando si existía un grado de certeza que ameritara la privación de la libertad del investigado, pero ello no se cumplió y no se puede justificar en el engaño del testigo para eximir de la responsabilidad al Estado, por eso el daño

que se dieron los hechos, evaluando si existía un grado de certeza que ameritara la privación de la libertad del investigado, pero ello no se cumplió y no se puede justificar en el engaño del testigo para eximir de la responsabilidad al Estado, por eso el daño es imputable a la demandada , como consta en la decisión que ordena su libertad y precluye la investigación de la instrucción a su favor.

En la reparación del daño, indica que el demandante sufrió una afectación física y emocional de angustia, temor y zozobra en la privación de su libertad, que se extiende a su grupo familiar y atendiendo la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, condena a la demandada a pagar perjuicios morales : de 50 smlmv para el directo afectado, su cónyuge e hijos y 25 smlmv para las hermanas de la víctima directa.

Por d año emergente , indica que no se aportaron las facturas o documentos que acrediten el pago de su defensa en el proceso penal, por eso no cumple con los requisitos de los artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario, en concordancia con los artículos 621 y 774 del Código de Comercio.

Para el lucro cesante consolidado, indica que no se acreditó el promedio de ingreso mensual percibido por el actor y lo dejado de percibir cuando estuvo privado de su libertad, pues los negocios los manejaba su esposa, de manera que se presume que por lo menos percibía un salario mínimo, pero el salario del 2009 multiplicado por los 4 meses y 29 días que permaneció retenido, actualizado a valor presente, arroja un resultado menor al salario mínimo actual y por eso realiza el cálculo del salario mínimo

por lo menos percibía un salario mínimo, pero el salario del 2009 multiplicado por los 4 meses y 29 días que permaneció retenido, actualizado a valor presente, arroja un resultado menor al salario mínimo actual y por eso realiza el cálculo del salario mínimo del año 2019 por el tiempo en el que permaneció privado de la libertad, para un total de $4’127.240.RADICACIÓN : 41001-33-33-005-2016-00132-02

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2.4. Los recursos de apelación.

2.4.1. Naciónfiscalía general de la Nación (f. 398 a 411, d).

La parte demandada apela la sentencia proferida para que se revoque y se nieguen las pretensiones de la demanda.

Lo anterior, porque no puede aplicarse la responsabilidad objetiva del estado según el artículo 414 del anterior CPP y el Decreto Ley 2700 de 1991, pues debe analizarse que el proceso penal se adelantó según la Ley 600 de 2000 que confería funciones de jurisdicción a los delegados del Fiscal General para afectar la libertad de las personas formalmente vinculadas a la investigación, que cada etapa del proceso exigía una intensificación de la prueba para conocer la verdad y en este ca so se inició con una presunción que daba el mérito suficiente para decretar la medida de aseguramiento de detención preventiva y se invertía la carga de la prueba.

Por lo anterior, en el orden lógico legal se adelantó un proceso penal contra el actor por los punibles de concierto para delinquir, testaferrato, terrorismo y rebelión y la orden de captura obedeció a razones jurídicas en ese momento, ajustándose a

Por lo anterior, en el orden lógico legal se adelantó un proceso penal contra el actor por los punibles de concierto para delinquir, testaferrato, terrorismo y rebelión y la orden de captura obedeció a razones jurídicas en ese momento, ajustándose a exigencias sustanciales y formales de la Ley, pero no a una actuación indebida o grosera utilización de la norma, agregando que el régimen de responsabilidad objetivo aplicado en jurisprudencia del Consejo de Estado, ha sido objeto de “diversos salvamentos de vo to” (sin referencia), indicando que deben revisarse las causas por las que se exonera al procesado o los requisitos sustanciales para la detención preventiva.

2.4.2. Apelación adhesiva de la parte actora (f. 423 y 424, C.P.3).

La parte actora se adhiere al recurso de apelación y solicita revocarla parcialmente para reconocer el daño emergente por $14’900.000 de los gastos en los que tuvo que incurrir durante el proceso penal: transporte hacia Tunja, Bogotá y la penitenciaría de Cómbita, el peritaje particular en este proceso realizado por Martha Lucía Rojas Murcia y las copias del expediente, lo cual a creditó mediante consignaciones bancarias y comprobantes de recibo, sin que se exijan para su prueba facturas o documentos equivalentes sino que basta con acreditar el egreso del patrimonio de los actores y el ingreso al abogado para atender dichos gastos.RADICACIÓN : 41001-33-33-005-2016-00132-02

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3. LA SEGUNDA INSTANCIA. CONSIDERACIONES.

