TA MET - Sentencia 500013333004-2019-00131-02 (03-04-2025)

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Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2019-00131-02

Asunto: Sentencia de Segunda Instancia

PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO

Villavicencio, tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SALA DE DECISIÓN ORAL No. 2

ASUNTO: APELACIÓN DE SENTENCIA

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: DIANA JOHANA ROMERO OSORIO

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE VILLAVICENCIO RADICACIÓN: 500013333004-2019-00131-02

I. SENTENCIA

Encontrándose el asunto al Despacho para proferir sentencia, y advirtiéndose la posibilidad de la alteración del turno 1, procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2022 por el Juzgado Transitorio Administrativo del Circuito Judicial, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

La ciudadana DIANA JOHANA ROMERO OSORIO, mediante apoderada judicial, promovió el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2

II. ANTECEDENTES

La ciudadana DIANA JOHANA ROMERO OSORIO, mediante apoderada judicial, promovió el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2 consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A3, contra la NACIÓN -RAMA JUDICIAL, con el fin de que estimen las siguientes:

1 “En relación con el derecho de turno es necesario tener en cuenta que los artículos 63 A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 , y 18 de la Ley 446 de 1998, determinan que los jueces deben proferir las sentencias en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, y que la alteración de dicho orden puede realizarse, excepcionalmente, entre otras causales, en atención a su especial trascendencia social y por carecer de antecedentes jurisprudenciales, cuando su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 3 de julio de 2018. Radicado: 73001 -23-31-0002012-00227-01(50949), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 2 Archivo «004. Incorpora Expediente Digitalizado - índice 3.2» Juzgado 3 “Artículo 138 C.P.A.C.A. Nulidad y restablecimiento del derecho: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”. (…)2

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento

particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”. (…)2

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333004-2019-00131-02

Asunto: Sentencia de Segunda Instancia

PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA

1. Pretensiones.

Solicita la apoderada de la actora que se inaplique por inconstitucional e ilegal la expresión «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en salud», contenida en el Decreto 383 de 2013 y demás normas que regulan la bonificación judicial . Así mismo, se declare la nulidad del acto administrativo relacionado con la negativa de la reliquidación de las prestaciones de l a demandante incluyendo la bonificación judicial, contenido en el Oficio DESAJVIO182735 del 13 de septiembre del año 2018; así como también solicita que se declare la nulidad de los actos fictos o presuntos que se originaron como consecuencia del silencio administrativo negativo por parte de la entidad, al no resolver el recurso de apelación, interpuesto el 18 de septiembre de 2018 contra el Oficio DESAJVIO182735 del 13 de abril del año 2018, el cual se concedió mediante Resolución N° 002430 del 22 de octubre de 2018.

Como consecuencia de lo anterior, requiere que se condene a la entidad demandada a reajustar y reliquidar las prestaciones sociales y demás emolumentos percibidos por la demandante, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial.

2. Hechos.

Como consecuencia de lo anterior, requiere que se condene a la entidad demandada a reajustar y reliquidar las prestaciones sociales y demás emolumentos percibidos por la demandante, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial.

2. Hechos.

Se indica en la demanda que la accionante se vinculó a la Rama Judicial desde el 29 de septiembre de 2011, y en virtud de la expedición del Decreto 038 3 de 2013, y la no inclusión de la bonificación judicial en la liquidación de sus prestaciones sociales, mediante apoderad a judicial elevó solicitud en tal sentido, ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Villavicencio , mediante escrito radicado el 16 de agosto de 2018.

Señala que su petición fue desestimada mediante Oficio No. DESAJVIO18-2735, del 13 de septiembre del año 20 18, frente a l cual, l a actora promovió recurso de apelación el día 18 de septiembre de 2018 , y se le concedió mediante Resolución N°002430 del 22 de octubre de 2018, a la fecha la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no ha resuelto el recurso de apelación, por lo que ha operado el silencio administrativo negativo, conforme lo indica el artículo 86 del

C.P.A.C.A.

3. Normas violadas y concepto de violación.

Se señalan como fundamentos normativos:

• Constitución Política: artículos 1, 2, 6, 13, 25, 53 y 209 - Ley 4 de 1992: artículos 1, 2 y 103

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• Ley 4 de 1992: artículos 1, 2 y 103

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Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA - Decreto 1042 de 1978: artículo 42, modificado por el Decreto Nacional 1680 de 1991.

