TA HUI - Sentencia 41001-33-33-007-2021-00139-01 (16-09-2025)

Tribunal Administrativo de Huila

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Detalles

Título
TA HUI - Sentencia 41001-33-33-007-2021-00139-01 (16-09-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Huila
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M.P.: Dr. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE JUAN FERNANDO MACANA HERRERA Y

OTROS

DEMANDADO MUNICIPIO DE NEIVA Y OTRO

PROVIDENCIA SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN 41001333300720210013901

APROBADA EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes a la segunda instancia y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra la sentencia del 27 de septiembre de 2024, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, mediante la cual declaró probada la excepción de ausencia de falla del servicio propuestas por las demandadas, negó las pretensiones de la demanda, no condenó en costas y denegó la solicitud de integr ación del litisconsorcio necesario.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA1.

Linda Celene Espinosa Cifuentes; Yesica Pahola Espinosa Cifuentes en nombre propio y en representación de sus menores hijos Yiseth Yuliza y Luis Ángel García Espinosa; Carmen Alicia Herrera Cifuentes en nombre propio y en representación de sus menores hijos Yuliana, Karen Daniela Y Greicy Lizeth Cuellar Herrera; Jose Miller Herrera Cifuentes en nombre propio y en

Ángel García Espinosa; Carmen Alicia Herrera Cifuentes en nombre propio y en representación de sus menores hijos Yuliana, Karen Daniela Y Greicy Lizeth Cuellar Herrera; Jose Miller Herrera Cifuentes en nombre propio y en

1 Archivo 001Demanda.pdf, on driveTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2 Reparación Directa

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representación de sus menores hijos Jean Pool, Miller Stiven, y Dana Herrera González; Yoneider Cifuentes Sunce en nombre propio y en representación de sus menores hijos Hellen Valeria, Emelyn Jhoana Y Ángel Esteban Cifuentes Beru; Jesús Antonio Cifuentes Sunce; Mari Luz Espinosa Cifuentes en nombre propio y en representación de sus menores hijos Hasbleidy Jimena y Julián Antonio Contreras Espinosa; María Eugenia Espinosa Cifuentes en nombre propio y en representación de sus menores hijos Ángel David, Mayte Jimena y Miguel Ángel Espinosa; Angélica María Espinosa Cifuentes; Juan Fernando Macana Herrera , mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio d e control de reparación directa en contra de l MUNICIPIO DE NEIVA solicita que se hagan las siguientes declaraciones:

“PRIMERO: Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable al MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA y la UNGRD, de la muerte de los señores RUBIELA CIFUENTES y JOSE YESID ESPINOSA CIFUENTES, como de las lesiones padecidas por el señor JHON EIDER CIFUENTES SUNCE.

SEGUNDO: Que el MUNICIPIO DE NEIVAHUILA, y la UNGRD proceda a

lesiones padecidas por el señor JHON EIDER CIFUENTES SUNCE.

SEGUNDO: Que el MUNICIPIO DE NEIVAHUILA, y la UNGRD proceda a reconocer y pagar a favor de mis representados los señores LINDA CELENE

ESPINOSA CIFUENTES, YESICA PAHOLA ESPINOSA CIFUENTES, CARMEN

ALICIA HERRERA CIFUENTES, JOSE MILLER HERRERA CIFUENTE,

YONEIDER CIFUENTES SUNCE, JESUS ANTONIO CIFUENTES SUNCE, MARI

LUZ ESPINOSA CIFUENTES, MARIA EUGENIA ESPINOSA CIFUENTES y ANGELICA MARIA ESPINOSA CIFUENTES, JUAN FERNANDO MACANA HERRERA y a sus menores hijos los PERJUICIOS MORALES, derivados del sufrimiento, dolor, congoja que padecieron por la muerte trágica de su madre, abuela, hermano y tío RUBIELA CIFUENTES y JOSE YESID ESPINOSA

CIFUENTES.

