TA HUI - Sentencia 410013333003-2015-0000701 (08-07-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva, ocho (08) de julio de dos mil veinticinco (2025).

ASUNTO : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE : JAIRO BAHAMÓN CAMARGO

DEMANDADA : NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL PROVIDENCIA : SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN : 41 001 33 33 003-2015-00007 01

Aprobado en sesión de la fecha. Acta N° 041.

ASUNTO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte actora contra la sentencia adiada 30 de mayo de 2019, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, que negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

1. LA DEMANDA

1.1. Las Pretensiones

El señor Jairo Bahamón Camargo , concreta las pretensiones de la siguiente manera:

1.- Se declare la nulidad del acto administrativo No. 005280 /MDN -CGFMCE-DIV5BR9-CJM-1.9, de fecha cinco (05) de Agosto de 2014, por medio del cual se niega al señor JAIRO BAHAMÓN CAMARGO, el pago de la recompensa de CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE $40.000.000,oo, por la información suministrada a la unidad B2 - Br9 y la

del cual se niega al señor JAIRO BAHAMÓN CAMARGO, el pago de la recompensa de CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE $40.000.000,oo, por la información suministrada a la unidad B2 - Br9 y la participación activa en el operativo de captura del señor “ISMAEL RIVAS”, persona que fue puesta a disposición de la FISCALÍA por parte de la Novena Brigada el dos (2) de Septiembre de 2012, para su legalización de captura, cumpliéndose con ello con lo estipulado en la Directiva de Recompensas – Gastos Reservados del Ejército Nacional No. 016 de 2012, ya que se dio un resultado que se materializo con la puesta a disposición de la auto ridad correspondiente el señor “ISMAEL RIVAS”, no siendo de su responsabilidad que haya sido dejado en libertad por la Fiscalía al encontrase que la orden de captura no se encontraba vigente para la fecha del operativo.Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Jairo Bahamón Camargo vs. Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional 410013333003 2015 00007 01 – Niega pago de recompensa

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2.- Se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - El EJÉRCITO NACIONAL – NOVENA BRIGADA – UNIDAD B2, cancele el valor correspondiente a la recompensa propuesta al señor JAIRO BAHAMÓN CAMARGO por la información suministrada y participación activa en el operativo que dio con la captura del señor “ISMAEL RIVAS”, el dos (02) de septiembre de 2012, suma que asciende a CUARENTA

MILLONES DE PESOS MCTE. $ 40.000.000.

activa en el operativo que dio con la captura del señor “ISMAEL RIVAS”, el dos (02) de septiembre de 2012, suma que asciende a CUARENTA

MILLONES DE PESOS MCTE. $ 40.000.000.

1.2. Los hechos

Se aduce en la demanda que, en el año 2011, el señor Jairo Bahamón Camargo, fue contactado por un int egrante de la Unidad B2 -Br9 conocido como “Marcos”, para que trabajara haciendo inteligencia en la captura de guerrilleros, en contraprestación el ejército pagaba recompensas por información certera que diera con la ubicación de estas personas.

Ante esto , el Señor Jairo Bahamón Camargo , inici ó sus labores de inteligencia para la unidad B2-Br9 cuyo objetivo era lograr con la ubicación del miliciano “Ismael Rivas”, por el cual ofrecían una recompensa de cuarenta millones de pesos ( $40.000.000), siéndole entregado por parte del Ejército, elementos necesarios para la materialización de su misión.

Durante ocho meses de inteligencia realizada por parte del señor Jairo Bahamón Camargo, se logra dar con la ubicación exacta del señor “Ismael Rivas” en una vereda del municipio de Tello , llamada El Candado, donde se hizo contacto con una señora a la cual llamaban “Eliana” y es por intermedio de ella que se logró ubicar al señor “Ismael”, y seguirle la pista para su captura que se materializó el 2 de septiembre de 2012, donde participó con una patrulla de militares a cargo del Sargento Cabrera.

para su captura que se materializó el 2 de septiembre de 2012, donde participó con una patrulla de militares a cargo del Sargento Cabrera.

Una vez finalizado el operativo de captura del señor “Ismael Rivas”, el demandante es trasladado a la Novena brigada en donde queda bajo la custodia del Sargento Cabrera, quien es la persona encargada de su protección y del diligenciamiento de las minutas del día y puesta a disposición del señor “Ismael Rivas” , al CTI para la legalizaci ón de la captura.

