TA HUI - Sentencia 41001-33-33-006-2025-00172-01 (12-12-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M. P.: Dr. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO

ACCIONADO DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS Y

ADUANAS NACIONALES - DIAN Y OTRO.

PROVIDENCIA SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN 41 001 33 33 006 2025 00172 01

APROBADO EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Procede la Sala a resolver de nuevo la impugnación presentada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN1, contra el fallo proferido el 30 de julio de 2025 por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, mediante el cual tuteló el derecho fundamental al debido proceso e igualdad de la accionante, en cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Estado, Sección Segunda -Subsección B2 en la sentencia de tutela del 10 de octubre de 2025, radicado 11001031500020250568200 y notificada a este despacho el pasado 1º de diciembre de 2025.

1. LA ACCIÓN3

1 Documento a índice No. 033 del expediente electrónico de primera instancia – Samai. Archivo No. 62. 2 Documento a índice No. 42 del expediente electrónico de primera instancia - Samai. Rad. 11001031500020250568200 3 Documento a índice No. 003 del expediente electrónico de primera instancia – Samai.

2 Documento a índice No. 42 del expediente electrónico de primera instancia - Samai. Rad. 11001031500020250568200 3 Documento a índice No. 003 del expediente electrónico de primera instancia – Samai. Tutela“3_003Tutela(.de) NroActua”TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2

ACCIÒN DE TUTELA

ACCIONANTE: KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO

ACCIONADO: DRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL Y OTRO.

RAD. 41001333300620250017201

Karen Lizeth Yunda Perdomo , actuando en nombre propio, instauró acción de tutela solicitando que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la carrera administrativa presuntamente vulnerados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, y la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, al asignarle de manera “forzosa” una plaza específica, liberada por un aspirante anterior, sin permitirle participar en la elección entre las vacantes disponibles. Sustenta lo anterior en los siguientes HECHOS: • Mediante Acuerdo No. CNT2022AC000008 de 29 de diciembre de 2022 se convocó el Proceso de Selección DIAN 2022 para proveer empleos en vacancia definitiva, posteriormente modificado por el Acuerdo No. 24 de 2023.

• Que, con la expedición de la Ley 2277 de 2022 y el Decreto 419 de 2023 se ordenó y materializó la ampliación de la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN.

• Así mismo, que el Decreto 927 de l 7 de junio de 2023 dispuso que las

se ordenó y materializó la ampliación de la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN.

• Así mismo, que el Decreto 927 de l 7 de junio de 2023 dispuso que las listas de elegibles vigentes deben utilizarse también para proveer vacantes surgidas con posterioridad o derivadas de la ampliación de planta, siempre que se trate de empleos equivalentes.

• Que, l a Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, conformó la lista de elegibles mediante Resolución 13250 de 5 de julio de 2024 para el empleo de Gestor II, código 302, grado 2, OPEC 198419 en la cual, figura la accionante en la posición 226.

• Indica que se ofertaron 83 cargos, ya provistos; y posteriormente la DIAN amplió en 174 cargos más, y a partir del 23 de mayo de 2025 la CNSC autorizó sucesivas movilidades de la lista hasta alcanzar más de 110 nombramientos adicionales.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

ACCIÒN DE TUTELA

ACCIONANTE: KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO

ACCIONADO: DRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL Y OTRO.

RAD. 41001333300620250017201

• Señala que fue incluida en la lista autorizada desde el 23 de mayo de 2025

(posición 226), que participó en inducción el 26 de junio de 2025, y que posteriormente la lista continuó ampliándose hasta la posición 303.

• Que e l 28 de mayo de 2025 presentó petición solicitando que para la escogencia de plazas se tuvieran en cuenta todos los cargos vacantes,

posteriormente la lista continuó ampliándose hasta la posición 303.