➢ El equivalente a Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno los señores LINDA CELENE ESPINOSA CIFUENTES, YESICA PAHOLA

ESPINOSA CIFUENTES, CARMEN ALICIA HERRERA CIFUENTES, JOSE

MILLER HERRERA CIFUENTE, YONEIDER CIFUENTES SUNCE, JESUS

ANTONIO CIFUENTES SUNCE, MARI LUZ ESPINOSA CIFUENTES, MARIA EUGENIA ESPINOSA CIFUENTES, ANGELICA MARIA ESPINOSA CIFUENTES y JUAN FERNANDO MAC ANA HERRERA, en su calidad de hijos de la Señora

EUGENIA ESPINOSA CIFUENTES, ANGELICA MARIA ESPINOSA CIFUENTES y JUAN FERNANDO MAC ANA HERRERA, en su calidad de hijos de la Señora RUBIELA CIFUENTES y hermanos de JOSE YESID ESPINOSA CIFUENTES. Es decir, la suma de NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($90.852.600,00) para cada uno de los Hijos y hermanos de las víctimas. Para un total por concepto de perjuicios morales para

ellos de OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y

TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($817673.400,00).

➢ El equivalente a Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los menores de edad: Kilian Yesid Téllez Espinosa; Yiseth Yuliza García Espinosa y Luis Angel Garcia Espinosa, Yuliana Cuellar Herrera, Karen Daniela Cuellar Herrera, y Greicy Lizeth Cuellar Herrera; Jean Pool Herrera González, Miller Estiven Herrera González y Dana Rubiela Herrera González; Hellen Valeria Cifuentes Beru, Evelyn Johana Cifuentes Beru y Ángel Esteban Cifuentes Beru; Hasbleidy Jimena Contreras Espinosa y Julián Antonio Contreras Espinosa; Ángel David Jimenez Espinosa, Mayte Jimena Jiménez Espinosa y MiguelTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3 Reparación Directa

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Ángel Jiménez Espinosa; Jhonalex Campos Espinosa, Santiago Alejandro Campos Espinosa, María Valentina Campos Espinosa, y Marlon Asdrwal Campos Espinosa Juan Fernando Macana Herrera; Es decir la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($45426.300,00) para cada uno de los nietos y sobrinos de las victimas RUBIELA CIFUENTES y JOSE YESID ESPINOSA CIFUENTES; para un total por concepto de perjuicios morales para ellos de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

M/CTE ($999.378.600,00).

TERCERO: Que el MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA, y la UNGRD procedan a reconocer y pagar La suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000,000,00) a favor de JHON EIDER CIFUENTES SUNCE, por concepto de daño a la salud al que fue sometido por la falla en el servicio de las entidades demandadas.”

1.2 Lo anterior se sustenta en los siguientes HECHOS:

  • Rubiela Cifuentes de 54 años y su hijo José Yesid Espinosa Cifuentes vivían junto con sus nietos e hijos en el asentamiento denominado La Esperanza de la ciudad de Neiva, para la fecha de los hechos del desastre; es decir, el 1 º de abril del año 2019 , cuando en horas de la madrugada,

vivían junto con sus nietos e hijos en el asentamiento denominado La Esperanza de la ciudad de Neiva, para la fecha de los hechos del desastre; es decir, el 1 º de abril del año 2019 , cuando en horas de la madrugada, según reportes de la Unidad de gestión del riesgo municipal de Neiva, se presentó el desprendimiento y derrumbe de una pesada roca que cayó sobre la humilde vivienda en donde dormían Rubiela Cifuentes, José Yesid Espinoza Cifuentes y otras personas de la familia, entre ellos menores de edad, perdiendo la vida la señora Rubiela y su hijo José Yesid.