Cumplida la labor de inteligencia el señor Jairo Bahamón Camargo , procede a elevar, varias reclamaciones al ejército en donde contaba lo sucedido, para el pago de lo prometido, de las cuales las respuestas fueron negativas y desfavorable s ya que desconocían los hechos materia de la reclamación, por lo que, decide interponer una queja en la Procuraduría por los hechos presentados.Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Jairo Bahamón Camargo vs. Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional 410013333003 2015 00007 01 – Niega pago de recompensa

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El 23 de julio de 2014, se eleva petición a la SecciónB2-Br9, que mediante oficio Radicado No. 005280 /MDN-CGFM-CE-DIV5-BR9-CJM-1.9, del 5 de agosto de 2014, manifestó: “para el pago de la recompensa, pactada, es necesario que Se dé un resultado, que se materializaría con la efectiva puesta a disposición de la autoridad judicial del menc ionado señor “ISMAEL RIVAS”,

agosto de 2014, manifestó: “para el pago de la recompensa, pactada, es necesario que Se dé un resultado, que se materializaría con la efectiva puesta a disposición de la autoridad judicial del menc ionado señor “ISMAEL RIVAS”, circunstancia que no ocurrió, efectivamente dado que el personal militar de la Novena Brigada, puso a disposición de la Policía judicial del CTI de la FISCALÍA, quien verificó que el sujeto tenía la orden de captura vencida, po r lo tanto fue dejado en libertad”. Eso debido que el cumplimiento de los requisitos legales para la cancelación de la recompensa según la Directiva de Recompensa no se cumplió según conceptos del B2.”

1.2.1. Normas violadas y Concepto de la Violación

Ley 548 de 1999, Ley 1097 de 2006, regula la financiación de actividades de inteligencia, Directiva Permanente No. 29 del 2005 en donde se estipula en forma clara el pago de las recompensas. Directiva de Recompensas – Gastos Reservados del Ejército Naciona l No. 016 de 2012, en donde establece los requisitos de ley.

Principios Violados: • Buena Fe. • Legitima Confianza principio del estado

Social de Derecho. • Legalidad. • Debido Proceso.

Aclara que, en Colombia, la política de recompensas ha sido utilizada como una estrategia estatal para combatir a los distintos grupos armados ilegales que hacen parte del conflicto armado interno. Su desarrollo legislativo demuestra una evolución importante en cuanto a sus objetivos y escenarios de aplicación, pero, sobre todo, demuestra el interés estatal por fomentar y continuar con su uso.

que hacen parte del conflicto armado interno. Su desarrollo legislativo demuestra una evolución importante en cuanto a sus objetivos y escenarios de aplicación, pero, sobre todo, demuestra el interés estatal por fomentar y continuar con su uso.

Con la Ley 418 de 1997, que buscaba dotar al Estado de herramientas legales para facilitar la convivencia y afrontar efectos prácticos del conflicto armado, se inicia tímidamente la regulación sobre recompensas. Dicha Ley creó el “Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual debía invertir el dinero recaudado de una contribución especial para el montaje y operación de redes de inteligencia, y el ofrecimiento de reco mpensas a personas que colaboren con la justicia, entre otras actividades.

La Ley 548 de 1999, prorrogó su vigencia y amplió sutilmente las autoridades receptoras de la colaboración prestada por los individuos, al explicar que los fondos recaudados se derivarían al pago de recompensas a “personas que colaboren con la justicia o con organismos de seguridad del Estado”, como es el Ejército, la Policía, la Naval, entre otras.Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Jairo Bahamón Camargo vs. Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional 410013333003 2015 00007 01 – Niega pago de recompensa

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La Directiva Permanente No.16 del 2007 del Ministerio de Defensa, estableció que la recompensa será pagada con gastos reservados, los cuales son definidos por la Ley 1097 de 2006 , como aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e

cuales son definidos por la Ley 1097 de 2006 , como aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes, que para el caso bajo estudio acoge a cabalidad al señor Jairo Bahamón Camargo, ya que su trabajo de realizar inteligencia, permitió dar con la ubicación exacta en donde se encontraba el señor “Ismael Rivas” quien fue capturado por el Ejército con la información suministrada.