• Que e l 28 de mayo de 2025 presentó petición solicitando que para la escogencia de plazas se tuvieran en cuenta todos los cargos vacantes, incluyendo los ocupados en provisionalidad, señalando específicamente que había tres (3) vacantes en Neiva, ciudad donde reside y tiene arraigo familiar y que la DIAN respondió el 14 de julio de 2025 , negando la posibilidad de escogencia de plaza, argumentando que su autorización derivó de una “recomposición automática de una lista de elegibles”.

• Sostiene que la exclusión del procedimiento de escogencia vulnera el principio de igualdad, el mérito y el debido proceso, pues existen vacantes en diferentes ubicaciones geográficas y ella se encuentra en posición que le da derecho a elegir conforme al orden de mérito y que en procesos anteriores la accionada ha aplicado el mismo criterio restrictivo, lo cual ha generado controversias resueltas en sede constitucional.

• En consecuencia, pretende que se ordene a la DIAN y la CNSC, cada una en el marco de sus competencias, adelantar las actuaciones necesarias para garantizar su participación, como integrante de la lista de elegibles conformada mediante la Resolución No. 13250 del 5 de julio de 2024, en el proceso de escogencia de vacante de un empleo ofertado con vacantes localizadas en diferente ubicación geográfica.

2. LA CONTESTACIÓN

2.1 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN4

4 Índice 009 expediente de primera instancia – Samai. ContestacionDianTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

ACCIÒN DE TUTELA

2.1 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN4

4 Índice 009 expediente de primera instancia – Samai. ContestacionDianTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

ACCIÒN DE TUTELA

ACCIONANTE: KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO

ACCIONADO: DRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL Y OTRO.

RAD. 41001333300620250017201

Alegó que la accionante no tiene derecho a participar en el procedimiento de escogencia de la plaza que pretende, porque su autorización para ser nombrada provino de una recomposición de lista y no de la fase ordinaria del concurso. Sostiene que la escogencia de empleo únicamente se reconoce a quienes fueron convocados en la lista inicial de elegibles, conforme a las reglas generales del proceso . En ese sentido, consideró que la accionante debía limitarse a aceptar el cargo asignado según las vacantes disponibles reportadas por la entidad y validadas por la CNSC, sin posibilidad de seleccionar ubicación. Agregó que su actuación se enmarca en los lineamientos fijados por la Comisión Nacional del Servicio Civil y en las normas que regulan el concurso, de manera que no existe vulneración de derechos fundamentales. Resaltó que el procedimiento de recomposición de lista tiene un carácter excepcional y busca garantizar la provisión de cargos vacantes en forma ágil y oportuna, pero no otorga los mismos derechos de escogencia que la fase inicial del concurso. En conclusión, para la DIAN, la negativa de permitir a la accionante escoger plaza no constituye trato desigual, sino la aplicación correcta de la reglamentación del proceso.

otorga los mismos derechos de escogencia que la fase inicial del concurso. En conclusión, para la DIAN, la negativa de permitir a la accionante escoger plaza no constituye trato desigual, sino la aplicación correcta de la reglamentación del proceso. 2.2 Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC5 Sostuvo que no es la entidad competente para resolver las pretensiones de la accionante, toda vez que sus funciones culminan con la conformación y autorización de las listas de elegibles.

Aclaró que el nombramiento en período de prueba, la posesión y las actuaciones subsiguientes corresponden exclusivamente a la entidad nominadora, en este caso la DIAN, por lo cual alegó falta de legitimación en la causa por pasiva.

5 Índice 007 expediente de primera instancia – Samai. ContestacionCNSCTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

ACCIÒN DE TUTELA

ACCIONANTE: KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO

ACCIONADO: DRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL Y OTRO.

