TA PUT - 86 001 33 33 002 2022 00022 01-(07-11-2024)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

EJECUTIVO N° 41001-23-31-000-2000-04169-00

Demandantes: Daniel Díaz Reyes y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, once (11) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

S A L A D E D E C I S I Ó N N º 5

MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO – A CONTINUACIÓN DE

PROCESO ORDINARIO DE REPARACIÓN

DIRECTA

DEMANDANTES: DANIEL DÍAZ REYES, ÁLVARO HERNANDO

GÓMEZ VARGAS Y JAIME TOVAR ROJAS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL EXPEDIENTE: 41001-23-31-000-2000-04169-01

SENTENCIA: Nº TAH 005-24-06-101

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

De conformidad con lo dispuesto en las audiencias inicial, y de alegaciones y juzgamiento, celebradas el 29 de mayo de 2024, profiere la Sala sentencia por escrito dentro del proceso ejecutivo iniciado por los señores Daniel Díaz Reyes, Álvaro Hernando Gómez Vargas y Jaime Tovar Rojas , contra la Nación – Rama Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

En solicitud de ejecución a continuación del proceso ordinario, los señores Daniel Díaz Reyes, Álvaro Hernando Gómez y Jaime Tovar , solicitaron librar mandamiento de pago contra la Nación – Rama Judicial , con ocasión a la

1. Demanda

En solicitud de ejecución a continuación del proceso ordinario, los señores Daniel Díaz Reyes, Álvaro Hernando Gómez y Jaime Tovar , solicitaron librar mandamiento de pago contra la Nación – Rama Judicial , con ocasión a la sentencia condenatoria proferida el 12 de noviembre de 2021 por el Consejo de Estado, a través de la cual se revocó la sentencia de primera instancia dic tada por el Tribunal Administrativo del Huila el 28 de enero de 2015; y, en su lugar, condenó a la Nación – Rama Judicial a la reparación de los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes con la privación injusta de su libertad1.

1 Documento 36, expediente disponible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI.2

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Demandantes: Daniel Díaz Reyes y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial Lo anterior, por $216.110.000 correspondiente al capital reconocido en la sentencia condenatoria, además de los intereses causados hasta cuando se produzca el pago efectivo de la obligación. Finalmente, pretendió se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

Como fundamento fáctico 2, relató la parte actora que , en sentencia del 12 de noviembre de 2022 –ejecutoriada el 13 de enero de 2022 (sic) –, la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 28 de enero de 2015; providencia

Tercera del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 28 de enero de 2015; providencia aquella que condenó a la Rama Judicial a pagar las siguientes sumas de dinero por los perjuicios morales causados a los demandantes:

Demandante Condena en salarios mínimos legales mensuales vigentes Álvaro Hernando Gómez Vargas 100 Daniel Díaz Reyes 84.11 Jaime Tovar Rojas 32 Total 216.11

En virtud de lo anterior, m ediante petición del 17 de marzo de 2021 , el apoderado de los beneficiarios solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial realizar el pago de la condena; petición que fue aceptada por la entidad, asignándole el turno de pago N° 11.909.

Afirmó que, a la fecha de iniciarse la ejecución, el crédito reconocido en favor de los demandantes, permanecía insoluto.

2. Trámite Procesal

En auto del 25 de enero de 20243, se libró mandamiento ejecutivo a cargo de la Nación – Rama Judicial (i) por el capital liquidado con apoyo del Contador de la Secretaría de este Tribunal –concretamente, $216.110.000–, (ii) por los intereses moratorios causados sobre la suma anterior, desde el 14 de enero de 2022 –día siguiente a la ejecutoria de la sentencia– hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la obligación, que para aquel momento ascendían a $ 108.349.795; y (iii) por las costas generadas en el proceso ejecutivo.

Una vez surtida la notificación del mandamiento de pago 4, la Nación – Rama

el pago de la obligación, que para aquel momento ascendían a $ 108.349.795; y (iii) por las costas generadas en el proceso ejecutivo.

Una vez surtida la notificación del mandamiento de pago 4, la Nación – Rama

2 Páginas 2 a 3 de documento 36, ibídem. 3 Documento 39, ibídem. 4 El 1 de febrero de 2024, según documento 42, ibídem.3

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Demandantes: Daniel Díaz Reyes y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial Judicial interpuso recurso de reposición 5 contra el mandamiento ejecutivo; el cual fue resuelto desfavorablemente en auto del 21 de marzo de 20246.