  • Por su parte, el señor Yoneider Cifuentes Sunce sufrió lesiones de consideración, entre ellas, fractura abierta de fémur, siendo trasladado al Hospital Universitario de Neiva, en donde se le practicó cirugía y estuvo en la unidad de cuidados intensivos UCI . Las lesiones sufrida s le causaron dificultades en su movilidad, no ha podido desempeñar su labor de ayudante de construcción con lo que obtenía su sustento y el de sus hijos menores de edad, como tampoco el desar rollo de actividades deportivas, culturales y de esparcimiento que realizaba.
  • Según información de la Secretaría de Vías de la alcaldía de Neiva, lo ocurrido fue una remoción en masa debido a las lluvias que habían caído el día anterior, y ello ocasionó el derrumbe y caída de la pesada piedra sobre la vivienda , dejando el saldo trágico de dos personas muertas ,

Rubiela Cifuentes y José Yesid Espinosa Cifuentes.

  • Asimismo, que la entidad y funcionarios d e la época actua ban sin la

sobre la vivienda , dejando el saldo trágico de dos personas muertas , Rubiela Cifuentes y José Yesid Espinosa Cifuentes.

  • Asimismo, que la entidad y funcionarios d e la época actua ban sin la precaución debida y fueron negligentes al no verificar, dimensionar yTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

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velar por el debido cuidado respecto de los riesgos a los que estaba expuesto el occiso con el desarrollo de la actividad contractual.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD -2

A través de apoderado, la entidad manifestó que su participación es del orden nacional , adscrita a la Presidencia de la República, de carácter subsidiario, resaltando que las entidades del orden territorial tienen la obligación de asumir al interior de sus territorios la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los tres procesos q ue integran el concepto de Gestión del Riesgo de Desastres.

Colige que el asentamiento la Esperanza presuntamente se encontraba en zona de alto riesgo, por lo que la única opción clara para salvaguardar las vidas de los lugareños era la reubicación; situación que la misma parte relacionó en los hechos de la demanda.

Manifestó que se anexó como prueba de la demanda, la respuesta entregada por la subdirectora de conocimiento del riesgo de desastres de la UNGRD, absolviendo una serie de inquietudes elevadas por la oficina jurídica,

Manifestó que se anexó como prueba de la demanda, la respuesta entregada por la subdirectora de conocimiento del riesgo de desastres de la UNGRD, absolviendo una serie de inquietudes elevadas por la oficina jurídica, en la que se indicó que ni el municipio de Neiva y departamento del Huila radicó proyecto alguno relacionado con el conocimiento del riesgo, por lo que de conformidad con la Ley 1523 de 2013, el ente municipal en asocio con el departamento y autoridad ambiental, iniciaron procesos de conocimiento del riesgo a fin de evaluar la situación presentada con las viviendas ubicadas en el asentamiento la Esperanza, en virtud de su cercanía a una montaña que amenazaba desplazamientos, lo que finalmente se materializó.

Alude a que, con los estudios realizados, la administración del municipio de Neiva tenía la obligación –art. 14 Ley 1523 de 2012 - de asumir la responsabilidad de gestionar el riesgo al interior de su territorio y tomar las decisiones pertinentes y acertadas, señalando que respecto de estar determinaciones la entidad el orden nacional no tiene la posibilidad jurídica ni legal de interferir en los asuntos territoriales.

2 Archivo 014ContestacionGestionRiesgo.pdf, on driveTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5 Reparación Directa

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El 23 de noviembre de 2021, el subdirector para la reducción del riesgo de desastres informó que de sde el grupo de fortalecimiento territorial y desde los procesos de intervención prospectiva que se ejecutan, no existen solicitudes

El 23 de noviembre de 2021, el subdirector para la reducción del riesgo de desastres informó que de sde el grupo de fortalecimiento territorial y desde los procesos de intervención prospectiva que se ejecutan, no existen solicitudes de realización de estudios técnicos requeridos por el municipio de Neiva, gobernación del Huila, relacionados con la proble mática en el sector la Esperanza, relacionado con desprendimiento y derrumbe presentado en el lugar.