El único instrumento legal que contiene la definición de recompensas es la Directiva Permanente No. 29 de 2005, directiva de carácter secreto y difícil acceso, que especifica las recompensas en los siguientes términos: Es la retribución en dinero o en especie, que se entrega a una persona natural, por el suministro de datos de interés para las actividades de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal, respecto de actividades delictivas que afecten la seguridad y la estabilidad en cualquier región del país. Sobre conocimiento de actividades delictivas, ubicación de elementos, materiales, armamento y equipos de organizaciones y/o sujetos al margen de la ley en un lugar determinado que sirvan de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones. Directiva de Recompensas – Gastos Reservados del Ejército Nacional No. 016 de 2012.

La Directiva estipula de forma clara que el pago de la recompensa se realiza por la información suministrada que permita llevar a cabo operaciones posteriores, y no por acciones de individuos en contra de los miembros de las fuerzas enemigas; es decir, que la información que brinde el sujeto que realice la inteligencia sea determinante en la captura de la

operaciones posteriores, y no por acciones de individuos en contra de los miembros de las fuerzas enemigas; es decir, que la información que brinde el sujeto que realice la inteligencia sea determinante en la captura de la persona recae la orden de captura . Como lo enuncio anteriormente, el señor Jairo Bayamón Camargo, duró aproximadamente 8 meses, haciendo inteligencia del cual recibía dinero para su manutención, aclarándose que dicha información comunicada a la unidad B2 – Br9 fue contundente ya que mediante operativo realizado el día 2 de septiembre de 2012, se pudo dar con la captura del señor “Ismael Rivas”.

2. Contestación de la Demanda1

La apoderada judicial de la entidad demandada , considera frente a los hechos, que se tratan de afirmaciones que corresponden a meras apreciaciones subjetivas, que de ninguna manera pueden tenerse como hechos, por tanto, las pretensiones no están llamadas a prosperar.

Precisa que el acto administrativo demandado se ajusta a derecho y no se evidencia elemento alguno que vicie su legalidad. Propone como argumentos de defensa: ausencia de prueba de los presupuestos de

1 Fl. 64 al 73 c. ppal. 1 Exp. FísicoTribunal Contencioso Administrativo del Huila Jairo Bahamón Camargo vs. Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional 410013333003 2015 00007 01 – Niega pago de recompensa

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hecho, legalidad del acto demandado, ausencia de las causales de nulidad y carga de la prueba.

Resaltó la legalidad del acto demandado, argumentado que no se encuentran probados todas las circunstancias en que supuestamente se

hecho, legalidad del acto demandado, ausencia de las causales de nulidad y carga de la prueba.

Resaltó la legalidad del acto demandado, argumentado que no se encuentran probados todas las circunstancias en que supuestamente se produjeron los hechos, toda vez que el acto r no logró probar que hubiera sido contactado desde el año 2011 por personal del Ejército Nacional, que se le hubiera ofrecido la suma de cuarenta millones por información relacionada con “Ismael Rivas” o que se le hubiera suministrado elementos para el efecto por parte de algún miembro de la entidad y mucho menos que durante ocho meses realizó labor de inteligencia ; adicional a ello, que la pretensión del acto se encuentra r egulada por la Directiva Ministerial Permanente No.16 de 2012, documento que define criterios para el pago de recompensas y pago de información en actividades de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal, allí se indican que documentos que deben aportarse para obtener el pago, también se indica que para la aprobación de su pago existirá un comité central en cada unidad ejecutora que reglamentará los procedimientos de evaluación, verificación, valoración de la información y de sus resultados ; allí se menciona que el ordenador del gasto avala y autoriza el pago de información a las fuentes humanas de acuerdo a los factores propios de la información suministrada y al cumplimiento de los planes estratégicos, neutralización de las acciones delincuenciales e impacto político, social, económico y de seguridad , así como de las políticas gubernamentales; es decir, el pago reclamado por el actor no procede en todos los casos ni es obligación es cabeza de la entidad, pues depende que se cumplan con la to talidad de los presupuestos exigidos legalmente para el efecto.

como de las políticas gubernamentales; es decir, el pago reclamado por el actor no procede en todos los casos ni es obligación es cabeza de la entidad, pues depende que se cumplan con la to talidad de los presupuestos exigidos legalmente para el efecto.

Concluye que el acto demandado se encuentra ajustado a derecho por cuanto la negativa en él contenida se encuentra debidamente soportada en los argumentos expuestos por la entidad y la normatividad vigente sobre la materia.

Que, existe ausencia de causales de nulidad del acto demandado, por cuanto la nulidad solo procede cuando los actos administrativos infrinjan normas en que deban fundarse, cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes o en forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa o mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió, por tanto el acto aquí demandado no evidencia ninguna de las citadas causales.