Así, en la oportunidad pertinente, la entidad ejecutada presentó escrito de excepciones7 –como se reseñará a continuación–, de las cuales se corrió traslado a la parte actora mediante envío simultáneo por medios electrónicos8.

Luego de ello, en auto del 18 de abril de 20249, se convocó a la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del C.G.P., la cual se celebró el 29 de mayo de la misma anualidad; y en la que, previo agotamiento de las etapas correspondientes, se indicó el sentido del fallo10.

2.1. Excepciones propuestas

La Rama Judicial11 se opuso a la s pretensiones ejecutivas, formula ndo como excepciones la confusión de la obliga ción respecto de los intereses, y la prescripción.

2.1. Excepciones propuestas

La Rama Judicial11 se opuso a la s pretensiones ejecutivas, formula ndo como excepciones la confusión de la obliga ción respecto de los intereses, y la prescripción.

Para el efecto, sobre la confusión, expuso que la sentencia base de la ejecución genera intereses conforme al artículo 192 del C.P.A.C.A., en virtud del cual los beneficiarios cuentan con tres (3) meses d esde la ejecutoria de la providencia para acudir ante la entidad a hacerla efectiva; so pena de cesar la causación de intereses “desde entonces hasta cuando se presente la solicitud”.

Añadió, que el trámite de solicitud de pago de sentencias judiciales a cargo de entidades, se encuentra reglamentado en el Decreto 1068 de 2015 –adicionado por el Decreto 2469 del mismo año –; el prevé que la solicitud “deberá ser presentada mediante escrito […]” (destacado del original).

En ese sentido, planteó que, aunque l a Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es deudora de los ejecutantes, también es acreedora en cuanto a que le asiste el derecho de recibir los documentos prescritos por los citados decretos; y, en caso de no recibirlos, se extingue la obligación de intereses moratorios.

5 Documento 45, ibídem. 6 Documento 47, ibídem. 7 Documento 44, ibídem. 8 Página 1 de documento 44, ibídem. 9 Documento 51, ibídem. 10 Documento 58, ibídem. 11 Documento 44, ibídem.4

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8 Página 1 de documento 44, ibídem. 9 Documento 51, ibídem. 10 Documento 58, ibídem. 11 Documento 44, ibídem.4

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Demandantes: Daniel Díaz Reyes y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial En cuanto a la prescripción, estimó que al no presentar la solicitud de pago en el término indicado por el artículo 192 del C.P.A.C.A., “los demandantes pierden esos intereses, por lo que podemos hablar de prescripción de este derecho que en algún momento ostentaron, pues esos intereses no pueden ser reconocidos con retroactividad, por lo que esta excepción esta llamada a prosperar, frente a los intereses de mora”12.

Finalmente, se refirió al pago de la obligación en cumplimiento del turno, la cual se tuvo por improcedente en la audiencia inicial, por no encontrarse enlistada en el artículo 422 del C.G.P.

2.2. Trámite de las excepciones

Aunque de las excepciones propuestas se corrió traslado mediante envío simultáneo por medios electrónicos a la parte actora13, esta guardó silencio14.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal Administrativo del Huila es competente por el factor funcional y de conexidad para proferir sentencia de mérito en este caso, en virtud de lo consagrado en el numeral 6 del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ; en concordancia con el numeral 4 del artículo 443 del C.G.P., aplicable por la remisión de que trata el

consagrado en el numeral 6 del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ; en concordancia con el numeral 4 del artículo 443 del C.G.P., aplicable por la remisión de que trata el artículo 306 del C.P.A.C.A.

2. Estudio Previo de C aducidad de la Acción Ejecutiva Derivada de

Sentencias Judiciales

La caducidad, como fenómeno jurídico, ha sido definida por el Consejo de Estado como el vencimiento del término previsto en la ley para acudir ante los jueces a demandar, “límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante las autoridades competentes” 15, configurándose cua ndo expira dicho término.

