TA HUI - Sentencia 41001-33-33-009-2025-00111-01 (16-06-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Neiva, dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICACIÓN : 41001333300920250011101

DEMANDANTE : JOSÉ HERMEL RUBIO

DEMANDADO : DISAN POLICÍA NACIONAL MEDIO DE CONTROL : TUTELA SENTENCIA No. : 130612425/ AT 24221

ACTA No. : 49 DE LA FECHA

1. TEMA.

Se decide la impugnación de parte demandada contra la sentencia del 9 de mayo de 2025, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Neiva, que amparó los derechos a la salud y vida del demandante.

2. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA.

2.1. Posición de la actora.

El señor José Hemel Rubio solicita el amparo de los derechos fundamentales a la salud y vida digna, a fin de que se ordene a la unidad prestadora de salud Huila de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacionalen adelante DISAN Policía:

1. Autorizar los medicamentos y servicios de salud que le ha ordenado su médico tratante, por el tiempo en que él disponga y, 2. “Garantizar el seguimiento postoperatorio (sic) adecuado y todos los cuidados médicos necesarios para asegurar la recuperación completa de la señora Luz Marina

Pineda”. En los hechos relata que presenta diagnósticos de incontinencia urinaria y problemas relacionados con movilidad reducida, según conceptos médicos del 11 de

médicos necesarios para asegurar la recuperación completa de la señora Luz Marina Pineda”. En los hechos relata que presenta diagnósticos de incontinencia urinaria y problemas relacionados con movilidad reducida, según conceptos médicos del 11 de marzo y 7 de abril de 2025, derivados de una cirugía de tumor ubicado en el lóbulo frontal derecho de su cerebro.

En la con sulta del 7 de abril de 2025 la doctora Ruby Nataly Muñoz Salamanca ordenó suministrarle pañales para adulto y por su situación económica no puede comprarlos, por eso su esposa Mercedes Jara Guzmán, solicitó (sin indicar fecha) a la Unidad Prestadora de SaludHuila de la DISAN de la Policía hacerle la entrega.Radicación: 410013333009–2025–00111–01

Demandante: José Hermel Rubio

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En respuesta la demandada le indicó ( sin identificar fecha) que el área de rehabilitación de la unidad prestadora de salud Huil a, verificó que los pa ñales desechables no se encuentran en el plan de servicios de sanidad militar y policial por ser insumos de aseo, de conformidad con el Acuerdo 002 de abril 27 de 2001 lo que vulnera su derecho a una vida digna y a su salud.

Describe su situación económica para señalar que cuenta con una mesada pensional de $2’695.940 para el sustento suyo y de su esposa, no reciben más ingresos y sus gastos mensuales son: $1’692.209 por créditos adquiridos para cubrir gastos de tratamientos médicos y adecuaciones de la casa por posoperatorios de su cirugía de tumor; $380.000 por servicios públicos; $600.000 para gastos de mercado y,

tratamientos médicos y adecuaciones de la casa por posoperatorios de su cirugía de tumor; $380.000 por servicios públicos; $600.000 para gastos de mercado y, $100.000 por servicios de taxi para asistir a controles médicos y diligencias, considerando las dificultades de movilidad suyas y de su esposa.

2.2. Posición de la parte accionada.

La tutela fue admitida en auto del 28 de abril de 20251 contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y ordenó su notificación al jefe de la unidad prestadora de salud HuilaDISAN Policía Nacional, surtida la cual, en forma oportuna se pronunció sobre la tutela.

La capitán Lizeth Perdomo Moreno, jefe de la unidad prestadora de salud Huila, solicita declarar improcedente la tutela porque no se ha acreditado la vulneración a los derechos fundamentales del actor, a quien le han garantizado servicios de salud como: programa de medicina domiciliaria, terapias, exámenes y tratamientos , pero le ha explicado que los pañales no pueden entregarse porque así lo indica el Acuerdo 002 de 2002 del consejo superior de salud de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, además , son sus familiares cuidadores primarios que deben asumir responsabilidades de acuerdo a su capacidad económica.