Expone acerca del régimen salarial de los miembros de la Rama Judicial y de la bonificación judicial, señalando que esta última, aunque alcanzó el propósito de la Ley 4 de 1992, fue de manera parcial, pues su connotación salarial fue cortada por el Gobierno Nacional. Agrega que dicha bonificación reúne las características de periodicidad, reconocimiento en dinero, contraprestación del servicio, sin embargo, no se reconoce como factor salarial transgrediendo los fundamentos normativos ya enunciados.

4. Contestación de la demanda.

Mediante apoderad a judicial, la Nación -Rama Judicial dio contestación a la demanda4, manifestando que el acto acusado fue expedido conforme a la Ley 4 de 1992 que señala las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

Aduce que conforme a los Decretos 383 de 2013, 384 de 2013, 1269 de 2015 y 246 de 2016 la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General

2016 la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a lo que se agrega que la modificación, ajuste o variación de las normas que consagran dicho concepto es de la exclusiva competencia de Gobierno Nacional.

Explica que no le es dable a la administración acceder a la inaplicación por inconstitucionalidad, pues al realizarlo se modificaría el régimen salarial y prestacional de los servidores beneficiarios del Decreto 383 de 2013 o del Decreto 384 de 2013, siendo competencia exclusiva del Gobierno Nacional. Aunado a lo cual, aduce que no se avizora vicio de constitucionalidad alguno, pues la Corte Constitucional ha admitido que resulta ajustado a la Constitución Política que el Gobierno Nacional establezca que ciertos emolumentos salariales no tengan carácter salarial, pues ello es válido dentro de su libertad de configuración, máxime porque las condiciones en que fue creada tal bonificación surgieron a partir de un acuerdo colectivo que el Gobierno hizo con las organizaciones sindicales de la Rama Judicial.

Como excepciones formula las que denomina violación de normas presupuestales de reconocerse las pretensiones de la parte demandante, insistiendo en que la bonificación judicial fue regulada sin carácter salarial para efectos prestacionales y los decretos que la reglamentan no han sido declarados nulos, y , por lo tanto , es deber de la entidad acatar sus regulaciones, pues, de reconocerse su carácter salarial, se desconocerían también las disposiciones de presupuesto, especialmente, de la prohibición contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, compilatorio del

entidad acatar sus regulaciones, pues, de reconocerse su carácter salarial, se desconocerían también las disposiciones de presupuesto, especialmente, de la prohibición contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, compilatorio del

4 Archivo «007. Contestación Demanda - índice 7» Juzgado4

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Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA artículo 86 de la Ley 38 de 1989.

También hace alusión a la prescripción trienal, señalando que no fueron reclamados oportunamente los derechos reclamados. Además, propuso la ausencia de causa petendi e innominada.

También propuso la integración del litis consorcio necesario , que fue desestimada en proveído del 11 de octubre de 20215.

5. Sentencia apelada.

El Juzgado Transitorio Administrativo del Circuito de Judicial de Villavicencio, en sentencia proferida el 28 de febrero de 2022,6 accedió a las pretensiones de la demanda: i) en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, inaplicando la expresión «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud» contenida en el artículo 1 del Decreto 38 3 de 2013, así como en los demás decretos expedidos reproduciendo tal disposición, por el tiempo de vigencia del vínculo laboral ; ii) declarando la nulidad de l acto administrativo contenido en el Oficio No.

reproduciendo tal disposición, por el tiempo de vigencia del vínculo laboral ; ii) declarando la nulidad de l acto administrativo contenido en el Oficio No. DESAJVIO18-2735 del 13 de septiembre de 2018 expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Villavicencio; iii) declarando la nulidad del acto ficto surgido del silencio administrativo negativo configurado al no recibir respuesta del recurso de apelación formulado el 18 de septiembre de 2018; y iv) ordenando a la entidad demandada el reconocimiento y pago a favor de la demandante de la diferencia derivada de la reliquidación de todas las prestaciones sociales pagadas y causadas, así como la liquidación de las que se sigan causando, teniendo en cuenta la inclusión de la bonificación judicial devengada como factor salarial por el tiempo en que persista la vinculación laboral con la entidad y mientras perciban dicho emolumento, aplicando los descuentos por concepto de aportes a pensión y salud por la diferencia de las sumas reliquidadas, siempre y cuando hagan parte del ingreso base de cotización.

Sostiene el a quo que debido a la fecha en que ingreso la demandante a laborar en la Rama Judicial, el 29 de septiembre de 2011, se establece que pertenece al régimen salarial establecido en el Decreto 057 de 1993, y ha percibido la bonificación judicial establecida en el Decreto 383 de 2013.

