TA HUI - Sentencia 41001-33-33-007-2025-00110-01 (10-06-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA 41001-33-33-007-2025-00110-01

Accionante: María Claudia Rojas Gómez;

Accionado: UGPP

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, diez (10) de junio de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N No. 5

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: MARÍA CLAUDIA ROJAS GÓMEZ

ACCIONADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP EXPEDIENTE: 41001-33-33-007-2025-00110-01

SENTENCIA: No. TAH005-25-06-109

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, contra la sentencia de tu tela proferida por el Juzgado S éptimo Administrativo de Neiva el 30 de abril de 2025, que tuteló el derecho fundamental de petición de la accionante.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1:

Mediante agente oficiosa , la señora María Claudia Rojas Gómez , interpuso acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contri buciones Parafiscale s de la Protección Social , por la presunta

Mediante agente oficiosa , la señora María Claudia Rojas Gómez , interpuso acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contri buciones Parafiscale s de la Protección Social , por la presunta vulneración al derecho fundamental de petición; solicitando se ordene a la UGPP, emitir una respuesta clara, sustancial, congruente, y de fondo, respecto a la solicitud elevada el 6 de marzo de 2025.

2. Hechos2:

1 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 3. 2 Ibídem, Pág. 1.2

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Accionante: María Claudia Rojas Gómez;

Accionado: UGPP

Manifestó la agente oficiosa de la accionante que, elevó petición ante la UGPP el 6 de marzo de 2025 , solicito el cum plimiento de Sentencia Judicial, que reconoció y ordenó el pago de pensión de sobre viviente a favor de la señora María Claudia Rojas Gómez , sin embargo, la accionada no ha emitido respuesta de fondo.

3. Contestación a la tutela

• Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 3.

El Subdirector de Defensa Judicial Pensional (E) de la UGPP, contestó la acción de tutela, manifestando que, una vez revisado el aplicativo de consulta de la entidad, así como los canales oficiales de la misma , no evidenció que la accionante hubiese radicado petición alguna.

de tutela, manifestando que, una vez revisado el aplicativo de consulta de la entidad, así como los canales oficiales de la misma , no evidenció que la accionante hubiese radicado petición alguna.

Al respecto advirtió que, el correo notificacionesjudicilesugpp@ugpp.gov.co, es exclusivo de correspondencia para los despachos judiciales, por lo que, no está habilitado para recibir peticiones, y en razón a ello, la accionante debía allegar su solicitud a través de los canales virtuales de atención, previstos en la página web de la UGPP4, así:

“…..

…”.

En consecuencia, solicitó se nieguen las pretensiones de l a tutela, en el entendido que, no se vulneró el derecho fundamental invocado.

3 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 7. 4 www.ugpp.gov.co.3

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Accionado: UGPP

4. Decisión de Primera Instancia5

Mediante providencia del 30 de abril de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva tuteló el derecho fundamental de petición de la accionante, al considerar que , pese a utilizar la actora los correos notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co y notificaugpp@ugpp.gov.co, las cuales, no son las dispuestas para el trámite, debió la accionada remitir dicha solicitud a la dependencia correspondiente.

Máxime teniendo en cuenta que, la UGPP en su página oficial, señaló el correo

cuales, no son las dispuestas para el trámite, debió la accionada remitir dicha solicitud a la dependencia correspondiente.

Máxime teniendo en cuenta que, la UGPP en su página oficial, señaló el correo electrónico notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co, como canal digital para recibir comunicaciones. Aunado al hecho de que, la accionante podía utilizar cualquier correo electrónico dispuesto por la accionada, para hacer uso de su derecho constitucional (Sentencia Corte Constitucional T230 del 2020).

Finalmente, advirtió qu e, en el proceso se tenía acreditado que, la actora no obtuvo respuesta oportuna y de fondo por parte de la UGPP, frente a la petición de fecha 6 de marzo de 2025, por lo que, procedió al amparo constitucional.

5. Impugnación6.

Inconforme con la anterior decisión, el Subdirector de Defensa Judicial Pensional (E) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, impugnó la sentencia de primera instancia, argumentó que no ha sido intencional la omisión frente a la respuesta a la solicitud de la accionante, ya que se han presentado problemas estructurales como cambio de plataforma virtual (de taxonomía estática Documentic a taxonomía dinámica “Mi G estor”), suspensión de términos administrativos (junio a julio 2024, diciembre 2024 y enero de 2025), falta de personal, lo que ha generado un represamiento de solicitudes, asistiéndole así una imposibilidad material para cumplir el fallo en 48 horas, por fuerza mayor y con ocasión a la complejidad en el trámite.

enero de 2025), falta de personal, lo que ha generado un represamiento de solicitudes, asistiéndole así una imposibilidad material para cumplir el fallo en 48 horas, por fuerza mayor y con ocasión a la complejidad en el trámite.