Solicita además: 1. Oficiar a la Superintendencia de Notariado y Registro para que acredite los bienes que posee el actor, su esposa e hijos, 2. Vincular al trámite a la esposa del demandante para que comunique su capacidad económica y por qué no puede asumir la entrega de pañales, 3. Oficiar a CASUR de la Policía Nacional para que informe la asignación salarial que recibe Marles Alexander Rubio Jara, hijo del

esposa del demandante para que comunique su capacidad económica y por qué no puede asumir la entrega de pañales, 3. Oficiar a CASUR de la Policía Nacional para que informe la asignación salarial que recibe Marles Alexander Rubio Jara, hijo del demandante, 4. Oficiar a los fondos de pensiones (público y privados) para que expongan si se encuentra pensionado en uno de ellos y el monto de su pensión y,

5. De ordenarle suministrar servicios fuera del plan de salud de la Policía Nacional, se autorice efectuar el recobro a la ADRES.

1 Archivo 3, Samai.Radicación: 410013333009–2025–00111–01

Demandante: José Hermel Rubio

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Sobre los hechos indica que el demandante se encuentra activo en el subsistema de salud, sin que deba pagar copagos o cuotas moderadoras y se han brindado los servicios de salud que ha requerido y el sistema de información de talento humano indica que recibe una asignaci ón de retiro en grado de agente que en el mes de marzo fue de $3’643.162 y al consultar en la Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con un inmueble de su propiedad y de la señora Mercedes Jara, su esposa, lo cual demuestra que tienen capacidad económica para suministrar los pañales que solicita.

Por su parte, el inf orme clínico y sociofamiliar del programa de atención médico domiciliario (POMED) del 28 de abril de 2025 , elaborado por un equipo interdisciplinario, compuesto por médico general, trabajadora social, enfermera y fisioterapeuta, indica que el actor cuenta con una red de apoyo familiar conformada por su cónyuge y 3 hijos con capacidad econ ómica para apoyarlo, extrae de dicho

interdisciplinario, compuesto por médico general, trabajadora social, enfermera y fisioterapeuta, indica que el actor cuenta con una red de apoyo familiar conformada por su cónyuge y 3 hijos con capacidad econ ómica para apoyarlo, extrae de dicho informe:

“…Paciente de 67 años, en uso de buen retiro de la Policía Nacional, con asignación de retiro en el grado de agente hace más de 30 años, de estado civil casado por la iglesia hace 42 años con la señora Mercedes Lara de 64 años, sin comorbilidades en buenas condiciones generales se ve, quien siempre se ha dedicado al hogar y cuidado de hijos y ahora de su esposo, del matrimonio hay 3 hijos, el mayor es Marles Alexander de 45 años, quien reside en Pitalito y es Policía pensionado, Yeison de 40 años, quien labora en bodega de eléctricos en Neiva y Andrea de 37 años, quien vive en Neiva y es docente del colegio de la policía San Miguel Arcángel, según relatos y lo visto en sus seguimientos todos son muy unidos entre sí y muy colaboradores, siendo correspondientes a los cuidados y necesidades de los padres y más desde su enfermedad.(…)”

Reitera que no es posible la entrega de pañales porque los servicios médicos que presta deben respetar el principio de legalidad, es decir, aquello que se incluye en el plan de salud de la Policía Nacional donde no se encuentran elementos de uso y cuidado personal como los solicitados, pues han sido catalogados por prestadores de salud como elementos de aseo y no un plan de manejo médico , siendo responsabilidad del paciente su auto cuidado conforme al artículo 25 del Decreto 1795 de 2000 , porque reconocerlo a su cargo afectaría notoriamente la sostenibilidad financiera del sistema.

de salud como elementos de aseo y no un plan de manejo médico , siendo responsabilidad del paciente su auto cuidado conforme al artículo 25 del Decreto 1795 de 2000 , porque reconocerlo a su cargo afectaría notoriamente la sostenibilidad financiera del sistema.

