TA PUT - 86 001 33 33 001 2023 00094 01-(28-08-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

SALA UNITARIA

Magistrado Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ

San Miguel de Ágreda de Mocoa, 28 de agosto de 2025

Radicación 860013333002-2022-00234-01 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Lucy Margoth Acosta Acosta. Demandados Departamento del Putumayo y otros Ministerio público Procuradora 156 Judicial II Para Asuntos Administrativos Aida Elena Rodríguez Estrada Tema Sanción moratoria por pago tardío de cesantías en docentes – Ley 1955 de 2019 Asunto Sentencia de Segunda Instancia

I. OBJETO DE LA DECISION

De acuerdo con lo indicado en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009), la Sala Plena de esta Corporación, mediante Acuerdo No. 0003 del 2 de septiembre de 2024, estableció un orden temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. De esta manera, priorizó, entre otros, los procesos cuya solución implique la aplicación de sentencias de unificación o de jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, como ocurre en este asunto en el que se debate el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías de los docentes, asunto que fue objeto de unificación en la sentencia SUJ -012S2 de 18 de agosto de 2018.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 9 de julio 2024, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito

S2 de 18 de agosto de 2018.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 9 de julio 2024, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante la cual resolvió lo siguiente1:

«PRIMERO. - DECLARAR CONFIGURADO el acto administrativo ficto o presunto negativo, producto del silencio administrativo, respecto de la petición de reconocimiento, liquidación y pago de la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, radicada el 17 de abril de 2021.

SEGUNDO. - En consecuencia, DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo por medio del cual se niega el reconocimiento y pago de una indemnización moratoria por el no pago oportuno de cesantía a l a señora LUCY MARGOTH ACOSTA ACOSTA, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO. - A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGI STERIO a que reconozca, liquide y pague a la señora LUCY MARGOTH ACOSTA ACOSTA, el 50% de la sanción por mora en el pago de las cesantías causada desde 26 de mayo hasta el 12

1 Samai, índice 3, PDF 37.Radicación: 860013333002-2022-00234-01

Demandante: Lucy MArgoth Acosta Acosta.

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P)

Demandante: Lucy MArgoth Acosta Acosta.

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 2 de 12 de diciembre de 2018. En consecuencia, la condena implica el reconocimiento y pago de un día del salario básico -vigente para la fecha en que falleció el docente BRAULIO EDUARDO BURBANO CARDENAS, es decir para el año 2017 - por cada día de retardo dentro del transcurso de la mora.

CUARTO. - La accionada dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y deberá reconocer intereses sobre los valores adeudados, si a ello hubiere lugar, en la forma prevista en el artículo 192 ibídem, de acuerdo con las consideraciones antes expuestas.

QUINTO. - Sin lugar a condenar en costas en esta instancia.

SEXTO. - NEGAR las demás pretensiones de la demanda.».

II. ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. Pretensiones de la demanda. 2.2. Hechos relevantes de la demanda. 2.3.

Normas violadas y concepto de la violación. 2.4. Contestación de demanda. 2.5. Sentencia apelada. 2.6. Apelación de la parte demandada. 2.7. Trámite de segunda instancia.

2.1. Pretensiones de la demanda

apelada. 2.6. Apelación de la parte demandada. 2.7. Trámite de segunda instancia.

2.1. Pretensiones de la demanda

1. A título de pretensiones y condenas, la parte demandante señaló las siguientes2:

«DECLARACIONES

1. Se declare la nulidad del acto ficto o presuneto configurado el día 17 de julio de 2021, por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al dar respuesta negativa de forma ficta al derecho de petición radicado el 17 de abril de 2021, ante la Ent idad, en donde se solicitó el pago de la Sanción Moratoria establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

2. Reconocer, liquidar y pagar la sanción moratoria por no haberse cancelado a tiempo el valor reconocido por concepto de CESANTIAS en la Resolución No. 2476 del 3 de julio de 2018.

CONDENAS

1. Condenar a las demandadas Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Presta ciones Sociales del Magisterio a reconocer, liquidar y pagar a favor de mi poderdante, la SANCION MORATORIA establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 por no haber cancelado a tiempo el valor reconocido por cesantías en la Resolución No. 2476 del

2 Samai, índice 3, PDF 3.Radicación: 860013333002-2022-00234-01

Demandante: Lucy MArgoth Acosta Acosta.

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P)

Demandante: Lucy MArgoth Acosta Acosta.

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 3 de 12 3 de julio de 2018 , mora que ocurrió desde el día 24 de mayo de 2018 , hasta la fecha de pago que fue el día 12 de diciembre de 2018.

2. Condenar a las entidades demandadas a reconocer, liquidar y pagar la indexación de la suma solicitada en el numeral anterior, desde la fecha de pago de las cesantías y hasta la fecha de pago efectivo de la sanción moratoria.

3. Condenar a las demandadas a reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora, sobre las sumas adeudadas, conforme a lo establecido en el Artículo 192 del C.P.A.C.A.

4. Condenar a las entidades demandadas a que den estricto cumplimiento a la sentencia conforme lo dispone el artículo 189 y 192 del C.P.A.C.A

5. Condenar en costas a las demandadas tal y como lo dispone el artículo 188 del C.P.A.C.A y lo regulado por el Código General del Proceso.».

2.2. Hechos relevantes de la demanda

2. La parte demandante narró los siguientes hechos relevantes: La señora Lucy Margoth Acosta Acosta, en calidad de compañera permanente del docente fallecido Braulio Eduardo Burbano Cárdenas, y en representación de sus hijas menores de edad, solicitó el

2. La parte demandante narró los siguientes hechos relevantes: La señora Lucy Margoth Acosta Acosta, en calidad de compañera permanente del docente fallecido Braulio Eduardo Burbano Cárdenas, y en representación de sus hijas menores de edad, solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas causadas por el deceso del mencionado docente. Mediante Resolución No. 2476 del 3 de julio de 2018, la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció la prestación reclamada, la cual fue pagada únicamente hasta el 12 de diciembre de 2018.

3. Con fundamento en lo anterior, el 17 de abril de 2021, la parte demandante radicó derecho de petición solicitando el reconocimiento y pago de la sanción moratoria p revista en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, sin obtener respuesta dentro del término legal.

Transcurridos más de tres meses desde la presentación de dicha solicitud, se configuró el silencio administrativo negativo, dando lugar al acto presunto cuya nulidad se demanda.

2.3. Normas violadas y concepto de la violación

4. Como normas violadas y concepto de la violación, a partir del escrito de demanda, se reproducen como tales, los artículos 25 y 53 de la Constitución Política; los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, en cuanto a su fundamento la Sala entiende y sintetiza así: Las leyes citadas, regularon la situación p articular respecto del pago de las cesantías parciales y definitivas de los

cuanto a su fundamento la Sala entiende y sintetiza así: Las leyes citadas, regularon la situación p articular respecto del pago de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, en donde ellas establecen un término perentorio para su reconocimiento de 15 días después de radicada la solicitud y 45 días para proceder al pago después de haberse expedido el acto administrativo de reconocimiento. En ese orden de ideas, argumenta el actor que el reconocimiento y pago, no deben superar esos términos, so pena de generarse una sanción para la entidad, equivalente a un día de salario hasta que se efectúe el pago de la cesantía. Por último, aduce esa parte, que de conformidad conRadicación: 860013333002-2022-00234-01

Demandante: Lucy MArgoth Acosta Acosta.

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 4 de 12 el parágrafo del Art. 57 de la Ley 1955 de 2019 el responsable del pago es el ente territorial, cuando dicha demora es producto de su tardanza en el trámite administrativo.

2.4. Contestación de demanda

5. El FOMAG3, se opuso a las pretensiones, alegando principalmente la improcedencia de la indexación de la sanción moratoria, con fundamento en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 18 de julio de 2018, en la que se precisó que dicha sanción tiene

de la indexación de la sanción moratoria, con fundamento en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 18 de julio de 2018, en la que se precisó que dicha sanción tiene carácter punitivo y no compensatorio, por lo cual no procede su actualización monetaria. Así mismo, argumentó la improcedencia de la condena en costas, por no haberse demostrado su causación en el proceso. No controvirtió la procedencia general de la sanción moratoria en los términos del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, ni su aplicabilidad a los docentes afiliados al FOMAG.

2.5. Sentencia apelada

6. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por la señora Lucy Margoth Acosta Acosta, en su calidad de beneficiaria del docente fallecido Braulio Eduar do Burbano Cárdenas

(Q.E.P.D.). Con base en el material probatorio obrante en el expediente, el a quo estableció que la solicitud de reconocimiento de la prestación fue presentada el 9 de febrero de 2018, y que la administración debía resolverla en un término de 15 días hábiles, es decir, hasta el 2 de marzo del mismo año. No obstante, la resolución se expidió hasta el 3 de julio de 2018, configurándose así una expedición tardía del acto administrativo.

7. A partir de este hallazgo, el juzgado determinó que el término legal para el pago oportuno de las cesantías vencía el 25 de mayo de 2018, por lo que la mora inició el 26 de mayo y se extendió hasta el 12 de diciembre de 2018, fecha en la que, según constancia

oportuno de las cesantías vencía el 25 de mayo de 2018, por lo que la mora inició el 26 de mayo y se extendió hasta el 12 de diciembre de 2018, fecha en la que, según constancia expedida por Fiduprevisora, se dejó la prestación a disposición de las beneficiarias.

8. En consecuencia, se declaró la nulidad del acto administrativo ficto o presunto, surgido del silencio administrativo ante la petición elevada el 17 de abril de 2021, y se condenó a la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a pagar el 50% de la sanción moratoria causada en el referido periodo, correspondiente a la parte de la prestación reconocida a favor de la demandante, excluyendo a las demás beneficiarias que no son parte en el proceso.

9. La liqu idación de la sanción deberá realizarse con base en el salario básico del docente para el año 2017, sin indexación, conforme a la sentencia de unificación SUJ-012S2 de 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado. Finalmente, se aplicarán intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA, y no se impusieron costas por existir fundamento legal sujeto a revisión judicial.

2.6. Apelación de la parte demandante4.

3 One Drive PDF 08. 4 One Drive PDF 24Radicación: 860013333002-2022-00234-01

Demandante: Lucy MArgoth Acosta Acosta.

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P)

4 One Drive PDF 24Radicación: 860013333002-2022-00234-01

Demandante: Lucy MArgoth Acosta Acosta.

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 5 de 12

10. La parte apelante cuestiona que en la sentencia de primera instancia se haya limitado el reconocimiento de la sanción moratoria al 50%, excluyendo a las hijas del causante bajo el argumento de que no hicieron parte del proceso. Alega que desde la radicación del derecho de petición (17 de abril de 2021) y en la propia demanda presentada el 20 de septiembre de 2022, se indicó que la señora Lucy Margoth Acosta Acosta actuaba no solo en condición de compañera permanente del causante , sino t ambién como representante de su hija menor Laura Isabela Burbano Acosta. Por su parte también la petición incluía a la señora Luisa María Burbano Acosta, legitimadas por activa para reclamar la totalidad de la sanción moratoria.

11. La apelante sostiene que el a quo desconoció lo s deberes impuestos al juez por el artículo 42 del Código General del Proceso, especialmente en cuanto a interpretar la demanda de forma que permita una decisión de fondo. En este caso, desde la solicitud administrativa radicada el 17 de abril de 2021, se indicó que la señora Lucy Margoth Acosta Acosta actuaba no solo en su calidad de compañera permanente del causante, sino también en nombre y representación de su hija menor. Además, se hizo mención expresa a la otra

administrativa radicada el 17 de abril de 2021, se indicó que la señora Lucy Margoth Acosta Acosta actuaba no solo en su calidad de compañera permanente del causante, sino también en nombre y representación de su hija menor. Además, se hizo mención expresa a la otra hija, también beneficiaria. Esta calidad fue reiterada en los hechos de la demanda y acreditada mediante documentos allegados con el libelo introductorio. Por lo tanto, al haberse orientado desde el inicio la reclamación hacia la totalidad de la sanción moratoria, limitar su reconocimiento desconoce el contenido integral de la pretensión ejercida.

De igual forma, si el despacho de primera instancia consideraba que existía un defecto en la representación de las menores beneficiarias, contaba con las herramientas procesales para sanear dicha situación. Pudo haber requerido la corrección de la demanda, exigido los poderes necesarios, o incluso integrado el litisconsorcio necesario, conforme lo permite el artículo 90 del Código General del Proceso.

Al haberse admitido la demanda sin requerir correc ción ni integración de partes, y al haberse adelantado toda la actuación procesal sin cuestionamientos sobre la legitimación, el fallo de primera instancia termina produciendo una decisión incongruente, que desconoce tanto la intención evidente del escrito introductorio como el deber de evitar decisiones que restringen el acceso efectivo a la justicia.

Asimismo, se resalta que las menores hijas del causante tienen legitimación material por activa, derivada de su condición de beneficiarias de las cesantías reconocidas mediante Resolución No. 2476 de 2018. Su participación en la solicitud administrativa y su plena identificación en la demanda y en los documentos allegados permiten concluir que existe

activa, derivada de su condición de beneficiarias de las cesantías reconocidas mediante Resolución No. 2476 de 2018. Su participación en la solicitud administrativa y su plena identificación en la demanda y en los documentos allegados permiten concluir que existe un vínculo jurídico suficiente para habilitar la reclamació n de la totalidad de la sanción moratoria. La negativa del juzgador a reconocer dicho vínculo como base para otorgar el restablecimiento pleno del derecho constituye una denegación parcial de justicia, que sacrifica el fondo del asunto por una visión excesivamente formal del proceso.

Por lo expuesto, se solicita que se modifique la sentencia apelada en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago del 100 % de la sanción moratoria causada entre el 26 de mayo y el 12 de diciembre de 2018, con base en el sa lario básico del causante para el año 2017, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. Lo anterior, dado que la reclamación fue ejercida desde la etapa administrativa por todas las beneficiarias, y las pruebas allegadas al proceso acr editan su condición de legitimadas por activa, sin queRadicación: 860013333002-2022-00234-01

Demandante: Lucy MArgoth Acosta Acosta.

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 6 de 12 exista fundamento suficiente para restringir los efectos del fallo únicamente a la demandante principal.

Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 6 de 12 exista fundamento suficiente para restringir los efectos del fallo únicamente a la demandante principal.

2.7. Trámite de segunda instancia

12. Cumplido el trámite legal correspondiente, el juzgado de instancia concedió el recurso de apelación el día 9 de agosto de 202 45, ordenando remitir el expediente al

Tribunal Administrativo del Putumayo.

13. Este despacho mediante auto del 25 de marzo de 2025 admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del de la parte demandante 6 contra la sentencia proferida el 4 de junio de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 3.1. Competencia. 3.2. Problema Jurídico. 3.3. Tesis de la Sala. 3.4.

Fundamentos Jurídicos que soportan la tesis de la Sala. 3.4.1. Responsabilidad del pago de la sanción moratoria en vigencia de la ley 1955 de 2019. 3.4.2. Análisis y decisión del caso concreto. 3.5. Condena en costas.

3.1. Competencia

14. Conforme a lo dispuesto en el artículo 125, 153 y 243 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

3.2. Problema Jurídico

es competente para conocer del recurso de apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

3.2. Problema Jurídico

15. En el marco del recurso planteado la Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia y, en su lugar, ordenarse el reconocimiento, liquidación y pago del 100 % de la sanción moratoria prevista en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, a favor de la totalidad de las beneficiarias del docente fallecido Braulio Eduardo Burbano Cárdenas, por el pago extemporáneo de las cesantías definitivas?

16. A fin de responder lo anterior, deberán abordarse los siguientes problemas jurídicos subsidiarios

17. ¿Obraron las hijas del docente fallecido como demandantes principales dentro del proceso judicial? ¿Otorgaron poder de representación para actuar en sede judicial? Y, en caso de no haberlo hecho, ¿el poder conferido en la etapa administrativa facu ltaba al apoderado para impetrar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en nombre de ellas?

5 Samai, índice 3/ primera instancia índice 4. 6 Samai, índice 5.Radicación: 860013333002-2022-00234-01

Demandante: Lucy MArgoth Acosta Acosta.

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 7 de 12

Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 7 de 12 ¿Debía el juez de primera instancia ordenar la vinculación como litisconsortes necesarias de las hijas del causante, en atención a su condición de beneficiarias directas de las cesantías objeto del proceso?

3.3. Tesis de la Sala

18. La Sala confirmará la decisión de primera instancia en cuanto solo reconoció la sanción moratoria correspondiente a la demandante principal, al no haberse acreditado que las demás beneficiarias actuaran como demandantes o hubieran otorgado poder para el ejercicio del medio de control, ni configurarse un litisconsorcio necesario que obligara su integración oficiosa.

3.4. Fundamentos jurídicos que soportan la tesis de la Sala

19. Con el fin de desatar la controversia planteada, la Sala inicialmente hará referencia a las normas que regulan la materia, para posteriormente adentrarse en el estudio del caso

concreto, así:

3.4.1. Contrato de mandato y memorial poder en los procesos contenciosos administrativos.

20. Este Sala analiza que la representación judicial ejercida por los abogados se encuentra delimitada por el contrato de mandato, conforme lo dispone el artículo 21447 del Código Civil colombiano, el cual establece que los servicios de las profesiones y oficios que suponen largos estudios, o que conllevan la facultad de representar y obligar a otra persona frente a terceros, se rigen por las reglas del mandato.

21. Por su parte, el artículo 21428 de la misma codificación define el mandato como un

suponen largos estudios, o que conllevan la facultad de representar y obligar a otra persona frente a terceros, se rigen por las reglas del mandato.

21. Por su parte, el artículo 21428 de la misma codificación define el mandato como un contrato por el cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se encarga de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Dicho contrato es consensual, lo que significa que puede constituirse mediante escritura pú blica o privada, por cartas, verbalmente o por cualquier otro medio inteligible, e incluso por la tácita autorización que se infiere cuando una persona gestiona los negocios de otra. Asimismo, el mandato se perfecciona con la simple aceptación del mandatar io9, la cual puede ser expresa o tácita; esta última se configura cuando se ejecutan actos propios del encargo conferido.

22. Ahora bien, la ley procesal exige que, cuando se confiere poder de representación a un abogado, el mismo cumpla con ciertos requisito s, entre ellos, la determinación del

7 Artículo 2144. Extensión del régimen del mandato: Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona, respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato. 8 Artículo 2142. Definición de mandato: El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario.

negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario. Artículo 2150. Perfeccionamiento del mandato: El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato. Aceptado el mandato no podrá disolverse el contrato sino por mutua voluntad de las partes.Radicación: 860013333002-2022-00234-01

Demandante: Lucy MArgoth Acosta Acosta.

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 8 de 12 objeto para el cual se otorga. Es pertinente resaltar que dentro de los presupuestos procesales, para el ejercicio del derecho de acción, se encuentra el derecho de postulación o Ius Postulandi-, imperativo legal que obliga a los particulares y a las entidades a acudir a la administración de justicia mediante un profesional en derecho, de tal modo que no es admisible que el administrado o la administración demanden directamente, sino mediante apoderado, para lo cual es necesario conferir poder especial, amplio y suficiente, según lo dispone expresamente el artículo 160 de la ley 1437 de 2011 al preceptuar que “Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa…”.

dispone expresamente el artículo 160 de la ley 1437 de 2011 al preceptuar que “Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa…”.

23. Así, en consonancia con lo señalado en el artículo 74 del Código General del Proceso10, norma a la cual se acude por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, en el poder especial, como anexo obligatorio del libelo introductor, el asunto debe estar determinado y claramente identificado y ser concordantes con las partes.

3.4.2. Patria potestad y representación judicial del hijo menor.

24. Revisado el artículo 288 del Código Civil11, este dispone que la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitarles el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone.

25. Por su parte, el artículo 312 12 del mismo código establece que la emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad. La emancipación puede ser voluntaria, cuando se realiza mediante instrumento público y con las formalidades legales, o puede originarse por causas como la muerte real o presunta de los padres, el matrimonio del hijo o el cumplimiento por parte de este de la mayoría de edad. En cuanto a esta última, la Ley 27 de 1977 fijó la mayoría de edad en los 18 años cumplidos.

26. Asimismo, el artículo 306 del Código Civil señala que la representación judicial de los hijos corresponde a cualquiera de los padres y que el hijo menor de edad solo puede comparecer en juicio actuando como parte si está debidamente autorizado o representado por uno de ellos.

los hijos corresponde a cualquiera de los padres y que el hijo menor de edad solo puede comparecer en juicio actuando como parte si está debidamente autorizado o representado por uno de ellos.

10 Auto Consejo de Estado. Sección tercera. 15 de mayo de 2014. 11 Artículo 288. Definición de patria potestad: La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. Corresponde a los padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos legítimos. A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro. Los hijos no emancipados son hijos de familia, y el padre o madre con relación a ellos, padre o madre de familia. 12 Artículo 312. Definición de emancipación: La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad. Puede ser voluntaria, legal o judicial. Artículo 313. Emancipación voluntaria: La emancipación voluntaria se efectúa por instrumento público, en que los padres declaran emancipar al hijo adulto y éste consiente en ello. No valdrá esta emancipación si no es autorizada por el juez con conocimiento de causa. Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable, aún por causa de ingratitud. Artículo 314. Emancipación legal La emancipación legal se efectúa: 1o. Por la muerte real o presunta de los padres. 2o. Por el matrimonio del hijo. 3o. Por haber cumplido el hijo la mayor edad. 4o. Por el decreto que da la posesión de los bienes del padre desaparecido.Radicación: 860013333002-2022-00234-01

2o. Por el matrimonio del hijo. 3o. Por haber cumplido el hijo la mayor edad. 4o. Por el decreto que da la posesión de los bienes del padre desaparecido.Radicación: 860013333002-2022-00234-01

Demandante: Lucy MArgoth Acosta Acosta.

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 9 de 12 3.4.3. Análisis y decisión del caso concreto.

27. De entrada, manifiesta este Tribunal que se abstendrá de analizar aspectos distintos a los reparos presentados por el apelante, esto es, no corresponde examinar si debe o no revocarse la condena impuesta al Ministerio de Educación ni el cómputo de los términos de la mora, toda vez que el único recurrente es la parte demandante, a quien la sentencia le fue favorable.

28. En ese orden de ideas, y en aplicación del principio de la non reformatio in peius, el juez de segunda instancia está limitado a no desmejorar la condena. Por ello, el análisis se circunscribirá a establecer si hay lugar a modificar el fallo de primera instancia en el sentido de extender los efectos de la condena al reconocimiento y pago de la sanción moratoria a las dos hijas del causante.

29. Ahora bien, como pruebas se tiene que o bra en el expediente poder conferido al abogado Yohan Alberto Reyes Rosas, como mandatario judicial de la s