TA HUI - Sentencia 410013333003202300101-01 (04-02-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta de Decisión

Neiva, cuatro de febrero de dos mil veinticinco.

MAG. PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO

DEMANDANTE: CONSORCIO MI LLANURA

DEMANDADA: DEPARTAMENTO DEL HUILA PROVIDENCIA: SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN: 41 001 33 33 003 2023 00101 – 01

ACTA: 06

I.- EL ASUNTO.

Resuelve la s ala el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia proferida el 16 de abril de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, la cual, declaró probada la exceptiva pago de la obligación y ordenó la terminación del proceso.

II.- ANTECEDENTES.

1. La demanda.

El consorcio Mi Llanura promueve la acción ejecutiva contra el departamento del Huila , en procura de que se libre mandamiento por las siguientes sumas de dinero:

“PRIMERO: Por la suma de Ciento Dos Millones Setenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Cuatro pesos $102.079.934 suma contenida en el titulo valor complejo factura electrónica Numero FECM-2 de fecha 09 de diciembre de 2020 y vencimiento el 08 de enero de 20 21, acta de liquidación de fecha 20 de diciembre de 2021 y contrato de obra pública No 1340 de 2017 y exigible el día 21 de diciembre de 2022.

SEGUNDO: Que se condene a la demandada DEPARTAMENTO DEL HUILA,

contrato de obra pública No 1340 de 2017 y exigible el día 21 de diciembre de 2022.

SEGUNDO: Que se condene a la demandada DEPARTAMENTO DEL HUILA, GOBERNACION DEL HUILA, persona jurídica de derecho público, identificada con el Nit 800.103.913-4, representado por su señor Gobernador LUIS ENRIQUE DUSSAN LÓPEZ, o quien haga sus veces al momento de la notificación y a favor del demandante del CONSORCIO MI LLANURA, identificado con el Nit 901.138.253 -9 a cancelar Intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente por el incumplimiento en el pago de las sumas descritas, desde que se hizo exigible la obligación hasta que satisfagan las pretensiones”.

Finalmente, solicita que se condene en costas a la parte demandada.Consorcio Mi Llanura vs departamento del Huila. 2023 00101 01 2

2. El mandamiento de pago.

El 18 de abril de 2023 , el a quo libró el mandamiento de pago en los términos solicitados por la parte actora:

”PRIMERO: LIBRAR mandamiento de pago a favor del CONSORCIO “MI LLANURA” y a cargo del DEPARTAMENTO DEL HUILA, para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal de esta providencia, le cancele las siguientes sumas de dinero:

La su ma de CIENTO DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($102.079.934), contenida en el título ejecutivo complejo derivado de la ejecución del Contrato de Obra No. 1340 de 2017, Factura

TREINTA Y CUATRO PESOS ($102.079.934), contenida en el título ejecutivo complejo derivado de la ejecución del Contrato de Obra No. 1340 de 2017, Factura Electrónica No. FECM-2 del 9 de diciembre de 2020 y vencimiento del 8 de enero de 2021, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Los intereses moratorios que se causen desde el 22 de diciembre de 2021, fecha siguiente al día de vencimiento de la Factura Electrónica No . FECM -2 del 9 de diciembre de 2020, cuyo vencimiento es posterior a la liquidación Bilateral del contrato, hasta el momento en que se realice el pago de la obligación, sobre el valor del capital objeto de liquidación hasta la fecha de cancelación del capital”.

3. La oposición.

A través de apoderada judicial, el departamento del Huila descorrió el traslado, refiriéndose in extenso a los hechos (aceptando algunos y descalificando otros). En esencia, manifestó lo siguiente:

a. El acta de liquidación del contrato de obra fue suscrita el 20 de diciembre de 2021 (en la oportunidad establecida en la Ley 1150 de 2007). Y aunque la factura electrónica presentada por el contratista tenía fecha de vencimiento el 8 de enero de 2021; no se pude desconocer que la liquidación del negocio jurídico ocurrió mu cho después (diciembre de 2021), y solo en esta última calenda fue posible establecer “el grado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes contratantes y se determinó quien debía a quien y en qué medida …”.

b. No acepta que el consorcio afirme que su conducta ha sido deliberada

establecer “el grado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes contratantes y se determinó quien debía a quien y en qué medida …”.

b. No acepta que el consorcio afirme que su conducta ha sido deliberada y omisiva “orientada a dejar vencer la vigencia de las garantías y a retrasar el pago de lo adeudado al contratista” . A contrario sensu, se requirió al contratista (dentro del proceso de revisión del proyecto de liquidación) , para que actualizara algunos amparos necesarios para proceder a la liquidación contractual.

c. El contratista presentó de manera incompleta los soportes documentales para el pago del acta final “por cuanto a la fecha (se reitera) NO HA PRESENTADO Y/O RADICADO EL ACTA DE LIQUIDACIÓN, ante la Fiduciaria popular como requisitos establecido en el contrato para la procedencia del pago”.Consorcio Mi Llanura vs departamento del Huila. 2023 00101 01 3

Seguidamente, propuso las siguientes exceptivas:

1. Pago total de la obligación.

A su juicio, la obligación dineraria se encuentra plenamente satisfecha:

“El título valor corresponde a una obligación cancelada en su totalidad, teniendo en cuenta las pruebas aportadas la deuda se canceló por obvias razones no se debe la suma manifestada”.

1. Cobro de lo no debido de los intereses moratorios.

Como no se ha presentado toda la documentación requerida para el pago (aun falta el acta de liquidación); no procede el reconocimiento de intereses “por cuanto la demora en el pago es por una causa (omisión) imputable al demandante - contratista”.

4. La sentencia primera instancia.

pago (aun falta el acta de liquidación); no procede el reconocimiento de intereses “por cuanto la demora en el pago es por una causa (omisión) imputable al demandante - contratista”.

4. La sentencia primera instancia.

El 16 de abril de 2024 el a quo declaró probada la exceptiva pago total de la obligación y consecuencialmente decretó la terminación del proceso. Finalmente, fijó las agencias en d erecho en la suma de $4.083.197M correspondiente al 4% de la suma determinada en el mandamiento de pago.

En esencia, partió de las siguientes consideraciones:

a. Aunque en la cláusula cuarta del contrato de obra 1340 de 2017 1 se estableció la forma de pago, advirtiendo que la demora en los pagos cuando no se presenten correctamente los documentos no daría lugar al reconocimiento de intereses, “brilla por su ausenc ia la imposición al contratista de la obligación de aportarlos ante la FIDUCIA POPULAR” ; como lo indica el ejecutado.

b. El 12 de octubre de 2022 el consorcio radicó en el departamento todos los documentos exigidos para el pago final (parágrafo 3º de la cláusula cuarta), “sin que del acervo se pueda colegir que el ente ejecutado requirió al contratista por la incompletud de los mismos y/o por la presentación ante la entidad pagadora competente”.

c. No obstante lo anterior, los intereses de mora se empezaron a causar al día siguiente de la suscripción del acta de liquidación bilateral ; es decir, el 20 de diciembre de 2021.

pagadora competente”.

c. No obstante lo anterior, los intereses de mora se empezaron a causar al día siguiente de la suscripción del acta de liquidación bilateral ; es decir, el 20 de diciembre de 2021.

1 Suscrito entre las partes y cuyo objeto era “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL Y COMPLEMENTARIAS VEREDA LA VUELTA LLANO SUR, LLANO NORNTE, EL RINC ON Y LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.Consorcio Mi Llanura vs departamento del Huila. 2023 00101 01 4

d. Tomando como marco de reflexión la liquidación del crédito realizada por el contador de este Tribunal (a petición del a quo), concluyó que el departamento realizó un pago parcial por $102.079.934 (orden de pago 4741 de mayo de 2023 , arrimada con la contestación de la demanda ); y en la medida en que el ente territorial constituyó a órdenes del juzgado un depósito judicial por $159.244.244.697; esta suma es suficiente para cubrir el valor de los intereses de mora: $18.961.963.

En consecuencia, declaró que existe un saldo a favor del departamento de $140.282.733, y ordenó el fraccionamiento del título judicial.

5. Fundamentos de la apelación.

Inconforme con esta determinación, la parte ejecutada interpuso el recurso de apelación; argumentando que aunque el acta de liquidación se suscribió el 20 de diciembre de 2021, las obligaciones contractuales no fueron plenamente cumplidas, en especial , la forma en que se presentó la documentación para el pago final.

recurso de apelación; argumentando que aunque el acta de liquidación se suscribió el 20 de diciembre de 2021, las obligaciones contractuales no fueron plenamente cumplidas, en especial , la forma en que se presentó la documentación para el pago final.

