TA HUI - Sentencia 41001-33-33-007-2025-00162-01 (06-08-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA No. 41001-33-33-007-2025-00162-01

Edgar Aguilar Rincón VS La Previsora S.A Compañía de Seguros

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N N° 5

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: EDGAR AGUILAR RINCÓN ACCIONADO: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS EXPEDIENTE: 41001-33-33-007-2025-00162-01

SENTENCIA: No. TAH005-2025-08-155

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR Resuelve la Sala la impugnación presentada por el señor Edgar Aguilar Rincón , contra la sentencia de tutela proferida el 1 de julio de 2025, por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, que amparó los derechos fundamentales a la seguridad social y petición del accionante.

I.- ANTECEDENTES

1. Demanda1

El señor Edgar Aguilar Rincón , actuando en nombre propio interpuso acción de tutela contra la Previsora S.A. Compañía de Seguros, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales a la seguridad social, debido proceso, salud, y dignidad humana. Solicitó, se ordene a la accionada determinar la pérdida de capacidad laboral del actor, y en consecuencia reconozca y pague la inde mnización

sus derechos fundamentales a la seguridad social, debido proceso, salud, y dignidad humana. Solicitó, se ordene a la accionada determinar la pérdida de capacidad laboral del actor, y en consecuencia reconozca y pague la inde mnización permanente por accidente de tránsito.

2. Hechos2

Adujo el accionante que, el 5 de abril de 2025 sufrió accidente de tránsito mientras se movilizaba en la motocicleta de placas WGD75E, lo que le ocasionó varias lesiones.

1 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 3. 2 ibídem, Pág. 18.2

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Comentó que, al momento del accidente contaba con seguro obligatori o contra accidentes de tránsito (SOAT No . 4308005426762000), expedido por la Previsora S.A. Compañía de Seguros. Precisó que, fue atendido en el Hospital Tulia Durán de Borrero de Baraya y remitido a la Clínica Belo Horizonte de la ciudad de Neiva (Huila), en donde se le diagnosticó “…TRAUMA CRANEOENCEFALICO A NIVEL FRONTAL DERECHO CON HERIDA EN REGION CILIAR LATERAL APROX 3CM, ASOCIADA CON PERDIDA DEL ESTADO DE

ALERTAMIENTO POR TIEMPO NO ESTIPULADO , EQUIMOSIS Y EDEMA PALPEBRAL

BILATERAL, CONTUSION NIVEL DE HOMBRO Y ESCAPULA DERECHA ASOCIADA A

EXCORIACIÓN…”

ALERTAMIENTO POR TIEMPO NO ESTIPULADO , EQUIMOSIS Y EDEMA PALPEBRAL

BILATERAL, CONTUSION NIVEL DE HOMBRO Y ESCAPULA DERECHA ASOCIADA A EXCORIACIÓN…” Manifestó que, el 7 de mayo de 2025 elevó solicitud ante la Previsora S.A. Compañía de Seguros, pretendiendo la calificación en primera oportunidad de su porcentaje de pérdida de capacidad laboral para obtener el reconocimiento y pago de indemnización permanente. Que obtuvo respuesta el 6 de junio de 2025, a través de la cual, la aseguradora le requirió unos documentos para realizar dicha valoración. Al respecto, precisó que , se encuentra en desacuerdo frente al requerimiento realizado por la accionada , pues considera que , el mismo entorpece y dilata el proceso de su calificación, y, que dicha información debe ser suministrada por la EPS y no por él, en razón a ello, afirmó que cumplió con las exigencias legales dispuestas en el Decreto 780 de 2016 , para ser valorado y en consecuencia se le reconozca y pague la mentada indemnización. Finalmente advirtió que, dada su condición de salud y la falta de r ecursos económicos, le es imposible sufragar el pago de los honorarios ante la Junta Regional de Invalidez del Huila, en aras de que, le determine la pérdida de capacidad laboral y así acceder a la indemnización permanente por accidente de tránsito.

3. Contestación de la Tutela

• La Previsora S.A. Compañía de Seguros

Guardó silencio.

4. Decisión de Primera Instancia3

La Juez de Primera Instancia mediante sentencia del 1 de julio de 2025, amparó los

• La Previsora S.A. Compañía de Seguros

Guardó silencio.