Hace alusión a la extralimitación de la potestad reglamentaria, señalando que si bien el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no estableció de manera precisa y detallada cómo debía efectuarse la nivelación de los empleados y funcionarios de la

el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no estableció de manera precisa y detallada cómo debía efectuarse la nivelación de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, la norma no autorizó al Ejecutivo para suprimir o extraer el carácter salarial de la remuneración de sus empleados, y la

5 Archivo «009. Auto Resuelve Excepciones - índice 12» Juzgado 6 Archivo «015. Sentencia - índice 26» Juzgado5

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Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA ausencia de una regulación específica que determinara cómo debía desarrollarse tal nivelación, no anulaba el propósito de la bonificación judicial, por lo que, la libertad de configuración legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional tenían como límite los derechos reconocidos en la Carta Política. Agrega, en el mismo sentido, que dicha extralimitación de la potestad reglamentaria desconoció la concepción de salario, pues la inobservancia del carácter nivelador y del principio de equidad en la fijación del régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial contraría el principio de remuneración mínima vital y móvil , y la primacía de la realidad sobre las formas, quebrantando el artículo 53 de la Constitución y el Convenio 095 de la OIT ratificado por la Ley 52 de 1962 y el artículo 127 del Código

Sustantivo del Trabajo.

Considera que la restricción salarial de otros emolumentos no impide el

Convenio 095 de la OIT ratificado por la Ley 52 de 1962 y el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

Considera que la restricción salarial de otros emolumentos no impide el reconocimiento del carácter salarial de la bonificación judicial , y que el acuerdo suscrito el 6 de noviembre de 2012 no restó carácter salarial a la bonificación judicial, pues en el numeral primero del mismo se reconoció a favor de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación el derecho a tener una nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4 de 1992, y en el texto del mismo no se aprecia que se hubiere pactado que la bonificación no tendría carácter salarial para la liquidación de las prestaciones sociales.

Colige que se configura el elemento establecido por Corte Constitucional para la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, pues la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en salud» , desconoce principios constitucionales, pues la restricción salarial contenida en el artículo 1 del Decretos 383 de 2013 transgrede el artículo 53 superior y el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

Se refiere al principio de sostenibilidad fiscal, afirmando que tal factor no puede ser utilizado para cercenar o desconocer un derecho constitucionalmente reconocido, máxime cuando la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad solo tiene efectos interpartes, es decir, que la restricción dispuesta en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, se eliminaría únicamente para el caso específico. Adicionalmente, indica

máxime cuando la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad solo tiene efectos interpartes, es decir, que la restricción dispuesta en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, se eliminaría únicamente para el caso específico. Adicionalmente, indica que si bien la sostenibilidad fiscal es un principio constitucional introducido en el artículo 334 superior, mediante el Acto Legislativo 03 de 2011, constituyéndose como un criterio de orientación para los diversos órganos del poder público, no puede entenderse como un condicionamiento a los jueces para responder al modelo económico del Estado sin importar la transgresión a los derechos que los compela a modificar o retardar los efectos de las sentencias que han dispuesto su necesaria protección.

Concluye que al haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, se debe declarar su nulidad y ordenar el restablecimiento de los derechos de la demandante en los términos ya referidos ; y , finalmente,6

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Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA menciona que al haberse presentado la petición en sede administrativa el 16 de agosto de 2018, operaba la prescripción de los derechos reclamados entre el 1 de enero de 2013 y el 15 de agosto de 2015, por lo que lo decidido en la sentencia tendría efectos fiscales a partir del 16 de agosto de 2015.

6. Recurso de apelación.

Inconforme con la decisión anterior, la apoderada de la Nación -Rama Judicial

efectos fiscales a partir del 16 de agosto de 2015.

6. Recurso de apelación.

Inconforme con la decisión anterior, la apoderada de la Nación -Rama Judicial interpuso recurso de apelación 7, indicando que la tesis expuesta en primera instancia resulta inconstitucional, teniendo en cuenta que la Ley 4 de 1992 no le otorga carácter salarial a la bonificación judicial, contrariando los precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

Afirma que la ley 4 de 1992, ley marco, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, aseguró un equilibrio en el establecimiento de e sos criterios y en particular entre los artículos 14 y 1 5, y se manejó la idea de que el derecho a la igualdad se predica entre iguales pues tuvo en cuenta los diferentes rangos en la escala laboral; además la igualdad material estaba representada en la fijación de la prima especial de servicios sin carácter salarial para los dos niveles de funcionarios , pues para los del artículo 14 la tasó entre el 30% y el 60%, mientras a los beneficiarios del artículo 15, por su rango los equiparó a los congresistas, siendo una situación definida en sentencia C-279 de 1996.