Frente a la carga de la prueba, manifiesta que no existe en ningún caso la llamada presunción de responsabilidad , por ello, en relación con el daño , siempre requiere su demostración, además de la del hecho dañoso y la relación de causalidad existente entre el uno y el otro; en el presente casoTribunal Contencioso Administrativo del Huila Jairo Bahamón Camargo vs. Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional 410013333003 2015 00007 01 – Niega pago de recompensa

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debe concluirse que en este proceso no hay elementos probatorios suficientes que conduzcan inequívocamente a establecer causales por las cuales se reclama la invalidez del oficio emitido por el Ministerio de Defensa

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debe concluirse que en este proceso no hay elementos probatorios suficientes que conduzcan inequívocamente a establecer causales por las cuales se reclama la invalidez del oficio emitido por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

3. De la Audiencia Inicial2

El 1 de marzo de 2017 en el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, se llevó a cabo la audiencia inicial, la cual se desarrolló en su integridad con la correspondiente fijación del litigio y culminado con el decreto de pruebas.

3.1. De la Audiencia de Pruebas3

El 3 de agosto de se llevó a cabo la audiencia de pruebas en la cual se incorporó la documental decretada y se corrió traslado a las partes para que, por escrito, presentaran sus alegatos de conclusión.

4. De la Sentencia de Primera Instancia4

El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, profirió sentencia el 30 de mayo de 2019, negando las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

Para el efecto, inició haciendo mención a las normas violadas como la Ley 548 de1999, Ley 1097 de 2006 Directiva Permanente No. 29 del 2005, donde se estipula en forma clara el pago de las recompensas, Directiva de recompensas – Gastos Reservados del Ejercito Nacional No. 016 de 2012; el artículo 29 de la Constitución Política y los principios de buena fe, legitima confianza principio del estado social de derecho, legalidad y debido proceso.

Luego relacionó el material probatorio recaudado para establecer que la

el artículo 29 de la Constitución Política y los principios de buena fe, legitima confianza principio del estado social de derecho, legalidad y debido proceso.

Luego relacionó el material probatorio recaudado para establecer que la parte actora aduce que realizó en varias oportunidades la reclamación administrativa por el pago de la recompensa y que su caso se acoge a cabalidad al trabajo de inteligencia para dar con la ubicación exacta donde se encontraba Ismael Rivas, quien fue capturado por el Ej ército; que la información suministrada fue eficaz en la realización del operativo , que la negativa del ejército en pagar la recompensa no es clara, y no le puede ser atribuible al actor los resultados del operativo, pues este terminó con la captura del citado señor, sin embargo al encontrarse vencida la orden de captura fue dejado en libertad, perdiéndose todo el trabajo de inteligencia realizado durante los 8 meses de colaboración.

2 Archivo SAMAI Primera Instancia 3 Archivo SAMAI Primera Instancia 4 Archivo SAMAI Primera InstanciaTribunal Contencioso Administrativo del Huila Jairo Bahamón Camargo vs. Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional 410013333003 2015 00007 01 – Niega pago de recompensa

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Que, durante el proceso de reclamación y durante el trámite procesal de este medio de control no se logró probar que por el señor Ismael Rivas se estuviera ofreciendo alguna recompensa por parte de alguna entidad estatal o por parte de la Entidad demandada, o que dicha información se distribuyera con volantes, o por medios televisivos o por radio o prensa como es costumbre cuando el Gobierno a través de alguna de las

estuviera ofreciendo alguna recompensa por parte de alguna entidad estatal o por parte de la Entidad demandada, o que dicha información se distribuyera con volantes, o por medios televisivos o por radio o prensa como es costumbre cuando el Gobierno a través de alguna de las entidades encargadas para ello hace ese tipo de divulgació n para que todos los ciudadanos que deseen brindar algún tipo de información para cooperar con la captura de los sujetos que han cometido algún tipo de delito y son buscados por alguna autoridad penal, tampoco se probó que el citado señor hiciera parte o que fuera integrante de algún grupo subversivo y menos se logró probar que el monto reclamado por el demandante fuera el ofrecido por la información suministrada para lograr su captura.

Indicó que la apoderada actora no tiene en cuenta que el pago de recompensas debe seguir un trámite y procedimiento especialísimo enmarcado legalmente en la Directiva Permanente No. 016 de 2012 del Ministerio de Defensa, que en su numeral 6 establece los documentos que son requisitos y que deben acreditarse para efectuar el pago.

Es así que, el cargo de violación del debido proceso, establecido en la Directiva Ministerial No. 016/ 2012, no s olo no fue desarrollado por el apoderado actor, sino que es completamente infundado por cuanto dicha directiva, de acuerdo al texto que aparece a folio 198 vuelto y 199 del cuaderno principal; a lo registrado en los actos administrativos y en transcurso del proceso, no se aportó documentación requerida, ni tampoco se logró probar que el actor hubiera agotado ningún procedimiento para el

cuaderno principal; a lo registrado en los actos administrativos y en transcurso del proceso, no se aportó documentación requerida, ni tampoco se logró probar que el actor hubiera agotado ningún procedimiento para el reclamo y pago de recompensas, según lo estipulado en la citada Directiva Ministerial.

5. Del Recurso de Apelación5

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación haciendo claridad que la negativa de las pretensiones se fundamento en que, pese al resultado positivo de la información y colaboración del demandante en la captura de Ismael Rivas, el hecho que se haya dejado en libertad por vencimiento de la orden de captura, no le puede ser atribuida para negarle el pago de la recompensa.

Que es evidente la aceptación de la participación de Jairo Bahamón Camargo en la labor de inteligencia y colaboración para la captura de “Ismael Rivas”, por parte de la Novena Brigada B2, cuando indican en el acto administrativo demandado que para obtener el pago de la recompensa debió verse materializado el resultado, es decir, haberlo puesto a

5 Fls. 276 al 279 C. ppal. 2 Expediente FísicoTribunal Contencioso Administrativo del Huila Jairo Bahamón Camargo vs. Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional 410013333003 2015 00007 01 – Niega pago de recompensa

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disposición de la autoridad judicial competente, quedando claro que el operativo por el cual se ofreció recompensa al actor tuvo un resultado óptimo como fue la captura, para que, después de esto, la fuerza militar se niegue al pago por dicha colaboración que culminó con la ubicación y

operativo por el cual se ofreció recompensa al actor tuvo un resultado óptimo como fue la captura, para que, después de esto, la fuerza militar se niegue al pago por dicha colaboración que culminó con la ubicación y captura.

Acepta que la colaboración del actor a los miembros de la Novena Brigada B2 fue verbal, sin que le fuera informado sobre los requisitos para la obtención de la recompensa y cuyo operativo, por obvias razones, se efectuó de forma cautelosa, sin tener registro fotográfico de su participación en el operativo.

Solicita la revocatoria del fallo apelado y se accedan a las pretensiones de la demanda.

6. Alegatos de Conclusión Segunda Instancia

6.1. De la parte demandante6

Reitera los argumentos expuestos en la demanda y escrito de apelación, insistiendo en que la colaboración del actor fue oportuna y eficaz y que, independientemente del resultado por el hecho de estar vencida la orden de captura que condujo a que se ordenara su libertad, el resultado fue positivo y se debe acceder al pago de la recompensa.

6.2. De la parte demandada7

Insiste en sus argumentos de defensa plasmado en la contestación de la demanda y alegatos de conclusión.

6.3. Del señor Agente del Ministerio Público. No emitió concepto.

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

Conforme a lo preceptuado en los artículos 153 8 y 247 del CPACA, corresponde decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

Conforme a lo preceptuado en los artículos 153 8 y 247 del CPACA, corresponde decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra la sentencia adiada 30 de mayo de 2019 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, que negó las pretensiones de la demanda,

6 Fls. 23 al 25 c. 2da. Instancia Expediente Físico 7 Fls. 13 al 21 c. 2da. Instancia Físico Expediente Físico 8 Artículo 153 del CPACA: «Competencia de los Tribunales Administrativos en segunda instancia. Los Tribunales Administrativos Conocerán en Segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, […]»Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Jairo Bahamón Camargo vs. Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional 410013333003 2015 00007 01 – Niega pago de recompensa

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7.2. Delimitación del problema jurídico

En virtud del artículo 328 del C.G.P. – aplicable por remisión del artículo 306 del C.P.A.C.A. – la competencia en esta instancia se limita exclusivamente a los argumentos formulados por la entidad demandante en su escrito de alzada.

Todo, porque en segunda instancia, la competencia de esta Corporación se circunscribe a los puntos sometidos a debate en el escrito de apelación9.

No puede perderse de vista que, así como la demanda señala el marco de

Todo, porque en segunda instancia, la competencia de esta Corporación se circunscribe a los puntos sometidos a debate en el escrito de apelación9.

No puede perderse de vista que, así como la demanda señala el marco de juzgamiento del acto cuya nulidad se pretende, la apelación, al aducir y sustentar las razones de inconformidad frente a la sentencia apelada, delimita los aspectos a los que debe circunscribirse el superior, en ejercicio del control de legalidad, para revocar, modificar o confirmar la providencia impugnada.

En consecuencia, en este caso, el problema jurídico se delimita ría en establecer si se debe declarar la nulidad del “acto administrativo No. 005280 /MDN-CGFM-CE-DIV5BR9-CJM-1.9, de fecha cinco (05) de agosto de 2014, por medio del cual se niega al señor JAIRO BAHAMÓN CAMARGO, el pago de la recompensa de CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE $40.000.000…”, si no fuera porque se advierte que, con antelación a este ,la Administración ya se había pronunciado en igual sentido, encontrando que ha operado la caducidad, por cuanto lo pretendido corresponde a una actuación mediante la cual se pretendió revivir los términos para enjuiciar la voluntad de la administración.

7.3. Potestad del juez de saneamiento del proceso

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, en su Artículo 103 prevé que los procesos que se adelanten ante esta jurisdicción tienen por objeto “la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la

Administrativo – Ley 1437 de 2011, en su Artículo 103 prevé que los procesos que se adelanten ante esta jurisdicción tienen por objeto “la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico”, razón por la cual, el legislador estableció que en la interpretación de las normas del CPACA “deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal”.

Ahora, en garantía de principios constitucionales, verbigracia, la economía y celeridad procesal, se consagró el control de legalidad del proceso expresamente en el Artículo 207 ibídem como el deber del juez de efectuar una vez ag otada cada etapa del proceso, con la finalidad de “sanear los vicios que acarrean nulidades”10.

9 Cfr. Artículo 328 del CGP.

10Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Jairo Bahamón Camargo vs. Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional 410013333003 2015 00007 01 – Niega pago de recompensa

10

En concordancia con esa regla general, el numeral 5º del Artículo 180 ibídem, contempló de manera específica la obligación a cargo del funcionario judicial, de “decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias”.

Así mismo, el Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012, Artículo 42, consagra c omo deberes del juez, en virtud del principio de economía procesal, velar por su rápida solución y sanear los vicios e irregularidades que puedan afectar el desarrollo célere del proceso.

42, consagra c omo deberes del juez, en virtud del principio de economía procesal, velar por su rápida solución y sanear los vicios e irregularidades que puedan afectar el desarrollo célere del proceso.

7.4. Facultad del juez contencioso administrativo para decretar de oficio las excepciones y oportunidad procesal

Con la implementación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, previsto en la Ley 1437 de 2011, se modificó en gran medida la metodología procesal que venía siendo utiliza da en esta jurisdicción bajo los preceptos del código contenido en el Decreto 01 de 1984. Esto por cuanto al estar el nuevo proceso fundamentado en los principios de inmediación, concentración y publicidad a diferencia del código anterior en el que las excepciones se definían junto con el fondo del asunto, el cambio de un modelo procesal a otro, implicó necesariamente una variación en la manera, términos y etapas, entre ostros aspectos procesales para adelantar el proceso.

El actual régimen procesal permit e a la persona contra la cual se dirigen los distintos medios de control interponer excepciones previas, como mecanismos de oposición perentorios a la pretensión que en ellos se ventila, y como formas de salvar o corregir las irregularidades que afectan el procedimiento para preservarlo frente a posibles nulidades y sanear el proceso contencioso administrativo desde su primera etapa.

En ese orden de ideas, en ejercicio de la potestad de saneamiento, el juez como director del proceso sanea las irregularidades o nulidades y preserva la regularidad del proceso mediante la resolución de las excepciones previas y la revisión de los requisitos de procedibilidad (conciliación extrajudicial y conclusión del procedimiento administrativo o agotamiento

como director del proceso sanea las irregularidades o nulidades y preserva la regularidad del proceso mediante la resolución de las excepciones previas y la revisión de los requisitos de procedibilidad (conciliación extrajudicial y conclusión del procedimiento administrativo o agotamiento de la vía administrativa), así como los presupuestos: i) procesales – sentencia de fondo (competencia, capacidad para ser parte, capacidad pro