TA HUI - Sentencia 41001-33-33-005-2023-00207-01 (08-07-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M.P. José Miller Lugo Barrero

Neiva, ocho (8) de julio de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEMANDANTE GLADYS AMANDA TIMANA

CHIMBORAZO

DEMANDADO NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONALFONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIOFOMAG y OTRO RADICACIÓN 41001333300520230020701

APROBADO SALA DE DECISIÓN DE LA FECHA

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes a la segunda instancia y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 19 de septiembre de 2024 , proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA1

Gladys Amanda Timana Chimborazo, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demanda a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, solicitando la nulidad de la resolución No. 7080 del 29 de diciembre de 2021, por medio de la cual se niega el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y la nulidad de la

resolución No. 7080 del 29 de diciembre de 2021, por medio de la cual se niega el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y la nulidad de la

1 Documento a índice 3 documento 2 del expediente electrónico de primera instancia - Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 2 de 27 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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resolución 3994 del 29 de junio de 2022 , mediante la cual resuelve de manera desfavorable el recurso de reposición interpuesto contra la decisión inicial.

A título de restablecimiento del derecho, solicita que se declare que como se vinculó como docente oficial antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, por se le reconozca la pensión de jubilación por aportes de conformi dad con las Leyes 33 de 1985, 91 de 1989 , 812 de 2003 y el Acto legislativo 01 de 2005 teniendo como Ingreso Base de Liquidación el salario promedio mensual devengado en el último año de servicios anterior a la fecha de cumplimiento de su estatus. Asimismo, que los valores resultantes se ajusten, actualicen e indexen.

Por último, que se ordene el cumplimiento de la sentencia conforme los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A, y se condene en costas a la entidad demandada.

1.1. Sustenta lo anterior en los siguientes HECHOS:

• Que nació el 10 de febrero de 1963 y laboró en calidad servidora pública

demandada.

1.1. Sustenta lo anterior en los siguientes HECHOS:

• Que nació el 10 de febrero de 1963 y laboró en calidad servidora pública en cargos administrativos y docentes por más de 20 años de servicios en

los siguientes tiempos:

• Que mediante sentencia del 30 de octubre de 2012 se le reconoció la calidad de trabajadora del municipio de Municipio de Isnos como docente oficial, por lo que estuvo vinculada antes de la Ley 812 de 2003.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 3 de 27

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• Que cumplió los 55 años de edad el 10 de febrero de 2018, fecha en la cual tenía más de 20 años de servicios cotizados al sector público.

• Mediante escrito radicado SAC HUI2021ER17802 del 7 de julio de 2021 solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación por aportes, lo cual fue resuelto de manera desfavorable med iante resolución No. 7080 del 29 de diciembre de 2021, decisión que fue confirmada mediante Resolución 3994 del 29 de junio de 2022.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Invoca como normas vulneradas los artículos 1, 2, 13, 25, 48 adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, 53, 58, 93 y 209 de la Constitución Política Colombiana.

Invoca como normas vulneradas los artículos 1, 2, 13, 25, 48 adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, 53, 58, 93 y 209 de la Constitución Política Colombiana.

Precisa que las anteriores normas han sido vulneradas por los actos demandados por falta de aplicación, puesto que la demandante , al tener una vinculación al servicio público educativo oficial anterior al 27 de junio de 2003, hace parte de los regímenes exceptuados de la Ley 100 de 1993 y por ende, conserva su régimen pensional anterior, es decir, la pensión establecida en la Ley 33 de 1985 siendo compatible con el disfrute del salario en virtud del Decreto 224 de 1972, como lo ha establecido el Consejo de Estado en las sentencias:

Que en materia pensional, la vinculación al sistema empieza a partir del momento en que el trabajador ingresa al servicio, porque el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 exige una vinculación con anterioridad a su entrada en vigencia, es decir, no requiere que la relación laboral esté vigente al 27 de junio de 2003, tampoco exige que se extienda en el tiempo y se pierda tal beneficio con la extinción de la relación de trabajo, en consecuencia, la no prestación del servicio antes o después de la Ley 812 de 2003, no implica que el docente pierda el régimen exceptuado consagrado en el acto legislativo 01 de 2005, las Leyes 91 de 1989 y 71 de 1988.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDADA Y VINCULADA