4. Decisión de Primera Instancia3

La Juez de Primera Instancia mediante sentencia del 1 de julio de 2025, amparó los derechos fundamentales a la segu ridad social y petición del señor Edgar Aguilar Rincón, y ordenó a la Previsora SA Compañía de Seguros , que en el término de

3 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 6.3

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cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia, procediera a:

“…estudie de fondo la solicitud de dictamen de pérdida de capacidad laboral, radicada por la “Sic” actor desde el 7 de mayo del 2025, y en caso de encontrarse incompleta la solicitud, proceda de conformidad a lo establecido en el Art. 2.2.5.1.29 del Decreto 1072 de 2015, esto es, requerir al peticionario para que la complete dentro de los 30 días siguientes, lapso durante el cual estará suspendido el término para decidir.

En caso de la petición estar completa y no requerir de pruebas adicionales, proceda de conformidad a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.34 y siguientes, ídem, esto es, a calificar la pérdida de capacidad laboral del actor, en primera oportunidad, garantizando el cumplimiento de los términos allí establecidos.

conformidad a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.34 y siguientes, ídem, esto es, a calificar la pérdida de capacidad laboral del actor, en primera oportunidad, garantizando el cumplimiento de los términos allí establecidos.

En caso de no contar la accionada con el personal requerido para emitir el dictamen de pérdida de capacidad laboral, deberá dentro del mismo término adelantar las gestiones necesarias para contratar una institución legalmente autorizada para la emisión de este, o su defecto, solicitarlo ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, previo pago de los honorarios”

En el entendido que, le corresponde a la Aseguradora asumir el proceso de valoración y calificación de la pérdida de capacidad laboral requerido por el actor, en primera oportunidad, en aplicación del art. 2.2.5.1.1., numeral 1.13 del Decreto 1072 de 2015.

Conforme lo anterior , advirtió que la Previsora SA a la fecha no ha iniciado el respectivo proceso de pérdida de capacidad laboral del accionante , y, que la respuesta emitida por la accionada resulto incongruente , ordenando así a la Previsora SA estudiara de fondo la solicitud del dictamen de pérdida de capacidad laboral del accionante.

5. Impugnación4.

-El accionante5

El señor Edgar Aguilar Rincón inconforme con la decisión de primera instancia impugno el fallo proferido por la a quo, bajo el presupuesto de que, no limito los requisitos exigidos por La Previsora SA para acceder a la indemnización permanente, en el entendido que, la Juez de Instancia debió estudiar los requisitos

impugno el fallo proferido por la a quo, bajo el presupuesto de que, no limito los requisitos exigidos por La Previsora SA para acceder a la indemnización permanente, en el entendido que, la Juez de Instancia debió estudiar los requisitos establecidos por la normativa ( 2.6.1.4.3.1. Del decreto 780 de 2016), para obtener dicha indemnización y no dejar en cabeza de la Aseguradora exigir documentos, requisitos o pruebas no previstos en la normativa vigente, para que se le realice su

4 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 6. 5 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 8.4

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calificación de pérdida laboral.

Aunado a ello, pr ecisó que, la mentada normativa, estableció el trámite para reclamar diferentes tipos de coberturas amparadas por el SOAT, más no contempla que, el certificado de rehabilitación integral constituya requisito para proceder con la calificación de pérdida de capacidad laboral.

Asimismo, estableció que la sentencia de primera instancia no dispu so expresamente la obligación de la Previsora SA de sufragar los honorarios ante la Junta Region al de Calificación de Invalidez , en caso de que, el accionante se encuentre en desacuerdo con el dictamen emitido en primera oportunidad, pese haber demostrado su situación de precariedad económica. Esta omisión, a su juicio,

Junta Region al de Calificación de Invalidez , en caso de que, el accionante se encuentre en desacuerdo con el dictamen emitido en primera oportunidad, pese haber demostrado su situación de precariedad económica. Esta omisión, a su juicio, compromete la efectivi dad del amparo concedido, pues condiciona su derecho a controvertir la calificación emitida por la misma entidad obligada al pago.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se ordene a la Previsora SA realizar su valoración de pérdida de la capacidad laboral y en el evento en que, este dictamen sea recurrido, la Aseguradora proceda con el pago de honorarios ante la Junta Regional de Invalidez del Huila.

II.- CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación presentada por el señor Edgar Aguilar Rincón contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva el 1 de julio de 2025, de acuerdo con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 153 del CPACA.