Agrega que el actor ha recibido la atención en salud del programa de atención médico-domiciliaria y de las 18 sesiones programadas por terapia ocupacional no asistió a 4, además, al analizar los gastos que ha relacionado el demandante en la tutela, tiene deducciones a su mesada por $1’005.309, gastos relacionados con facturas de servicios públicos, televisión e internet ($420.632), alimentación, aseo y recreación ($1’720.638) y restan $975.302 disponibles para sufragar la compra de pañales.Radicación: 410013333009–2025–00111–01

Demandante: José Hermel Rubio

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Menciona que al consultar el costo de los pañales en cadenas farmacéuticas como drogas la rebaja y cruz verde, encuentra que su costo es de $160.000 mensuales, que puede sufragar por su parte o con el apoyo de sus 3 hijos respetando el principio de solidaridad previamente desarrollado por la Corte Constitucional2 y sentencias de tutela3, de manera que no se cumplen los criterios constitucionales para suministrarlos porque goza de pensión y un núcleo familiar que debe garantizar sus cuidados básicos.

Añade que no es viable reconocer el tratamiento integral por tratarse de meras expectativas o hechos inciertos, pues el actor ha recibido tratamiento médico, intervención quirúrgica, hospitalización y práctica de exámenes y por lo expuesto la tutela es improcedente pues no existe un mínimo de evidencia de la afectación de

expectativas o hechos inciertos, pues el actor ha recibido tratamiento médico, intervención quirúrgica, hospitalización y práctica de exámenes y por lo expuesto la tutela es improcedente pues no existe un mínimo de evidencia de la afectación de sus derechos fundamentales.

2.3. Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Noveno Administrativo de Neiva en sentencia del 9 de mayo de 2025 (archivo 11, Samai.) ampara los derechos fundamentales a la salud y vida del demandante y ordena al jefe de la unidad prestadora de salud Huila - Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, que en el plazo de 2 días siguientes a la notificación de la decisión, si no lo hubiere hecho, autorice la entrega del insumo: “pañales para adulto talla L-2 cambios al día para 60 pañales al mes por 6 meses” ordenado por el médico tratante el 7 de abril de 2025.

También, asegurar el tratamiento integral del actor en relación con el diagnós tico: “problemas relacionados con movilidad reducida” para que sean prestados los servicios que disponga el médico tratante sin dilaciones, como: cuidados, terapias, citas médicas, insumos, equipos, servicios y suministros médicos, procedimientos quirúrgicos, intervenciones y cualquier componente que estime necesario su médico tratante, debiendo comunicar al actor las gestiones surtidas para cumplir la decisión.

Para arribar a tal decisión, identificó el problema jurídico y definiciones normativas y jurisprudenciales sobre la acción de tutela4, el derecho a la salud , el tratamiento integral y las reglas de unificación de la sentencia SU 508 de 2020 de la Corte Constitucional sobre la entrega de servicios o tecnologías en salu d de pañales,

y jurisprudenciales sobre la acción de tutela4, el derecho a la salud , el tratamiento integral y las reglas de unificación de la sentencia SU 508 de 2020 de la Corte Constitucional sobre la entrega de servicios o tecnologías en salu d de pañales, pañitos húmedos, cremas anti escaras, silla de ruedas y servicio de transporte intermunicipal.

2 Sentencia T-032 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez 3 Rad. 41001410500120240051600, sentencia del Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Neiva, demandante: Jairo Rivera Montes, demandados: Jhon Jairo Rivera Trujillo y O. 4 Artículo 86 de la Constitución Política, Decreto 2591 de 1991, sentencias T031 de 2013 y T-705 de 2012,Radicación: 410013333009–2025–00111–01

Demandante: José Hermel Rubio

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Al arribar al caso concreto, indica que el demandante tiene 67 años y diagnóstico de: “problemas relacionados con movilidad reducida”, por lo cual su médico tratante especialista en fisiatría prescribió el 7 de abril de 2021 (sic) el uso de 60 pañales por 6 meses, procediendo a solicitar a la unidad prestadora de salud Huila - DISAN Policía, extender la autorización para dichos insumos, pero fue negado.