2.1. NaciónMinisterio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones

91 de 1989 y 71 de 1988.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDADA Y VINCULADA

2.1. NaciónMinisterio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag2

Manifiesta que se opone a las pretensiones, por cuanto que la demandante presentó la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez ante la Secretaría

2 Documento a índice 12 del expediente electrónico de primera instanciaSamai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 4 de 27 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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de Educación del H uila, en donde se observa que su fecha de vinculación fue 23/02/2004.

Que la vinculación como docente fue por OPS, suscritos con el Municipio de Isnos y por parte de la demandante no se ha demostrado la ocurrencia o configuración de un contrato realidad, mediante el cual se haya desvirtuado la autonomía e independencia que confluyen en un contrato de prestación de servicios, por lo que, no ha surgido para la administración el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, pues para el caso que nos compete el demandante no ha perseguido dicha pretensión.

Como excepciones propuso las siguiente: “ Vinculación de los litis consortes necesarios, legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad, ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico, cobro de lo no debido y prescripción.”

consortes necesarios, legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad, ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico, cobro de lo no debido y prescripción.”

2.2. Departamento del Huila – vinculada como litisconsorcio necesario3.

Solicita negar las pretensiones, toda vez que los actos administrativos expedidos por esa entidad , frente solicitud reconocimiento de la pensión de jubilación y el que confirma la negatividad de la misma, están debidamente motivados, fueron emitidos basados a l estudio de l FOMAG y gozan de presunción de legalidad. Que de encontrar viable la presente pretensión, solicita compartir la responsabilidad entre las entidades responsables, con base en los hechos y fundamentos de derecho.

Propone como excepciones las de “falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación, prescripción, legalidad de los actos demandados”

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4

Mediante sentencia dictada en audiencia inicial del 19 de septiemb re de 2024, el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción denominada “falta de legitimación en la causa por pasiva” propuesta por el DEPARTAMENTO DEL HUILA.

3 3 Documento a índice 19 del expediente electrónico de primera instancia - Samai. 4 Documento a índice 21 del expediente electrónico de primera instanciaSamai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 5 de 27 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Gladys Amanda Timana Chimborazo

Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional -Fomag

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SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas “legalidad de los actos administrativos acusados”, “cobro de lo no debido” y “genérica” propuestas por la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 7080 del 29 de diciembre de 2021 y de la Resolución 3994 del 29 de junio de 2022, proferidas por la Secretaría de Educación del Departamento del Huila en nombre y representación de la NACIÓN

– MINISTERIO DE ED UCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO.

CUARTO: DECLARAR probada la excepción de “prescripción” propuesta por la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 07 de julio de 2018, por las razones expuestas.

QUINTO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reconocer y p agar a favor de GLADYS AMANDA TIMANA CHIMBORAZO la pensión de jubilación a que tiene derecho de conformidad con los preceptos de la Ley 33 de 1985, esto es, en un monto equivalente al 75% del ingreso base de liquidación correspondiente al promedio de los f actores

TIMANA CHIMBORAZO la pensión de jubilación a que tiene derecho de conformidad con los preceptos de la Ley 33 de 1985, esto es, en un monto equivalente al 75% del ingreso base de liquidación correspondiente al promedio de los f actores salariales previstos en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, que hubiera devengado y sobre los cuales cotizó durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, desde el 10 de febrero de 2017 al 10 de febrero de 2018, con efectos fiscales a partir del 07 de julio de 2018, por haber operado la prescripción trienal de las mesadas reclamadas.

SEXTO: ORDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a pagar las mesadas adeudadas a favor de la señora GLADYS AMANDA TIMANA CHIMBORAZO desde el 07 de julio de 2018 hasta la inclusión de aquella en la respectiva nómina de pensionados, esto de manera actualizada de conformidad con el inciso 4° del artículo 187 del CPACA, es decir, aplican do la fórmula señalada en la parte considerativa de este fallo.