En cuanto a las competencias de la CAM y CAR, mencionó que se encuentran en la Ley 99 de 1993, Decretos 1504 de 1998, 097 de 2006, 3600 de 2007, 4066 de 2008, 2372 de 2010 y 1640 de 2012. En relación con la gestión del riesgo , las competencias para las corporaciones autónomas están señaladas en los numerales 18 y 23, parágrafo 3 del art. 31 de la Ley 99 de 1993 y art. 31 Ley 1523 de 2012; por tanto, las corporaciones participan en la gestión del riesgo de atención en su doble condición, como autoridad ambiental, miembros del sistema nacional ambiental SINA y miembros de la SNGRD; en consecuencia, como autoridad pública, comparte la responsabilidad en la gestión del riesgo.

Propone proferir sentencia anticipada, teniendo en cuenta que para la UNGRD se configura la manifiesta falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no participan en el proceso de conocimiento del riesgo, en el cual debió participar el municipio de Neiva y la CAM, y para intervenir en el marco del proceso de reducción del riesgo de desastres, era necesario que la entidad

pues no participan en el proceso de conocimiento del riesgo, en el cual debió participar el municipio de Neiva y la CAM, y para intervenir en el marco del proceso de reducción del riesgo de desastres, era necesario que la entidad territorial presentara los proyectos para que fueran analizados por parte de los técnicos, quienes emitirían un concepto de viabilidad técnica de los mismos, respecto de la situación específica del asentamiento la Esperanza.

Arguye que la UNGRD, es una entidad del orden naciona l, no superior jerárquico de las entidades territoriales, por lo que los municipios no dependen de la unidad para adelantar los procesos de gestión del riesgo en su jurisdicción, por tanto, corresponde al alcalde municipal tomar las medidas necesarias de protección de sus ciudadanos en caso de existir una situación de peligro previamente determinada por la entidad.

Aseguró que la entidad territorial debió adelantar y/o efectuar los estudios necesarios que determinaran si la zona donde se presentó la emergencia era de ato riesgo mitigable o no; sin dejar de lado la actualización oportuna del plan de ordenamiento territorial, donde se priorizan las zonas con alto índice de amenaza y junto con el Concejo municipal de gestión del riesgo de desastres, adelantar actividades necesarias para mitigación.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6 Reparación Directa

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Así la unidad nacional no tiene conocimiento si el ente territorial acudió a la CAM con competencia en esa jurisdicción para la realización de estudios, desconoce si realizó avances ante el Ministerio de Viviend a para presentar

Así la unidad nacional no tiene conocimiento si el ente territorial acudió a la CAM con competencia en esa jurisdicción para la realización de estudios, desconoce si realizó avances ante el Ministerio de Viviend a para presentar proyecto de reubicación de viviendas; aunado a ello, no tiene competencia para realizar estudios de caracterización de suelos, menos funciones para realizar reubicación de viviendas.

Se opuso a las pretensiones de la demanda por cuanto no hay prueba de que la entidad causara perjuicio alguno por acción u omisión a la parte demandante.

Propuso las excepciones denominadas “ausencia del título de imputación por falla del servicio respecto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; del régimen jurídico de la falla probada del servicio; responsabilidad de las entidades territoriales en materia de gestión del riesgo.”

2.2. MUNICIPIO DE NEIVA3

A través de apoderada manifestó que es cierto que el 1º de abril de 2019, se presentó incidente, aclarando que se trató de un hecho notorio, por ende, no es cierto que se haya conocido de su existencia por el pronunciamiento de la dependencia municipal competente; oficina que una vez tuvo conocimiento de la emergencia por llamada sobre las 5:45 a.m., se desplazó al lugar con el personal del Cuerpo de Bo mberos Oficiales y Voluntarios de Neiva; Policía Metropolitana de Neiva, Secretaría de Infraestructura y Empresa Públicas de Neiva, para atender el accidente.

Manifestó que al informe de la emergencia –libro de minutas-, se colige que el suceso se presen tó con ocasión del desprendimiento de una roca,

Neiva, para atender el accidente.

Manifestó que al informe de la emergencia –libro de minutas-, se colige que el suceso se presen tó con ocasión del desprendimiento de una roca, causando la muerte de dos personas y tres lesionados. Afirmó que la vivienda no fue construida amparada de una licencia y, por ende, por lo que la responsabilidad de su estabilidad es exclusiva de los demanda ntes quienes adelantaron la construcción de las mejoras pretermitiendo la normatividad que reglamenta la materia, al no solicitar ante las entidades competentes, la respectiva licencia de construcción. Aunado a lo anterior, la señora Rubiela Cifuentes Sunc e, había sido beneficiada de un subsidio de vivienda en la

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Urbanización Eduardo Santos, contando con la totalidad de la infraestructura urbanística y los correspondientes servicios públicos domiciliarios.

Aseguró que, en el suceso perdieron la vida Rubie la Cifuentes Sunce y José Yesid Espinoza Cifuentes y resultaron heridos Jhon Eider Cifuentes, Carlos Telles Otálora y la menor Linda Celena Espinoza, tal como se desprende de los informes, aclarando que no se hace alusión al señor Yoneider Cifuentes Sunce.

Adujo que la vivienda no cumplía con las normas urbanísticas de uso de suelo y no se ajustaba a la reglamentación sismo resistente nacional, porque

Sunce.

Adujo que la vivienda no cumplía con las normas urbanísticas de uso de suelo y no se ajustaba a la reglamentación sismo resistente nacional, porque hacía parte de un asentamiento que no contaba con las respectivas licencias de urbanismo y construcción; de contera, que el hogar conformado por la señora Cifuentes Sunce, había sido beneficiario de un subsidio de vivienda en el barrio Eduardo Santos.

Alude a que, si bien es cierto el jefe de la oficina de gestión del riesgo para la época de los hechos, manifestó que para ese día no se presentó lluvia y a su parecer podría ser que el desprendimiento de la roca hubiera sido a causa del aguacero que se presentara el fin de semana; tal aseveración es una apreciación personal y no técnica, por lo que deberá probarse o desvirtuarse.

Resaltó que es de público conocimiento que en el municipio existen zonas localizadas en alto riesgo, como se desprende del POT –Acuerdo 026 de 2009y en la comuna 9 se localiza el asentamiento irregular los Libertadores y de acuerd o con el estudio AVR denominado “Evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de las microcuencas el Venado, A vichente, la Toma, Zanja Honda, la Torcaza, Río del O ro, ribera del río Magdalena en el casco urbano del municipio de Neiva ”, se encuentra local izado en riesgo –zona5y presenta amenaza alta por erosión –AaEy riesgo no mitigable –Ranm-.

Ahora, puesto en conocimiento general el acuerdo citado, era de obligatorio cumplimiento y sirvió para que la señora Cifuentes Sunce fuera

presenta amenaza alta por erosión –AaEy riesgo no mitigable –Ranm-.

Ahora, puesto en conocimiento general el acuerdo citado, era de obligatorio cumplimiento y sirvió para que la señora Cifuentes Sunce fuera beneficiaria de un subsidio de vivienda, inmueble que aparece de su propiedad con matrícula inmobiliaria 200-68702.

Reiteró que la administración prestó sus servicios de manera inmediata, una vez le fue puesto en conocimiento la emergencia; aunado a ello, precisó que si bi en corresponde a la administración la prevención y mitigación del riesgo en la ciudad, sus habitantes también tienen la obligación de tramitar la solicitud de licencia de construcción, previo el lleno de los requisitos de ley; enTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8 Reparación Directa

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consecuencia, no era permitido la construcción de la vivienda sin dicho trámite, y sin cumplir con las especificaciones técnicas y de sismo-resistencia.

Se opuso a las pretensiones de la demanda por considerarlas apartadas de los supuestos fácticos, elementos jurídicos y técnico s relacionados con los hechos que generaron los perjuicios a la parte actora, asegurando, que la entidad territorial no es responsable por la supuesta omisión del daño reclamado. Las pruebas aportadas están encaminadas a señalar que la emergencia fue un hecho natural y la imprudencia de uno de los demandantes al construir la vivienda sin la respectiva licencia, sin cumplir las condiciones técnicas y reglamentación de sismo-resistencia nacional; aunado a que la construcción se localizó en un

natural y la imprudencia de uno de los demandantes al construir la vivienda sin la respectiva licencia, sin cumplir las condiciones técnicas y reglamentación de sismo-resistencia nacional; aunado a que la construcción se localizó en un terreno pendiente e inestable, no apto para vivienda, a pesar de ser propietarios de una vivienda en la urbanización Eduardo Santos, configurándose la causal exculpatoria de la responsabilidad de la fuerza mayor, culpa exclusiva de un tercero y de las víctimas.