Agrega que el acuerdo 002 del 27 de abril de 2001 en su artículo 10 numerales 1 y 2 reglamenta las exclusiones del plan de servicios de sanidad militar y de policía, lo cual fue modificado p or el acuerdo 010 del 27 de septiembre de 2001 donde reglamentó el suministro elementos materiales medico quirúrgicos siempre y cuando

2 reglamenta las exclusiones del plan de servicios de sanidad militar y de policía, lo cual fue modificado p or el acuerdo 010 del 27 de septiembre de 2001 donde reglamentó el suministro elementos materiales medico quirúrgicos siempre y cuando hagan parte del tratamiento relacionado por el profesional de la salud, pero no abarca los pañales desechables.

Sin embargo, la sentencia SU-508 de 2020 de la Corte Constitucional estableció que, si dicho insumo no se ha excluido o incluido de forma expresa por el PBS , debe entenderse que está incluido de conformidad con la Ley 1751 de 2015 y en este caso el actor cuenta con formula médica, por eso hay lugar a amparar su derecho a la salud y ordenar la entrega del insumo prescrito por el médico, por eso no acoge los argumentos de capacidad económica del demandante, porque la sentencia de unificación dispone que ello no se opone a la entrega de pa ñales desechables por ser un deber de la entidad.

De otro lado, indica que accederá a la solicitud de tratamiento integral porque “se satisfacen los requisitos de un procedimiento de esa naturaleza” , ya que el tratamiento de problemas relacionados con movilidad reducida no se agota en una única prestación, sino que requiere continuidad, restablecer la condición de salud y debe darse una protección integral a todo lo que sea necesar io para sobrellevar su dolencia, aunado a que el demandante cuenta con especial protección constitucional y el rigor de su enfermedad implica una condición de salud muy precaria.

2.4. La impugnación (archivo 20, Samai).

La parte demandada impugnó el fallo solicitando revocar el resolutivo segundo, porque no ha vulnerado los derechos del actor, ha garantizado los servicios de salud

2.4. La impugnación (archivo 20, Samai).

La parte demandada impugnó el fallo solicitando revocar el resolutivo segundo, porque no ha vulnerado los derechos del actor, ha garantizado los servicios de salud del demandante y ya explicó el motivo por el cual no accede a la entrega de pañales, insistiendo en que los familiares del señor Hermel Rubio deben asumir su cuidado según su capacidad económica.

Añade que no se valoraron en integridad las pruebas que aportó y solicitó sobre la capacidad económica del actor y su familia, aunque la jurisprudencia constitucional establece como requisito para reconocer un insumo de salud no incluido en el planRadicación: 410013333009–2025–00111–01

Demandante: José Hermel Rubio

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de servicios de sanidad, que el interesado no pueda costearlo directamente o no pueda acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie.

Reitera los argumentos de la contestación, para señalar que no se tuvo en cuenta la capacidad económica del demandante y sus hijos , pues recibe pensión, tiene propiedades en inmuebles y una red de apoyo, lo cual s í se analiza en otras sentencias de tutela para la entrega de pañales desechables.

De otro lado, argumenta que no había lugar a ordenar un t ratamiento integral porque el demandante carece de criterio médico que ordene terapias, medicamentos o tratamientos determinados, pues únicamente aportó la orden médica de pañales y de su parte ha demostrado que el actor se encuentra en un programa de atención médico domiciliaria, dirigido a pacientes con patologías crónicas, degenerativas, gravemente incapacitantes, en estado terminal o con dependencia de un cuidador

y de su parte ha demostrado que el actor se encuentra en un programa de atención médico domiciliaria, dirigido a pacientes con patologías crónicas, degenerativas, gravemente incapacitantes, en estado terminal o con dependencia de un cuidador en casa y también le ha garantizado tratamientos médicos, cirugías, hospitalizaciones y exámenes.

Reitera que de ser desfavorable la decisión, se conceda el recobro a la administradora de recursos al ADRES sobre los servicios adicionales que no se encuentren relacionados en el plan de salud.

3. SEGUNDA INSTANCIA, CONSIDERACIONES. 3.1. Competencia, legitimación y validez.

La Corporación es competente para dirimi r esta instancia según el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 por lo cual , procede a tomar la decisión que corresponda , porque no se avistan circunstancias que invaliden lo actuado , están las partes legitimadas en causa pues el actor a tribuye la vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales a la demandada , a lo cual accedió el a quo y la demandada impugnó la decisión, de ahí el interés de la parte accionada en que se decida esta instancia.

3.2. Problema jurídico.

Se plantea a la Sala decidir:

3.2.1. ¿Debe revocarse el fallo recurrido, porque no se han vulnerado los derechos amparados, ya que el suministro de pañales de adulto no se encuentra en el plan de salud de sanidad y no se cumplen los requisitos jurisprudenciales para reconocerlos en tutela, porque el actor cuenta con capacidad económica para cubrir su necesidad?Radicación: 410013333009–2025–00111–01

Demandante: José Hermel Rubio

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reconocerlos en tutela, porque el actor cuenta con capacidad económica para cubrir su necesidad?Radicación: 410013333009–2025–00111–01

Demandante: José Hermel Rubio

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3.2.2. ¿Hay lugar a revocar el tratamiento integral del actor porque no cuenta con órdenes médicas que sugieran un tratamiento específico a futuro y las atenciones se han brindado oportunamente?

El Tribunal considera que debe revocarse parcialmente la sentencia recurrida, pues no hay evidencia suficiente para ordenar el tratamiento integral del demandante por problemas relacionados con movilidad reducida y se confirmará en lo demás, porque hay lugar a la entrega de pañales de adulto por parte de su plan de salud como dispuso su médico.

Lo anterior, sustentado en el análisis de: a) El principio de integralidad del servicio de salud, b) Entrega de pañales por prescripción médica y, c) el caso concreto.

3.3. El principio de integralidad del servicio de salud.

La Corte Constitucional5 ha sostenido que el derecho a la salud tiene cuatro elementos que son pilares de su existencia, sin los cuales no podría garantizarse su efectividad, ellos son: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad , calidad6 e integridad, siendo el último, un componente transversal de l os primeros, esto es, que los primeros deben garantizar plenamente o de manera integral la salud de los usuarios del servicio.

Dicha Corporación ha indicado que este principio 7 es uno de los criterios aplicados para decidir sobre asuntos relativos a la protección del derecho constitucional a la salud, pues las entidades que participan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS deben prestar un tratamiento integral a sus pacientes.

para decidir sobre asuntos relativos a la protección del derecho constitucional a la salud, pues las entidades que participan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS deben prestar un tratamiento integral a sus pacientes.

Lo anterior, con independencia de que existan prescripciones médicas que ordenen de manera concreta la prestación de un servicio específico, teniendo en cuenta que el Estado tiene el deber de brindar a todos los colombianos residentes en el país, protección en salud y para ello los jueces de tutela deben ordenar que se garanticen todos los servicios médicos que sean necesarios para concluir un tratamiento, de conformidad con los artículos 153-3, 156 y 162 de la Ley 100 de 1993 y lo cual está en consonancia con el artículo 14 de la Ley 1751 de 20158.

5 Sentencia T-053/09 del 30 de enero de 2009, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Según la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 7 Contenido en al artículo 8 de la Ley 1751 de 2015 8 El Sistema garantizará el derecho fundamental a la salud a través de la prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción integral de la salud, que incluya su promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas. rehabilitación de sus secuelas.Radicación: 410013333009–2025–00111–01

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Así, la atención integral comprende la realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el restablecimiento de la salud del paci ente9, el cuidado, suministro

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Así, la atención integral comprende la realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el restablecimiento de la salud del paci ente9, el cuidado, suministro de medicamentos, las intervenciones quirúrgicas y las prácticas de rehabilitación, destacándose que dicho principio tiene dos perspectivas:

a) Una, relativa a la integralidad del concepto mismo de salud, que versa sobre las necesidades de las personas en materia de salud, esto es necesidades preventivas, educativas, informativas, fisiológicas, psicológicas, entre otras10.

b) Otra, sobre la necesidad de proteger el derecho fundamental a la salud de manera tal que todas las prestaciones requeridas por una persona en determinada condición de salud sean garantizadas de manera efectiva para conjurar la situación particular de su salud.

