TA HUI - Sentencia 410013333004-201600159-01 (10-06-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Neiva, junio diez (10) de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICACIÓN : 410013333004-201600159-01

DEMANDANTE : HÉCTOR FERNÁNDEZ ZAMBRANO

DEMANDADO : REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL MEDIO DE CONTROL : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SENTENCIA No. : 08-06-119-25/NRD 71-2-65

ACTA No. : 48 DE LA FECHA

1. TEMA.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del 30 de noviembre de 2018 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva.

2. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA.

2.1. Posición de la parte actora (f. 1 a 11 c. ppal.).

2.1.1. El señor Héctor Fernández Zambrano interpone demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pretendiendo la declaratoria de nulidad del oficio No. GTH 0700-SIC 259447 del 3 de diciembre de 2015 donde la entidad le niega su reclamación tendente a l reconocimiento y pago de viáticos por comisión de servicios prestados entre el 22 de septiembre y el 10 de noviembre de 2015. En restablecimiento del derecho, solicita que se condene a la entidad demandad a al pago de dicho concepto, según el Decreto 1063 de 2015 y se le imponga costas y agencias en derecho.

de septiembre y el 10 de noviembre de 2015. En restablecimiento del derecho, solicita que se condene a la entidad demandad a al pago de dicho concepto, según el Decreto 1063 de 2015 y se le imponga costas y agencias en derecho.

2.1.2. El sustento fáctico refiere que el actor es funcionario de carrera administrativa en calidad de Registrador Municipal del Estado Civil en Paicol-Huila, fue trasladado temporalmente de su cargo al municipio de Tesalia -Huila con la resolución No. 10373 del 17 de septiembre de 2015 para atender las labores del proceso electoral, tomando posesión el 22 de septiembre de 2015 y posteriormente, con resolución No. 14339 del 5 de noviembre de 2015 se dispone su retorno a Paicol, donde se posesiona el 10 de noviembre del mismo año.2

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Agrega que dicho traslado temporal es de obligatorio cumplimiento , bajo apremio de incurrir en falta disciplinaria, de acuerdo con el artículo 67 de la ley 1350 de 2009, sin embargo, ello corresponde a una comisión de servicios y no a un traslado, por lo cual el 19 de noviembre de 2015 solicita el reconocimiento de viáticos por comisión, lo cual le niega la entidad en el oficio No. GTH 0700-SIC 259447 del 3 de diciembre de 2015.

2.1.3. Cita en las normas vulneradas los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 23, 25, 28, 29,

de 2015.

2.1.3. Cita en las normas vulneradas los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 23, 25, 28, 29, 53, 90, 93, 94, 113, 123, 125, 150, 209, 210 y 230 de la Constitución Política; 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011; 54 y 62 del Decreto Ley 721 de 1978.

2.1.4. En el concepto de la violación invoca la causal de nulidad de infracción de las normas superiores en que el acto administrativo debía fundarse , pues la demandada sustenta su decisión en el artículo 62 del Decreto Ley 721 de 19781 que regula los traslados permanentes con auxilio de traslado, debiendo aplicar el artículo 54 Id que regula el derecho al reconocimiento y pago de viáticos en los casos de comisión de servicios.

Esta aplicación normativa incorrecta desconoce la verdadera naturaleza de la situación administrativa —una comisión de servicios—, tema que tiene respaldo en normas internas de la entidad, como la circular No. 10 de febrero 18 de 1992 donde unifica criterios y procedimientos sobre traslados temporales en época electoral mediante la figura de comisión de servicios.

En consecuencia, se produce la infracción de los preceptos constitucionales citados, especialmente los relacionados con el mínimo vital, estabilidad laboral, trabajo, la familia, el debido proceso y las normas legales en coment o, lo que encuentra respaldo en jurisprudencia del Consejo de Estado2.

2.1.5. En la oportunidad para alegar de conclusión (f. 155 a 163 Id.) itera los argumentos expuestos en la demanda y cita diversos pronunciamientos judiciales de

respaldo en jurisprudencia del Consejo de Estado2.

2.1.5. En la oportunidad para alegar de conclusión (f. 155 a 163 Id.) itera los argumentos expuestos en la demanda y cita diversos pronunciamientos judiciales de la Corte Constitucional 3 y Consejo de Estado 4 que respaldan lo atinente a que los

1 Recuperado de: https://xperta.legis.co/visor/legcol/legcol_759a8937abbc8010e0430a0101518010 2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de abril de 2007, radicado: 05001 -23-31000-2004-05597-01 (interno 2373 -2011), actor: Julio Álvarez, consejero ponente: Jesús María Lemus Bustamante; Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado: 25000-23-25-000-1998-0211501 (3549-04) (no indica fecha). 3 Corte Constitucional. (1995). Sentencia C-108 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación No. 2500023-25-000-2006-07509-01(0112-09). Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Actor: Luis Mario Velandia. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de abril de 2007, radicación No. 25000-23-25-000-1998-02115-01(3549-04).3

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traslados temporales en las condiciones narradas en la demanda obedecen a una comisión de servicios.

2.2. Posición de la demandada (f. 71 a 85, Id.).

2.2.1. Se opone a las pretensiones , señalando que carecen de fundamentos fácticos y jurídicos, toda vez que el acto administrativo demandado fue expedido conforme al marco legal vigente y está revestido de presunción de legalidad.

2.2.2. En cuanto a los hechos, acepta los relacionados con los derechos de carrera que ostenta el actor, los antecedentes de la actuación administrativa y los actos demandados, sin embargo, rechaza que la situación administrativa corresponda a una comisión de servicios pues no enmarca en las causales previstas legalmente, sino que se trata de un traslado temporal, que no da lugar a los viáticos reclamados.

2.2.3. En las razones de defensa expone:

a. Inicia contextualizando la naturaleza del traslado efectuado al actor, afirmando que se trata de un traslado temporal ordenado en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 67 de la Ley 1350 de 2009 pues la entidad ordenó el traslado del actor por motivos electorales, lo cual genera el pago de un auxilio de traslado equivalente al 50% del salario básico mensual, como se dispuso en las resoluciones No. 10373 del 17 de septiembre y No. 14339 del 5 de noviembre de 2015 y no de una comisión

al 50% del salario básico mensual, como se dispuso en las resoluciones No. 10373 del 17 de septiembre y No. 14339 del 5 de noviembre de 2015 y no de una comisión de servicios con derecho al reconocimiento de viáticos, por tanto, el demandante no puede pretender un derecho que no le corresponde.

b. En relación con el acto administrativo demandado, expone que el mismo se funda en razones legales indicativas de que los viáticos pretendidos no proceden, dada la diferencia normativa entre traslado y comisión de servicios, por lo tanto, no adolecen de nulidad y la jurisprudencia invocada por el demandante no es aplicable, ya que se fundamenta en el Decreto 1487 de 1986 y la Circular No. 10 de 1992 que deben entenderse derogadas tácitamente por el Decreto Ley 1014 de 2000, el que a su vez se encuentra también derogado por la Ley 1350 de 2009.

c. Frente a la supuesta afectación de derechos fundamentales (mínimo vital, trabajo, estabilidad laboral y familia), argumenta que no hubo desmejora alguna en las condiciones del actor poque se le reconocieron y pagaron los auxilios previstos en la

Ponente: Jesús María Lemus Bustamante. Actor: Julio Álvarez ; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de julio de 2012, radicación No. 25000-23-25-000-2005-05008-01(199609). Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Actor: [No especifica].4

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norma vigente y por ende los daños alegados son hipotéticos y no fueron acreditados con prueba idónea, ya que el daño debe ser cierto, actual y personal, no eventual ni fundado en posibilidades remotas, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia5.

2.2.4. Con fundamento en lo anterior, propone las excepciones: i) inexistencia de la obligación y causa para demandar, ii) plena validez y legalidad del acto administrativo demandado, iii) actuar legítimo de la entidad demandada, iv) cobro de lo no debido, v) ineptitud sustantiva de la demanda, vi) inexistencia de daño antijurídico y, vii) excepción genérica.

2.2.5. En la oportunidad para alegar de conclusión (f. 142 a 154 Id. ), itera lo expuesto al contestar la demanda.

2.3. Ministerio Público.

No emite concepto ni interviene en el proceso.

2.4. La sentencia de primera instancia (f. 165 a 177 Id.).

El Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva profiere sentencia el 30 de noviembre de 2018 en donde: declara no probadas las excepciones de la demandada (resolutivo 1°), anula el acto administrativo acusado (resolutivo 2°), ordena el pago de los viáticos deprecados, por la comisión de servicios de 48 días entre el 22 de septiembre y el 10 de noviembre de 2015 (resolutivo 3°), ordena el pago de intereses moratorios

viáticos deprecados, por la comisión de servicios de 48 días entre el 22 de septiembre y el 10 de noviembre de 2015 (resolutivo 3°), ordena el pago de intereses moratorios (resolutivo 4°) y, autoriza el descuento de tales viáticos de lo ya reconocido por auxilio de transporte (resolutivo 5°).

Además, dispone el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 171, 187, 192 y 195 del CPACA (resolutivo 6°), requiere a la actora para que en el plazo legal promueva incidente de liquidación de condena (resolutivo 6°) y se abstiene de condenar en costas (resolutivo 8°).

Para llegar a esa conclusión, plantea el problema jurídico, consistente en establecer si el oficio No. GTH 0700-SIC 259447 del 3 de diciembre de 2015 adolece de nulidad por violación normativa, lo que implicaría el reconocimiento y pago de viáticos reclamados por comisión de servicios entre el 22 de septiembre y el 10 de noviembre

5 Corte Suprema de Justicia (Sentencia del 23 de enero de 2013, Rad. 2002 -00358-01, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.5

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de 2015 o , si por el contrario, el acto es válido y se configura un cobro de lo no debido.

Seguidamente anticipa que las excepciones formuladas por la demandada deben ser resueltas conjuntamente al analizar el acervo probatorio y continúa señalando que

debido.

Seguidamente anticipa que las excepciones formuladas por la demandada deben ser resueltas conjuntamente al analizar el acervo probatorio y continúa señalando que el marco normativo aplicable lo componen los artículos 22 del Decreto Ley 2400 de 1968, 75 del Decreto 1950 de 1973 y 54 del Decreto 721 de 1978, junto con la sentencia del 3 de mayo de 2012 del Consejo de Estado6, donde se precisa que los traslados en época electoral tienen la naturaleza de comisiones de servicios y generan el pago de viáticos , destacando que en el citado precedente se tuvo en cuenta el artículo 36 de la Ley 1014 de 2000 que tiene igual contenido material al artículo 67 de la Ley 1350 de 2009 y la razón de la decisión resulta aplicable al caso hoy estudiado.

Adentrándose en el caso concreto, expone que el Registrador Nacional expid e las resoluciones No. 10373 del 17 de septiembre y No. 14339 del 5 de noviembre de 2015 donde dispone el traslado temporal del señor Héctor Fernández Zambrano del municipio de Paicol a Tesalia (Huila), reconociéndole únicamente el auxilio de traslado y no los viáticos, desconociendo que el carácter temporal y la coyuntura electoral del traslado, hace procedente tenerlo como comisión de servicios.

Enfatiza que resulta injusto e inequitativo y desconoce los principio a la igualdad y a la irrenunciabilidad de derechos laborales previstos en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de l 16 de diciembre de 1966 donde los Estados partes

a la irrenunciabilidad de derechos laborales previstos en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de l 16 de diciembre de 1966 donde los Estados partes reconocen que toda persona tiene derecho al goce del trabajo en condiciones equitativas, por ello, no es aceptable que el funcionario público deba sufragar de su propio peculio los gastos de un servicio que va a beneficiar al empleador.

En consecuencia, anula el acto administrativo acusado para que se paguen los viáticos reclamados por el demandante, previo descuento del auxilio de transporte ya reconocido, debiendo acudir al incidente de liquidación de condena conforme a la jurisprudencia de esta jurisdicción7.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2012, radicación: 05001-23-31-000-2004-05597-01 (2373-11) y/o Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, radicación 237311. 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 1 de febrero de dos mil dieciséis (2016), radicado: 76001 -23-31-000-199801510-02 (55149); Tribunal Administrativo del Huila, sentencia de segunda instancia del 19 de febrero de 2018, radicado 41001-3333-004-2015-00305-01.6

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2.5. El recurso de apelación (f. 182-193 Id.).

La demandada recurre la decisión de primera instancia para que se revoque, insistiendo en que el actor fue sujeto de un traslado temporal según el artículo 67 de la Ley 1350 de 2009 y no de una comisión de servicios pues aquella figura permite a la entidad trasladar a sus funcionarios durante los procesos electorales sin que ello genere derecho al pago de viáticos y para el caso concreto, fue formalizado con las resoluciones No. 10373 y 14339 de 2015 en donde se reconoce al demandante el auxilio de traslado del 50% del salario básico mensual, previsto en el artículo 62 del Decreto 721 de 1978.

Agrega que el Consejo de Estado8 ha considerado que los viáticos solo se conceden cuando hay acto administrativo de comisión, el cual autoriza al servidor a ejercer funciones propias de su cargo en lugar distinto a su sede habitual por causales previstas en la ley.

Además, que la situación administrativa del demandante se enmarca en un traslado temporal con derecho al auxilio de traslado, equivalente al 50% del salario básico mensual, el cual compensa razonablemente los gastos derivados del traslado, sin que haya existido desmejora en sus condiciones laborales ni vulneración de derechos fundamentales, pues el traslado se hizo a un cargo de igual nomenclatura y nivel.

Sostiene que la decisión del 3 de mayo de 2012 del Consejo de Estado citada por el

que haya existido desmejora en sus condiciones laborales ni vulneración de derechos fundamentales, pues el traslado se hizo a un cargo de igual nomenclatura y nivel.

Sostiene que la decisión del 3 de mayo de 2012 del Consejo de Estado citada por el demandante9 no aplica a este caso, porque se funda en el Decreto 1487 de 1986 y la Circular No. 10 de 1992 que están derogadas por el Decreto Ley 1014 de 2000 y posteriormente por la Ley 1350 de 2009, hoy vigente , por ende, la sentencia reconoce viáticos bajo el régimen anterior y desconoce que se trata de un traslado regulado por el artículo 67 de la Ley 1350 de 2009, que no contempla el pago de viáticos sino de auxilio de traslado, por ende, no existe identidad normativa ni fáctica que permita extender los efectos jurídicos de dicha decisión.

Estima que la decisión recurrida desconoce el artículo 230 de la Constitución Política, al aplicar criterios auxiliares como la equidad y los principios generales del derecho por encima de la ley expresa y vigente, sin que haya margen de interpretación para

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de mayo de 2011, rad. No. 05001 -23-31000-2002-01105-01 (0936 -11), ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila ; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de abril de 2007, rad. No. 25000 -23-25-000-1998-02115-01 (3549-04), ponente: Jesús María Lemus Bustamante. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2012, rad. No.

(3549-04), ponente: Jesús María Lemus Bustamante. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2012, rad. No. 05001-23-31-000-2004-05597-01 (2373-11), ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez, actor: Casta Marlene Soto Pérez.7

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una aplicación extensiva que permita reconocer viáticos , por ello, el acto administrativo cuestionado se encuentra plenamente ajustado a derecho y mantiene su presunción de legalidad.

3. LA SEGUNDA INSTANCIA, CONSIDERACIONES.

3.1. Actuaciones procesales.

El recurso se admit e por auto de l 12 de abril de 2019 (f. 4, c. tribunal ), se corr e traslado para alegaciones de segunda instancia con proveído del 9 de mayo del mismo año (f. 9 Id.), oportunidad en la cual las partes presentan alegatos iterando sus posiciones (f. 14 a 15 y 16 a 24 Id.), mientras que el Ministerio Público guarda silencio (f. 26 Id.) y, por último, ingresa para proferir sentencia (artículo 247 del

CPACA).

3.2. Competencia, validez y legitimación.

La Corporación es competente para dirimir esta instancia, de conformidad con el artículo 153 del CPACA y a ello se procede al no observarse irregularidades que invaliden lo actuado, las partes están legitimadas en causa por cuanto en el acto

La Corporación es competente para dirimir esta instancia, de conformidad con el artículo 153 del CPACA y a ello se procede al no observarse irregularidades que invaliden lo actuado, las partes están legitimadas en causa por cuanto en el acto acusado la entidad demandada niega al demandante el reconocimiento y pago de viáticos; siendo anulado por el juzgado, lo cual es apelado por la demandada para que se revoque el fallo, por eso el interés que les asiste a ambas en que se resuelva esta instancia.

3.3. Problema jurídico.

Incumbe a esta instancia revisar los reparos concretos del recurso de apelación de la parte demandada, en términos del artículo 328 del CGP , en tal medida le corresponde resolver:

¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia , por haber aplica do una jurisprudencia fundada en normas derogadas y carente de relación con el caso concreto, al considerar que el traslado temporal del demandante obedec e a una comisión de servicios generadora de viáticos, cuando en realidad se trata de un traslado temporal por necesidades del servicio en época electoral conforme al artículo 67 de la Ley 1350 de 2009, sin que se vulneren derechos fundamentales del empleado?8

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La tesis de la Sala es que debe revocarse la sentencia apelada, por cuanto se fundamenta en un precedente desueto e inapropiado pues alude a normas derogadas que impiden calificar el traslado temporal del demandante como una

La tesis de la Sala es que debe revocarse la sentencia apelada, por cuanto se fundamenta en un precedente desueto e inapropiado pues alude a normas derogadas que impiden calificar el traslado temporal del demandante como una comisión de servicios con derecho a viáticos, ya que se trata de un traslado autorizado al amparo del artículo 67 de la Ley 1350 de 2009 que da lugar al reconocimiento de un auxilio de traslado , por lo cual no se han vulnerado las disposiciones invocadas en la demanda ni los de derechos fundamentales del actor.

Esta tesis se sustenta en el análisis de: a) el marco jurídico de la carrera administrativa especial de la RNEC y, b) el caso concreto de cara a lo probado.

3.4. Marco jurídico de la carrera administrativa especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El Decreto Ley 1014 de 2000, en su artículo 1 o, establece que la Registraduría del Estado Civil goza de un “régimen específico de carrera administrativa” que se rige por las normas contenidas en dicho d ecreto y subsidiariamente, por las normas generales de la carrera administrativa; además, esta norma en su artículo 42 deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Posteriormente, el artículo 15 del Acto Legislativo 1 de 2003 por el cual se modifica el artículo 266 de la Constitución Política , califica el régimen de los servidores públicos que conforman la RNEC como una “carrera administrativa especial”.

Seguidamente, en desarrollo del artículo 266 constitucional se promulga la Ley 1350 de 2009 donde enfatiza que dicha entidad se rige por la “carrera administrativa

públicos que conforman la RNEC como una “carrera administrativa especial”.

Seguidamente, en desarrollo del artículo 266 constitucional se promulga la Ley 1350 de 2009 donde enfatiza que dicha entidad se rige por la “carrera administrativa especial” y el contenido de tal estatuto es indicativo de dotar a la entidad de reglas propias y autónomas, bajo la administración y vigilancia de la propia entidad.

De este modo, el sistema de acceso a los cargos públicos y las situaciones administrativas en la RNEC están regulados por la Ley 1350 de 2009 y su artículo 69 permite que, en lo no previsto por ella, se aplique la “Ley General de Carrera ” mientras que el artículo 70 Id., deroga las normas que le sean contrarias.

3.5. El caso concreto.

3.5.1. La Sala encuentra demostrado que en resolución No. 10373 del 17 de septiembre de 2015 el director de la RNEC en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 67 de la Ley 1350 de 2009, efectúa unos traslados temporales de empleados dentro de la planta global y flexible, con ocasión9

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de los comicios electorales del 25 de octubre de 2015, entre ellos, al demandante lo traslada del municipio de Paicol al de Tesalia en el departamento del Huila , en el mismo cargo de registrador municipal , con la misma asignación mensual y le reconoce el auxilio de traslado equivalente al 50% del salario básico, de conformidad

traslada del municipio de Paicol al de Tesalia en el departamento del Huila , en el mismo cargo de registrador municipal , con la misma asignación mensual y le reconoce el auxilio de traslado equivalente al 50% del salario básico, de conformidad con el artículo 62 del Decreto 721 de 1978 y le advierte que contra esa decisión no procede recurso alguno (f. 23 a 24 Id.).

Posteriormente, con la resolución No. 14339 del 5 de noviembre de 2015 se efectúan unos traslados temporales dentro de la planta global y flexible de la RNEC por culminación del proceso electoral d el 25 de octubre de 2015 y por solicitud del delegado departamental del Huila de retornar a algunos servidores a su sede de origen, se dispone, entre otros, el traslado del demandante del municipio de Tesalia al de Paicol en el departamento del Huila, con el mismo cargo de registrador municipal, la misma asignación mensual y le reconoce el auxilio de traslado en las mismas condiciones anteriores, acorde con el artículo 62 del Decreto 721 de 1978 y se advierte que frente a la decisión no procede recurso alguno (f. 26 a 31 Id.).

El demandante solicita el 30 de noviembre de 2015 a la demandada el reconocimiento y pago de viáticos por comisión de servicios en el traslado temporal de que fue sujeto del 22 de septiembre al 10 de noviembre de 2015, según escalas fijadas en el Decreto 1063 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública y cita las mismas fuentes normativas y jurisprudencia citadas en la demanda que dio inicio a este proceso (f. 13 a 16, c. ppal.).

fijadas en el Decreto 1063 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública y cita las mismas fuentes normativas y jurisprudencia citadas en la demanda que dio inicio a este proceso (f. 13 a 16, c. ppal.).

Dicha reclamación fue resuelta desfavorablemente con oficio No. GTH 0700 -SIC 259447 del 3 de diciembre de 2015, suscrito por el gerente de talento humano de la RNEC en donde expone argumentos similares a los presentados en la defensa dentro del presente proceso a los cuales se remite la Sala y también cita la resolución No. 10373 de 2015 para reiterar la calificación de “traslado temporal” asignada a la situación administrativa en cuestión (f. 17 a 18 Id.).

3.5.2. El Tribunal considera que la sentencia de primera instancia incurre en el defecto señalado por la parte apelante, al interpretar de forma incorrecta el marco jurídico aplicable al régimen especial de carrera de la RNEC y confrontar el acto administrativo acusado con normas que ya habían sido derogadas y por lo mismo debe ser revocada.

Es que, el análisis del caso debió hacerse al amparo del artículo 67 de la Ley 1350 de 2009 que invoca la administración en el acto mediante el cual niega la reclamación de viáticos del demandante, por estar vigente al tiempo de los traslados10

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y estar ellos regidos también por dicho estatuto , el cual no ha sido declarado

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y estar ellos regidos también por dicho estatuto , el cual no ha sido declarado inexequible ni d erogado y, por tanto, hace que dichos actos administrativos conservan la presunción de legalidad y certeza.

Así, el mencionado artículo 67 de la Ley 1350 de 2009 dispone:

“Durante el proceso de programación y realización de elecciones o de votaciones por efecto de los mecanismos de participación ciudadana, en atención a la necesidad del servicio, el Registrador Nacional del Estado Civil estará facultado para ordenar traslados de los empleados de la Entidad en todo el territorio nacional, los cuales, salvo fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser aceptados por el empleado así trasladado. El no acatamiento de tal decisión constituye causal de mala conducta”.

En tal virtud, la situación administrativa de que fue sujeto el demandante se enmarca en un traslado temporal, originado en los comicios electorales del 25 de octubre de la misma anualidad y da lugar al reconocimiento de medio sueldo básico a título de auxilio de traslado, con fundamento en el artículo 62 del Decreto 721 de 1978 10 como parece en los actos de traslado.

Aunque tal disposición se refiere a los gastos por traslado derivados de nombramientos con “carácter permanente”, dicha expresión no puede interpretarse de forma aislada ni descontextualizada de las normas constitucionales y legales vigentes que han otorgado a la RNEC la condición de carrera administrativa especial, con una planta de personal global y flexible 11 que permitió mutar la comisión de

de forma aislada ni descontextualizada de las normas constitucionales y legales vigentes que han otorgado a la RNEC la condición de carrera administrativa especial, con una planta de personal global y flexible 11 que permitió mutar la comisión de servicios de los estatutos anteriores, hacia el traslado temporal obligatorio en el marco de procesos electorales, orientado no solo a dotar de mayor es herramientas al Registrador Nacional para cumplir su función constitucional, sino también a procurar una gestión eficiente de los recursos públicos.

De otra parte, la decisión del 3 de mayo de 2012 emitida por el Consejo de Estado que sirve de sustento a la sentencia apelada para justificar la inaplicación del artículo 67 de la Ley 1350 de 2009 , no se ajusta a los parámetros de l caso concreto, dado que en él se alude a que el acto de traslado se fundamentó en el artículo 712 del Decreto 1487 de 1986, norma que facultaba al registrador para conferir comisiones de servicio a los servidores públicos de la entidad con el fin de asegurar el adecuado

10 “ART. 62. —De los gastos de traslado. Cuando un funcionario fuere nombrado con carácter permanente para ocupar un cargo en otro municipio, tendrá derecho al reconocimiento de pasajes y al pago de un auxilio de traslado equivalente a la mitad del sueldo bási co”. / Recuperado de: https://xperta.legis.co/visor/legcol/legcol_759a8937abbc8010e0430a0101518010 11 Ver entre otras, sentencias T-715 de 1996, T-425 de 2015, Corte Constitucional. 12 “Artículo 7º: El Registrador Nacional del Estado Civil, con el fin de garantizar el normal desarrollo

11 Ver entre otras, sentencias T-715 de 1996, T-425 de 2015, Corte Constitucional. 12 “Artículo 7º: El Registrador Nacional del Estado Civil, con el fin de garantizar el normal desarrollo de las elecciones, podrá otorgar comisiones de servicio a cualquier funcionario, hasta por término no mayor de seis (6) meses, para ejercer temporalmente las funciones que él determine”.11

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