Afirmó la inexistencia del nexo de causalidad entre el hecho y el daño, toda vez que , si bien está demostrado el daño presuntamente acaecid o, a contrario sensu, no se demuestra que fuera producto de la omisión de la administración municipal, no siendo posible imputarle responsabilidad de los perjuicios.

Propuso las excepciones denominadas fuerza mayor; hecho de un tercero o culpa exclusiva de las víctimas; no se dan los presupuestos de la falta o falla del servicio frente al municipio de Neiva; cobro de lo no debido e innominada o genérica.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4

El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 27 de septiembre de 2024, resolvió declarar probada la excepción de “ausencia de falla del servicio”, propuesta por las demandadas, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas y denegó la solicitud de integración del litisconsorte necesario.

Sostuvo que, el daño se materializó con la muerte de Rubiela Cifuentes Sunce y José Yesid Espinosa Cifuente s, y en el caso de Yoneider Cifuentes

litisconsorte necesario.

Sostuvo que, el daño se materializó con la muerte de Rubiela Cifuentes Sunce y José Yesid Espinosa Cifuente s, y en el caso de Yoneider Cifuentes Sunce da cuenta de las lesiones al ingresar el 1º de abril de 2019, al sufrir caída

4 Archivo 070Sentencia.pdf, on driveTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9 Reparación Directa

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de una roca en su vivienda con trauma a nivel de miembro inferior derecho, de acuerdo con la historia clínica.

En cuanto a la imputac ión a las dem andadas, del material probatorio obrante en el expediente, encontró acreditado que, no existe prueba alguna que, permita determinar una relación de causalidad entre el desprendimiento de rocas y alguna irregularidad por parte de las entidades demandadas, pues, pese a que se tenía conocimiento del riesgo alto no mitigable del sector, según el testimonio técnico del arquitecto C ésar Augusto Reyes Rodríguez, la causa eficiente del deslave se atribuye tanto a situaciones antropogénicas, esto es, la degradación o intervención al talud de alta pendiente por parte de los moradores del asentamiento, como a otras causas naturales, como temblores y a la temporada invernal.

Adicional a la intervención humana del talud, los sectores colindantes del asentam iento, en especial, lo que se ubicaban en la parte alta, también intensificaron el debilitamiento del terreno, puesto que, lo erosionaron a través del vertimiento de aguas por ese sector y, a través de escombros que allí se

del asentam iento, en especial, lo que se ubicaban en la parte alta, también intensificaron el debilitamiento del terreno, puesto que, lo erosionaron a través del vertimiento de aguas por ese sector y, a través de escombros que allí se arrojaban, tales perturbaciones o degradación del terreno por parte de los habitantes del sector no eran conocidas por las entidades demandadas; en aras que estas, adoptaran las medidas de prevención que se le reprochan.

El desconocimiento de tales intervenciones humanas por parte de la s entidades demandadas, no le habían sido puestas en conocimiento de manera previa por parte de los habitantes del asentamiento y, pese a ello, hubieren omitido en su deber de mitigación del riesgo de siniestros, bien sea realizando obras dirigidas a la contención de derrumbes o previniendo a los moradores de la zona para que la desalojaran, en aras de reprocharle la falta de adopción de medidas tendientes a la prevención de desastres.

Así las cosas, no se acreditó que previamente al suceso, las demandadas hubieran tenido conocimiento del grave estado de riesgo que presentaba la zona y, no obstante, tal circunstancia, se abstuvieron de prevenir su acaecimiento; en consecuencia, los demandantes no lograron probar que el derrumbe hubiera sido causado por la falta de construcción de obras de protección, conservación y mitigación de taludes, máxime, cuando las demandadas desconocían del deterioro del talud y, por cuanto, tampoco, se acreditó que se hubiera presentado un deslizamiento anterior en el mismo punto.