RAD. 41001333300620250017201

Enfatizó que su intervención se limita a las fases de convocatoria, aplicación de pruebas y conformación de listas, careciendo de facultades para administrar la planta de personal o intervenir en decisiones de nombramiento. Adicionalmente, indicó que ya autorizó el uso de la lista en la que se encuentra la accionante, razón por la cual no hay vulneración de derechos atribuible a dicha Comisión. Incluso, alegó que la acción de tutela deviene improcedente por configurarse un he cho superado, dado que las gestiones propias de su competencia ya fueron cumplidas. En ese contexto, solicitó al

atribuible a dicha Comisión. Incluso, alegó que la acción de tutela deviene improcedente por configurarse un he cho superado, dado que las gestiones propias de su competencia ya fueron cumplidas. En ese contexto, solicitó al despacho judicial declarar su desvinculación del proceso constitucional, al considerar que cualquier eventual vulneración se origina únicamente en la actuación de la DIAN y no en la CNSC.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA6

El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, mediante sentencia proferida el 30 de julio de 2025, resolvió:

“PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso e igualdad de KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO , por las razones expuestas en el presente proveído.

SEGUNDO: ORDENAR a la accionada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda de conformidad a la convocatoria a agotar el procedimiento del “ ARTÍCULO 38.

AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA ESCOGENCIA DE VACANTE DE UN EMPLEO OFERTADO CON VACANTES LOCALIZADAS EN DIFERENTE UBICACIÓN GEOGRÁFICA ” dentro de la lista de elegibles conformada por Resolución No. 13250 del 5 de julio de 2024, OPEC 198419 GESTOR II, Código 302, Grado 2, con la totalidad de vacantes existentes en este momento, excluyendo situaciones particulares ya consolidadas, esto es, que tengan nombramiento y posesión…”

Grado 2, con la totalidad de vacantes existentes en este momento, excluyendo situaciones particulares ya consolidadas, esto es, que tengan nombramiento y posesión…”

6 Documento a índice No. 0011 del expediente electrónico de primera instancia – Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

ACCIÒN DE TUTELA

ACCIONANTE: KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO

ACCIONADO: DRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL Y OTRO.

RAD. 41001333300620250017201

El a quo concluyó que la DIAN vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad de la accionante al impedirle participar en la escogencia de plaza dentro del proceso de selección “DIAN 2022” y que era procedente excepcionalmente la acción, puesto que la decisión sobre permitir o no la escogencia de sede constituye un acto de trámite que no puede ser controvertido mediante los mecanismos ordinarios de nulidad y restablecimiento del derecho , esto es, que se configuraba la excepción de procedencia por inexistencia de otro medio de defensa judicial eficaz. Encontró que la convocatoria del concurso de la referencia es norma obligatoria y que prevé expresamente la realización de audiencias públicas de escogencia de vacante s cuando exista pluralidad de empleos en distintas ubicaciones geográficas. Verificó que en la lista de elegibles del cargo al que aspiraba la actora se encontraban múltiples vacantes en diferentes ciudades, lo que habilitaba el derecho a la escogencia. Indicó que l a negativa de la DIAN a permitir ese procedimiento , desconocía el principio de l mérito, la igualdad y el debido proceso. Por ello,

que habilitaba el derecho a la escogencia. Indicó que l a negativa de la DIAN a permitir ese procedimiento , desconocía el principio de l mérito, la igualdad y el debido proceso. Por ello, concedió el amparo y ordenó a la DIAN realizar la audiencia pública de escogencia de vacantes, garantizando a la accionante y demás elegibles la posibilidad de participar conforme a las reglas de la convocatoria.

4. IMPUGNACIÓN

La DIAN7 interpuso recurso de impugnación y solicitó revocar tal decisión y declarar improcedente la acción de tutela, pues la accionante cuenta con medios judiciales idóneos como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que descarta la subsidiariedad del amparo constitucional. Afirmó que el a quo incurrió en un error al considerar que existía vulneración de derechos fundamentales, pues la entidad ha actuado conforme a la normatividad del concurso y a los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil y

7 Documento a índice No. 027 del expediente electrónico de primera instancia – Samai. ImpugnacionDianTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7

ACCIÒN DE TUTELA

ACCIONANTE: KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO

ACCIONADO: DRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL Y OTRO.