Además, argumentó que, no hay prueba de la radicación formal de la petición de la accionante por los canales oficiales de la UGPP, por tanto, arguyó que, no se de mostró que la entidad haya vulnerado el derecho de petición de la actora.

5 Expediente digital, Primera Instancia, Samai, índice 8. 6 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 10.4

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Accionante: María Claudia Rojas Gómez;

Accionado: UGPP

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación presentada por la UGPP contra el fallo de tutela proferido por el Juz gado Séptimo Administrativo de Neiva el 30 de abril de 2025, de acuerdo con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 153 del C.P.A.C.A.

2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala establece r si la decisión adoptada por la a quo de tutelar el derecho fundamental de petición de la accionante debe ser confirmada, o si hay lugar a revocar la decisión, teniendo en cuenta los argumentos de la impugnación, en cuanto a que, no existe vulneración al derecho fundamental incoado en la acción constitucional.

el derecho fundamental de petición de la accionante debe ser confirmada, o si hay lugar a revocar la decisión, teniendo en cuenta los argumentos de la impugnación, en cuanto a que, no existe vulneración al derecho fundamental incoado en la acción constitucional.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala desarrollará los siguientes temas, (i) Legitimación en la causa por activa, ii) Legitimación en la causa por Pasiva, iii) Inmediatez , iv) Subsidiaridad, v) derecho fundame ntal de petición, y (vi) se analizará el caso en concreto.

3. Requisitos general de procedencia de la acción de tutela.

3.1. Legitimación en la causa

A pesar del carácter informal que reviste la acción de tutela 7, derivado de su excepcionalidad, la legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, es un requisito para su procedencia, pues se hace necesario “reconocer la persona a quien la Constitución y la ley faculta para invocar la acción y la persona respecto de la cual se puede reclamar un derecho”8.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que, aunque la acción de tutela está regida por el principio de informalidad, ello no es impedimento para que se encuentre cobijado por el derecho al debido proceso (C.P. art. 29), de manera que, en su trámite, se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos, como son, entre otros, la capacidad de las partes.

7 Artículo 14. Decreto 2591 de 1991. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-1009 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.5

básicos, como son, entre otros, la capacidad de las partes.

7 Artículo 14. Decreto 2591 de 1991. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-1009 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.5

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En este sentido, la legitimación en la causa es “un requisito de procedibilidad de la ac ción de tutela, porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable”9.

Según la jurisprudencia de esta C orporación, este requisito procesal se satisface “con la correcta identificación de las personas o autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados, destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional”[10]

Con el cumplimiento de este requisito proc esal, se busca entre otras cosas, evitar que se profieran sentencias desestimatorias con base en argumentos formales o de ritualidad exclusiva, que como es obvio resultan perjudiciales para el demandante, e igualmente, que se adopten decisiones inhibitoria s las cuales se encuentran proscritas en sede de amparo constitucional por expreso

formales o de ritualidad exclusiva, que como es obvio resultan perjudiciales para el demandante, e igualmente, que se adopten decisiones inhibitoria s las cuales se encuentran proscritas en sede de amparo constitucional por expreso mandato del parágrafo único del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.”

3.1.1 Legitimación en la causa por activa.

Se encuentra legit imada en la causa por activa la señora María Claudia Rojas Gómez, quien a pesar de haber peticionado ante la UGPP el 6 de marzo de 2025 , no ha obtenido respuesta de fondo.

Aunado a ello, se tiene acreditado en el plenario que la accionante actúa por intermedio de agente oficiosa, la señora Mar tha Patricia Rojas Gómez (hija de la actora), quien, por orden del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Garzón, fue declarada como el apoyo para la accionante (discapacitada) 11, a efectos de que pudiera intervenir en los trámites necesarios para el cump limiento de sentencia pensional, dando cabal cumplimiento, a las disposiciones contempladas en los artículos 1 y 1012 del Decreto 2591 de 1991.

3.1.2 Legitimación en la causa por pasiva.

En ese sentido, se tiene que la UGPP está legitimada por pasiva para actuar, por

9 T-568 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo. 10 Auto 257 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 11 Expediente digital Samai, índice 3, Pág. 10-12. 12 “…la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de

11 Expediente digital Samai, índice 3, Pág. 10-12. 12 “…la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos…”.6

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ser la entidad frente a la cual la accionante peticionó (6 de marzo de 2025).