SÉPTIMO: ORDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a realizar todas las actuaciones interadministrativas pertinentes y necesarias para que, en caso de que el Municipio de Isnos aún no haya pagado las cotizaciones a las que se encuentra obligado en cumplimiento de la sentencia judicial que declaró el contrato realidad identificado con el radicado 41001333100520060025000, o en el evento en que estos

que el Municipio de Isnos aún no haya pagado las cotizaciones a las que se encuentra obligado en cumplimiento de la sentencia judicial que declaró el contrato realidad identificado con el radicado 41001333100520060025000, o en el evento en que estos valores sean inferiores o presenten diferencias respecto de las liquidadas por el mismo fondo del magisterio, se adelante el cobro actualizado a la mencionada entidad territorial de tales sumas faltantes (solo si existieren). Así mismo, pod rá descontar a GLADYS AMANDA TIMANA CHIMBORAZO el porcentaje que como contratista le correspondía durante ese mismo periodo e indexados que no hubiere hecho. Adicionalmente, con el fin de terminar de financiar la prerrogativa en comento, es claro que la pa rte demandada también deberá solicitar el giro de las cotizaciones efectuadas al entonces Cajanal (hoy UGPP), provenientes de la relación legal y reglamentaria que sostuvo la accionante con la Contraloría General de la Republica del 05 de agosto de 1986 y 27 de octubre de 1992, pues tal período está siendo considerado para el reconocimiento de la pensión bajo estudio.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 6 de 27 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Gladys Amanda Timana Chimborazo Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional -Fomag Rad. 41 001 33 33 005 2023 00207 01

OCTAVO: NO CONDENAR en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en precedencia.

NOVENO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO: La NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE

precedencia.

NOVENO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO: La NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, dará cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en el artículo 192 y siguientes del CPACA.

UNDÉCIMO: Ejecutoriada la presente sentencia, ARCHIVAR el expediente una vez realizadas las correspondientes anotaciones en el SAMAI.”

Para adoptar tal decisión, el a quo se refirió inicialmente a los tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, precisando que pueden darse dos connotaciones diferentes, la existencia el contrato realidad a efectos de que se le reconozca todos sus derechos laborales y prestacionales, y cuando se persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

Indicó que el Decreto 1848 de 1969 “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135” permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión soci al a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por la Ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derech o a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.

pago de la pensión de jubilación, tiene derech o a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.

En ese orden, en aplicación del principio de la primacía de la realid ad sobre las formalidades y en tratándose de docentes oficiales, estimó procedente contabilizar el tiempo durante el cual se prestó el servicio al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación.

De las pruebas aportadas, resaltó que la demandante estuvo vinculada a través de contratos de prestación de servicios con el municipio de Isnos desde el año 1996 a 2002, periodos en los cuales se declaró la existencia de una relación laboral entre estos, a través de sentencia del 30 de octubre de 2012 proferida al interior del medio de control identificado con el radicado 41001333100520060025000, en la que se ordenó a la entidad territorial efectuar el pago de la totalidad de prestaciones sociales que no le fueron sufragadas y elTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 27 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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consecuente cómputo del tiempo para efectos pensionales junto con el pago de las cotizaciones correspondientes.

Advierte que ante la existencia de contratos de prestación de servicios ejerciendo la labor docente, es posible tener en cuenta el período como tiempo

consecuente cómputo del tiempo para efectos pensionales junto con el pago de las cotizaciones correspondientes.

Advierte que ante la existencia de contratos de prestación de servicios ejerciendo la labor docente, es posible tener en cuenta el período como tiempo de servicio efectivamente laborado y acumulable en materia de acreditación de requisitos para acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación, bajo el entendido de que la demandante desempeñó una función idéntica a aquella que realizan los docentes oficiales vinculados a través de una relación legal y reglamentaria.