RAD. 41001333300620250017201

porque no se acreditó la inminencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez constitucional.

Expuso que la escogencia de plaza solo procede en los eventos expresamente previstos en la convocatoria y que en el caso de la accionante su

la intervención del juez constitucional.

Expuso que la escogencia de plaza solo procede en los eventos expresamente previstos en la convocatoria y que en el caso de la accionante su inclusión se dio en el marco de una recomposición de lista, lo cual implica la asignación directa de la vacante disponible sin que exista derecho a participar en audiencia de escogencia. Añadió que, conforme al Decreto Ley 927 de 2023, la DIAN cuenta con una planta global que faculta al Director General para efectuar nombramientos y asignaciones de acuerdo con las necesidades del servicio, sin que corresponda al juez limitar esas competencias.

Destaca que no se cumple el requisito de subsidiariedad y no existe un perjuicio irremediable, máxime cuando en el caso concreto la lista de elegibles cuenta con una vigencia de 2 años, es decir, hasta el 25 de junio de 2025, tal como lo indica la sentencia T-081 de 2022.

5. TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA

El pasado 2 de septiembre de 2025 esta Sala resolvió el recurso que antecede y confirmó la decisión del a quo , por lo que se ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Estando en curso ese trámite, la señora Luisa Fernanda Cardona Villanueva, en calidad de tercero con interés , presentó el 10 de septiembre de 2025 acción de tutela en contra de esta corporación y del Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, que consideró vulnerados con ocasión de las aludidas sentencias del 30 de julio de

Administrativo de Neiva y solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, que consideró vulnerados con ocasión de las aludidas sentencias del 30 de julio de 2025 y del 2 de septiembre de 2025, la cual le correspondió conocer al Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, bajo el radicado 11001031500020250568200.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8

ACCIÒN DE TUTELA

ACCIONANTE: KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO

ACCIONADO: DRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL Y OTRO.

RAD. 41001333300620250017201

Dicha corporación, m ediante sentencia de primera instancia del 10 de octubre de 2025, concedió el amparo al derecho fundamental al debido proceso de la señora Cardona Villanueva , dejó sin efectos la providencia del 2 de septiembre de 2025, proferida por esta Sala de Decisión y ordenó que, previo a proferir sentencia de segunda instancia en la que se pronuncie sobre la impugnación interpuesta en contra de la decisión del a quo , se proceda a resolver la solicitud de nulidad propuesta por la señora Luisa Fernanda Cardona Villanueva dentro de esta acción constitucional.

Tal sentencia fue notificada a este Despacho vía correo electrónico el 1º de diciembre de 2025 y ese mismo día 8 la señora Luisa Fernanda Cardona Villanueva allega escrito en el que manifiesta que desiste de la impugnación presentada y de la solicitud de nulidad que invocó el día 19 de agosto de 2025;

Villanueva allega escrito en el que manifiesta que desiste de la impugnación presentada y de la solicitud de nulidad que invocó el día 19 de agosto de 2025; precisando que, aunque intervino mediante escrito del 23 de julio de 2025 y se opuso a las pretensiones de la accionante, a la fecha y ante una eventual concesión de lo solicitado se afectarían sus derechos, dado el probable nombramiento en un cargo en la DIAN.

Conforme a ello, el 3 de diciembre de 2025, con auto de ponente, se dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de tutela del 10 de octubre de 2025, radicado 11001031500020250568200 , aceptando el desistimiento de la impugnación presentada por la señora Cardona Villanueva contra la sentencia del 30 de julio de 2025 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y de la nulidad procesal invocadas mediante escrito del 19 de agosto de 2025.

Una vez notificada tal decisión es reingresado el expediente al despacho a efectos de cumplir lo ordenado por el Consejo de Estado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

8 Índice 46 del expediente electrónico de segunda instancia, Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

ACCIÒN DE TUTELA

ACCIONANTE: KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO

ACCIONADO: DRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL Y OTRO.

RAD. 41001333300620250017201

1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia la

ACCIONADO: DRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL Y OTRO.

RAD. 41001333300620250017201

1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia la impugnación presentada, conforme lo establece el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 153 del CPACA.

2. PROBLEMA JURÍDICO

La Sala deberá resolver si como lo sostuvo el a quo , la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– y la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC– vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad y al acceso a la carrera administrativa de la señora Karen Lizeth Yunda Perdomo, al excluirla del procedimiento de escogencia de plaza dentro del Proceso de Selección “DIAN 2022”, pese a encontrarse incluida en la lista de elegibles mediante recomposición, cuando en la normativa aplicable no se prevé distinción alguna ent re los aspirantes inicialmente incluidos en la lista y aquellos que ingresan por recomposición.

Para llegar a tal determinación, será menester analizar si la accionante presentó elementos de convicción suficientes que habiliten transitoriamente la intervención del juez constitucional.

3. TESIS DE LA SALA

La Sala confirmará la decisión recurrida, al concluir que, de manera excepcional, procede la presente acción de tutela, al no existir instancia judicial igualmente idónea y eficaz para acceder a lo pedido en la demanda y porque la actuación de la DIAN vulneró los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso, igualdad y mérito, por cuanto la normativa aplicable al Proceso

igualmente idónea y eficaz para acceder a lo pedido en la demanda y porque la actuación de la DIAN vulneró los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso, igualdad y mérito, por cuanto la normativa aplicable al Proceso de Selección “DIAN 2022” no establece que los elegibles incorporados porTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

ACCIÒN DE TUTELA

ACCIONANTE: KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO

ACCIONADO: DRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL Y OTRO.

RAD. 41001333300620250017201

recomposición de lista deban ser excluidos del procedimiento de escogencia de plaza. En consecuencia, al restringirle injustificadamente la posibilidad de manifestar su preferencia, la entidad desconoció el principio de mérito, la igualdad de trato entre concursantes y el debido proceso administrativo, lo que impone confirmar la decisión de amparo adoptada en primera instancia.

Para resolver lo anterior, esta Corporación se ocupará de los siguientes temas: i) requisitos generales de la acción de tutela , especialmente el de subsidiariedad; ii) de la acción de tutela y su procedencia excepcional frente a concurso de méritos ; iii) el derecho fundamental al debido proceso; y, iv) el caso concreto.

4. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 9, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u

Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 9, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

4.1 Legitimación en la causa

El inciso primero del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente

9 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentale s, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

ACCIÒN DE TUTELA

ACCIONANTE: KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO

ACCIONADO: DRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL Y OTRO.

RAD. 41001333300620250017201

y sumario. Igualmente, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que

ACCIONADO: DRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL Y OTRO.

RAD. 41001333300620250017201

y sumario. Igualmente, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

En este caso, está acreditada la legitimación en la causa por activa, pues instaura la presente acción constitucional quien alega la vulneración de su derecho fundamental, esto es, la señora Karen Lizeth Yunda Perdomo, por una supuesta vulneración al debido proceso administrativo, a la igualdad y al acceso a carrera administrativa, al asignarle de manera “forzosa” una plaza específica, liberada por un aspirante anterior, sin permitirle participar en la elección entre las vacantes disponibles.

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se tiene que el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental, o de los particulares en los casos en que disponga el legislador, y en el presente caso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y la Comisión Nacional del Servicio CivilCNSC, se encuentran legitimadas en la causa por pasiva para actuar en la presente acción constitucional, por cuanto es contra estas entidades que se invoca la vulneración de los derechos fundamentales deprecados por la parte actora.

4.2 La inmediatez

presente acción constitucional, por cuanto es contra estas entidades que se invoca la vulneración de los derechos fundamentales deprecados por la parte actora.

