TA MET - Sentencia 50001-33-33-004-2022-00037-02 (23-01-2025)

Expediente: 50001-33-33-004-2022-00037-02 N Y R Actor: AQUILINO AGUILLÓN RODRÍGUEZ Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Villavicencio, enero veintitrés (23) de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: AQUILINO AGUILLÓN RODRÍGUEZ

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

MAGISTRADA: TERESA HERRERA ANDRADE EXPEDIENTE: 50001-33-33-004-2022-00037-02

Decide la Sala el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ambas partes contra la sentencia proferida por escrito por el JUZGADO 403 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, el 30 de octubre de 2023 , mediante la cual ACCEDIÓ a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

HECHOS:

1.- El demandante cuenta que ha prestado sus servicios en la RAMA JUDICIAL, en varios cargos, desde el 1 de agosto de 1991, y que actualmente ocupa el empleo de secretario del JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE RESTREPO (META), desde el 10 de febrero de 2014.

empleo de secretario del JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE RESTREPO (META), desde el 10 de febrero de 2014.

2.- Comenta que, por medio del Decreto 383, del 6 de marzo de 2013, se reconoció la BONIFICACIÓN JUDICIAL a los servidores de la RAMA JUDICIAL, el cual señaló que dicha bonificación constituiría únicamente factor salarial para la base de cotización al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIÓN Y SALUD. Lo que fue reproducido en los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019 y 442 de 2020.

3.- Expresa que, aun cuando se le ha venido cancelando tal bonificación, la misma se ha excluido para la liquidación de prestaciones sociales.Expediente: 50001-33-33-004-2022-00037-02 N Y R Actor: AQUILINO AGUILLÓN RODRÍGUEZ Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 2 4.- Informa que , el 2 de agosto de 2018 , radicó reclamación administrativa ante la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDIC IAL DE VILLAVICENCIO, en la que se solicit ó que se reconociera la citada bonificación judicial como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales del demandante desde el año

2013. Que tal petición fue negada por el oficio DESAJVIO18-2606, del 4 de septiembre de 2018; decisión contra la cual interpuso el recurso de apelación, el cual fue resuelto por medio de la Resolución 04919, del 6 de septiembre de 2021.

de 2018; decisión contra la cual interpuso el recurso de apelación, el cual fue resuelto por medio de la Resolución 04919, del 6 de septiembre de 2021.

PRETENSIONES:

PRIMERA: Que se INAPLIQUE por INCONSTITUCIONAL e ILEGAL la frase «(...) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en los artículos 1º de los Decretos 0383 de 2013 y 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019 y 442 de 2020, y los que los modifiquen.

SEGUNDA: Que se DECLARE la NULIDAD del oficio radicado DESAJVIO18-2606, del 4 de septiembre de 2018 , y de la Resolución 04919, del 6 de septiembre de 2021

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ORDENE a la NACIÓN-RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, RECONOZCA en favor del demandante, que la BONIFICACIÓN JUDICIAL creada por el Decreto 383 de 2013, es constitutiva de salario para efectos de liquidar todas las prestaciones sociales devengadas desde el 1 de enero de 2013.

CUARTA: Que se ORDENE a la Entidad accionada a RELIQUIDAR la totalidad de las prestaciones sociales devengadas por el accionante desde el 1 de enero de 2013, con la inclusión de la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial.

CUARTA: Que se ORDENE a la Entidad accionada a RELIQUIDAR la totalidad de las prestaciones sociales devengadas por el accionante desde el 1 de enero de 2013, con la inclusión de la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial.

QUINTA: Que se CONDENE a la Entidad accionada a PAGAR al actor la indexación de las sumas de dinero que resulte de la anterior reliquidación.

SEXTA: Que se disponga el pago de INTERESES MORATORIOS a título de sanción, por no haberse reconocido los pagos a que tenía la accionante, con sujeción a la Ley.Expediente: 50001-33-33-004-2022-00037-02 N Y R Actor: AQUILINO AGUILLÓN RODRÍGUEZ Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

3

SÉPTIMA: Que en lo sucesivo se siga pagando los valores correspondientes a la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial para todos los efectos legales en los cargos que ha desempeñado y que llegase a desempeñar el accionante en la RAMA JUDICIAL.