En ese orden de ideas, advirtió que la actora ha tenido períodos de solución de continuidad y conforme se advierte del acervo probatorio, para todos los efectos prácticos y de análisis de aplicabilidad de las reglas de unificación contenidas en la Sentencia del 25 de abril de 20195, debe tenerse en cuenta la primera data de vinculación como maestra oficial, esto es, desde el 01 de marzo de 1996 cuando se vinculó por primera vez al servicio público educativo mediante contrato de prestación de servicios docentes, es decir, desde antes del 27 de junio de 2003 cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, por lo que las normas aplicables para el reconocimiento de su derecho pensional, de conformidad con el artículo 81 ibídem, son la Ley 33 de 1985 y la Ley 91 de 1989, en virtud de las cuales para ser beneficiario de una pensión vitalicia de jubilación debe cumplir con los requisitos de tener 55 años de edad y 20 años de servicio.

4. RECURSO DE APELACIÓN6

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, inconforme

jubilación debe cumplir con los requisitos de tener 55 años de edad y 20 años de servicio.

4. RECURSO DE APELACIÓN6

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, inconforme con la decisión de primera instancia, solicita que la misma sea revocada, señalando que en el presente caso se pudo establecer que el régimen aplicable a la docente es el establecido en la Ley 812 de 2003, toda vez que la docente se vinculó al F.N.P.S.M desde el 25 de mayo de 2004, posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

Que de acuerdo con la certificación que anexa que la docente ingresó como docente por medio de un acto legal y reglamentario con posterioridad a la

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ -014 -CE-S2 -2019, del 25 de abril de 2019, radicado 68001 23 33 000 2015 00569 01 6 Documento a índice 32 del expediente electrónico de primera instanciaSamai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 8 de 27 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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entrada en vigencia de la Ley 812 por tal motivo la accionante está sujeta a los requisitos establecidos en dicha Ley.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

La Sala es competente para conocer del presente proceso en segunda

requisitos establecidos en dicha Ley.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

La Sala es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia de conformidad con los artículos 125, 153 y 243 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse del recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia de primera instancia.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Como el a quo accedió a las pretensiones de la demanda y la parte demandada recurre tal decisión, la Sala, conforme el artículo 328 del CGP debe determinar si ¿la señora Gladys Amanda Timana Chimborazo, tiene derecho a que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Secretaría de Educación del Departamento del Huilale reconozca una pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985 y demás normas concordantes, y si debe tenerse en cuenta los tiempos de servicios docentes prestados bajo órdenes de prestación de servicios con anterioridad a la Ley 812 de 2003?

3. TESIS DE LA SALA

Se confirmará la sentencia de primera instancia, pues la demandante tiene derecho a que se tengan en cuenta los tiempos servidos como docente, anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en tanto se trata de servicios prestados a una institución educativa de carácter territorial, así sea a través de contratos de prestación de servicios, como lo fue en este caso, los suscritos con el municipio de Isnos - Huila.

En consecuencia, la pensión deberá reconocerse conforme las disposiciones de la Ley 33 de 1985 por encontrarse acreditados los requisitos

contratos de prestación de servicios, como lo fue en este caso, los suscritos con el municipio de Isnos - Huila.

En consecuencia, la pensión deberá reconocerse conforme las disposiciones de la Ley 33 de 1985 por encontrarse acreditados los requisitos de edad y tiempo de servicios. Así mismo, l a entidad demandada tendrá el derecho a repetir contra la referida entidad territorial para efectos del reembolsoTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 27 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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de los aportes que le corresponda, a prorrata del tiempo de servicios a cada una de ella.

Para resolver lo anterior, esta Corporación se ocupará de los siguientes temas: (i) Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente al régimen pensional de docentes oficiales; (ii) lo probado; y, (iii) el caso concreto.

