TA HUI - Sentencia 41001-33-33-005-2020-00049-01 (02-12-2025)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Magistrado ponente: John Alexander Hurtado Paredes Neiva Dos (02) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Reparación Directa Demandante María Lourdes Narváez Aldana y otros Demandado Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional Radicación 41 001 33 33 005 2020 00049 01 Asunto Sentencia N° S-197 Acta No. 085 De la fecha.

I. OBJETO

El artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 (modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024), reguló el orden y prelación de turnos, indicando que los despachos judiciales tramitarán y fallarán los procesos sometidos a su conocimiento, conforme al orden cronológico de turnos. Así mismo, enlistó los casos en los que se exceptúa esta regla, e indicó que se debe dar prelación a aquellos procesos cuya solución implique la aplicación del precedente vinculante.

Como en el presente asunto se controvierte la responsabilidad del Estado, por daños derivados por violaciones de Derechos Humanos o Delitos de Lesa Humanidad, asunto que fue objeto de unificación en la sentencia 85001-33-33-002201400144-01 (61033) del 29 de enero de 2020, esta corporación dará prelación al proceso.

En tal virtud, la Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia proferida el 27 de enero de 2023 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, mediante la cual se declaró

En tal virtud, la Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia proferida el 27 de enero de 2023 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, mediante la cual se declaró probada de oficio la excepción de caducidad, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

II. ANTECEDENTES

A) De la demanda1

1. Las Pretensiones

Mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, los señores María Lourdes Narváez Aldana (compañera permanente de la víctima directa), quien obra en representación de sus menores hijos : Maicol Stiven Álvarez Narváez y Karen Liseth Álvarez Narváez; Jael Aldana Loaiza (suegra de la víctima directa) y José Jonathan Narváez Aldana (cuñado de la víctima directa),

1 Índice 00085, Samai Primera Instancia. Expediente Digitalizado. Documento Contrato de Digitalización.pdf registrado 26/11/2023 a las 18:46:50TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 2 de 14

Medio de control: Reparación Directa

Demandante: María Lourdes Narváez Aldana y Otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Radicación: 41 001 33 33 005 2020 00049 01

actuando en nombre propio, pretenden que se declare a la entidad demandada , administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales e

Radicación: 41 001 33 33 005 2020 00049 01

actuando en nombre propio, pretenden que se declare a la entidad demandada , administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados, con la muerte del señor José Reinel Álvarez Leal , ocurrida el 8 de noviembre de 2012 cuando se encontraba en su vivienda ubicada en la vereda Cejas Mesitas de la Jurisdicción del Municipio de Aipe (H), así como el posterior desplazamiento forzado.

2. Los hechos jurídicamente relevantes

Según lo indicado en la demanda, el señor José Reinel Álvarez Leal era dirigente campesino y político en el Municipio de Aipe (H), quien fue asesinado de múltiples disparos en presencia de su compañera permanente y sus dos menores hijos, el día 8 de noviembre de 2012, cuando se encontraba en su vivienda ubicada en la vereda Cejas Mesitas del Municipio de Aipe (H).

Precisó que en el mismo momento resultó herida su compañera permanente, la señora María Lourdes Narváez Aldana, quien vio al atacante y según su descripción, corresponde a un miembro activo del Ejército Nacional – Novena Brigada, señor Islein Rocha Lamprea.

Adujo que en el informe de investigador de laboratorio FPJ -13, realizado el 21 de noviembre de 2012, se determinó que el elemento encontr ado corresponde a un proyectil parcialmente deformado que fue disparado en arma de fuego tipo fusil calibre 5.56 x45 mm, “entre las cuales se encuentra las marcas GALIL,

noviembre de 2012, se determinó que el elemento encontr ado corresponde a un proyectil parcialmente deformado que fue disparado en arma de fuego tipo fusil calibre 5.56 x45 mm, “entre las cuales se encuentra las marcas GALIL, BUMASTHER, M1, M2. Es de resaltar que una de las armas con más presencia dentro del Ejército Nacional es el fusil GALIL, calibre 56x45 mm”.

Afirmó que en igual sentido, en el informe de investigador de campo de fecha 10 de octubre de 2013, se precisó que con las leyendas que presentan las vainillas percutidas en sus bases, se podía determinar la procedencia de las mismas y a su vez a los Batallones a los cuales se les asignó; por lo cual se le solicitó información al subdirector de armamento del Ejército Nacional información sobre el Batallón o Unidad a la que se le ordenó la munición L04CBC03556, quien respondió que fue asignado al Grupo de Caballería Blindado Mediano General Gustavo Matamoros Da Costa ubicado en Albania – Guajira.

Informó que sobre el homicidio del señor José Reinel Álvarez Leal, la Fiscalía General de la Nación inició investigación penal bajo el radicado No. 410016000587201200189.

3. Fundamentos de derecho

Citó el artículo 1, 2, 4, 6, 11, 12, 13, 15,16, 29, 42 y 90 de la Constitución Política; artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 1 y 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 4, 5 y 11 de la

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 4, 5 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos H umanos; Protocolo II ad icional a los Convenios de Ginebra de 1949; Ley 1437 de 2011 y Ley 1564 de 2012.

B) Contestación de la demanda Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional2

2 Índice 00009, Samai Primera InstanciaTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 3 de 14

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Demandante: María Lourdes Narváez Aldana y Otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Radicación: 41 001 33 33 005 2020 00049 01

La apoderada de la entidad contestó de manera extemporánea.

C) Sentencia de primera instancia3

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva en sentencia proferida el 27 de enero de 202 3, declaró de oficio la excepción de caducidad, denegando de esta manera las pretensiones de la demanda.

Indicó que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia de Unificación proferida el 29 de enero de 2020, dentro del proceso radicado bajo el número 85001 -33-33-002-2014-00144-01 (61033), determinó que en asuntos relacionados con delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, es exigible el término de caducidad, para interponer el medio de control de reparación directa,

relacionados con delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, es exigible el término de caducidad, para interponer el medio de control de reparación directa, pues ni en el Código Contencioso Administrativo ni en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se establece una regla especial frente a estas conductas, salvo a lo relacionado con el delito de desaparición forzada.

De igual manera afirmó que para efectos de realizar la c ontabilización del término de caducidad establecido en la norma, para interponer el medio de control de reparación directa, es necesario en cada caso analizar la posibilidad que tenían los accionantes de conocer el hecho dañoso desde su ocurrencia y si se encontraban en condiciones de inferir la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial al Estado.

Precisó que, para el caso concreto, en la misma demanda el apoderado afirmó que los afectados tuvieron conocimiento de la muerte violenta del señor José Reinel Álvarez Leal ocurrida el 8 de noviembre de 2012 y de la participación del Ejército Nacional en el mencionado hecho, de conformidad con la declaración juramentada rendida el 5 de septiembre de 2013 por un testigo dentro de la investigación penal No. 410166000587201200189-269345. Considerando que estas afirmaciones cumplen con los requisitos propios de una confesión efectuada por parte del apoderado judicial, de conformidad con los artículos 191 y 193 del C.G.P.

Afirmó que, en virtud de lo analizado se tiene que desde el mismo 8 de noviembre de 2012, los demandantes contaban con elementos de juicio que les permitía inferir la participación del Ejército Nacional en la muerte del señ or José Reinel Álvarez

Afirmó que, en virtud de lo analizado se tiene que desde el mismo 8 de noviembre de 2012, los demandantes contaban con elementos de juicio que les permitía inferir la participación del Ejército Nacional en la muerte del señ or José Reinel Álvarez Leal, hechos que eran susceptibles de ser demandados por el medio de control de reparación directa, dentro del término legal otorgado para ello.

Expuso que en el presente asunto el término para demandar por reparación directa empezó a correr el 8 de noviembre de 2012 y venció el 8 de noviembre de 2014; que la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 12 de noviembre de 2019 y la demanda fue presentada el 21 de febrero de 202 0, sin que se haya probado la existencia de alguna condición o circunstancia especial que les hubiese impedido demandar de manera oportuna en ejercicio del medio de control de reparación directa; motivo por el cual se configuró la excepción de caducidad, declarándola de manera oficiosa.

D) Impugnación parte accionante4

3 Indice 00075, Samai Primera Instancia. 4 Indice 00077, Samai Primera Instancia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 4 de 14

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Demandante: María Lourdes Narváez Aldana y Otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Radicación: 41 001 33 33 005 2020 00049 01

El apoderado recurrió la decisión de primera instancia bajo los siguiente s argumentos:

1. Desconocimiento del precedente vinculante de la CIDH

Radicación: 41 001 33 33 005 2020 00049 01

El apoderado recurrió la decisión de primera instancia bajo los siguiente s argumentos:

1. Desconocimiento del precedente vinculante de la CIDH

El precedente jurisprudencial internacional resulta vinculante para el juez administrativo por tratarse de la interpretación autorizada de la Convención Americana de Derechos Humanos la cual hace parte del bloque de constitucionalidad.

Especificó que la CIDH consideró que la normas sobre imprescriptibilidad de la acción penal deben extenderse a los procesos de reparación administrativa en los casos de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a derechos humanos.

1. Carencia de análisis de las circunstancias que obstaculizaron materialmente el ejercicio del derecho de acción que impidieron presentar la demanda

Consideró que en el presente asunto los demandantes al momento de radicar la demanda, se encontraban en una circunstan cia que les impidió iniciar la acción respectiva, como lo es la situación de desplazamiento forzado del cual son víctima; omitiéndose en primera instancia valorar pruebas que acreditaban dicha condición, que aún persiste, por lo que al ser un daño continuo se debe inaplicar la prescripción de la acción.

Solicitó dar aplicación integral de la se ntencia de unificación del 29 de enero de 2020, toda vez que el precedente jurisprudencial dispuso que en los eventos en los que se acrediten circunstancias que hayan obstaculizado al afe ctado ejercer el derecho de acción, “el referido término de caducidad de la pretensión de reparación directa no resulta exigible”.

que se acrediten circunstancias que hayan obstaculizado al afe ctado ejercer el derecho de acción, “el referido término de caducidad de la pretensión de reparación directa no resulta exigible”.

E) Alegatos de conclusión en segunda instancia5

Conforme lo regulado en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y dado que en el presente caso no es necesario decretar pruebas, no hubo lugar a correr traslado a las partes para alegar.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

A) Competencia

El Tribunal es competente para con ocer la segunda instancia al así preverlo los artículos 125, numeral 2 y 153 de la Ley 1437 de 2011.

B) Planteamiento y solución del problema jurídico

Acorde a la apelación presentada por la parte accionante y conforme a lo establecido en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, corresponde determinar si en el presente asunto se presentó el fenómeno procesal de la caducidad de l medio de control de Reparación Directa o si se debe

5 Índice 00010, Samai, segunda instancia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 5 de 14

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Demandante: María Lourdes Narváez Aldana y Otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Radicación: 41 001 33 33 005 2020 00049 01

declarar a La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, responsable

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Radicación: 41 001 33 33 005 2020 00049 01

declarar a La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, responsable administrativa y patrimonialmente de los daños que reclaman los dema ndantes, derivados de la muerte del señor José Reinel Álvarez Leal , ocurrida el 8 de noviembre de 2012 , la cual fue ocasionada , al parecer, por miembros del Ejército Nacional.

La Sala considera que en el presente asunto se debe confirmar la decisión que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto operó la figura jurídica de la caducidad del medio de control de Reparación Directa.

c) Del fondo del asunto

1. Caducidad de las pretensiones indemnizatorias ocasionados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, evitando dejar situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial; por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar.

El establecimiento de dichas oportunidades l egales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 6, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, concretando el concepto de derechos adquiridos.

derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, concretando el concepto de derechos adquiridos.

La caducidad, considerada como un mecanismo que brinda seguridad jurídica, se entiende también como una limitación al ejercicio del derecho de acción, que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 7, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la potestad de accionar.

En ese orden tenemos que el numeral 2º literal i) del artículo 164 del CPACA, establece los plazos para la presentación en tiempo de la demanda de reparación directa en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así:

Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…)

6 Consejo de Estado, sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05: “(...) el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si b ien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena

sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si b ien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurí dica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.” 7 Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorabl emente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 6 de 14

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1. Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante

1. Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia (…).

Como se ve, la regla para contabilizar la caducidad del medio de control de reparación directa resulta ser clara, en tanto el CPACA dispone expresamente que los dos (2) años para ejercer la acción se contarán a partir del suceso por acción u omisión generador del daño o cuando la persona tuvo conocimiento del mismo, siempre que demuestre el impedimento de haberlo conocido en la fech a de su estructuración.

Ahora bien, en cuanto a la determinación del momento en que inicia la caducidad en los casos donde se analizan delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier asunto en donde se tenga una pretensión indemnizatoria por parte del Estado, el órgano de cierre jurisprudencial 8 unificó su jurisprudencia en los siguientes términos:

PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo

cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley …

La anterior decisión fue acogida por la Corte Constitucional, en Sentencia SU -312 de 2020, medi ante la cual unificó su jurisprudencia sobre la materia, en la cual precisó que la providencia de unificación del Consejo de Estado “se mostraba respetuosa de los postulados constitucionales sobre acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y reparación patrimonial por los daños causados por el Estado, así como con lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos alusivos al acceso a un recurso judicial efectivo”.

Destacó que el plazo de dos (2) años dispuesto por el ordenamiento jurídico para interponer la demanda de reparación directa frente a esta clase de delitos se advertía razonable, pues el mismo solamente comenzaba a contarse d esde el momento en que el interesado tuviera conocimiento del suceso y de su posible atribución a agentes del Estado.

advertía razonable, pues el mismo solamente comenzaba a contarse d esde el momento en que el interesado tuviera conocimiento del suceso y de su posible atribución a agentes del Estado.

Aunado a lo anterior, precisó que para garantizar el derecho a la reparación patrimonial de las víctimas no era necesario extender mecáni camente al proceso contencioso administrativo los efectos de la imprescriptibilidad penal de los delitos de lesa humanidad, pues se trataba de figuras con características y propósitos

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de jurisprudencia por importancia jurídica del 29 de enero de 2020, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Rad. 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033)TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 14

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diversos y porque los dos instrumentos compartían el criterio de “conocimiento” como elemento central para su operatividad.

2. Análisis del acervo probatorio

Del material probatorio obrante en el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

1. Indagación preliminar No. 001-2014, adelantada en la Novena Brigada del Ejército Nacional. La mencionada investigación fue iniciada en averiguación de responsable, por la muerte de José Reinel Álvarez Leal , ocurrida el 8 de noviembre de 2012 y

Nacional. La mencionada investigación fue iniciada en averiguación de responsable, por la muerte de José Reinel Álvarez Leal , ocurrida el 8 de noviembre de 2012 y Daniel Álvarez Leal el 5 de noviembre de 2013, siendo este último miembro orgánico del Batallón No. 9 de Alta Montaña de la Novena Brigada de Ne iva. Dentro de la cual obran los siguientes documentos:

• Oficio del 15 de noviembre de 2013, suscrito por Víctor Manuel Álvarez Leal y dirigido al Comandante de la s Fuerzas Militares, en donde pone en conocimiento, cada una de las circunstancias en que se causó la muerte en fechas y hechos distintos, de sus hermanos José Reinel Álvarez Leal y Daniel Álvarez Leal; advirtiendo que en estos hechos hubo participación de algunos miembros de la Institución.9

• Oficio radicado el 8 de noviembre de 2013, s uscrito por el apoderado del núcleo familiar de los hermanos de José Reinel Álvarez Leal, quienes actúan en calidad de víctimas en el proceso penal radicado bajo el No. 410165000587201200189 por el delito de homici dio del señor José Reinel

Álvarez Leal.10

En el docu mento p uso en conocimiento del Fiscal 10 Seccional EDA de Neiva, el homicidio de su otro hermano Daniel Álvarez Leal ocurrido el 5 de noviembre de 2013, informando que fueron capturados dos sujetos por este hecho y uno de ellos es el señor Octavio Gasca Valderrama. De igual manera solicitó, el envío del expediente a la Fiscalía de Derechos Humanos en Bogotá, además protección para todos los miembros de la familia Álvarez

hecho y uno de ellos es el señor Octavio Gasca Valderrama. De igual manera solicitó, el envío del expediente a la Fiscalía de Derechos Humanos en Bogotá, además protección para todos los miembros de la familia Álvarez Leal.

• Decreto de Unidad Procesal de fecha 11 de abril de 2014, de la indagación preliminar 002 -2013 adelantada en averiguación de responsable ante el Comandante del Grupo Unificado GAULA –HUILA, Unidad Orgánica de la Novena Brigada , por hechos de amenazas por parte de un miembro del

Gaula Militar Huila al SLP. Daniel Álvarez Leal.11

• Diligencia de ampliación y ratificación de queja rendida el 15 de mayo de 2014 por el señor Víctor Manuel Álvarez Leal, dentro de la indagación preliminar No. 001 -2014. Quien ratificó bajo la gravedad de juramento lo informado en el escrito del 15 de noviembre de 2013. Además, expuso que su hermano José Reinel Álvarez Leal fue asesinado el 8 de noviembre de 2012 por miembros del “Gaula” y “Batallón Tenerife”; y Daniel Álvarez Leal fue asesinado el 5 de noviembre de 2013, por una persona que está detenida

9 Índice 00055, Samai, primera instancia. Folio 2-6. 10 Índice 55, Samai, primera instancia. Folio 7-8. 11 Índice 55, Samai, primera instancia. Folio 123-124.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 8 de 14

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Demandante: María Lourdes Narváez Aldana y Otros

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por estos hechos en la cárcel de Rivera y que al parecer fue contratado por los hermanos Rocha, “José Rocha y el Soldado Guali al parecer del Gaula”. 12

• Auto de Archivo de Indagación Preliminar No. 001 -2014 proferido el 27 de abril de 2015 . Notificado el 13 de mayo de 2015 al señor Víctor Manuel

Álvarez Leal. 13

1. Noticia criminal No. 410166000587201200189 adelantada en la Fiscalía General de la Nación, por el homicidio del señor José Reinel Álvarez Leal . Dentro de la misma se resalta los siguientes documentos, relacionados con el conocimiento que tenían los accionantes sobre la participación de miembros del Ejército en los hechos

investigados:

• Entrevista rendida el 3 de abril de 2013, por la señora María Lourdes Narváez Carvajal, en la Fisc alía General de la Naci ón en calidad de compañera permanente de la víctima José Reinel Álvarez Leal, en donde manifestó que reafirma lo ya dicho el pasado 9 de noviembre de 2012 . Afirmó que también fue herida en los hechos en donde se l e causó la muerte a su esposo y que fue atendida en la ESE del Municipio de Aipe y en la Clínica Medilaser. 14

(Subrayado fuera del texto)

Indicó que el sepelio de su esposo José Reinel Álvarez Leal, se realizó el 10

fue atendida en la ESE del Municipio de Aipe y en la Clínica Medilaser. 14 (Subrayado fuera del texto)

Indicó que el sepelio de su esposo José Reinel Álvarez Leal, se realizó el 10 de noviembre de 2012 y al otro día recibió una visita de un joven que le manifestó que se fuera de ahí o si no le iba a pasar lo mismo que a su esposo, por lo que decidió irse de la vereda junto con sus hijos para la ciudad de Neiva y poner en conocimie nto estos hechos, por lo que está ri ndiendo la declaración.

Afirmó que el día en que asesinaron a su esposo hacía presencia el Ejército en l a vereda y muy cerca a su casa, en motocicletas, armados y encapuchados, razón por la cual no entiend e porque al presentarse los disparos no se acercó alguno de ellos. Ante todo, esto expresó “estoy muy segura de que los directamente relacio nados en la muerte de mi esposo fueron miembros de las fuerzas militares, específicamente Ejército Nacional”. (Subrayado fuera del texto)

• Entrevista FJP14de fecha 14 de abril de 2013, rendida por el señor Pedro Nelson Álvarez Leal dentro de la noticia criminal 410166000587201200189, cuya víctima es el señor José Reinel Álvarez Leal. En el relato manifiesta que tiene conocimiento que a su hermano lo asesinó el Ejército Nacional.15

• Informe No. 41 -33832 del 10 de octubre de 2013 , sobre la experticia de carácter balístico realizada a los casquillos y municiones recolectadas el día

• Informe No. 41 -33832 del 10 de octubre de 2013 , sobre la experticia de carácter balístico realizada a los casquillos y municiones recolectadas el día 8 de noviembre de 2012, en donde se causó la muerte al señor José Reinel Álvarez Leal en la vereda Mesitas de la Ceja del Municipio de Aipe (H).

En donde se obtuvo lo siguiente: 16

12 Índice 55, Samai, primera instancia. Folio 249-252. 13 Índice 55, Samai, primera instancia. Folio 298-307. Y Folio 314. 14 Índice00085, Samai, primera instancia. Expediente Digitalizado. Documento 18:46:50. Folio 35-37. 15 Índice00085, Samai, primera instancia. Expediente Digitalizado. Documento 18:46:50. Folio 38-40. 16 Índice00085, Samai, primera instancia. Expediente Digitalizado. Documento 18:46:50. Folio 61-62.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 14

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Demandante: María Lourdes Narváez Aldana y Otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Radicación: 41 001 33 33 005 2020 00049 01

• Informe ejecutivo del 9 de diciembre de 2013 rendido por la Fiscalía 10

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