OCTAVA: Que las sumas de dinero reconocidas, devenguen intereses moratorios a la tasa máxima legal estableci da por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, desde el vencimiento del término de 10 meses, de que trata el inciso segundo del artículo 192, del C.P.A.C.A., o el de 5 días consagrados en el numeral 3, del artículo 195 ídem (lo que ocurra primero); hasta la fecha en que se realice el pago efectivo de las sumas enunciadas.

segundo del artículo 192, del C.P.A.C.A., o el de 5 días consagrados en el numeral 3, del artículo 195 ídem (lo que ocurra primero); hasta la fecha en que se realice el pago efectivo de las sumas enunciadas.

NOVENA: Que se ORDENE a la Entidad accionada a realizar los descuentos y traslados al seguro social o a la Entidad que haga sus veces para los efectos de la correcta liquidación de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN a que tiene derecho el actor, y se disponga que dicha pensión se decretará teniendo en cuenta los factores que resulten del reconocimiento de las pretensiones de esta demanda.

DÉCIMA: Que se CONDENE a la Entidad accionada a la SANCIÓN MORATORIA por el no pago de la totalidad de las CESANTÍAS, obtenidas en favor del demandante con ocasión de la presente reliquidación , según lo establecido en el parágrafo 2, del artículo 99 de la ley 50.

DÉCIMA PRIMERA: Que la Entidad demandada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

DÉCIMA SEGUNDA: Que se CONDENE en COSTAS a la Entidad accionada.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con auto del 16 de diciembre de 2024, se admiten los recursos de apelación interpuestos por las dos partes , y se señala que el MINISTERIO PÚBLICO podría emitir su concepto desde la notificación del proveído y hasta antes de que ingresara el proceso al Despacho para sentencia . Que una vez qued ara en firme esa

apelación interpuestos por las dos partes , y se señala que el MINISTERIO PÚBLICO podría emitir su concepto desde la notificación del proveído y hasta antes de que ingresara el proceso al Despacho para sentencia . Que una vez qued ara en firme esa providencia, y en caso de que no se formulara dentro del término de su ejecutoria solicitudExpediente: 50001-33-33-004-2022-00037-02 N Y R Actor: AQUILINO AGUILLÓN RODRÍGUEZ Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 4 de pruebas o cualquier otra que deba ser resuelta, se prescindiría de correr traslado para presentar alegatos de conclusión, según lo establecido en el numeral 5°, del artículo 247, del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67, de la Ley 2080 de 2021 (índice 14 SAMAI).

La parte demandante y el MINISTERIO PÚBLICO guardaron silencio en esta etapa procesal.

SENTENCIA APELADA

En sentencia del 30 de octubre de 2023 , e l JUZGADO 403 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO ACCEDIÓ a las pretensiones de la demanda.

Explica brevemente sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la RAMA JUDICIAL (dentro de lo cual analiza la BONIFICACIÓN JUDICIAL creada por el Decreto 382 de 2013, la noción del salario y la excepción de inconstitucionalidad.

Ya en el caso concreto, indica que está acreditado que el actor estuvo

JUDICIAL creada por el Decreto 382 de 2013, la noción del salario y la excepción de inconstitucionalidad.

Ya en el caso concreto, indica que está acreditado que el actor estuvo vinculado en la RAMA JUDICIAL, d el 1 de agosto de 1991 al 11 de enero de 2021, ocupando como último cargo el de SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISC UO

MUNICIPAL DE RESTREPO (META).

Dice que, el demandante se vinculó con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 057 de 1993, lo cual podría ser indicativo de que pertenece al régimen no acogido; sin embargo, los haberes devengados no corresponden a dicho régimen, pues no se aprecia que hubiere recibido prima de antigüedad o incremento del 2.5, ni sobresueldo alguno; además viene recibiendo mensualmente la BONIFICACIÓN JUDICIAL, por lo que, puede concluirse que pertenece al régimen salarial y prestacional señalado en el Decreto 057, del 7 de enero de 1993, esto es, acogido.

Comenta que el GOBIERNO NACIONAL para ejercer las facultades otorgadas en el parágrafo del artículo 14, de la Ley 4 de 1992, no podía desconocer que la BONIFICACIÓN JUDICIAL tenía como fin lograr una nivelación salarial atendiendo el principio de EQUIDAD; pues era evidente que dicha norma consagraba los lineamientos generales a los cuales debía sujetarse el Gobierno al momento de expedir los respectivos

Decretos.Expediente: 50001-33-33-004-2022-00037-02 N Y R

Actor: AQUILINO AGUILLÓN RODRÍGUEZ

generales a los cuales debía sujetarse el Gobierno al momento de expedir los respectivos

Decretos.Expediente: 50001-33-33-004-2022-00037-02 N Y R Actor: AQUILINO AGUILLÓN RODRÍGUEZ Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

5

Manifiesta que, aun cuando la anterior disposición no estableció de manera precisa y detallada , cómo debía efectuarse la nivelación de los empleados y funcionarios de la RAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, no autorizó al GOBIERNO NACIONAL a suprimir o extraer el carácter salarial de la remuneración de sus empleados, como sí lo hizo con sus funcionarios frente a las prestaciones taxativas consagradas por el Legislador, tal como ocurrió con la PRIMA ESPECIAL DE

SERVICIOS.

Que la libertad de configuración legislativa y la potestad reglamentaria del GOBIERNO NACIONAL tenía como límite los derechos reconocidos en la Constitución, específicamente, los estatuidos en su artículo 53.

Señala que, con el artículo 14, de la Ley 4ª de 1992, se instituyó la EQUIDAD como un límite material para el ejercicio de la potestad reglamentaria y, según una interpretación teleológica y sistemática de la referida disposición, lo pretendido era mejorar el régimen salarial y prestacional de todos los servidores públicos de la Administración de Justicia, quienes fueron incluidos como beneficiarios de la BONIFICACIÓN JUDICIAL, frente a la cual la Ley no excluyó su carácter salarial. Lo anterior, con base e n lo definido por la SALA DE CONJUECES del CONSEJO DE

Administración de Justicia, quienes fueron incluidos como beneficiarios de la BONIFICACIÓN JUDICIAL, frente a la cual la Ley no excluyó su carácter salarial. Lo anterior, con base e n lo definido por la SALA DE CONJUECES del CONSEJO DE ESTADO, en sentencia del 6 de abril de 2022, radicado nro. 76001233300020180041401 (0470-2020).

Refiere que los Decretos 383 y 384, al determinar que la mencionada bonificación sólo constituiría factor salarial para la base de cotización al SISTEMA PENSIONAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL en SALUD (lo cual fue replicado por los Decretos expedidos con posterioridad), se desconoció el concepto propio de salario, en la medida que esa bonificación sí constituye una retribución habitual y periódica como contraprestación directa por los servicios prestados por el servidor y, por ende, debe tenerse en cuenta en la liquidación de sus prestaciones sociales.

Expresa que el LEGISLADOR y el GOBIERNO NACIONAL tienen la facultad para regular y reglamentar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, pero tal potestad no es absoluta, dado que debe s ujetarse a las normas superiores que imponen la protección del salario como elemento trascendente y fundamental de los derechos laborales . Que, el GOBIERNO NACIONAL al regular la BONIFICACIÓN JUDICIAL , desconoció que ésta tenía como propósito lograr unaExpediente: 50001-33-33-004-2022-00037-02 N Y R Actor: AQUILINO AGUILLÓN RODRÍGUEZ Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 6

Actor: AQUILINO AGUILLÓN RODRÍGUEZ Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 6 nivelación salarial atendiendo criterios de equidad , según quedó estipulado en el parágrafo del artículo 14, la Ley 4ª de 1992.

Que, atendiendo la naturaleza de la referida bonificación, era apenas lógico que en su fijació n se observara n todas las garantías y derechos mínimos fundamentales establecidos en la Constitución a favor del trabajador; luego, la libertad de configuración legislativa y la potestad reglamentaria del GOBIERNO NACIONAL tenían como límite los derechos reconocidos en la Constitución, específicamente los estatuidos en su artículo 53.

Precisa que, del acta de Acuerdo, del 6 de noviembre de 2012, suscrita entre el GOBIERNO NACIONAL y los representantes de los funcionarios y empleados de la RAMA JUDICIAL y de FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que reconoció a favor de estos la nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4ª de 1992, no se aprecia que se hubiere pactado que la BONIFICACIÓN JUDICIAL no tendría carácter salarial para la liquidación de las prestaciones sociales. Y, en todo caso, no puede pasarse por alto que tales acuerdos no pueden ir en contra de los derechos mínimos fundamentales de los trabajadores consagrados en el artículo 53 de la Constitución, tales como la primacía de la realidad sobre las formalidades, la irrenunciabilidad del salario y la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.

trabajadores consagrados en el artículo 53 de la Constitución, tales como la primacía de la realidad sobre las formalidades, la irrenunciabilidad del salario y la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.