12 Página 6 de documento 44, ibídem. 13 Página 1 de documento 44, ibídem. 14 Documento 50, ibídem. 15 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de noviembre de 2018. Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque. Radicación: 25000 -23-26-000-201400029-01 (58452); entre otras.5

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Demandantes: Daniel Díaz Reyes y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial Así, conforme al numeral 2, literal k), del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 16, la

Demandantes: Daniel Díaz Reyes y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial Así, conforme al numeral 2, literal k), del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 16, la demanda o la solicitud de ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el término para solicitar la ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación, que en este caso, por tratarse de una sentencia proferida en vigencia del Decreto 01 de 1984, ocurre dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.

En el presente asunto, la sentencia del 12 de noviembre de 2021 proferida por el Consejo de Estado –que revocó la primera instancia resuelta el 28 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo del Huila –, cobró ejecutoria el 13 de enero de 202217, siendo exigible entonces a partir de l 14 de julio de 2023, por lo que el plazo para iniciar la ejecución vencería el 14 de julio de 2028.

Sin embargo, la solicitud de ejecución se presentó el 15 de noviembre de 202318, por lo que se ejerció la acción dentro del término legal, sin que hubiese operado el fenómeno de la caducidad.

3. Problema Jurídico

En concordancia con lo decidido en audiencia inicial del 29 de mayo de 2024, el problema jurídico se contrae en determinar si hay lugar a declarar probadas las excepciones de confusión y prescripción propuestas por la Nación – Rama Judicial, respecto de la obligación dineraria en virtud de la cual se libró

problema jurídico se contrae en determinar si hay lugar a declarar probadas las excepciones de confusión y prescripción propuestas por la Nación – Rama Judicial, respecto de la obligación dineraria en virtud de la cual se libró mandamiento de pago el 25 de enero de 2024 ; y, en consecuencia, si debe declararse la terminación del proceso.

En caso negativo o en el evento de una prosperidad parcial de las excepciones, establecer si corresponde seguir adelante con la ejecución.

4. Resolución del Problema Jurídico

Para resolver el asunto propuesto, la Sala analizará brevemente la naturaleza de la confusión y la prescripción, y sus efectos en la extinción de las obligaciones; en aras de determinar, con base en las documentales obrantes en el expediente, si se encuentran configuradas en el presente asunto.

16 Aplicable por ser el estatuto procesal vigente a la época de presentación de la solicitud de ejecución de la sentencia. 17 Documento 25, expediente disponible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI. 18 Página 1 de documento 36, ibídem.6

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Demandantes: Daniel Díaz Reyes y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial 4.1. La confusión y la prescripción como formas de extinción de las

obligaciones:

Sea lo primero precisar, que en tratándose de negocios jurídicos, es pertinente acudir al régimen contemplado en el Código Civil, por ser esta la norma que

obligaciones:

Sea lo primero precisar, que en tratándose de negocios jurídicos, es pertinente acudir al régimen contemplado en el Código Civil, por ser esta la norma que regula sustancialmente las obligaciones y su extinción, aspectos que interesan particularmente al asunto bajo examen.

Los procesos ejecutivos buscan el cumplimiento total y definitivo de obligaciones expresas, claras y exigibles, bien sean de dar, hacer o no hacer; por lo que el fin de dicho trámite sobreviene, por regla general, ante la extinción de la obligación.

Así, de acuerdo con el artículo 1625 de l Código Civil, la confusión y la prescripción son formas d e extinción de las obligaciones; configurándose la primera de ellas “cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor” 19, circunstancia que causa la desaparición de la deuda con “iguales efectos que el pago”20.

Lo anterior, se fundamenta en el principio de que nadie puede ser su propio deudor21; y, al ser los efectos de la confusión los mismos del pago, se entendería integralmente satisfecha la obligación reclamada en sede judicial22; lo que implica, en el caso de los procesos ejecutivos adelantados contra entidades públicas, asumir que la administración canceló efectivamente la prestación debida a un particular23.

Sin embargo, la doctrina civil ha diferido de tal concepto, e n el sentido de precisar que la confusión no extingue de manera verdadera y definitiva la obligación; sino que constituye un obstáculo para su satisfacción, puesto que imposibilita la ejecución24.

Con todo, en tanto causal de extinción de las obligaciones, encontrar

obligación; sino que constituye un obstáculo para su satisfacción, puesto que imposibilita la ejecución24.

Con todo, en tanto causal de extinción de las obligaciones, encontrar configurada la confusión de la obligación en un proceso ejecutivo da lugar a su terminación, de conformidad con lo previsto en el artículo 443 del C.G.P.

19 Artículo 1724. Código Civil. 20 Ibídem. 21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 11 de agosto de 2005. Consejero Ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce. Expediente: CE-SC-RAD2005-N1644. 22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia d el 28 de abril de 2009. Magistrado Ponente: Edgardo Villamil Portilla. Radicación: 11001-02-03-000-2004-00885-00. 23 Rodríguez Tamayo, Mauricio Fernando. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa. El concepto de título ejecutivo. Librería Jurídica Sánchez R Ltda., 5ª Ed. p. 706. 24 VÉLEZ, Fernando. Estudio s obre el Derecho Civil Colombiano. Imprenta París América. Tomo sexto. Paría, págs. 360 y ss.7

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Demandantes: Daniel Díaz Reyes y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial

De otro lado, la prescripción es un modo de extinguir las obligaciones por “no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo” 25; lo cual se traduce en:

De otro lado, la prescripción es un modo de extinguir las obligaciones por “no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo” 25; lo cual se traduce en:

“[…]el hecho jurídico comprobado de que el titular del derecho de crédito no acudió en ejercicio del mismo ante el juez, que es la autoridad que puede constreñir forzadamente al deudor a cumplir la obligación civil, que se caracteriza por ser clara, expresa y actualmente exigible. Lo anterior tiene su causa en la previsión legal sobre las obligaciones civiles y las meramente naturales. Las civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento y las naturales son las que no confieren derecho para exigirlo pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas (art. 1.527 del Código Civil)”26.

Así, para el caso de los proceso s ejecutivos, el plazo con que se cuenta para reclamar el derecho en sede judicial es de cinco (5) años27, contados a partir de que la obligación se haya hecho exigible28.

4.2. Caso concreto:

En el sub lite, se ejecuta la sentencia condenatoria proferida el 12 de noviembre de 2021 por el Consejo de Estado, a través de la cual se revocó la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila el 28 de enero de 2015; y, en su lugar, condenó a la Nación – Rama Judicial a la reparación de los perjuicios inmateriales causados a los demandantes con la privación injusta de su libertad29.

Sobre la obligación dineraria en comento, se encuentra probado lo siguiente:

los perjuicios inmateriales causados a los demandantes con la privación injusta de su libertad29.

Sobre la obligación dineraria en comento, se encuentra probado lo siguiente:

• En sentencia del 28 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de reparación directa enervadas por los señores Daniel Díaz Reyes, Jaime Tovar Rojas y Álvaro Hernando Gómez Vargas, dentro del proceso con radicado N° 41001-23-31-000-2000-04169-0030.

• En virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora31, el Consejo de Estado revocó la anterior decisión a través de sentencia

25 Artículo 2512. Código Civil. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 30 de diciembre de 2004.

Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Radicación: 25000-23-26-000-2000-0099-01 (25976). 27 Artículo 2536, ibídem. 28 Artículo 2535, ibídem. 29 Documento 36, expediente disponible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción

Contenciosa Administrativa SAMAI. 30 Páginas 9 a 24 de documento 32, ibídem. 31 Páginas 28 a 32 de documento 32, ibídem.8

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Demandantes: Daniel Díaz Reyes y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial proferida el 12 de noviembre de 2021 32. Y, en su lugar, condenó a la

Demandantes: Daniel Díaz Reyes y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial proferida el 12 de noviembre de 2021 32. Y, en su lugar, condenó a la Nación – Rama Judicial a reparar los perjuicios morales causados a los

demandantes, así:

Demandante Condena en salarios mínimos legales mensuales vigentes Álvaro Hernando Gómez Vargas 100 Daniel Díaz Reyes 84.11 Jaime Tovar Rojas 32 Total 216.11

• La sentencia condenatoria de segunda instancia, cobró ejecutoria el 13 de enero de 202233.

• El 17 de marzo de 202 2, por intermedio de su apoderado, los demandantes solicitaron a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el pago de la condena reconocida en su favor; allegando para el efecto, las copias auténticas de las citadas providencias, con su respectiva constancia de ejecutoria, entre otros documentos requeridos34.

Pues bien, en cuanto a la integración del título, el Consejo de Estado ha sostenido que, por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en providencias jud iciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla.