Adicionalmente, la Corte señaló que en los supuestos en los que el conjunto de prestaciones que conforman la garantía integral del derecho a la salud, no estén necesariamente establecidos a priori y de manera concreta por el médico tratante, la protección de este derecho conlleva para el juez constitucional la necesidad de hacer determinable la orde n en el evento de conceder el amparo, sin que p ueda recaer sobre cosas futuras, indeterminadas, contrarias al ordenamiento jurídico y cuyo cumplimiento pueda resultar problemático a la hora disponer las acciones necesarias para brindar la atención a los af iliados y beneficiarios, por parte de las entidades prestadoras del servicio de salud11.

3.4. Entrega de pañales por prescripción médica.

La Corte Constitucional en sentencia SU 508 de 2020, unifica la jurisprudencia en lo

entidades prestadoras del servicio de salud11.

3.4. Entrega de pañales por prescripción médica.

La Corte Constitucional en sentencia SU 508 de 2020, unifica la jurisprudencia en lo que tiene que ver con la entrega por parte del sistema de seguridad social en salud de insumos y servicios como sillas de ruedas, pañales, pañitos húmedos, crema antiescaras, transporte intermunicipal y servicio de enfermería, para lo cual verifica si los mismos hacen parte o no del Plan Básico de Salud, si existe prescripción médica o si excepcionalmente podría ordenarse por vía de tutela.

Para el caso del insumo que nos ocupa, dicha sentencia dispuso las siguientes subreglas:

9 Corte Constitucional. Sentencia T-518 de 2006. 10 sentencias T-926 de 1999, T-307 de 2007 y T-016 de 2007, entre otras. 11 Corte Constitucional. Sentencia T-398 de 2008.Radicación: 410013333009–2025–00111–01

Demandante: José Hermel Rubio

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Servicio Subreglas Pañales

1. No están expresamente excluidos del PBS. Están incluidos en el PBS. ii) En aplicación de la sentencia C-313 de 2014, no se debe interpretar que podrían estar excluidos al subsumirlos en la categoría genérica de “insumos de aseo”. iii) Si existe prescripción médica se ordena directamente por vía de tutela. iv) Si no existe orden médica: a) Si se evidencia un hecho notorio a través de la historia clínica o de las demás pruebas allegadas al expediente, por la falta del control de

1. Si no existe orden médica: a) Si se evidencia un hecho notorio a través de la historia clínica o de las demás pruebas allegadas al expediente, por la falta del control de esfínteres derivada de los padecimientos que aquejan al paciente o de la imposibilidad que tiene éste de moverse, el juez de tutela puede ordenar el suministro directo de los pañales condicionado a la posterior ratificación de la necesidad por parte del médico tratante. b) Si no se evidencia un hecho notorio, el juez de tutela podrá amparar el derecho a la salud en su faceta de diagnóstico cuando se requiera una orden de protección. v) Bajo el imperio de la ley estatutaria en salud no es exigible el requisito de capacidad económica para autorizar pañales por vía de tutela.

Así las cosas, la demandada no puede desconocer la reiterada jurisprudencia al respecto y relevarse de entregar el insumo que garantiza al actor el acceso integral al servicio de salud y la protección constitucional reforzada que le asiste al ser un adulto mayor con diagnósticos significativos en salud que lo hacen sujeto de especial protección constitucional según el artículo 11 de la Ley 1251 de 2008 que le da tal connotación, entre otros, a la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, verbigracia el actor tiene 67 años y diagnóstico de: “problemas relacionados con movilidad reducida”.

3.5. Caso concreto.

El señor José Hemel Rubio cuenta con 67 años según constancia del subsistema de salud de la Policía Nacional, es afiliado activo al plan obligatorio de salud de dicho

reducida”.