Explica que, el reconocer carácter salarial a la mentada bonificación, no desconoce el principio de sostenibilidad fiscal, pues, si bien este principio es de estirpe constitucional, el mismo no puede entenderse como un condicionamiento a los jueces para responder al modelo económico del Estado sin importar la transgresión a los derechos que los compela a modificar o retardar los efectos de las sentencias que han dispuesto su necesaria protección.

Declara la NULIDAD de los actos demandados y CONDENA a la Entidad accionada a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales reconocidas y pagadas a l demandante, así como la liquidación y pago de las que se sigan causando, teniendo en cuenta la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial.

NEGÓ las pretensiones del reconocimiento de los intereses moratorios , que reclama la actora a título de sanción, y de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las respectivas prestaciones, toda vez que, corresponden a una indemnización por el no pago oportuno de las obligaciones, y en este caso, el derecho que se re conoce derivaExpediente: 50001-33-33-004-2022-00037-02 N Y R Actor: AQUILINO AGUILLÓN RODRÍGUEZ Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 7 de la inaplicación del Decreto 383 de 2013; por lo tanto, la Administración, con antelación,

Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 7 de la inaplicación del Decreto 383 de 2013; por lo tanto, la Administración, con antelación, lo que hizo fue aplicar la citada disposición en virtud de su vigencia.

Finalmente, f rente a la prescripción adujo que, la reclamación administrativa se presentó, el 2 de agosto de 2018 , por consiguiente, la demanda debió radicarse dentro de los 3 años siguientes, esto es, hasta el 2 de agosto de 2021 ; s in embargo, como se suspendieron los términos de prescripción entre el 16 de marzo y el 1 de julio de 2020, por el artículo 1º , del Decreto Legislativo 564 de 2020, en virtud de la pandemia COVID-19, la demanda podía instaurarse hasta el 17 de noviembre de 2021 , empero, esto se hizo el 17 de febrero de 2022; de ahí que, haya operado la prescripción respecto de las diferencias causadas por concepto de la reliquidación prestacional con anterioridad al 17 de febrero de 2019.

RECURSOS DE APELACIÓN

PARTE DEMANDADA

La Entidad accionada manifiesta que la decisión de 1ª instancia desconoce los precedentes de la CORTE CONSTITUCIONAL , al otorgarle carácter salarial a la BONIFICACIÓN JUDICIAL.

Dice que no es cierto que, el Acuerdo del 6 de noviemb re de 2012, no le haya restado carácter salarial a la referida bonificación, pues, el Decreto 383 de 2013 establece que ese emolumento no comporta salario para efectos de liquidar prestaciones sociales.

haya restado carácter salarial a la referida bonificación, pues, el Decreto 383 de 2013 establece que ese emolumento no comporta salario para efectos de liquidar prestaciones sociales.

Trae a colación las sentencias de la CORTE CONSTITUCIONAL, C279 de 1996 , C-444 de 1997 , C-681 de 2003 y SU-395 de 2017 , donde se indicó que el Legislador puede disponer que alguna prestación social o indemnización se liquide sin el monto total del salario del trabajador ; de ahí que, no proceda aplicar la excepción de inconstitucionalidad de la expresión “ constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, contenida en el artículo 1º, del Decreto 383 de 2013.

Sostiene que, con la expedición de ese Dec reto no se vulneró al actor ninguno de los derechos consagrados en el artículo 53 de la Constitución, en razón queExpediente: 50001-33-33-004-2022-00037-02 N Y R Actor: AQUILINO AGUILLÓN RODRÍGUEZ Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 8 fue con la expedición de dicho Decreto que se creó el derecho que se reclama, razón por la que no hacía parte de su patrimonio antes del mismo.

DEMANDANTE

En su recurso, la parte accionante dice que el Juzgado de 1ª contabilizó, de manera errada, la PRESCRIPCIÓN, por cuanto los artículos 41, y 102, de los Decretos

DEMANDANTE

En su recurso, la parte accionante dice que el Juzgado de 1ª contabilizó, de manera errada, la PRESCRIPCIÓN, por cuanto los artículos 41, y 102, de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, establecen que dicho término es de 3 años, contados a partir de la exigibilidad del derecho.

Que no se puede determinar que con la simple radicación de la reclamación administrativa se hubiera hecho exigible la obligación en favor de l demandante, o se pueda presumir siquiera el cómputo de la exigibilidad de la obligación; diferente es, si fuera el cobro de prestaciones como vacaciones o salarios, prima de vacaciones las cuales tienen una fecha cierta de exigibilidad.

Expresa que el inciso 2º, del artículo 102, del Decreto 1848 de 1969 refiere a la interrupción de “un derecho o prestación debidamente determinado”; y en el asunto en cuestión, no es posible establece la fecha de exigibilidad de la obligación, porque precisamente se pretende que la BONIFICACIÓN JUDICIAL sea considerada factor salarial, por lo que, mal podría aplicarse la regla del mencionado inciso, como lo hizo el Juzgado de 1ª instancia. Que la jurisprudencia ha indicado que el término se cuenta 3 años antes de la radicación de la reclamación administrativa, teniendo en cuenta que la discusión se circunscribe en determinar la fecha en la cual surgió el derecho.

Sostiene que, no se puede sancionar a l demandante con la prescripción de sus derechos, por no haber presentado la demanda dentro de los 3 años siguientes a la reclamación administrativa, ya que la mora se debió al actuar del Ente accionado; pues

Sostiene que, no se puede sancionar a l demandante con la prescripción de sus derechos, por no haber presentado la demanda dentro de los 3 años siguientes a la reclamación administrativa, ya que la mora se debió al actuar del Ente accionado; pues está demostrado que el actor radicó la reclamación administrativa, el 2 de agosto de 2018, y el recurso de apelación -pese a los requerimientos realizados -, se r esolvió mediante Resolución 00419, del 6 de septiembre de 2021, la cual se notificó hasta el 14 de diciembre del 2021, y la demanda se presentó el 17 de febrero del 2022.

Culmina afirmando que, la PRESCRIPCIÓN debe aplicarse 3 años hacia atrás de la presentación de la reclamación administrativa.Expediente: 50001-33-33-004-2022-00037-02 N Y R Actor: AQUILINO AGUILLÓN RODRÍGUEZ Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 9

II. CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

El TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL META , es competente para conocer este asunto en 2ª instancia, de conformidad con el artículo 153 del C.P. A.C.A., teniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en 1ª instancia, por el JUZGADO 403 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO y corresponde a esta Corporación su conocimiento como superior funcional.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar si la BONIFICACIÓN JUDICIAL

VILLAVICENCIO y corresponde a esta Corporación su conocimiento como superior funcional.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar si la BONIFICACIÓN JUDICIAL regulada en el artículo 1º, del Decreto 383 de 2013, constituye factor salarial para todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales. Y si en este caso, la prescripción trienal prevista en los artículos 41, del Decreto 3135 de 1968, y 102, del Decreto 1848 de 1969, deb e contarse desde la reclamación administrativa, o si como lo determinó el Juzgado de 1ª instancia, desde que se presentó la demanda.

La Sala procede a realizar un breve análisis normativo y jurisprudencial de la citada bonificación, con el fin de dar solución al caso materia de estudio.

DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL

La BONIFICACIÓN JUDICIAL para los servidores de la RAMA JUDICIAL y de la JUSTICIA PENAL MILITAR fue establecida por el GOBIERNO NACIONAL a través del Decreto 383, del 6 de marzo de 2013, co n efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2013. Esta norma en su artículo 1º , contempló que dicha bonificación se reconocería mensualmente al servidor público mientras que permanezca en servicio activo, y que constituiría factor salarial solamente para la base de cotización al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES y en SALUD.

Con posterioridad, se expidieron los Decretos1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903

Con posterioridad, se expidieron los Decretos1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 299 de 2024, los cuales hicieron el ajuste anual a la mencionadaExpediente: 50001-33-33-004-2022-00037-02 N Y R Actor: AQUILINO AGUILLÓN RODRÍGUEZ Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 10 bonificación y reiteraron que la misma se pagaría mensualmente y constituye factor salarial únicamente para la cotización a pensiones y salud.

Así que, el GOBIERNO NACIONAL determinó que la BONIFICACIÓN JUDICAL sólo es factor de salario para la cotización al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIÓN y en SALUD, excluyendo tal naturaleza para la liquidación de las prestaciones sociales.

Para la Sala, la BONIFICACIÓN JUDICIAL creada en el Decreto 383 de 2013, tiene carácter salarial en la liquidación de las prestaciones sociales, al ser un pago que se hace mensual a los empleados públicos de la RAMA JUDICIAL y de la JUSTICIA PENAL MILITAR, por la contraprestación de sus servicios; máxime que aquella se creó para materializar una nivelación salarial.

La Ley 4ª de 19921 en el parágrafo de su artículo 14, estipula: “Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y emple ados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de

mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y emple ados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad".

Tenemos que, la BONIFICACIÓN JUDICIAL, tuvo su génesis en el cese de actividades de unos funcionarios de la RAMA JUDICIAL y de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , del año 2012, buscando precisamente llegar a un acuerdo con el GOBIERNO NACIONAL, tendiente a nivelar los salarios de los mismos, este acuerdo quedó pactado en acta del 6 de noviembre de 2012, y tuvo continuación en acta del 8 de enero de 20 13, donde el GOBIERNO NACIONAL se comprometió a “ Reconocer el derecho de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación a la nivelación de su remuneración de conformidad con la Ley 4ª de 1992 ” (Se resalta).

Al tratarse la BONIFICACIÓN JUDICIAL de una nivelación en la remuneración mensual de los empleados públicos de la RAMA JUDICIAL , en los términos previstos en el parágrafo, del artículo 14, de la Ley 4ª de 1992, es innegable su naturaleza salarial; además, por ser un pago habitual y periódico como contraprestación a los servicios prestados por el servidor público.

1 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la f ijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo

salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.Expediente: 50001-33-33-004-2022-00037-02 N Y R Actor: AQUILINO AGUILLÓN RODRÍGUEZ Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 11 Dicho en otras palabras, la BONIFICACIÓN JUDICIAL, pretendía zanjar el desequilibrio evidenciado en los salarios percibidos entre los cargos de los distintos niveles jerárquicos, a quienes no se les había realizado el ajuste salarial respectivo.

Como lo ha recordado, e l CONSEJO DE ESTADO 2 el salario, es la remuneración que percibe el trabajador por la prestación de un servicio a favor del empleador, de forma personal, directa y subordinada, el cual, no sólo está integrado por una remuneración básica u ordinaria sino también, por todo lo que bajo cualquier otra denominación o concepto, en dinero o en especies, ingrese al patrimonio del trabajador en razón a la prestación de sus servicios.

La SALA DE CON SULTA Y SERVICIO CIVIL del CONSEJO DE ESTADO3, mediante concepto 1393 del 18 de julio de 2002, expresó:

El salario "... aparece (...) como la remuneración social más inmediata o directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para ponerla a disposición del empleador". En efecto, según el artículo

El salario "... aparece (...) como la remuneración social más inmediata o directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para ponerla a disposición del empleador". En efecto, según el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo (subrogado por el artículo 14 de la ley 50 de 1990) " constituye salario no solo la remunerativo ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie coma contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas e xtras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones." En similar sentido el artículo 42 del decreto 1042 de 1978 establece que además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valo r del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios. (Se resalta).

Así mismo, la Alta Corporación en sentencia del 7 de diciembre de 20064, expresó que “(…) por salario debe entenderse no solo la remuneración básica mensual sino todo lo que el empleado percibe por concepto de salario, en otras pa labras, todo lo que devengue periódicamente como retribución de sus servicios”.

2 Sentencia de 8 abril de 2010. Rad. 1026-2008. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

que devengue periódicamente como retribución de sus servicios”.

2 Sentencia de 8 abril de 2010. Rad. 1026-2008. M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 3 Consejo de Estado – Saña de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1393 de 18 de julio de 2002, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce 4 Consejo de Estado – Sección Segunda, subsección B, Sentencia de 7 de diciembre de 2006, M.P. Jesús María

BustamanteExpediente: 50001-33-33-004-2022-00037-02 N Y R Actor: AQUILINO AGUILLÓN RODRÍGUEZ Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

12 La definición del salario y los factores que lo integran, ha sido reiterado por la Sección SEGUNDA de esa Corporación en sentencias del 1 de agosto de 2013, 6 de julio de 2015 y del 24 de enero de 20195.

Conforme a lo anterior, todas las sumas que de manera habitual y periódica perciba el trabajador (como sucede con la BONIFICACIÓN JUDICIAL), son factores que integran el salario que éste percibe lo que incide de manera directa en la forma cómo se establecen no sólo los i