4. PREMISAS NORMATIVAS Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES

4.1. Régimen pensional de docentes oficiales.

Al respecto, debe indicarse que el artículo 115 de la Ley 115 de 1994 o “Ley General de la Educación ”, dispuso que el régimen prestacional de los educadores estatales es el contemplado en la Ley 91 de 1989, cuyo artículo 15 prescribe lo siguiente:

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional

educadores estatales es el contemplado en la Ley 91 de 1989, cuyo artículo 15 prescribe lo siguiente:

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1º. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados has ta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decreto 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley […]”

Conforme a ello, es claro que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mant ienen el régimen vigente que tenían en la entidad territorial donde desarrollan su labor.

El régimen anterior a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989 –esto es, el 29 de diciembre de 1989–, es el contenido en la Ley 33 de 1985, norma que consagra de manera general el derecho pensional de los empleados del sector oficial, la cual en su artícul o primero señala que tendrá derecho al reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación, el empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la

oficial, la cual en su artícul o primero señala que tendrá derecho al reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación, el empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 10 de 27 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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Se destaca que, r especto al monto de la pensión reconocida, sería equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, el cual, para los docentes será el anterior a la adquisición del estatus de pensionado, esto es, al cumplir 20 años de servicio y 55 de edad si fueron vinculados al servicio antes del 27 de junio de 20037.

Con la expedición de la Ley 100 de 1993, a travé s de la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral, se exceptuó de su aplicación a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, según lo previsto en el artículo 279; de manera que se conservaron las remisiones normativas consagradas en la Ley 91 de 1989 relativas al reconocimiento y pago de la pensión jubilación del personal docente.

Sin embargo, con la expedición de la Ley 812 del 2003, se definió el régimen pensional aplicable al personal docente en los tér minos de su artículo 81, que (i) para el caso de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,

Sin embargo, con la expedición de la Ley 812 del 2003, se definió el régimen pensional aplicable al personal docente en los tér minos de su artículo 81, que (i) para el caso de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que estaban vinculados al servicio público educativo oficial al momento de entrar en vigencia la Ley 812 de 2003 –es decir, al 27 de junio de 2003 –, el régimen pensional es el establecido por las normas que los regían para esa fecha, es decir, la Ley 91 de 1989, que como se indicó en precedencia por vía de excepción conservó la remisión a la Ley 33 de 1985; (ii) mientras que el régimen pensional de los docentes vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812, es el régimen de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los mismos requisitos en él exigidos, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para mujeres y hombres.

Lo anterior, fue precisado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 25 de abril de 2019, al unificar su jurisprudencia frente al ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–, en los siguientes términos:

“✓ Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, están exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social, por expresa disposición del artículo 279 de la Ley 100 de 1993. ✓ Al estar exceptuados del Sistema, no son beneficiarios del régimen de

Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, están exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social, por expresa disposición del artículo 279 de la Ley 100 de 1993. ✓ Al estar exceptuados del Sistema, no son beneficiarios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco les aplica el artículo 21 de la citada ley, en materia de ingreso base de liquidación del monto de la mesada pensional.

7 Fecha en que fue promulgada la Ley 812 que modificó el régimen pensional de los docentes, en los términos siguientes: "Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes ofici ales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada e n vigencia de la presente ley”.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 11 de 27 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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✓ El régimen pensional para estos docentes está previsto en la Ley 91 de 1989, normativa que no establece condiciones ni requisitos especiales para adquirir la pensión de jubilación, ya que como lo dispuso en el literal B del numeral 2 del artículo 15, gozan del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985.

✓ De acuerdo con la tesis reiterada de la Sección Segunda del Consejo de Estado

artículo 15, gozan del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985.

✓ De acuerdo con la tesis reiterada de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el régimen de pensiones para los docentes nacionales y nacionalizados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio exceptuados del Sistema General de Pensiones, esta clase de servidores públicos no gozan de un régimen especial de jubilación, pues ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 así lo establecieron, y tampoco lo hizo la Ley 115 de 1994 que ratificó el régimen de jubilación previst o en la Ley 33 de 1985, como norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes, reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6 de 1945 o el Decreto 3135 1968, antecesoras de la Ley 33 de 1985, lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.

✓ Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, tendrán los derechos del régimen pensional de prim a media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión