TA HUI - Sentencia 410013333004-2016-00244-01 (11-02-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta de Decisión

Neiva, once de febrero de dos mil veinticinco.

MAG. PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD

DEMANDANTE: GERARDO VIDAL ARIAS DEMANDADO: CAM RADICACIÓN: 41 001 33 33 004-2016-00244-01

PROVIDENCIA: SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA LEY: 1437

ACTA: 008 VIRTUAL DE LA FECHA

I. EL ASUNTO.

Resuelve la sala el recurso de apelación instaurado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -Camcontra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva el 13 de septiembre de 2022.

II. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

El señor Gerardo Vidal Arias promueve el medio de control consagrado en el artículo 137 del C paca contra la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (en adelante Cam) y contra los señores José Octalivar Laguna Díaz y Yineth Quintero Guzmán1, en procura de que se declare la nulidad de las resoluciones 1053 del 18 de julio de 2005 y 2831 del 31 de octubre de 2007; a través las cuales, le otorgaron la concesión de aguas superficiales de la quebrada “El Igua” del municipio de Rivera -Huila, al predio Villa María, ubicado en la vereda Rio Frio de la misma localidad.

2. Fundamentación fáctica.

Como sustento de orden fáctico, aduce lo siguiente:

ubicado en la vereda Rio Frio de la misma localidad.

2. Fundamentación fáctica.

Como sustento de orden fáctico, aduce lo siguiente:

a. A través de la resolución 1053 del 18 de julio de 2005, la Cam le concedió la concesión de aguas superficiales de la quebrada El Iguá del municipio de Rivera al predio Villa María, ubicado en el municipio de Rivera -Huila (en un caudal de 0.885 litros-2°), por el término de 5 años.

1 Vinculados en la audiencia inicial del 6 de septiembre de 2017, en calidad de litisconsorte necesarios de la parte demandada.Gerardo Vidal Arias vs Cam Radicación 41 001 33 33 004-2016-00244-01 b. Luego, mediante resolución 2831 del 31 de octubre de 2007 , se autorizó el traslado y modificación la concesión . En su sentir, sin verificar el cumplimiento de las condiciones constitucionales y legales establecidas en la resolución inicial.

c. Desde el año 2007, los beneficiarios del canal comunero obstruido han presentado múltiples solicitudes a la Cam, con el fin de que se ejerza autoridad y se verifique el cumplimiento de la resolución 1053 de 2005; porque “…se ha probado plenamente la falla del servicio de esta institución ambiental en contra de los usuarios legalmente constituidos y en perjuicio del medio ambiente y de los recursos hídricos como bien de uso público…”.

3. Fundamentación legal.

En esencia, considera que los actos acusados están viciados de nulidad y formuló el siguiente cargo:

los recursos hídricos como bien de uso público…”.

3. Fundamentación legal.

En esencia, considera que los actos acusados están viciados de nulidad y formuló el siguiente cargo:

a. Afrenta a los artículos 2° y 29 de la Constitución Nacional, y al decreto 1541 de 1978.

Aunque l os actos fueron expedidos legalmente, el uso de las aguas superficiales se condicionó al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° de la resolución 1053 de 2005; so pena de dar aplicación al artículo 9° de la misma.

Como los beneficiarios no presentaron estudios, planos y memorias de las obras de captación en el término que estableció la C am; la autoridad ambiental debió declarar la caducidad de la concesión; como lo dispone el decreto 1541 de 1978.

Al expedir la resolución 2831 del 31 de octubre de 2007, se pudo constatar que los beneficiarios no habían realizado ninguna obra para la captación de aguas de la quebrada (como lo ordenó la resolución 1053 de 2005). Por el contrario, se evidenció que la captación del recurso hídrico se hizo sobre un canal comunero que conduce el agua al predio Aránzazu.

Al no ejercer la autor idad ambiental, dio lugar a que se desconocieran las atribuciones constituciones y legales de la concesión ; ya que se apropiaron del agua adjudicada a otros beneficiarios d esde el 19 14, causando un perjuicio social a quienes usufructúan y le cancelan el valor del servicio a la Cam.

4. La medida cautelar.

del agua adjudicada a otros beneficiarios d esde el 19 14, causando un perjuicio social a quienes usufructúan y le cancelan el valor del servicio a la Cam.

4. La medida cautelar.

A través de providencia del 2 de septiembre de 2016, el a quo denegó la cautela de suspensión y en su lugar, decretó como medida preventiva, lo siguiente “…ORDENAR al representante legal o quien haga sus veces de la CorporaciónGerardo Vidal Arias vs Cam Radicación 41 001 33 33 004-2016-00244-01 Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, que en el término de quince (15) días contados a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada, proceda a desplegar todos los medios técnicos, humanos y jurídicos, a fin de lograr el retiro inmediato de toda obstrucción que impida el uso legítimo del recurso a los usuarios del canal comunero ubicado en el Predio Lote 2 A 2, quebrada EI IGUA, vereda Rio Frio del municipio de Rivera en la vía que conduce al municipio de Campoalegre Huila, particularmente en los taponamientos ubicados en las coordenadas X:864573 Y:804511 y X: 864601 Y:803548, como en otros taponamientos a lo largo del canal comunal, con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el orde namiento jurídico vigente…”.

Como fundamento, precisó que “…está valorada probatoriamente para efectos de proveer en relación a la medida cautelar deprecada, que de no concederse la medida cautelar de prevención, se mantendría los efectos adversos en aras del interés público,

Como fundamento, precisó que “…está valorada probatoriamente para efectos de proveer en relación a la medida cautelar deprecada, que de no concederse la medida cautelar de prevención, se mantendría los efectos adversos en aras del interés público, consistente en la disminución del caudal de las aguas que circulan por el canal comunero, lo que de contera impediria atender las necesidades de riego de cultivos y pastizales de quienes son beneficiarios de las aguas comunes; máxime si se tiene de presente que la misma autoridad ambiental mediante concepto técnico 1534 del 2 de septiembre de 2015, que les destacó como impactos ambientales por afectación a recursos hídricos, catalogados como infracciones ambientales, al interferir el u so legítimo de uno o más usuarios, estimó la necesidad de imponer una medida preventiva, consistente en el retiro inmediato de toda obstrucción que impida el uso legítimo del recurso a los demás usuarios debidamente concesionados…” (documento 004, exp. Onedrive. cuad. prim. inst).

5. La oposición.

El apoderado judicial se opone a la prosperidad de las pretensiones , argumentando que el actor incurrió en una indebida e scogencia del medio de control; porque no cuestiona la legalidad de los actos administrativos. Por lo tanto, la acción procedente es la de cumplimiento; en su defecto , la popular, dado que reprocha la presunta falta de vigilancia de la autoridad ambiental y el incumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones demandadas.

Al referirse a los hechos, indica que previo al traspaso de la concesión, la autoridad ambiental inició el procedimiento 006 de 2007, y en dicho trámite

resoluciones demandadas.

Al referirse a los hechos, indica que previo al traspaso de la concesión, la autoridad ambiental inició el procedimiento 006 de 2007, y en dicho trámite se fijaron los avisos y publicaciones que se requieren para garantizar derechos de los terceros, y no hubo ninguna oposición.

También se hicieron las visitas al predio , contando con recomendaciones técnicas sobre la concesión ; luego de encontrar que los señores Yaneth Quintero Guzmán y José Octalivar Laguna Díaz estaban captando agua por medio de mangueras sobre el canal comunero que conduce a la quebrada El Iguá.

Por ese motivo se tuvo que imponer una medida preventiva “…que ordene el retiro inmediato de toda obstrucción que impida el uso legítimo del recurso a los demás usuarios debidamente concesionados. Igualmente, se recomienda dar inicio a las actuaciones ambientales a que haya lugar…”.Gerardo Vidal Arias vs Cam Radicación 41 001 33 33 004-2016-00244-01 Contrario a lo que afirma el actor, como autoridad ambiental ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones, legales y administrativas establecidas en la resolución 1053 del 18 de julio de 2005.

Con fundamento en lo anterior, propuso como exceptiva previa la indebida escogencia del medio de control de nulidad para el trámite del caso y en su defecto se ordene el que legamente corresponde. Y como exceptiva de mérito la inexistencia de causal de nulidad que afecte o invalide los ac tos administrativos demandados (f. 81 y ss. documento 001, cuad. prim. inst).

defecto se ordene el que legamente corresponde. Y como exceptiva de mérito la inexistencia de causal de nulidad que afecte o invalide los ac tos administrativos demandados (f. 81 y ss. documento 001, cuad. prim. inst).

6. Litisconsorte del extremo pasivo (José Octalivar Laguna Díaz).

La curadora se opone a las pretensiones; argumentando que el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho , porque se cuestionan actos administrativos de carácter particular. Y en razón a que no se esgrime causal de nulidad que a fecte la validez de los actos demandados, no le asiste legitimación en la causa por pasiva (f. cuad. 1).

7. Litisconsorte del extremo pasivo (Yineth Quintero Guzmán).

Guardó silencio (f. 81-83 y 89, cuad. 1).

8. La audiencia inicial.

En 17 de agosto de 2022, el a quo fijó el litigio, denegó la exceptiva previa propuesta por la curadora ad litem del señor José Octalivar Laguna Díaz. Incorporó las pruebas documentales allegadas y dispuso dictar sentencia anticipada en los términos del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021).

Por esa razón, se corrió traslado para alegar de conclusión a las partes y a los intervinientes; quienes lo hicieron en los siguientes términos:

a. Parte actora.

Reitera que es evidente el incumplimiento de las condiciones establecidas por la propia Cam en la resolución 1053 del 18 de julio de 2005; porque los

a. Parte actora.

Reitera que es evidente el incumplimiento de las condiciones establecidas por la propia Cam en la resolución 1053 del 18 de julio de 2005; porque los beneficiarios del traspaso de la concesión no están captando el agua directamente de la quebrada sino del canal comunero. Aunado al hecho de que le han dado un uso diferente (lagos de piscicultura y piscina recreativa) para el cual fue autorizada (consumo); perjudicando a las demás personas autorizadas para utilizar el agua proveniente de esa fuente.

Como la concesión estaba condicionada al cumplimiento de los deberes de los beneficiarios (y ello no ocurrió); la autoridad ambiental debía aplicar la caducidad y no lo hizo ( a pesar de las observaciones y peticiones que le formularon varios miembros de la comunidad).Gerardo Vidal Arias vs Cam Radicación 41 001 33 33 004-2016-00244-01

Advierte que el perjuicio se ha prolongado durante más de 17 años , y la accionada no ha cumplido sus funciones constitucionales y legales . Por lo tanto, existe mérito para anular los actos administrativos enjuiciados (documento 25, cuad. prim. inst).

b. Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.

Insiste en los argumentos esbozados al contestar la demanda y desestimar las suplicas; resaltando que ya se le dio cumplimiento a la medida preventiva impuesta en la resolución 4159 del 22 de diciembre de 2016.

Refiere que en la visita se pudo constatar que no se están captando aguas superficiales en el predio que era de propiedad de los señores Yineth

impuesta en la resolución 4159 del 22 de diciembre de 2016.

Refiere que en la visita se pudo constatar que no se están captando aguas superficiales en el predio que era de propiedad de los señores Yineth Quintero Guzmán y José Octalivar Laguna Díaz; incluso, en el canal comunero. Lo anterior, por que ya no funcionan las piscícolas que en su oportunidad operaron.

En tal virtud , los actos acusados no se encuentran viciados de nulidad y deben permanecer incólumes (documento 26, cuad. prim. inst).

c.- José Octalivar Laguna Díaz.

La curadora ad litem insiste que la resolución 2831 del 31 de octubre de 2007 se expidió sujetándose a la constitución y a la ley. En particular, porque sus efectos son de naturaleza particular, pues la concesión de aguas fue otorgada inicialmente Clara Inés Molina Serrano y luego a su prohijado.

Por ese motivo, no existe duda que el medio de control adecuado y procedente es el de la nulidad y restablecimiento del derecho; que debió interponerse dentro de los 4 meses siguientes a la notificación y/o publicación (documento 27, cuad. prim. inst).

d.- Yineth Quintero Guzmán.

Guardó silencio (índice 116, cuad.prim. inst).

e. Ministerio Público.

No rindió concepto (índice 116, cuad.prim. inst).