Aclaró que las víctimas del deslizamiento ocupaban de manera irregular

deterioro del talud y, por cuanto, tampoco, se acreditó que se hubiera presentado un deslizamiento anterior en el mismo punto.

Aclaró que las víctimas del deslizamiento ocupaban de manera irregular un terreno de propiedad del municipio de Neiva, a través de construcciones queTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10 Reparación Directa

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no cumplían las normas que rigen la materia; adicional a ello, la ficha técnica que elaboró el municipio para identificar el asentamiento, hace constar que se venía adelantando un proceso de restitución del espacio de uso público por parte de la Dirección de Justicia municipal de Neiva, es decir, el desalojo de las personas que habitaban ese asentamiento irregular.

En efecto, consideró que ninguno de los medios de prueba que obran en el proceso respaldan las posturas planteadas por los demandantes para sacar avante sus pretensiones; por el contrario, se logró acreditar que la remoción de masa correspondió a otro tipo de factores que resultaban totalmente inesperados para las aquí demandadas y que, por consiguiente, no estaban en la obligación de evitar.

Que la declarante María Yolanda Ocampo enfatizó que vivía a dos viviendas de donde se produjo la caída de la roca que ocasionó las muertes y las lesiones hoy reclamadas y; que, a poca distinta, ser vertían aguas de un canal de la parte alta del talud, al igual que, frente a su vivienda estaba expuesta una piedra que de caerse lo haría sobre su residencia, lo cual, corrobora lo afirmado

de la parte alta del talud, al igual que, frente a su vivienda estaba expuesta una piedra que de caerse lo haría sobre su residencia, lo cual, corrobora lo afirmado por el testigo técnico en cuanto a la intervención humana del talud.

Consideró contrario a la lógica que los testigos que afirmaron residir en el sector no fueran conocedores del riesgo; más aún cuando la pro pia declaración de María Yolanda Ocampo, hizo constar la presencia de piedras expuestas en el talud y el vertimiento de aguas que caían desde la parte alta, del mismo modo, cuando según la testigo Lina Mercedes Triviño Motta alude a que se había venido “la peña” encima de la casa, lo cual permite graficar la proximidad de la construcción de la vivienda sobre el talud y el evidente y natural riesgo que ello conlleva.

Resaltó que la ubicación de la vivienda donde residían las víctimas contribuyó decididamente en la producción del daño, pues su construcción en inmediaciones del talud incrementó el riesgo del efecto adverso propio del derrumbe del terreno; máxime, cuando se logró establecer que la vivienda se encontraba localizada en una zona no apta.

Conforme a lo anterior, encontró probada la excepción de ausencia de falla del servicio y se relevó de analizar las demás al tenor de lo establecido en el art. 282 del CGP.

4. RECURSO DE APELACIÓN. (Archivo 073RecursoApelacion.pdf, on drive)

La apoderada de los demandantes, inconforme con la decisión, recurre la misma argumentando qu e se desconoce la importancia de l os elementos delTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11 Reparación Directa

La apoderada de los demandantes, inconforme con la decisión, recurre la misma argumentando qu e se desconoce la importancia de l os elementos delTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11 Reparación Directa

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asunto, teniendo en cuenta que se realiza un análisis general frente al conocimiento o no del mismo; sin desarrollar las situaciones generadoras del daño, el cual no es soportable para los afectados y por el cual se existe responsabilidad.

Alude a que la UNGRD manifestó que la única solución era la reubicación por parte del ente territorial ; sin embargo, no puede desconocerse u omitir su competencia de acuerdo con sus funciones.

Frente al municipio de Neiva, precisa que se desconoció en su valoración, lo contemplado en el art. 14 de la Ley 1523 de 2012, que establece la responsabilidad frente a la prevención y en especial, las acciones de reubicación; es decir, un pleno incumplimiento a la normativid

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