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3. LA SEGUNDA INSTANCIA. CONSIDERACIONES.

3.1. Actuaciones procesales.

Los recursos interpuestos se admiti eron con auto del 10 de septiembre de 2020 (archivo 001, Exp. Digital 2ª Inst., One Drive) y se corrió traslado para las alegaciones en auto del 12 de noviembre de 2020 ( archivo 004, Id.) , oportunidad en la cual se pronunciaron las partes.

La abogada Johana Ñañez Sáenz presenta alegatos de conclusión señalando que actúa en calidad de apoderada sustituta del abogado Hugo Tovar Marroquín, sin embargo , mediante auto del 8 de octubre de 2025 (archivo 63, 2ª Inst. Samai), se indicó que dicha abogada no contaba con poder para actuar en el proceso, pues el abogado Tovar Marroquín actuó con posterioridad a la sustitución del poder que hizo a su favor y así era necesaria la interrupción del proceso tras su fallecimiento, en consecuencia, no se tendrán como presentados sus alegatos conclusivos.

La parte demandada reitera los argumentos de la defensa de la primera instancia y del recurso de apelación (archivo 8 Exp. Digital 2ª Inst., One Drive).

El Ministerio Público guardó silencio según constancia secretarial del 16 de diciembre de 2020 (archivo 010, Id).

3.2. Competencia, legitimación y validez.

La Corporación es competente para dirimir esta instancia de conformidad con el artículo 153 del CPACA y a ello procede por cuanto no se avizoran circunstancias que invaliden lo actuado, las partes se encuentran legitimadas en causa porque la parte actora

La Corporación es competente para dirimir esta instancia de conformidad con el artículo 153 del CPACA y a ello procede por cuanto no se avizoran circunstancias que invaliden lo actuado, las partes se encuentran legitimadas en causa porque la parte actora reclama la responsabilidad de la demandada por el daño antijurídico generado por la privación injusta de la libertad de Ernesto Pantevis, a la cual se accede por el juez de primera instancia y es apelada por ambas partes, por esto su interés en que se resuelva esta instancia.

3.3. Problema jurídico.

Como ambas partes apelaron, el artículo 328 del CGP permite que el Tribunal resuelva sin limitaciones y no solo a lo circunscrito a los reparos concretos del recurso, por eso le corresponde al Tribunal resolver:

3.3.1. Se debe revocar la decisión de primer grado y negar las pretensiones de laRADICACIÓN : 41001-33-33-005-2016-00132-02

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demanda, porque no están satisfechos los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial de la demandada por la privación injusta de la libertad del señor Ernesto Pantevis, pues impuso la medida de aseguramiento según las normas vigentes, considerando las pruebas obrantes en ese momento y los delitos que se investigaban.

3.3.2. En caso contrario, debe decidir si hay lugar a reconocer el daño emergente en la condena impuesta, por los gastos de transporte, peritaje y copias en los que incurrió en el proceso.

La tesis del Tribunal es que debe modificar la sentencia recurrida, en los relacionado

la condena impuesta, por los gastos de transporte, peritaje y copias en los que incurrió en el proceso.

La tesis del Tribunal es que debe modificar la sentencia recurrida, en los relacionado con el monto de los perjuicios morales acorde con la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 del Consejo de Estado, sobre privación injusta de la libertad, en lo demás, se confirmará la decisión de primera instancia porque se demostró la responsabilidad de la parte demandada por la privación injusta de la libertad del señor Ernesto Pantevis y no se accede al reconocimi ento del daño emergente porque no se encuentra debidamente acreditado.

Para sustentar lo anterior, se analizarán los elementos que configuran la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de privación injusta de la libertad, a la luz de los hechos probados y la indemnización de los perjuicios causados.

3.4. La responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad.

El Consejo de Estado4 señala la metodología para abordar el estudio de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en los casos de privación injusta de la libertad, en aplicación de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, de la siguiente manera:

“i) en primer lugar, se identifica la existencia del daño, esto es, debe estar probada la privación de la libertad de la que en este caso se derivan los perjuicios reclamados por los actores;

1. en segundo término, se analiza la legalidad de la medida de privación de la libertad desde una óptica subjetiva, esto es, se estudia si esta se ajustó o no a los parámetros dados por el

1. en segundo término, se analiza la legalidad de la medida de privación de la libertad desde una óptica subjetiva, esto es, se estudia si esta se ajustó o no a los parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como, de hecho;

1. en tercer orden, y solo en el caso de no probarse la existencia de una responsabilidad por el régimen subjetivo, esta se analiza por un régimen objetivo (daño especial);

1. en cuarto lugar, en el evento de que se considere que hay sustento para declarar la responsabilidad estatal, ya fuere en un régimen subjetivo o uno objetivo, se procederá a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico;

4 Sección Tercera Subsección B; sentencia del 16 de noviembre de 2023, R ad. 08001-23-31-000-2011-00837-01 (66.257); C.P. Fredy Ibarra Martínez; demandante: Javier Eliecer Gentil López y otros; demandado: Fiscalía General de la Nación.RADICACIÓN : 41001-33-33-005-2016-00132-02

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1. aparte de lo anterior, en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima como causal excluyente de responsabilidad;

1. finalmente, en caso de condena, se procede a liquidar los perjuicios”. (subrayas fuera del documento).

Lo anterior se ratificó posteriormente por la misma corporación 5 de la siguiente manera:

“... resulta necesario recordar que en materia de privación de la libertad la Corte Constitucional

documento).

Lo anterior se ratificó posteriormente por la misma corporación 5 de la siguiente manera:

“... resulta necesario recordar que en materia de privación de la libertad la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 determinó que, los artículos 90 de la Constitución y 68 de la Ley 270 de 1996, no establecen un régimen de imputación concreto para estos asuntos y concluyó, con fundamento en el citado artículo 68 de la Ley 270 y en lo expuesto en la sentencia C-037 de 1996, que el juez administrativo, en todo caso, debe definir “si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas” 70 , es decir, que el juez debe examinar si la providencia a través de la cual se restringió la libertad fue proporcionada y razonada”.

3.5. Elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado.

El artículo 90 de la Carta Política señala que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión de las autoridades, de lo cual ha inferido la jurisprudencia que esa responsabilidad exige que se acrediten los siguientes requisitos: a) un daño antijurídico , b) la imputabilidad del citado daño al Estado y, c) el nexo causal de aquél y éste.

3.5.1. Daño antijurídico.

En el presente asunto el daño antijurídico reclamado consiste en la privación del derecho a la libertad a que fue sometido el señor Ernesto Pantevis, el cual goza de

3.5.1. Daño antijurídico.

En el presente asunto el daño antijurídico reclamado consiste en la privación del derecho a la libertad a que fue sometido el señor Ernesto Pantevis, el cual goza de protección en el preámbulo y el artículo 28 de la Constitución Política, al igual que en los artículos 3° de la Declaración Universal de derechos humanos, 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado mediante la Ley 74 de 1968, 7º y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por la Ley 16 de 1972, en los cuales, en términos generales, se expresa que nadie puede ser privado de su libertad, sometido a detención o prisión arbitraria, con las salvedades fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ello.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la privación de la libertad debe ser excepcional y para definir si una detención es arbitraria, deben efectuarse valoraciones sobre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, adicionalmente, la misma debe contar con una motivación suficiente , ajustarse a la

5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Subsección C, sentencia de 24 de enero de 2024 , Rad. 08-001-23-31-7032009-00483-01; demandante: Felipe Daniel Suárez Mondul y otros; demandado: Nación fiscalía general de la Nación y Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-RADICACIÓN : 41001-33-33-005-2016-00132-02

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Nación y Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-RADICACIÓN : 41001-33-33-005-2016-00132-02

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legalidad y no ser arbitraria . Al respecto dicho Tribunal Internacional en el caso Pollo Rivera vs Perú, indicó:

“121. En virtud de los artículos 7.2, 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención, la regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, ya que éste goza de un estado jurídico de inocencia. En casos excepcionales, el Estado podrá recurrir a una medida de e ncarcelamiento preventivo a fin de evitar situaciones que pongan en peligro la consecución de los fines del proceso (la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigacion es ni eludirá la acción de la justicia). Para que una medida privativa de libertad se encuentre en concordancia con las garantías consagradas en la Convención, su aplicación debe conllevar un carácter excepcional y respetar el principio de presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad , indispensables en una sociedad democrát