3.2 Inmediatez de la acción de tutela

La Corte Constitucional, ha establecido que el principio de inmediatez dispone que la acción de tutela debe impetrarse en un plazo razonable, al respecto se trae a colación la Sentencia T-160 de 2021, a través de la cual se estableció:

“…Para definir el plazo razonable, se considera el tiempo transcurrido entre el momento en el que se produjo la vulneración o amenaza a un derecho fundamental y la interposición de la acción. De manera que no se vea afectada la naturaleza propia de la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata y urgente de derechos fundamentales. De allí, que le corresponda al juez constitucional ver ificar el cumplimiento del principio de inmediatez…”.

Así las cosas, el hecho por el cual la actora considera que se le está vulnerando su derecho fundamental de petición , acaeció por no haber obtenido respuesta frente a la petición de fecha 6 de marzo de 2025, en razón a ello, considera la Sala

Así las cosas, el hecho por el cual la actora considera que se le está vulnerando su derecho fundamental de petición , acaeció por no haber obtenido respuesta frente a la petición de fecha 6 de marzo de 2025, en razón a ello, considera la Sala que el tiempo transcurrido entre dicha data y la interposición de la tutela ( 22 de abril de 2025)13, es razonable, por lo que se cumple con el requisito de inmediatez.

3.3 Subsidiaridad

Sobre la procedencia del ampar o, la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia14, ha desarrollado de manera rigurosa el tema de la subsidiariedad, estableciendo en principio, que debido a l carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales,

2. El accionante acude directamente a la acción de tutela a pe sar de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o asunto se encuentra en trámite.

Las anteriores causales, específicamente las dos últimas, tienen su excepción cuando los mecanismos no resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado y/o no son expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

13 Expediente digital Samai, índice 3, archivo (002_ActaReparto(.pdf) NroActua 3). 14 Ver entre otras la sentencia T011 de 2007.7

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13 Expediente digital Samai, índice 3, archivo (002_ActaReparto(.pdf) NroActua 3). 14 Ver entre otras la sentencia T011 de 2007.7

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Accionante: María Claudia Rojas Gómez;

Accionado: UGPP

Frente a las excepciones de la regla general de improcedencia de la acción de tutela, la Corte Constitucional, en sentencia T-122 de 2015, dispuso:

“6.3.4. Entonces, la primera de las excepciones a la regla general de improcedencia se concibe cuando a pesar de existir otros medios ordinarios de defensa, la acción de amparo se promueve como mecanismo transitorio, siempre y cuando el demandante demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable [artículo 86 de la Constitución Política], en cuyo caso la orden de protección tendrá efectos temporales sólo hasta el momento en que la autoridad judicial competente decida en forma definitiva el conflicto planteado. Dicho perjuicio, a partir de los lineamientos de la jurisprudencia constitucional, debe reunir los siguientes elementos: ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; ser urgente, lo que significa que implique la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; ser impostergable, es decir, se debe acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y

urgente, lo que significa que implique la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; ser impostergable, es decir, se debe acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales.

6.3.5. La segunda de las excepciones, permite acudir a la acción de tutela aun existiendo un medio judicial ordinario para dirimir el asunto, siempre que éste resulte ineficaz para hacer cesar la amenaza o la vulneración a los derechos fundamentales, teniendo en cuenta las circunstancias en que se encuentra el solicitante [numeral 1º, del artículo 6º, del Decreto 2591 de 1991 ]15. En este caso, la tutela procede como mecanismo principal y definitivo de defensa, ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y cierta por otra vía16.

Se concluye entonces, que la acción de tutela es procedente cuando existiendo otros mecanism os judiciales ordinarios de defensa: 1. Se promueva como mecanismo transitorio y el demandante demuestre la existencia de un perjuicio irremediable y 2. Cuando el mecanismo judicial ordinario no resulte idóneo para la protección de los derechos de la demandante.

Conforme a lo expuesto, la Sala considera que, en el caso bajo estudio, la acción interpuesta es el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico colombiano no contempla otra alternativa para incoar su amparo.