3.5. Caso concreto.

El señor José Hemel Rubio cuenta con 67 años según constancia del subsistema de salud de la Policía Nacional, es afiliado activo al plan obligatorio de salud de dicho régimen especial (f. 2, archivo 10-1, Samai) y según el informe clínico y sociofamiliar del programa de atención médico domiciliario, le han sido di agnósticadas las siguientes patologías:

1. Lesión tumoral frontal

2. Linfoma No Hodking cerebral, radioterapia finalizada en 2014; quimioterapia

3. Leucoencefalomalacia postactinica sin evidencia de recidiva

4. Dependencia funcional moderada

5. Movilidad reducidaRadicación: 410013333009–2025–00111–01

Demandante: José Hermel Rubio

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En consulta médica del 7 de abril de 2025 (f. 6, Id.), la especialista en Fisiatría con ocasión del diagnóstico Z740 Problemas relacionados con movilidad reducida, ordena al actor el suministro de:

“PAQALES (SIC) PARA ADULTO TALLA L - 2 CAMBIOS AL DÍA PARA 60 PAÑALES AL MES

POR 6 MESES”

En vista de lo anterior, existe una orden médica vigente sobre el insumo que requiere el actor para el manejo de su dependencia funcional moderada y movilidad reducida, único requisito que contempla la sentencia de unificación traída a colación en el capítulo anterior, para ordenar directamente su entrega por vía tutela, pues como se analizó en esa oportunidad, aunque los pañales no proporciona n un efecto sanador en las enfermedades de los pacientes, sí son indispensables para garantizar

capítulo anterior, para ordenar directamente su entrega por vía tutela, pues como se analizó en esa oportunidad, aunque los pañales no proporciona n un efecto sanador en las enfermedades de los pacientes, sí son indispensables para garantizar su vida digna y no se limitan a ser considerados como elementos de aseo personal.

En virtud de lo anterior , la Corte Constitucional precisó que los pañales son tecnologías que no están excluidas del plan básico de salud y en consecuencia , no es exigible el requisito de capacidad económica para autorizarlos por esta acci ón constitucional; por eso, aunque la unidad prestadora de salud Huila ha justificado que los pañales no se encuentran en el plan de servicios de sanidad militar y policial en cuanto no está estipulado en el Acuerdo 002 de abril 27 de 2001 del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares, lo cierto es que al consultar el acuerdo en mención12 no se encuentra expresamente excluida la entrega de dicho insumo , de ahí que no hay razón para no ser entregado y más cuando ha sido prescrito por un médico tratante, de ahí que no existe justificación válida para su negativa.

Ahora bien, aunque ha quedado claro que no es exigible el requisito de capacidad económica para autorizar los pañales, la impugnación insiste en que sean tenidas en cuenta las pruebas que ha aportado y soli citado, por eso se encuentra que la asignación de retiro del actor es de $2’695.940 cuyos descuentos suman un total de $1’ 003.731, los recibos de servicios públicos (gas, energía y agua) indican que para el mes de febrero de 2025 el demandante debió pagar $311.630 y tiene facturas por servicios de internet y televisión por $109.000.

$1’ 003.731, los recibos de servicios públicos (gas, energía y agua) indican que para el mes de febrero de 2025 el demandante debió pagar $311.630 y tiene facturas por servicios de internet y televisión por $109.000.

Así las cosas, el señor Hermel Rubio cuenta con $ 1’271.579 para cubrir los gastos de alimentación y adicionales de él y su esposa, lo que a consideración de esta Sala no es suficiente para cubrir una necesidad diaria com o lo son los pañales

12 Consulta realizada en la página web: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparenciaacceso-informacion-publica/2-normatividad/2-2-busqueda-normas/2-2-2-sistema-busquedasnormas-propio-1/normograma-digsa/subdireccion-salud-digsa/grupo-prestacion-operacionservicios/normas-internas-del-sistema-salud-ssmp/acuerdo-002-2001-se-establece-plan-serviciosRadicación: 410013333009–2025–00111–01

Demandante: José Hermel Rubio

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desechables que son consecuencia de su situación de salud y garantizan su vida digna, razón por la cual existe sustento para que sea garantizado por el plan de servicios de salud al cual pertenece.

En consecuencia, pese a que el deman