Conforme a lo anterior, alude que el aparte sin carácter salarial de la prima especial consignado en los artículos 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, fue objeto de demanda de constitucionalidad donde la Corte los encontró ajustados al ordenamiento constitucional, por tanto, la tesis expuesta por el a quo se basa en supuestos jurídicos

constitucionalidad donde la Corte los encontró ajustados al ordenamiento constitucional, por tanto, la tesis expuesta por el a quo se basa en supuestos jurídicos que no corresponden al ordenamiento jurídico, configurándose un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, el cual es obligatorio según lo establece el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.

Agrega que el legislador está facultado por la propia Constitución para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos, puesto que tiene libertad para disponer que cierta parte del salario no constituya factor para liquidar algunos conceptos de salario, resultando en consecuencia que el ordenamiento que instituyó la bonificación judicial de ninguna manera puede considerarse como inconstitucional, ilegal o violatorio de pactos internacionales.

Concluye señalando que debió inaplicarse la excepción de inconstitucionalidad de los apartes del Decreto 383 de 2013 por cuanto no existe una flagrante contradicción entre la norma objeto de reproche y la Constitución Política.

7 Archivo «018. Agregar memorial - índice 34» Juzgado7

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Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA Finalmente, solicita revocar la decisión y en su lugar, negar las súplicas de la demanda.

7. Trámite procesal.

Mediante proveído del 04 de agosto de 2022,8 la Sala Plena de este Tribunal se declaró impedida para asumir el conocimiento del asunto, de conformidad con el

demanda.

7. Trámite procesal.

Mediante proveído del 04 de agosto de 2022,8 la Sala Plena de este Tribunal se declaró impedida para asumir el conocimiento del asunto, de conformidad con el numeral 1 del artículo 141 del C.G.P; y de acuerdo con el trámite previsto en artículo 131 del C.P.A.C.A, el expediente se remitió al Consejo de Estado, y dicha Corporación en auto del 12 de septiembre de 20249 declaró fundado el impedimento ordenando la devolución del expediente.

Con ocasión de lo anterior, a través de auto del 12 de diciembre de 202410, se dispone el obedecimiento y cumplimiento de lo resuelto por el superior, y en el mismo proveído se admite el recurso de apelación, y se indica a las partes y al Ministerio Público que conforme a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 247 del C.P.A.C.A, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, podrían «pronunciarse en relación con el recurso de apelación» hasta la ejecutoria del auto.

Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal y el Ministerio Público no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Transitorio Administrativo del Circuito de Villavicencio y corresponde a esta corporación su conocimiento como superior funcional. Así mismo, se advierte que se revisará el fallo del a quo

proferida en primera instancia por el Juzgado Transitorio Administrativo del Circuito de Villavicencio y corresponde a esta corporación su conocimiento como superior funcional. Así mismo, se advierte que se revisará el fallo del a quo únicamente en relación con los aspectos que fueron objeto de apelación, en virtud del artículo 328 del Código General del Proceso.

2. Oportunidad para promover el medio de control.

Teniendo en cuenta que en el presente asunto se demanda la nulidad de l acto administrativo que resolvió negativamente la solicitud de reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial , y que de acuerdo con el contexto fáctico descrito en la demanda y sus anexos, para el momento de presentación de la misma,

8 Archivo «002. Manifiesta impedimento - índice 4» TAM 9 Archivo «006. Reactiva proceso - índice 12» TAM 10 Archivo «007. Auto admite recurso apelación - índice 14» TAM8

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Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA la demandante se encontraba en servicio 11, al tenerse como vigente el vínculo laboral, es posible concluir que los derechos reclamados se cataloga n como una prestación periódica, por lo que en virtud del literal «C» del numeral primero del artículo 164 C.P.A.C.A., no es procedente el análisis de caducidad, pues cuando la demanda se dirige contra actos que reconocen o niegan total o parcialmente prestaciones periódicas, esta puede presentarse en cualquier tiempo.

3. Problema Jurídico.

demanda se dirige contra actos que reconocen o niegan total o parcialmente prestaciones periódicas, esta puede presentarse en cualquier tiempo.

3. Problema Jurídico.

Se contrae a determinar si es procedente inaplicar parcialmente el artículo 1 del Decreto 38 3 de 2013 y demás decretos que lo modifiquen y sustituyan, bajo la premisa de que la bonificación judicial creada para los servidores públicos de la Rama Judicial, entre ellos la señora DIANA JOHANA ROMERO OROSRIO , debe constituirse como factor salarial para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales, como lo dispuso el a quo; o si, por el contrario, no opera la excepción de inconstitucionalidad y la referida bonificación judicial no tiene la connotación de factor salarial, y en consecuencia deben negarse las pretensiones, conforme lo solicita la recurrente.

Una vez planteado lo anterior, procede la Sala a delimitar el sub examine teniendo en cuenta lo siguiente:

4. Excepción de inconstitucionalidad.

La excepción de inconstitucionalidad es un instrumento establecido por el artículo 4 de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de nivel constitucional, se aplique esta última, con el fin de preservar las garantías constitucionales.

El referido artículo 4 preceptúa que la Constitución «es norma de normas» , y para garantizar su prevalencia frente a otras normas, el ordenamiento jurídico ha previsto controles por vía de acción y de excepción; mediante el último, el funcionario público o judicial está facultado para inaplicar de oficio la disposición -excepción de

garantizar su prevalencia frente a otras normas, el ordenamiento jurídico ha previsto controles por vía de acción y de excepción; mediante el último, el funcionario público o judicial está facultado para inaplicar de oficio la disposición -excepción de inconstitucionalidado el acto administrativo -excepción de ilegalidad -, lo que solo resulta procedente para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente asunto, siendo así de naturaleza subjetiva o inter partes.

Es importante distinguir que el control de constitucionalidad concentrado le compete a la Corte Constitucional, y en forma residual al Consejo de Estado, asumiendo el conocimiento de las demandas formuladas en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, respecto de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, de acuerdo con lo previsto en los artículos 237, numeral 2, y 241 de la

11 Folios 26 – 29 Archivo «004. Incorpora Expediente Digitalizado - índice 3.2» Juzgado9

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Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA Constitución Política; mientras que, el control por vía de excepción recae en cabeza de cualquier autoridad ya sea judicial o administrativa, incluso sobre particulares que deban aplicar una norma en un caso concreto.

Al respecto, el artículo 148 del C.P.A.C.A establece que «en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez podrá, de oficio o a

deban aplicar una norma en un caso concreto.

Al respecto, el artículo 148 del C.P.A.C.A establece que «en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley. La decisión consistente en aplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte».

Para concluir, debe indicarse que para hacer uso de este medio excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma constitucional y la legal riñan de tal manera que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible su aplicación simultánea, como lo ha señalado la jurisprudencia12.

5. Bonificación judicial para servidores públicos de la Rama Judicial.

La Constitución Política le atribuyó al Congreso de la República la función de «fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública», en el artículo 150, literal e) del numeral 19.

Con ocasión de lo anterior, el Legislador expidió la Ley 4 de 199213, mediante la cual le asignó al Gobierno Nacional el deber de i) fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación, entre otros (artículo 1 literal b); y ii) revisar sus sistemas de remuneración bajo criterios de equidad, y sobre la base de la nivelación o reclasificación.

La Corte Constitucional , en sentencia C – 244 de 2013 , se pronunció sobre la

bajo criterios de equidad, y sobre la base de la nivelación o reclasificación.

La Corte Constitucional , en sentencia C – 244 de 2013 , se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra del artículo 15 de la mencionada Ley, y frente al objetivo de la misma, indicó que consistía en lograr una nivelación salarial adecuada en los salarios del sector judicial, explican do que « en términos de coherencia externa con las otras ramas del poder público, los altos funcionarios judiciales recibían sueldos menores que los percibidos por los congresistas y por los altos cargos del ejecutivo; y, en segundo lugar, al interior de la rama, había falta de proporcionalidad salarial en la pirámide salarial ya que los sueldos de los magistrados de las cortes de cierre estaban muy distantes del segundo nivel salarial (conformado por los magistrados de Tribunal y magistrados auxiliares de A ltas Cortes) y, a fortiori, con un extendido tercer nivel salarial conformado por el resto de jueces unipersonales que atienden el grueso de la demanda judicial del país».

12 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de noviembre de 2010, C.P. María Elizabeth García González, Rad. 66001-23-31-000-2007-00070-01. 13 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19,

Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.10

Medio de contr