5. Derecho fundamental de petición.

15 Decreto 2591 de 1991, artículo 8º. Ver Sentencia T-083 del 4 de febrero de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

5. Derecho fundamental de petición.

15 Decreto 2591 de 1991, artículo 8º. Ver Sentencia T-083 del 4 de febrero de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 16 Ver Sentencia T-1022 del 10 de diciembre de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.8

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Accionante: María Claudia Rojas Gómez;

Accionado: UGPP

El artículo 23 de la Constitución Política establece el derecho de petición como aquella prerrogativa en cabeza de toda persona para presentar peticiones de manera respetuosa a las autoridades, y a obtener una pronta resolución de fondo y clara, peticiones que pueden ser de interés general o particular.

Ha sido prolija la jurisprudencia que se ha encargado de caracterizar y precisar el contenido esencial del derecho fundamenta l de petición, puntualizando como elementos: a) la posibilidad de elevar peticiones o solicitudes respetuosas a las autoridades y que estas no se abstengan a dar respuesta; b) obtener una respuesta oportuna, dentro de los términos establecidos dependiendo el tipo de solicitud; c) la respuesta sea clara y de fondo o contestación material, excluyendo toda fórmula evasiva o alusiva ; y d) la notificación de la contestación a la solicitud presentada.17

Respecto a sus características, la jurisprudencia constituci onal ha establecido las siguientes:

“1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

1. Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos

las siguientes:

“1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

1. Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política. La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario.

1. La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.

1. El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, a los particulares.

1. Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiere darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.

17 Corte Constitucional. Sentencia C-T-251 de 2008. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto; citado en Sentencia T-487 del 2017. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.9

contestación.

17 Corte Constitucional. Sentencia C-T-251 de 2008. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto; citado en Sentencia T-487 del 2017. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.9

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Accionante: María Claudia Rojas Gómez;

Accionado: UGPP

1. La figura del silencio administrativo no lib era a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.

1. La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder18.

1. La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado19”20

De manera que, se trata de un derecho fundamental esencia lmente participativo, a través del cual se garantizan otros derechos de índole constitucional; de ahí que su protección resulte especialmente relevante para el ordenamiento jurídico.

El procedimiento de las solicitudes presentadas a la administración se encuentra regulado en la Ley 1755 de 2015, norma de carácter estatutario que sustituyó el Titulo II, Capítulo I, II y III, artículos 13 a 33, de la parte primera de la Ley 1437 de 2011.

Estas solicitudes pueden presentarse de manera verbal o escrita, físic a o electrónicamente, precisándose que, en esta última opción, conforme lo

primera de la Ley 1437 de 2011.

Estas solicitudes pueden presentarse de manera verbal o escrita, físic a o electrónicamente, precisándose que, en esta última opción, conforme lo establece los artículos 60 y 61 de la Ley 1437 de 2011, toda autoridad deberá disponer de una dirección electrónica en la cual se garantice las condiciones de calidad, seguridad, di sponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información de acuerdo con los estándares que defina el Gobierno Nacional.

6. Caso concreto

María Claudia Rojas Gómez por intermedio de agente oficiosa, interpuso acción de tutela al conside rar que se le está vulnerando el derecho de petición , toda vez que, la UGPP omitió dar pronunciamiento de fondo a su petición de fecha 6 de marzo de 2025.

Al respecto, el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva tuteló el derecho de petición de la acciona nte, en el entendido que, no obtuvo respuesta de fondo

18 Corte Constitucional. Sentencia 219 de 2001. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz; Sentencia T-1006 de 2001. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 19 Corte Constitucional. Sentencia 249 de 2001. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo; Sentencia T-1006 de 2001, ibídem. 20 Corte Constitucional. Sentencia T-487 del 2017. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.10

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Accionante: María Claudia Rojas Gómez;

Accionado: UGPP

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Accionante: María Claudia Rojas Gómez;

Accionado: UGPP

por parte de la UGPP, frente a la petición de fecha 6 de marzo de 2025.

Aunado a ello, precisó que, aunque la solicitud de la actora se envió a notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co y notificaugpp@ugpp.gov.co, lo cierto, es si la accionada consideró que dichos correos no son los canales para radicar solicitudes, debió remitir la misma a la dependencia correspondiente.

En virtud de lo anterior, la UGPP impugnó el fallo de tutela, argumentando que no ha sido intencional la omisión frente a la respuesta a la solicitud de la accionante, ya que se han presentado problemas al interior de la enti dad (cambio de plataforma virtual, suspensión de términos administrativos y falta de personal), lo que, generó un represamiento de solicitudes, asistiéndole así una imposibilidad material para cumplir el fallo en 48 horas. Insistió en la falta de material probatorio frente a la radicación formal de la petición de la accionante en los canales oficiales de la UGPP, por tanto, arguyó que, no se demostró que la entidad haya vulnerado el derecho de petición de la actora.

Revisado el expediente y conforme a los argumentos de la alzada y las pruebas allegadas al proceso, se tiene acreditado que:

-El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, mediante providencia de fecha 31 de octubre de 201821, resolvió:

“…

…”.

pruebas allegadas al proceso, se tiene acreditado que:

-El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, mediante providencia de fecha 31 de octubre de 201821, resolvió:

“…

…”.

-Decisión que, fue recurrida tanto por la par te demandante, como la UGPP, en razón a ello, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Segunda de Decisión Civil Familia Laboral, profirió sentencia de fecha 17 de agosto de 202322, modificando los numerales dos y tres, así:

21 Expediente digital Samai, índice 3, Pág.13-15. 22 Expediente digital Samai, índice 3, Pág.16-29.11

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“…

…”.

-Conforme a lo ordenado, se tiene que , la UGPP expidió auto ADP000262 del 18 de enero de 2024 23, a trav és del cual, precisó que, no era procedente el cumplimiento al fallo judicial hasta t anto la sentencia fuera corregida, pues señaló que, dentro del valor ordenado fue incluido el correspondiente al mes de septiembre de 2023 , econtrandose una inconsistencia entre dicha liquidación y la disposición dada.

-Posteriormente, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, a través de providencia de fecha 13 de m arzo de 2024 24, aclaró el auto del 8 de

liquidación y la disposición dada.

-Posteriormente, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, a través de providencia de fecha 13 de m arzo de 2024 24, aclaró el auto del 8 de febrero de 2024, en lo atinente al valor de las costas en primera instancia.

-Igualmente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva profirió auto de fecha 3 de marzo de 2025 25, por el cual, denegó la solicit ud de corrección de la sentencia proferida el 17 de agosto de 2023.

-La señora Inés Cortés Lemus por intermedio de su agente oficiosa, peticionó el 6 de marzo de 2025 ante la UGPP 26, en aras de obtener el cumplimiento de fallo judicial a favor de la actora.

Solicitud que fu e enviada a los correos electrónicos (notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co y notificaugpp@ugpp.gov.co)27.

Conforme a lo expuesto, resulta claro que, la actora solicitó ante la UGPP el 6 de marzo de 2025 el cumplimiento de la sentencia judicial en mención , sin

23 Ibídem, Pág. 35-37. 24 Ibídem, Pág. 40. 25 Ibídem, Pág. 41-44. 26 Expediente digital Samai, índice 3, Pág.4. 27 Ibídem12

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Accionante: María Claudia Rojas Gómez;

Accionado: UGPP

embargo, dentro del término estipulado en la Ley 1755 de 2015 , no obtuvo

Accionante: María Claudia Rojas Gómez;

Accionado: UGPP

embargo, dentro del término estipulado en la Ley 1755 de 2015 , no obtuvo respuesta, pues la accionada estaba en la obligación de hacerle saber dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación de su solicitud, el estado en que se encontraba su petición, la fecha en que res olvería de fondo la misma o el turno frente al acatamiento de la orden judicial . Así las cosas , se comparten los argumentos expuestos por la a quo, en cuanto a que se tiene acreditado en el plenario la vulneración al derecho de petición.

Al respecto, tenemos que, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU 975 de 2003, reguló los plazos para responder las solicitudes de reajuste pensional (pensión vejez o jubilación) , según el caso , previendo que, dichas solicitudes deben resolverse de fondo a más tardar en un término máximo de cuatro (4) meses de sde el momento en que se radicó la respectiva petición, término que no le es aplicab le al caso bajo estudio, en el entendido que, la agente oficiosa de la actora cuestiona es el cumplimiento de la sentencia judicial de fecha 17 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, por la cual, se reconoció pensión sobreviviente a favor de la señora María Claudia Rojas Gómez.

Y, aunque existe un término expresamente regulado frente al reconocimiento de pensión sobreviviente, artículo 1 de la Ley 717 de 2001, que previó “…El reconocimiento del derecho a la pensión de sobreviviente por parte de la entidad de Previsión Social correspondiente, deberá efectuarse a

reconocimiento de pensión sobreviviente, artículo 1 de la Ley 717 de 2001, que previó “…El reconocimiento del derecho a la pensión de sobreviviente por parte de la entidad de Previsión Social correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente document ación que acredite su derecho…”, este es aplicable, en caso de que la petición se haya realizado en vía admi