9. El fallo impugnado.

El 13 de septiembre de 2022 el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva profirió sentencia de primera instancia, denegando la falta de legitimación en

9. El fallo impugnado.

El 13 de septiembre de 2022 el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva profirió sentencia de primera instancia, denegando la falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el curador ad litem del señor José Octalivar Laguna Díaz ; considerando que este y Yineth Quintero GuzmánGerardo Vidal Arias vs Cam Radicación 41 001 33 33 004-2016-00244-01 obtuvieron que se autorizara el traspaso de la concesión de aguas, y como esa decisión se cuestiona en el presente asunto, no existe duda que tienen interés para concurrir al proceso en calidad de accionados.

A renglón seguido declaró la nulidad de las resoluciones 1053 del 18 de julio de 2005 y 2831 del 31 de octubre de 2007 y dispuso que se levantara la medida cautelar preventiva decretada y exhortó a la Cam “…para que a futuro despliegue todas las acciones necesarias en aras de proteger el uso legítimo del recurso hídrico a los usuarios del canal comunero ubicado en el predio Lote 2 A 2 quebrada El Iguá vereda río frio del municipio de Rivera – H, con arreglo a los criterios establecidos en el ordenamiento jurídico vigente”.

En esencia, partió de las siguientes consideraciones:

a. Con fundamento en el artículo 73 de la Ley 99 de 19932 y en el precedente del H. Consejo de Estado , considera que la controversia se debe analizar a través del medio de control de nulidad ; porque en defensa del medio ambiente, el actor cuestiona la legalidad de las resoluciones 1053 del 18 de

del H. Consejo de Estado , considera que la controversia se debe analizar a través del medio de control de nulidad ; porque en defensa del medio ambiente, el actor cuestiona la legalidad de las resoluciones 1053 del 18 de julio de 2015 y 2831 del 31 de octubre de 2007 ; la cuales, autorizaron el traspaso y modificación de una concesión de aguas superficiales sobre la quebrada El Iguá, sin pretender restablecimiento del derecho.

“..Advertido lo anterior, encuentra esta agencia judicial que atendiendo las particularidades del presente asunto, es procedente el medio de control de nulidad en relación con el otorgamiento de una concesión de aguas superficiales corriente el Iguá en jurisdicción del municipio de Rivera – H; máxime cuando lo pretendido por el accionante recae en garantizar la protección del recurso hídrico de su comunidad y cuando la misma autoridad ambiental en el Concepto Técnico N° 1534 del 2 de septiembre de 2015 y la Resolución N° 4159 del 22 de diciembre de 2016, avizoró impacto ambiental al recurso hídrico por parte de los beneficiados con la concesión, lo que de contera conllevó al decreto de una medida cautelar, consistente en el retiro inmediato de toda obstrucción que impidiera el uso legítimo del recurso, así como el inicio de las actuaciones jurídico – administrativas pertinentes, sin que a partir de los elementos de convicción incorporados en el proceso, pueda predicarse que fueron materializadas por parte de la autoridad ambiental competente…”

b. Con base en la actuación administrativa que culminó con la expedición de

administrativas pertinentes, sin que a partir de los elementos de convicción incorporados en el proceso, pueda predicarse que fueron materializadas por parte de la autoridad ambiental competente…”

b. Con base en la actuación administrativa que culminó con la expedición de la resolución 1053 del 18 de julio de 2005; concluyó que los beneficiarios de la concesión incumplieron los mandatos impuestos por la autoridad ambiental; por lo tanto, es procedente aplicar la dispuesto en el artículo 62 del decreto 2811 de 1974 y 248 del decreto 1541 de 1978 ; esto es, la caducidad de la concesión de aguas:

“…en atención a la relación contenida en el Concepto Técnico N° 1534 del 2 de septiembre de 2015 y la Resolución N° 4159 del 22 de diciembre de 2016 , suscritos por la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, es claro que los beneficiarios de la concesión de aguas superficiales de la fuente q uebrada

2 ARTÍCULO 73. DE LA CONDUCENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD. La acción de nulidad procede contra los actos a dministrativos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o Licencia Ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente.Gerardo Vidal Arias vs Cam Radicación 41 001 33 33 004-2016-00244-01 el Iguá del municipio de Rivera – H, en un caudal de 0,885 litros/segundo, a favor de los señores Yineth Quintero Guzmán y José Octalivar Laguna Díaz, no cumplieron con la carga

el Iguá del municipio de Rivera – H, en un caudal de 0,885 litros/segundo, a favor de los señores Yineth Quintero Guzmán y José Octalivar Laguna Díaz, no cumplieron con la carga impuesta por la misma autoridad ambiental en el acto de otorgamiento d e la concesión; ergo, resultaba aplicable el artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978, al operar de manera precisa las causales generales de caducidad referentes al otorgamiento de concesiones; entre las cuales se destacan: i) el destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato; y ii) el incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; lo que se corroboró a partir de las visitas realizadas por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, al lugar donde fuera otorgada la concesión…” (documento 28, cuad. prim. inst.).

10. La impugnación.

Inconforme, la Cam interpuso el recurso de apelación; solicitando revocar la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:

a. El medio de control de nulidad es improcedente para dirimir la controversia, p orque los medios de prueba que obran en el plenario no permiten inferir que se presente una afectación al medio ambiente (como lo indica y exige el precedente citado por el a quo).

b. En gracia de discusión, es evidente que se configuró el denominado hecho superado por carencia actual de objeto; porque de acuerdo con el concepto técnico de seguimiento 2618 del 30 de agosto de 2022, está acreditado que

b. En gracia de discusión, es evidente que se configuró el denominado hecho superado por carencia actual de objeto; porque de acuerdo con el concepto técnico de seguimiento 2618 del 30 de agosto de 2022, está acreditado que se le dio cumplimiento a la medida preventiva, y en la fecha no se realiza ningún clase de captación de agua superficial por parte de los señores Yineth Quintero Guzmán y José Octalivar Laguna Díaz.

En tal virtud, los actos acusados no están viciados de nulidad; amen de que no se evidencian perjuicios al interés público ni afectación ambiental alguna.

Por ese motivo, estima que existe una indebida interpretación de las causales de caducidad establecidas en los artículos 62 del Decr eto 2811 de 1974 y 248 del Decreto 1541 de 1978 (documento 030, cuad. prim. inst).

III. CONSIDERACIONES.

1. El problema jurídico.

En razón a que el fallo solo fue impugnado por la Cam; al tenor de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso3 (aplicable por

3“Competencia del superior . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubier e adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.Gerardo Vidal Arias vs Cam Radicación 41 001 33 33 004-2016-00244-01 expresa remisión del artículo 306 del Cpaca), sólo se abordará el análisis de

recurso, el superior resolverá sin limitaciones.Gerardo Vidal Arias vs Cam Radicación 41 001 33 33 004-2016-00244-01 expresa remisión del artículo 306 del Cpaca), sólo se abordará el análisis de los argumentos esbozados en el escrito contentivo del recurso.

En tal virtud, el sub lite se contrae a establecer si se debe revocar la sentencia; en especial, precisar sí el medio de control de nulidad es idóneo para resolver la controversia; en caso negativo, de acuerdo con el artículo 187 del Cpaca, determinar si la demanda fue presentada en la oportunidad legal.

En caso positivo, establecer si los actos administrativo s enjuiciados se expidieron apegados a la Constitución y la ley; en particular, i) si en el trámite de la concesión de aguas superficiales se acataron los requisitos previos para el uso de la fuente hídrica, o ii) si hay lugar a declarar probado el denominado hecho superado por carencia actual de objeto.

2. El control judicial de los actos administrativos que confieren permisos, autorizaciones, concesiones o licencias ambientales.

El artículo 73 de la Ley 99 de 1993, establece que “…La acción de nulidad procede contra los actos administrativos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o Licencia Ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente…”. Por su parte, el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, dispone que “…Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido exped idos con infracción de las normas en que deberían

podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido exped idos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos:

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.Gerardo Vidal Arias vs Cam Radicación 41 001 33 33 004-2016-00244-01

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.

4. Cuando la ley lo consagre expresamente.

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.