2. Problema Jurídico

Le corresponde a la Sala determinar a partir de los argumentos de impugnación, si la decisión adoptada por la Juez de Instancia, debe ser modificada , en el entendido que, la Previsora S.A. debe realizar la calificación de la pérdida de capacidad laboral al accionante , sin que le exija documentos o requisitos adicionales a los ya aportados, y en el evento de que esta decisión sea recurrida, proceda a ordenar a la Aseguradora sufragar el costo de los honorarios ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, para acceder a la indemnización por incapacidad

aportados, y en el evento de que esta decisión sea recurrida, proceda a ordenar a la Aseguradora sufragar el costo de los honorarios ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, para acceder a la indemnización por incapacidad permanente, o por el contrario, si debe ser revocada al no cumplir con los requisitos5

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para que se realice la respectiva valoración de pérdida de capacidad laboral.

Para resolver el problema jurídico analizará los siguientes temas: i) Legitimación en la causa por activa, ii) Legitimación en la causa por pasiva, iii) Inmediatez, iv) Subsidiaridad, v) Seguridad Social como derecho fundamental, vi) Pérdida de Capacidad Laboral con ocasión a un accidente de Tránsito, vii) Pago de los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez y viii) caso concreto.

3. Precisiones jurídicas

3.1 Legitimación en la causa

A pesar del carácter informal que reviste la acción de tutela 6, derivado de su excepcionalidad, la legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, es un requisito para su procedencia, pues se hace necesario “reconocer la persona a quien la Constitución y la ley faculta para invocar la acción y la persona respecto de la cual se puede reclamar un derecho”7.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que aunque la acción de tutela

reclamar un derecho”7.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que aunque la acción de tutela está regida por el principio de informalidad, ello no es impedimento para que se encuentre cobijado por el derecho al debido proceso (C.P. art. 29), de manera que en su trámite, se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos, como son, entre otros, la capacidad de las partes.

En este sentido, la legitimación en la causa es “un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable”8.

Según la jurisprudencia de esta Corporación, este requisito procesal se satisface “con la correcta identificación de las personas o autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados, destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia d e la controversia constitucional”[9]

6 Artículo 14. Decreto 2591 de 1991. 7 Corte Constitucional. Sentencia T-1009 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 8 T-568 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo. 9 Auto 257 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.6

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9 Auto 257 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.6

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Con el cumplimiento de este requisito procesal, se busca entre otras cosas, evitar que se profieran sentencias desestimatorias con base en argumentos formales o de ritualidad exclusiva, que como es obvio resultan perju diciales para el demandante, e igualmente, que se adopten decisiones inhibitorias las cuales se encuentran proscritas en sede de amparo constitucional por expreso mandato del parágrafo único del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.”

3.1.1 Legitimación en la causa por activa.

El señor Edgar Aguilar Rincón , como persona natural, y quien actúa en nombre propio, está legitimado para presentar la solicitud de tutela de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, el cual, establece que la acción constitucional podrá ser ejercida en todo momento y lugar por cualquier persona que encuentre vulnerados o amenazados en sus derechos fundamentales, quien podrá actuar por sí misma.

3.1.2 Legitimación en la causa por pasiva.

En ese sentido, se tiene que el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 previó que la tutela “…se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental…”.

En razón a ello, la Previsora S.A Compañía de Seguros, es tá legitimada por pasiva

tutela “…se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental…”.

En razón a ello, la Previsora S.A Compañía de Seguros, es tá legitimada por pasiva para actuar, por ser la entidad que expidió el seguro SOAT, la cual, acorde con los hechos expuestos en el escrito de tutela, estaría afectando los derechos fundamentales del accionante al no realizar la valoración de pérdida de capacidad laboral del señor Edgar Aguilar Rincón , con ocasión a las lesiones padecidas en accidente de tránsito del 5 de abril de 2025.

3.2 Inmediatez de la acción de tutela

La Corte Constitucional, ha establecido que el principio de inmediatez dispone que la acción de tutela debe impetrarse en un plazo razonable, al respecto se trae a colación la Sentencia T-160 de 2021, a través de la cual se estableció:

“…Para definir el plazo razonable, se considera el tiempo transcurrido entre el momento en el que se produjo la vulneración o amenaza a un derecho fundamental y la interposición de la acción. De manera que no se vea afectada la naturaleza propia de la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata y urge nte de derechos fundamentales. De allí,7

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que le corresponda al juez constitucional verificar el cumplimiento del principio de inmediatez…”.

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que le corresponda al juez constitucional verificar el cumplimiento del principio de inmediatez…”.