De suerte que , solo el 12 de octubre de 2022 el consorcio allegó la totalidad de los soportes requeridos, y “es hasta esa fecha en la que se constituye el título ejec utivo complejo y es hasta entonces que se hace exigible el pago de los intereses moratorios”. El extremo temporal final es el 8 de mayo de 2023 (fecha de pago de la obligación).

Finalmente, concluyó que el a quo erró al reconocer intereses moratorios:

“Así las cosas, erra su señoría a l establecer como extremos temporales de los intereses moratorios desde el día 22 de diciembre de 2021 hasta el momento en que se realice el pago de la obligación, pues nótese como el 26 de agosto de 2022, el Juez Noveno Ad ministrativo de Neiva, advierte que el titulo ejecutivo no estaba constituido y el mismo se conformó únicamente desde el día 12 de octubre de 2022 (fecha en la que se radicó la documentación completa para el pago) hasta el día del pago (08 de mayo de 2023)”.

III.- CONSIDERACIONES.

1. La competencia del ad quem.

El Tribunal Administrativo es competente para resolver la impugnación instaurada, en armonía con lo di spuesto en el artículo 153 del Cpaca ; amén que no se advierten falencias formales o sustanciales que invaliden lo actuado.Consorcio Mi Llanura vs departamento del Huila. 2023 00101 01 5

amén que no se advierten falencias formales o sustanciales que invaliden lo actuado.Consorcio Mi Llanura vs departamento del Huila. 2023 00101 01 5

2. El proceso ejecutivo en la jurisdicción contencioso administrativa.

El artículo 104 -6 del Cpaca , preceptúa que la jurisdicción contencioso administrativa está instituida para conocer -entre otras materias - de “…Los procesos ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como las providencias de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades”.

A su turno, el artículo 297 -3, ibídem, establece que constituyen título ejecutivo “3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestan mérito ejecutivo los co ntratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que se c onsten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones”.

3. Lo probado2.

a. El consorcio Mi Llanura y el departamento del Huila suscribieron el contrato de obra pública 13409 del 20 de diciembre de 2017, cuyo objeto

fue la “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL Y

COMPLEMENTARIAS VEREDA LA VUELTA LLANO SUR, LLANO NORTE, EL RINCON

contrato de obra pública 13409 del 20 de diciembre de 2017, cuyo objeto

fue la “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL Y

COMPLEMENTARIAS VEREDA LA VUELTA LLANO SUR, LLANO NORTE, EL RINCON Y LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA”. Su valor fue pactado en $646.321.234 y su plazo fue de cinco meses.

b. A través del otro sí 01 del 17 de diciembre de 2019 , el valor se incrementó a $962.581.117 y el plazo a 8 meses (contados a partir de la suscrición del acta de inicio).

c. El consorcio expidió la factura electrónica de venta FECM -2 el 9 de diciembre de 2020 , por valor de $ 102.079.937, con destino al departamento del Huila (deudor), en la cual, se detalla lo siguiente:

d. Las partes suscribieron el acta de liquidación bilateral del contrato el 20 de diciembre de 2021 . Y luego de realizar el balance financi ero, se

2 Samai, índice 03, expediente de 1ª instancia.Consorcio Mi Llanura vs departamento del Huila. 2023 00101 01 6

consignó que se presenta un sald o a favor del contr atista de $102.079.934; cuyo compromiso de pago fue asu mido por el ente territorial en los siguientes términos:

e. Con el fin de obtener el pago de esa obligación dineraria, el 12 de octubre de 2022 el consorcio ejecutante radicó en la gobernación del Huila los siguientes soportes documentales: i) informe final, ii) acta de

e. Con el fin de obtener el pago de esa obligación dineraria, el 12 de octubre de 2022 el consorcio ejecutante radicó en la gobernación del Huila los siguientes soportes documentales: i) informe final, ii) acta de recibo final suscrita por el interventor, por el contratista y por el secretario de vías e infraestructura del departamento, iii) la bitácora de obra, iv) el acta de inicio; y v) la factura de venta FACM -2 del 9 de diciembre de 2020.

f. Al descorrer el traslado del mandamiento de pago, el departamento allegó el comprobante de pago 4741 del 8 de mayo de 2023, expedido a favor del consorcio Mi Llanura, por la suma de $94.934.338.62:

g. En la sentencia de primera instancia , el a quo destacó que el departamento constituyó a órdenes de ese despacho el depósito judicial 439050001124161 el 21 de septiembre de 2023, por $159.244.697.04.Consorcio Mi Llanura vs departamento del Huila. 2023 00101 01 7

4. Análisis de fondo.

Como ya se indicara, la parte impugnante centra su reproche a que el consorcio omitió presentar el acta de liquidación de contrato; la cual, se requería para proceder al pago de la obligación; soslayando el parágrafo tercero de la cláusula cuarta del contrato (forma de pago). Por lo tanto, no se podían causar intereses moratorios durante el periodo señalado por el a quo, y solo se pueden reconocer los que se generaron entre el 12 de octubre de 2022 (fecha en la cual se radicó la documentación en

no se podían causar intereses moratorios durante el periodo señalado por el a quo, y solo se pueden reconocer los que se generaron entre el 12 de octubre de 2022 (fecha en la cual se radicó la documentación en debida forma) y el 8 d e mayo de 2023 (fecha del pago: comprobante 4741).

Al respecto, es menester puntualizar lo siguiente:

a. En los parágrafos 3, 4, 5, 6, y 7 de la cláusula cuarta del contrato de obra 1340 de 2017, se regulo la forma de pago:

“PARÁGRAFO 3: Para el pago final, el CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos: (i) Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, aprobado por el Interventor; (ii) El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el CONTRATISTA, y el Secretario de Vías e Infraestructura o quien se delegue para el efecto; (iii) El acta de liquidación suscrita por las partes y el Interventor. En caso de liquidación unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizó, cuando se encuentre en firme; (iv) Original de la bitácora de obra; y (v) Los demás previstos en la ley, en el Contrato o que requiera el Interventor. PARÁGRAFO 4: Los valores a pagar se efectuarán tomando como base el avance de las obras, certificado por el Interventor, cuyo valor corresponderá al resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados. PARÁGRAFO 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos para ello, serán responsabilidad

multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados. PARÁGRAFO 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos para ello, serán responsabilidad del CONTRATISTA, y no tendrá derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 6: Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar. PARÁGRAFO 7: Los pagos del Contrato se realizarán de acuerdo a la programación de giros de los recursos de los proyectos aprobados por parte del OCAD del Sistema General de Regalías” (destaca la Sala).

b. Tratándose de ejecuciones derivadas de contratos estatales, el título ejecutivo generalmente es de carácter complejo; sin embargo, el H. Consejo de Estado advirtió que esta no es una regla absoluta, pues “…en cada caso, se debe verificar si se conformó o no en debida forma el título –que puede ser simple o complejo – con base en la documentación que se presenta con la demanda”.

Un ejemplo claro , es el acta de liquidación bilateral suscrita entre las partes y libre de salvedades “por lo que no es necesario aportar algún otro documento para conformar el título, dada la naturaleza jurídica que la reviste”.Consorcio Mi Llanura vs departamento del Huila. 2023 00101 01 8

En la misma providencia puntualizó que “Es requerimiento de la tesis expuesta en la jurisprudencia transcrita, que una vez liquidado el contrato, sea por mutuo acuerdo o unilateralmente por la administración, en firme la liquidación, el documento que la contenga que bien puede ser el acta suscrita de mutuo acuerdo o el acto

en la jurisprudencia transcrita, que una vez liquidado el contrato, sea por mutuo acuerdo o unilateralmente por la administración, en firme la liquidación, el documento que la contenga que bien puede ser el acta suscrita de mutuo acuerdo o el acto administrativo en firme que contiene la liquidación unilateral, es el único documento idóneo como título ejecutivo en relación con las obligaciones que en él consten , siempre y cuando éstas sean claras, expresas y exigibles en los términos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil [hoy, art. 422 del CGP, en concordancia con el art. 297 del CPACA]3 (el subrayado es nuestro).

c. Descendiendo al asunto sub examine, esta probado que las partes contratantes suscribieron el acta de liquidación el 20 de diciembre de 2021, declarando que el contratista “cumplió con el objeto y las obligaciones de conformidad con lo establecido en el contrato de obra No. 1340 de 2017” , liquidándolo de común acuerdo “sin salvedad alguna”.

En razón a que la relación contractual fue finiquitada y las obligaciones insolutas constan en el acta de liquidación bilateral; es menester concluir que el título ejecutivo es simple.

Es del caso destacar, que el valor de la factura electrónica FECM-2 del 9 de diciembre de 2020 ($102.079.934) corresponde a la suma pendiente de pago por parte del departamento y fue consignada en el acta de liquidación. En ese orden de ideas, no existe duda de que la obligación cuya ejecución se solicita es clara, expresa y exigible.

d. Precisado lo anterior, se analizará la causación de los intereses de mora, en especial, el extremo temporal inicial.

cuya ejecución se solicita es clara, expresa y exigible.

d. Precisado lo anterior, se analizará la causación de los intereses de mora, en especial, el extremo temporal inicial.

En primer lugar, es del caso aclarar que en el mandamiento de pago se indicó que aquellos se causaron desde el 22 de diciembre de 2021 “fecha siguiente al día del vencimiento de la Factura Electrónica No. FECM -2 del 9 de diciembre de 2020”. Sin embargo, esta afirmación es equivocada, porque la fecha de vencimiento que se consignó en la factura electrónica es el 8 de enero de 2021.

Además, se itera: el título ejecutivo lo constituye el acta de liquidación bilateral, y aunque en ella no se estipuló la exigibilidad de la obligación dineraria (fecha en que debía ser cancelada); su pago podía exigirse a partir del día siguiente; es decir, a partir del 21 de diciembre de 2021, y no a partir del día 22 del mismo mes.

Merced a lo anterior, es menester modificar el mandamiento de pago en el sentido de indicar que el extremo temp oral inicial para el reconocimiento de los intereses moratorios es la referida calenda. Siendo del caso destacar que el mandamiento de pago no se convierte en una

3 H. Consejo de Estad o. Sección Tercera. Subsección C. Auto del 28 de octubre de 2024. C.P. Dr. William Barrera Muñoz. Radicación: 68001-23-33-000-2021-00803-01.Consorcio Mi Llanura vs departamento del Huila. 2023 00101 01 9

situación inamovible para el juez; porque con posterioridad a la expedición

2023 00101 01 9

situación inamovible para el juez; porque con posterioridad a la expedición de esta providencia es posible variar el monto de las sumas adeudadas, con el fin de adoptar una decisión que se ajuste a la realidad procesal de cara al título ejecutivo, así como a los demás elementos de juicio que obren en el expediente4.

e. En ese orden, se solicitó nuevamente al profesional universitario con funciones de contador de esta Corporación que realizara la liquidación de crédito, la cual arrojó los siguientes valores:

f. Teniendo en cuenta que la única variación es la fecha en que se inicia la causación de intereses (21/12/21), la diferencia en los valores resultantes es casi imperceptible. Y teniendo en cuenta el abono efectuado por la entidad ejecutada el 8 de mayo de 2023 5 y el depósito judicial constituido con posterioridad6, la obligación fue íntegramente satisfecha.

g. En ese orden de ideas, la sentencia impugnada será confirmada.

4Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección a. Consejero

Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas . Bogotá, D. C. veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Expediente. 23001-23-33-000-2013-00136-01(1509-16). 5 $$102.079.934 6 $159.244.697.Consorcio Mi Llanura vs departamento del Huila. 2023 00101 01

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5. Costas.

No se condenará en costas a la parte ejecutada, de conformidad con lo

6 $159.244.697.Consorcio Mi Llanura vs departamento del Huila. 2023 00101 01 10

5. Costas.

No se condenará en costas a la parte ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 365-5 del Código General del Proceso 7; en la medida en que se acogieron parcialmente los reparos de la alzada.

6. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 16 de abril de 2024 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva; la cual, declaró probada la exceptiva pago total de la obligación y terminó el proceso.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. En firme la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado de origen.

Notifíquese.

(firmado electrónicamente)

RAMIRO APONTE PINO

Magistrado

(firmado electrónicamente)

JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO

Magistrado

(firmado electrónicamente)

ENRIQUE DUSSÁN CABRERA

Magistrado

7 “Articulo. 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetara a las siguientes reglas:

(…)

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda …”.