Conforme al recuento probatorio, en este caso el título estaría integrado por (i) la sentencia de primera instancia dictada el 28 de enero de 2015, por el Tribunal

Administrativo del Huila dentro del proceso de Reparación Directa N° 4100123-31-000-2000-04169-0035, y (ii) la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado, adiada el 12 de noviembre de 2021 , a travé s del cual se revocó la anterior decisión y se impuso la condena en comento 36, (iii) junto con la respectiva constancia de ejecutoria y de ser primera copia que presta mérito ejecutivo37.

Ahora bien, tanto la confusión como la prescripción alegadas por la e ntidad ejecutada, se fundamentan en que la parte actora no presentó la solicitud de

32 Documento 21, ibídem. 33 Documento 25, ibídem. 34 Documento 37, ibídem. 35 Páginas 9 a 24 de documento 32, ibídem. 36 Documento 21, ibídem. 37 Documento 25, ibídem.9

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Demandantes: Daniel Díaz Reyes y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial pago de que trata el artículo 192 del C.P.A.C.A., dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia base de la ejecución. Estimando, que la Nación – Rama Judicial es acreedora –confusión– de la obligación o el “deber” de recibir los documentos requeridos para cumplir con la condena impuesta, so pena de extinguirse la obligación de pagar intereses moratorios; y que dicho paso del tiempo, da lugar a la pérdida del derecho –prescripción– de reclamar los intereses.

de recibir los documentos requeridos para cumplir con la condena impuesta, so pena de extinguirse la obligación de pagar intereses moratorios; y que dicho paso del tiempo, da lugar a la pérdida del derecho –prescripción– de reclamar los intereses.

Al respecto, sea lo primero precisar, que las providencias que integran el título ejecutivo, fueron proferidas en vigencia del Decreto 01 de 1984; de modo que no es aplicable el artículo 192 de l C.P.A.C.A., sino el artículo 177 del C.C.A. , tal como se dispuso en la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia 38. La normativa en comento, consagra lo siguiente:

“Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas . Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término . (Texto Subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C -188 de 1999)

Inciso. 6º Cumplidos seis meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide de una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma” (subrayado fuera de texto).

De allí, se extrae con claridad, que el beneficiar io de una obligación contenida en una providencia judicial, proferida bajo el régimen del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984– cuenta con el término de seis (6) meses

De allí, se extrae con claridad, que el beneficiar io de una obligación contenida en una providencia judicial, proferida bajo el régimen del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984– cuenta con el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la respectiva providencia, para p resentar la solicitud de pago ante la entidad en debida forma, es decir aportando “la documentación exigida para el efecto” ; pues en caso de que ello no ocurra, cesará la causación de intereses de todo tipo hasta tanto no se presente la solicitud en forma legal.

De otro lado, el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto N° 1068 del 26 de mayo 2015, adicionado por el Decreto N° 2469 de la misma anualidad, estableció los requisitos a cumplir en las solicitudes de pago de sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones a cargo de la Nación, en los siguientes términos:

“[…]Esta solicitud deberá ser presentada mediante escrito donde se afirme bajo la gravedad de juramento que no se ha presentado otra solicitud de

38 Documento 21, ibídem.10

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Demandantes: Daniel Díaz Reyes y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial pago por el mismo concepto, ni se ha intentado el cobro ejecutivo. Para tales efectos se anexará a la solicitud, la siguiente información: […]”

Sobre el particular, contrario a lo estimado por la Nación – Rama Judicial, el deber que atañe al beneficiario de una condena judicial de presentar la solicitud

tales efectos se anexará a la solicitud, la siguiente información: […]”

Sobre el particular, contrario a lo estimado por la Nación – Rama Judicial, el deber que atañe al beneficiario de una condena judicial de presentar la solicitud de pago acompañada por los documentos enlistados en el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto N° 1068 del 26 de mayo 2015, no implica que la entidad sea acreedora de un negocio jurídico respecto del beneficiario, ni que existan obligaciones recíprocas susceptibles de ser confundidas.

Lo que se evidencia, es que la ley impone al particular una carga para obtener como resultado el pago íntegro de los dineros reconocidos en su favor; sin embargo, al no ser cumplida la carga dentro del periodo esperado, se prevé una consecuencia por la negligencia del beneficiario de la condena que va en desmedro de su patrimonio, como lo es la cesación en la causación de intereses moratorios hasta cuando tenga a bien allegar la solicitud de pago con el lleno de requisitos.

Sin embargo, dic ha carga no es exigible por las entidades públicas, principalmente porque la ley no otorga tal calidad al acto de la solicitud de pago, como tampoco dota a las entidades de acciones o mecanismos para obtener su cumplimiento; sino que su ejercicio se encuentra al arbitrio del beneficiario de la condena, a quien le corresponde asumir las consecuencias de su demora.

Por tanto, no puede entenderse que la Nación – Rama Judicial tenga la calidad de acreedora derivada de la omisión del cumplimiento de la solicitud de pago y de los requisitos exigidos por el Decreto N° 1068 del 26 de mayo 2015 , en concordancia con el artículo 177 del C.C.A.

de acreedora derivada de la omisión del cumplimiento de la solicitud de pago y de los requisitos exigidos por el Decreto N° 1068 del 26 de mayo 2015 , en concordancia con el artículo 177 del C.C.A.

En ese sentido, al no concentrarse en la entidad ejecutada las calidades de deudora y acreedora, no se configura la confusi ón de la obligación; máxime si se tiene en cuenta que la tardanza en la radicación de los documentos da lugar a la cesación temporal de los intereses moratorios, mas no tiene el efecto de desaparecer el derecho derivado del título ejecutivo.

En todo caso, si en gracia de discusión se aceptara la tesis planteada por la Rama Judicial, en el sub examine la sentencia condenatoria cobró ejecutoria el 13 de enero de 202239, mientras que la solicitud de pago se presentó el 17 de marzo de 202240. Esto es, dentro de los seis (6) meses previstos por el artículo 177 del

39 Documento 25, ibídem. 40 Documento 37, ibídem.11

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Demandantes: Daniel Díaz Reyes y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial C.C.A.; por lo que no se habría incumplido con la presunta obligación ni cesado la causación de intereses.

Ahora bien, en cuanto a la prescripción, conforme al análisis jurídico precedente, los ejecutantes contaban con el término de cinco (5) años contado a partir de la exigibilidad de la obligación para reclamar su derecho en sede judicial.

Ahora bien, en cuanto a la prescripción, conforme al análisis jurídico precedente, los ejecutantes contaban con el término de cinco (5) años contado a partir de la exigibilidad de la obligación para reclamar su derecho en sede judicial.

Como las sentencias base de la ejecución cobraron ejecutoria el 13 de enero de 202241, la obligación se hizo exigible solo hasta dieciocho (18) meses después – de conformidad con el inciso cuarto del artículo 177 del C.C.A. 42–; es decir, a partir del 14 de julio de 202 3. Por tanto, el plazo para iniciar la ejecución vencería el 14 de julio de 202 4, mientras que la solicitud se presentó el 15 de noviembre de 202343, por lo que no operó el paso del tiempo que extingue el derecho.

Incluso si se acogiera la tesis de la entidad demandada relativa a que “prescribe” la causación de intereses por no presenta rse la solicitud de pago dentro del término legal; quedó visto igualmente que los ejecutantes no perdieron el derecho, en la medida que se cumplió con el plazo de seis (6) meses analizado en precedencia.

Así las cosas, la Sala no advierte configurada la confusión ni la prescripción de la obligación dineraria contenida en la sentencia condenatoria proferida el 12 de noviembre de 2021 por el Consejo de Estado, a través de la cual se revocó la sentencia de pr imera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila el 28 de enero de 2015 ; por lo que no hay lugar a la extinción de la obligación. Y, en esa medida, se impone seguir adelante la ejecución en la forma y términos ordenados en el mandamiento de pago librado el 25 de enero de

Huila el 28 de enero de 2015 ; por lo que no hay lugar a la extinción de la obligación. Y, en esa medida, se impone seguir adelante la ejecución en la forma y términos ordenados en el mandamiento de pago librado el 25 de enero de 2024.

III. CONDENA EN COSTAS Y OTRAS DECISIONES

Sobre la condena en costas, es menester precisar que la postura del despacho ponente radicaba en que debía seguir aplicándose el criterio objetivo valorativo para su imposición; no obstante, en atención a la posición garantista de los derechos de la parte vencida en juicio que ha venido adoptando la Sala Mayoritaria, se acoge lo preceptuado en el artículo 188 del C.P.A.C.A.,

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