4.2 La inmediatez

Conforme al citado artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela se puede interponer “en todo momento” y, por ende, en principio, no tiene término de caducidad. Sin embargo, dada la naturaleza de ser un mecanismo para la “ protección inmediata” de los derechos fundamentales, bien se puede concluir que su finalidad es dar una solución de carácter urgente a las situaciones que puedan generar una vulneración o amenaza a derechos fundamentales y en ese orden, debe entenderse que este requisito de laTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 12

ACCIÒN DE TUTELA

ACCIONANTE: KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO

ACCIONADO: DRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL Y OTRO.

RAD. 41001333300620250017201

inmediatez en la interposición de una acción de tutela, siempre debe analizarse teniendo en cuenta las específicas circunstancias del caso, a fin de determinar si fue razonable o no el plazo entre el momento en que se interpuso el recurso y el que se generó la acción u omisión que vulneró los derechos fundamentales del accionante.

Al respecto, la Corte Constitucional 10 ha precisado que la protección de los derechos fundamentales, vía acción constitucional, debe invocarse en un plazo razonable y oportuno contado entre la ocurrencia del hecho generador de la transgresión y la interposición del amparo.

Lo anterior, en procura del principio de seguridad jurídica y de la

plazo razonable y oportuno contado entre la ocurrencia del hecho generador de la transgresión y la interposición del amparo.

Lo anterior, en procura del principio de seguridad jurídica y de la preservación de la naturaleza propia de la acción de amparo, sin embargo, aclara que de manera excepcional será procedente, aun cuando no haya sido promovida de manera inmediata en algunos casos, particularmente, porque no se trata de un mecanismo que tenga un término de caducidad11.

En ese orden, se considera que la presente acción cumple el requisito de la inmediatez, en la medida que el 14 de julio de 2025 la DIAN respondió la petición presentada por la accionante donde indicó claramente que en su caso no se otorgaría la opción de escogencia de plaza, argumentando que su autorización fue producto de una recomposición de lista; situación desde la cual no transcurrieron más de tres días hasta la presentación de la acción constitucional; por lo que, se tiene por satisfecho ampliamente este requisito.

5. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLES

10 Corte Constitucional. Sentencia SU -108 de 31 octubre de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Expediente: T-6.574.829. 11 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 01 de octubre de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Expediente: D-056 y otros acumulados. Corte Constitucional . Sentencia SU-588 de 27 de octubre de 2016.

M.P. Alejandro Linares Cantillo. Expediente: T-5.526.649TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 13

ACCIÒN DE TUTELA

M.P. Alejandro Linares Cantillo. Expediente: T-5.526.649TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 13

ACCIÒN DE TUTELA

ACCIONANTE: KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO

ACCIONADO: DRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL Y OTRO.

RAD. 41001333300620250017201

5.1 De la acción de tutela y su excepcionalísima procedencia frente a concurso de méritos

El principio de subsidiariedad, conforme al marco anterior, implica que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable ; es decir, que las personas -naturales y jurídicasdeben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de manera tal que se impida el uso i ndebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

La Corte Constitucional, en sentencia SU-067 de 24 de febrero de 2022, se pronunció respecto de la excepcional procedencia de la acción de tutela dentro de los concursos de méritos así:

“4.3 Subsidiariedad..., [e]sta corporación ha manifestado que la acción de tutela no es, en principio, el medio adecuado para reclamar la protección de los derechos fundamentales cuando estos resultan infringidos por la expedición de un acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una línea jurisprudencial pacífica y reiterada. Su fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador ha dispuesto

fundamentales cuando estos resultan infringidos por la expedición de un acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una línea jurisprudencial pacífica y reiterada. Su fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011 como los instrumentos procesales para demandar el control judicial de los actos administrativos.

Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla general, es improcedente la acción de tutela que pretenda controvertir los actos proferidos por las autoridades administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. La posibilidad de emplear las medidas cautelares, que pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa, anticip ativa o de suspensión, demuestra que tales acciones constituyen verdaderos mecanismos de protección, ante los efectos adversos de los actos administrati