Así las cosas, el hecho por el cual el accionante considera que se le están vulnerando los derechos fundamentales, a caeció por que el 06 de junio de 2025, recibió respuesta a la solicitud elevada el 07 de mayo de 2025, mediante la cual, la Previsora SA indicó que se abstenía de realizar la valoración de pérdida de capacidad laboral del accionante, por no haber acreditado la culminación frente a su proceso de rehabilitación integra.

Por ende, considera la Sala que el tiempo transcurrido entre la fecha de la solicitud de valoración de la pérdida de capacidad laboral del actor (07/05/2025)10 y la data en que fue interpuesta la tutela (18/06/2025)11, es razonable, por lo que se cumple con el requisito de inmediatez.

3.3 Subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política, dispone que la acción de tutela no solo protege los derechos fundamentales que resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública sino también del actuar de los particulares, siempre y cuando se encuentren encargados de prestar de un servicio público, pues esta conducta puede afectar grave y directamente el interés colectivo o del accionante que se encuentra en estado de subordinación o indefensión frente al particular12, procurando así la igualdad de derechos entre los individuos13.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido en diferentes ocasiones que la acción de tutela procede contra las entidades del sistema financiero y las

al particular12, procurando así la igualdad de derechos entre los individuos13.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido en diferentes ocasiones que la acción de tutela procede contra las entidades del sistema financiero y las aseguradoras, ya que desempeñan actividades que son de interés público, encontrándose los usuarios en un estado de indefensión, por la posición dominante que ejercen estas entidades financieras14.

Por lo tanto, en razón al servicio público que prestan las entidades financieras y las aseguradoras, se admite la intervención del juez constitucional cuando se advierte la vulneración de derechos fundamentales derivada de las relaciones de carácter privado, celebradas entre entidades financieras y aseguradoras y los usuarios, pues su posición dominante ponen al usuario en estado de indefensión, negándole la posibilidad de negociar y actuar en condiciones de igualdad en la relac ión

10 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 3 Pág. 15-21. 11 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 3. 12 Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

13 Sentencia T007 de 2015, M.P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

14 Sentencia T-400 de 2017, M.P. ALBERTO ROJAS RÍOS8

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contractual15.

Conforme a lo expuesto, la Sala considera que, en el caso bajo estudio, la acción interpuesta es el mecanismo judicial idóneo y eficaz, como quiera que pretende se

contractual15.

Conforme a lo expuesto, la Sala considera que, en el caso bajo estudio, la acción interpuesta es el mecanismo judicial idóneo y eficaz, como quiera que pretende se ordene a la Previsora S.A i) realizar la calificación en primera oportunidad del porcentaje de pérdida de capacidad laboral del accionante, con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 5 de abril de 2025, ii) En caso de ser recurrido el dictamen en primera oportunidad, se cancele los honorarios a la Junta Regional de Invalidez del Huila, para que emita dictamen de pérdida de capacidad laboral al actor y en consecuencia, poder reclamar la indemnización por el perjuicio padecido.

3.4 Seguridad social como derecho fundamental

El artículo 48 de la Constitución Política, menciona que el derecho a la seguridad social es un “servicio público de carácter obligatorio” y un derecho irrenunciable, el cual debe ser garantizado a todos los habitantes del Estado Colombiano, encontrándose su dirección, coordinación y control a cargo del Estado, bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

La Corte Constitucional indicó que la seguridad social “surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos subjetivos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo”16.

Al respecto, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 16 precisó que “toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja

subsistencia a través del trabajo”16.

Al respecto, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 16 precisó que “toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilidad física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.”, igualmente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 19 destacó que “El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo.”

15 Ibidem 16 Sentencia T690 de 2014,9

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Su importancia se basa en el principio de la dignidad humana y en la satisfacción real de los derechos humanos, ya que las personas podrán asumir situaciones difíciles que obstaculizan el desarrollo de sus actividades laborales con la recepción de recursos que permitan ejercer sus derechos subjetivos, ya que la seguridad social hace referencia a los medios de protección que brinda el Estado para salvaguardar

que obstaculizan el desarrollo de sus actividades laborales con la recepción de recursos que permitan ejercer sus derechos subjetivos, ya que la seguridad social hace referencia a los medios de protección que brinda el Estado para salvaguardar a las personas y sus familias de las contingencias que afectan la capacidad que estos tienen de generar ingresos suficientes para vivir en condiciones dignas y confrontar circunstancias como la enfermedad, la invalidez o la vejez17.