4. Cuando la ley lo consagre expresamente.

PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente …” (subrayado fuera de texto). Al abordar el análisis de la procedencia del medio de control de nulidad en materia ambiental; tomando como referente el citado artículo 73 de la Ley 99 de 1 993, la Sección Primera del H. Consejo de Estado precisó que los actos a que se refiere esa disposición poseen una naturaleza mixta “…con un contenido particular en lo atinente a la autorización para el desarrollo una actividad económica; y general, por la s repercusiones de orden público, social, ambiental y ecológico propias de la actividad permitida. Lo anterior significa que frente a los actos reglados por el supuesto del artículo 73 ibídem procede tanto la acción de nulidad allí prevista, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando el actor pretenda el restablecimiento de un derecho subjetivo conculcado por dicho acto, además de cuestionar su legalidad…”. Inicialmente4, se condicionó la procedencia del medio de control de nulidad a que “ …la actividad autorizada mediante el respectivo acto administrativo afecte o pueda afectar el medio ambiente”. De suerte, que cualquier controversia ajena a esa circunstancia se debía tramitar por la vía del medio de nulidad y restablecimiento del derecho. Luego, la jurisprudencia amplió el espectro de posibilidades, al aclarar que la autorización dada por el artículo 73 de la Ley 99 de 1993, amparaba no solo

restablecimiento del derecho. Luego, la jurisprudencia amplió el espectro de posibilidades, al aclarar que la autorización dada por el artículo 73 de la Ley 99 de 1993, amparaba no solo el medio ambiente, sino otros intereses de naturaleza general: “…«cuando la situación de carácter individual a que se refiere el acto, comporte un especial interés, un interés para la comunidad de tal naturaleza e importancia, que vaya aparejado con el afán de legalidad, en especial cuando se encuentre de por medio un interés cole ctivo o comunitario, de alcance y contenido nacional y de innegable e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y económico de gran número de colombianos», la acción de simple nulidad seria el medio adecuado…”5.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo , sentencia de 11 de mayo del 2000, Radicación número: 4620, actor: Patricia Manotas Echeverry.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso, sentencia de 22 de julio de 2010, Radicación número: 11001-03-24-000-2002-0037301, Actor: Héctor Segundo Pérez Fernández. En este mis mo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 5 de agosto de 2015, radicación número: 11001-03-24-000-2015-00247-00, Actor: Resguardo Domo Plana /. Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente: María

de agosto de 2015, radicación número: 11001-03-24-000-2015-00247-00, Actor: Resguardo Domo Plana /. Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente: María Elizabeth García González, sentencia de (26) de noviembre de dos mil quince (2015), radicación número: 11001-03-24-000-2006-00350-00, Actor: Corporinoquia./ Consej o de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López, sentencia de 3 de mayo de 2019, radicación número: 11001 -03-24-000-2016-00408-00, Actor: Hugo Montes Paballón, Benigno Vásquez Rodríguez.Gerardo Vidal Arias vs Cam Radicación 41 001 33 33 004-2016-00244-01 A partir de es e precedente, el medio de control de nulidad en materia ambiental procede por ministerio legal (artículo 137-4° del Cpaca). “…En ese orden de ideas, es una realidad que el acto administrativo que expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesi ón o licencia ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente en estudio, es pasible de la acción especial de nulidad por expresa disposición legal, sin perjuicio de los instrumentos procesales de impugnación dispuestos en el ordena miento jurídico cuando el demandante también busca el restablecimiento de un derecho subjetivo…”6.

3. Lo probado.

En el sub lite se encuentra acreditado lo siguiente:

a. Por conducto la resolución 1053 del 18 de julio de 2005 , la Corporación

busca el restablecimiento de un derecho subjetivo…”6.

3. Lo probado.

En el sub lite se encuentra acreditado lo siguiente:

a. Por conducto la resolución 1053 del 18 de julio de 2005 , la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena le otorgó durante 5 años la concesión de aguas superficiales de la quebrada El Iguá, jurisdicción del municipio de Rivera, a nombre de la señora Clara Inés Molina Serrano y en beneficio del predio Villa María, ubicado en la vereda Rio Frio de la misma localidad (en las siguientes cantidades y usos):

Predio Usos Consumo Módulo Caudal (Ips) Lote 2 A 2 Uso domestico 5 hab 0.003 lts/seg/hab 0.015 Riego (frutales) 1.0 has 0.800 lts/seg/has 0.800 Piscicultura 0.02 has 3.500 lts/seg/und 0.070 Total concesionado 0.885

Para poder hacer uso de la concesión, a la beneficiaria le correspondía allegar a la autoridad ambiental (dentro de los 30 días siguientes la notificación) “…los estudios, planos y memorias de las obras de la captación, las cuales deberán estar provistas de los elementos necesarios que permitan en cualquier momento la cantidad de agua que se derive.

Para garantizar los caudales concedidos el beneficiario d