3.5 Indemnización por incapacidad permanente a causa accidente de tránsito.

El artículo 2.6.1.4.2.6 del Decreto 780 de 2016 18, precisó que la prestación por incapacidad permanente “Es el valor a reconocer, por una única vez, a la víctima de un accidente de tránsito, de un evento catastrófico de origen natural, de un evento terrorista o de los que sean aprobados por el Ministeri o de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, cuando como consecuencia de tales acontecimientos se produzca en ella la pérdida de su capacidad para desempeñarse laboralmente.” , la cual da derecho al pago de una indem nización máxima de 180 veces el salario mínimo legal diario vigente.

Indemnización que será cubierta por la compañía de seguros respectiva cuando se trate de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado esté amparado por una póliza de SOAT o por La Subcuenta ECAT del Fosyga cuando se trate de un accidente de tránsito ocasionado por un vehículo no identificado o sin póliza de SOAT, así como los eventos catastróficos de origen natural, terroristas u otro aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social19.

accidente de tránsito ocasionado por un vehículo no identificado o sin póliza de SOAT, así como los eventos catastróficos de origen natural, terroristas u otro aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social19.

Al respecto, el artículo 194 del Decreto 663 de 1993, prevé que para percibir el pago indemnizatorio, debe demostrarse la ocurrencia del accidente y las consecuencias dañosas que éste le generó a la víctima, considerando como prueba suficientes todas aquellas que tenga en su poder el solicitante; igualmente , el artículo 2.6.1.4.3.1 del Decreto 780 de 2016, indicó como documentos exigidos para presentar solicitud de pago de la indemnización de incapacidad permanente ocasionada por un accidente de tránsito ante la aseguradora, el formulario de reclamación que para el efecto adopte la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social debidamente diligenciado , el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral en firme, emanado de la autoridad competente de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 del Decreto Ley 019 de

17 Sentencia T400 de 2017, M.P. ALBERTO ROJAS RÍOS 18 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social” 19 Artículo 2.6.1.4.2.8 del Decreto 780 de 201610

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2012, en el que se especifique el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la epicrisis o resumen clínico de atención según corresponda.

En razón a ello, la Corte Constitucional ha establecido reglas frente al reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente a causa de accidente de tránsito, y, en Sentencia T-003 de 2020, previó:

“… (i) Para acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el SOAT, es indispensable allegar el dictamen médico proferido por la autoridad competente.

(ii) Dentro de las autoridades competentes para determinar, en primera oportunidad, la pé rdida de capacidad laboral, enunciadas en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 100, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, se encuentran las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte.

(iii) Dado que las e mpresas responsables del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito asumen, entre otros riesgos, el de incapacidad permanente, tienen también la carga legal de practicar, en primera oportunidad, el examen de pérdida de capacidad laboral y calificar el gr ado de invalidez del asegurado, orientado a acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el SOAT.”

3.6 Pérdida de Capacidad Laboral con ocasión a un accidente de Tránsito.

orientado a acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el SOAT.”

3.6 Pérdida de Capacidad Laboral con ocasión a un accidente de Tránsito.

Cuando se presentan accidentes de tránsito y estos tienen incidencia en la salud de las personas, el Sistema General de Seguridad Social ha previsto la existencia de un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito “SOAT”, bajo el cual, debe estar amparado todo vehículo automotor que transite en el territorio nacional20, cuya finalidad “es amparar la muerte o los daños corporales que se causen a las personas implicadas en tales eventos, ya sean peatones, pasajeros o conductores, incluso en los casos en los que los vehículos no están asegurados”21

El numeral 2° del artículo 192 del Decreto 663 de 1993, estableció frente a los daños corporales causados en accidentes de tránsito , que el SOAT tiene entre otros, el objetivo de: “Cubrir la muerte o los daños corporales físicos causados a las personas; los gastos que se deban sufragar por atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria,

20 Decreto 663 de 1993 "Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración". En su artículo 192 prevé: “1. Obligatoriedad. Para transitar por el territorio nacional todo vehículo automotor debe estar amparado por un seguro obligatorio vigente que cubra los daños

corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito. Quedan comprendidos dentro de lo previsto por este numeral los automotores extranjeros en tránsito por el territorio nacional. Las entidades aseguradoras a que se refiere el artículo 196 numeral 1o. del presente estatuto estarán obligadas a otorgar este seguro.(…)” 21 Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, modificada por las Leyes 903 de 2004 y 1005 de 2006, artículo 42.11

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incapacidad permanente; los gastos funerarios y los ocasionados por el transporte de las víctimas a las entidades del sector salud”.

A su vez, el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, precisó que le “corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificació