TA PUT - 86001 33 33 001 2023 00261 01-(25-09-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

SALA DE DECISIÓN

1

Mocoa, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: Marco Antonio Muñoz Mera RADICACIÓN: 86001333300220220017401

DEMANDANTES: TITO JAVIER ROSERO JURADO Y OTROS

DEMANDADOS: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL –

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

Tema: privación injusta de la libertad

I. ASUNTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009), la Sala Plena de esta Corporación, mediante Acuerdo No. 0003 del 2 de septiembre de 2024, estableció un orden temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. Para el efecto, priorizó, entre otros, los procesos cuya solución implique la aplicación de sentencias de unificación, como ocurre en este caso en el que se controvierte la responsabilidad del Estado por privación de la libertad, asunto que fue objeto de unificación en la sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018 de la Corte Constitucional.

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión, dentro del término de Ley, procede a decidir lo que en der echo corresponda frente a la apelación presentada por la parte demandante, contra la sentencia del 9 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, que

procede a decidir lo que en der echo corresponda frente a la apelación presentada por la parte demandante, contra la sentencia del 9 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, que resolvió denegar las pretensiones de la demanda1.

II. ANTECEDENTES

1.1 Síntesis de la demanda2

Las siguientes personas del primer grupo familiar: Tito Javier Rosero Jurado (víctima), Jeferson Alexander Rosero Perdomo, Jessica Alexandra Rosero Perdomo, (hijos de la víctima), Teresa Hermida Rosero Jurado, Fátima Lucia Rosero Jurado, Yeni Esperanza Rosero Jurado, Sandra Patricia Rosero Jurado, Andrea Liliana Rosero Jurado (hermanas de la víctima), Brayan Estiven Quintero Rosero, Jhonier Alexander Zapata Rosero, Esteban Alejandro Ortega Rosero, Mayerly Alejandra Ortega Rosero, Karolina Bleins Escobar Rosero, Michael Anderson Escobar Rosero, Johana Nataly Escobar Rosero, Leidy Jhuliana Meza Rosero, Xiomara Sofia Meza Rosero, Luisa Fernanda Meza Rosero, Diana Camila Meza Rosero, Brandon Estiven García Rosero, Karol Dayana Rosero Jurado (sobrinos de la víctima) y las siguientes personas del segundo grupo familiar: Luis Miguel Dagua Disú (víctima), Maritza Alexandra Reina Millán (compañera permanente de la víctima), José Ferney Dagua

1 Índice N° 03 índice 03 archivo 26 /Samai 2 Índice N° 03 índice 01 /SamaiRadicado: 2022-00174 Reparación Directa

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1 Índice N° 03 índice 03 archivo 26 /Samai 2 Índice N° 03 índice 01 /SamaiRadicado: 2022-00174 Reparación Directa

2 Velasco, Alex Harvey Dagua Velasco, Yefersson Adrián Da gua Velasco, Jairo Fidel Dagua Velásquez, Ewduar Santiago Dagua Velasco, Leidy Viviana Dagua Velasco, Carmen Francy Dagua Dis ú (hermanos de la víctima), Edwin Melendrez Dagua y Brayan Macias Dagua (sobrinos de la víctima), por conducto de apoderado judicial, y en ejercicio del medio de control de reparación directa, interpusieron demanda en contra de la Nación – Rama – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de que s e las declare administrativa y extracontractualmente responsables de los perjuicios materiales e inmateriales que les fueron causados con la privación injusta de la libertad , de la que fue ron víctimas los señores Tito Javier Rosero Jurado y Luis Miguel Dagua Disú.

Como consecuencia de lo anterior , también solicitaron que se ordene a las demandadas que las sumas sean ajustadas conforme al IPC, que se condene al pago de costas y que se cumpla la sentencia en los términos del art 192 de la Ley 1437 de 2011.

1.2 Hechos3

Las pretensiones, tuvieron, en resumen, el siguiente fundamento fáctico:

El 22 de mayo de 2014, el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Mocoa, ordenó la captura de los señores Tito

Las pretensiones, tuvieron, en resumen, el siguiente fundamento fáctico:

El 22 de mayo de 2014, el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Mocoa, ordenó la captura de los señores Tito Javier Rosero Jurado y Luis Miguel Dagua Disú, por los presuntos delitos de concierto para delinquir en concurso con los delitos de hurto, fabricación, porte o t enencia de armas de fuego , accesorios, partes o municiones.

El señor Tito Javier Rosero Jurado, fue capturado el 11 de junio de 2014, mientras que el señor Luis Miguel Dagua Disú, fue capturado el 22 de octubre de 2014.

El 22 de mayo de 2014, y el 23 de octubre de 2014 respectivamente, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Mocoa con función de control de garantías, declaró la legalidad de la captura de los señores Rosero Jurado y del señor Dagua Disú, les imputó los cargos por los delitos de concierto para delinquir, en concurso con los delitos de hurto calificado y agravado, fabricación porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, porte ilegal de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, utilización indebida de uni formes e insignias y extorsión en grado de tentativa, sin que haya n aceptado los cargos y les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

El 10 de octubre de 2014 y 20 de marzo de 2015 , l a Fiscalía 01 Especializada de Mocoa, presentó escrito de acusación respectivamente, ante el Juzgado Penal Especializado de Mocoa , contra los prenombrados

El 10 de octubre de 2014 y 20 de marzo de 2015 , l a Fiscalía 01 Especializada de Mocoa, presentó escrito de acusación respectivamente, ante el Juzgado Penal Especializado de Mocoa , contra los prenombrados y e n el mismo mes , se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación, aclarándose que, se declaró la ruptura de la unidad procesal, en tanto que otros procesados aceptaron cargos mediante la figura del preacuerdo, es así como la juez titular de ese despacho, se declaró impedida, en tanto que dictó sentencia condenaría, en razón de los preacuerdos, por lo cual, el asunto se remitió al Juzgado Penal Especializado de Puerto Asís (P).

El 6 de octubre de 2015, se llevó a cabo audiencia preparatoria, el 11 de noviembre de 2015 se realizó audiencia de juicio oral, la cual se extendió

3 Índice N° 03 índice 01 /SamaiRadicado: 2022-00174 Reparación Directa

3 entre las fechas 14 de marzo de 2016, 1 de noviembre de 2016, 17 de mayo de 2017, 3 de agosto de 2017, 29 de septiembre de 2017, 22 de noviembre de 2017, 7 de marzo de 2018, por solicitudes de aplazamiento por parte de la Fiscalía, para asegurar la comparecencia de sus testigos.

El 21 de marzo de 2019, se realizó audiencia de sentido del fallo, en donde se absolvió a los prenombrados respecto de los delitos de tentativa de extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las

El 21 de marzo de 2019, se realizó audiencia de sentido del fallo, en donde se absolvió a los prenombrados respecto de los delitos de tentativa de extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las FF.AA, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo y decidió condenarlos por el delito de concierto para delinquir -simple. El 17 de septiembre de 2019, se llevó a cabo audiencia de lectura de sentencia, donde se reafirmó la condena, exclusivamente por el delito de concierto para delinquir, a pesar de haber operado la prescripción de la acción penal.

El señor Tito Javier Rosero Jurado, estuvo privado de la libertad desde el 11 de junio de 2014 hasta 6 de noviembre de 20184 por vencimiento de términos. Por su parte el señor Luis Miguel Dagua Disú, estuvo privado de su libertad desde el día 23 de octubre del año 2014, hasta el 23 de agosto de 2018, por vencimiento de términos.

En virtud de la decisión de sentido del fallo de 21 de marzo de 2019, el señor Tito Javier Rosero Jurado, nuevamente, fue privado de su libertad, hasta el 18 de octubre de 2019.

Como consecuencia de la privación injusta de los señores Rosero Jurado, y Dagua Disú, los mismos y su núcleo familiar , sufrieron graves afectaciones morales.

El 13 de mayo de 2022, se radicó solicitud de conciliación prejudicial,

y Dagua Disú, los mismos y su núcleo familiar , sufrieron graves afectaciones morales.

El 13 de mayo de 2022, se radicó solicitud de conciliación prejudicial, agotándose el 15 julio de 2022, sin haber llegado a un acuerdo.

1.3 Contestación de la demanda:

1.3.1 Fiscalía General de la Nación5

Sostuvo que no hay prueba que demuestre los perjuicios reclamados.

Indicó que, cumplió con su función constitucional y legal y si bien, la terminación de la acción penal obedeció a la prescripción, ello fue por causas propias del p rocedimiento y no por funcionamiento anormal o deficiente de la Fiscalía, por lo cual su actuación no puede tenerse como dolosa o dilatoria, pues siempre buscó garantizar el debido proceso.

Manifestó que, al tenor del artículo 90 Superior, el juez de cont rol de garantías, impartió legalidad de la captura e impuso medida de aseguramiento, luego de analizar los elementos materiales probatorios y evidencia física, ajustándose la misma a los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Agregó que, en virtud d el nuevo modelo acusatorio (Ley 906 de 2004) que distribuye las cargas para la imposición de la medida de aseguramiento, la Fiscalía solicita la misma, pero quien la impone es el juez de garantías, quedando eximida de responsabilidad.

4 En las pruebas se encuentra, que salió en libertad por vencimiento de términos el 26 de octubre de 2018 -Índice N° 03 índice 01 Página 184/Samai

juez de garantías, quedando eximida de responsabilidad.

4 En las pruebas se encuentra, que salió en libertad por vencimiento de términos el 26 de octubre de 2018 -Índice N° 03 índice 01 Página 184/Samai 5 Índice N° 03 índice 03 archivo 8 /SamaiRadicado: 2022-00174 Reparación Directa

4

Dijo que, en el presente no hay nexo causal con el servicio, y por lo tanto, no se reúnen los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial.

1.3.2 Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6.

Manifestó su oposición a las pretensiones, considerando que, una vez efectuado el análisis del caudal probatorio arrimado al plenario, se tiene que, con fundamento en las evidencias aportadas por la Fiscalía , tales como: la denuncia formulada por la señora Maria Qu iguanas Otaya, así como los diferentes elementos materiales probatorios, informes de policía judicial, entrevistas y reconocimientos fotográficos , la medida de detención preventiva intramural decretada, fue justa bajo el imperio del ordenamiento jurídico vigente, pues se pudo inferir razonablemente que los demandantes estaban implicados en los hechos objeto de investigación.

Por lo expuesto, señaló que, las decisiones del juez fueron adoptadas con base en los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, iterando que la Fiscalía, en torno a sus funciones constitucionales y legales, adujo elementos materiales probatorios que gozaban de credibilidad y de virtualidad para la legalización de la captura,

proporcionalidad, iterando que la Fiscalía, en torno a sus funciones constitucionales y legales, adujo elementos materiales probatorios que gozaban de credibilidad y de virtualidad para la legalización de la captura, imputar cargos e imponer la medida de aseguramiento.

Dijo que, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con la prescripción de la acción penal, no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, pues conforme a la Sentencia de unificación de julio de 2018, se debe demostrar que la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputab le a la administración, más aún cuando se observa la imposibilidad de continuar con el trámite procesal, debido a la cantidad de aplazamientos de la audiencia de juicio oral, solicitados en su gran mayoría a la defensa de los procesados.

Por lo expuesto, propuso las excepciones de “falta de objeto para demandar e inexistencia de perjuicios, culpa de la víctima y/o hecho de terceros excluyentes de responsabilidad, legalidad de la imposición de la medida de aseguramiento, inexistencia de solidaridad entre las demandadas con ocasión de la responsabilidad extracontractual de que tratan los artículos 65 y 68 de la ley 270 de 1996”

1.4 La sentencia apelada7

El Juzgado de instancia concluyó que el actuar de la Fiscalía y de los Jueces de la República, se ajustó al mandato legal, constitucional.

Sostuvo que si bien, se encontró probada la privación de la libertad de los señores Tito Javier Rosero Jurado y Luis Miguel Dagua Dasú, insistió

Jueces de la República, se ajustó al mandato legal, constitucional.

Sostuvo que si bien, se encontró probada la privación de la libertad de los señores Tito Javier Rosero Jurado y Luis Miguel Dagua Dasú, insistió que la misma se realizó en cumplimiento de los parámetros legalmente establecidos -art 313 del Código de Procedimiento Penal, y con sustento en los elementos materiales probatorios existentes, esto es, la denuncia de una ex integrante del denominado grupo “Oficina de sicariato sur del

6 Índice N° 03 índice 03 archivo 9/Samai 7 Índice N° 03 índice 03 archivo 26/SamaiRadicado: 2022-00174 Reparación Directa

5 Putumayo”, reconocimientos fotográficos y entrevistas , por lo cual, consideró que al encontrase configurada una inferencia razonable, era procedente la imposición de la privación de la libertad en establecimiento carcelario.

Así puntualizó que la medida que ordenó la restricción del derecho la libertad, fue justa, necesaria, adecuada, proporcional y razonable , pues la ley, faculta al juez, para restr ingir ese derecho fundamental, en garantía del curso normal del proceso, la protección de la sociedad y la adecuada investigación.

Dijo que, al no encontrarse probado el daño antijurídico, debían negarse las pretensiones de la demanda.

1.5.1 El recurso de apelación -Parte demandante8

Señaló que , si el ente acusador hubiese imputado exclusivamente el delito que finalmente comprometió la responsabilidad de los señores

las pretensiones de la demanda.

1.5.1 El recurso de apelación -Parte demandante8

Señaló que , si el ente acusador hubiese imputado exclusivamente el delito que finalmente comprometió la responsabilidad de los señores Jurado Rosero y Dagua Disú, los términos del trámite procesal hubiesen sido mucho más cortos y probablemente no se hubiese configurado un fin constitucional para imponer una medida tan gravosa como la medida de aseguramiento en centro carcelario , máxime cuando el artículo 295 del Cód igo de Procedimiento Penal, determina que la medida de aseguramiento, no es la regla sino la excepción.

Manifestó que, el juez de instancia no analizó nada distinto a la medida de aseguramiento inicialmente impuesta, cuando de conformidad con el expediente penal allegado, se tiene que la prolongación de la medida obedeció a todos los delitos imputados y a la extensa canti dad de aplazamientos presentados por la fiscalía y avalados por la judicatura, cuestión que llevó al final a extender el término de privación de la libertad de los procesados de manera injusta, incluso con solicitud de prórroga de medida de aseguramiento.

Indicó que el a quo, tampoco analizó sobre la prescripción de la acción penal, teniendo en cuenta que existe un término que confiere la ley al Estado para adelantar el proceso penal, lo cual, no se cumplió, así declaró lo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa , situación que también resulta imputable a las demandadas.

1.6 Actuación en segunda instancia

Mediante auto del 6 de febrero de 2025 9, se admitió el recurso de

lo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa , situación que también resulta imputable a las demandadas.

1.6 Actuación en segunda instancia

Mediante auto del 6 de febrero de 2025 9, se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante , por haber reunido los requisitos de ley.

Así mismo, dentro del lapso comprendido entre la notificación del auto que concedió la apelación y la ejecutoria del que admitió el trámite en segunda instancia, las demandadas no se pronunci aron respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora , conforme a lo regulado en el numeral 3 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

De otra parte, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió del traslado para alegatos de conclusión.

8 Índice N° 03 -índice 4/Samai 9 Índice N° 3/SamaiRadicado: 2022-00174 Reparación Directa

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III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal es competente para conocer del recurso de alzada interpuesto en contra de la Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Mocoa.

El trámite del recurso de apelación limita el pronunciamiento de la segunda instancia exclusivamente sobre lo que es materia de

interpuesto en contra de la Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Mocoa.

El trámite del recurso de apelación limita el pronunciamiento de la segunda instancia exclusivamente sobre lo que es materia de impugnación, tal como lo dispone el artículo 328 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

2. Problema jurídico

Según el recurso de apelación interpuesto por la parte demand ante, corresponde a esta Corporación determinar si, ¿la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, son patrimonialmente responsables por los daños causados a los demandantes, con ocasión de la presunta privación injusta de la libertad de la que fue ron objeto los señores Tito Javier Jurado Rosero y Luis Miguel Dagua Disú?

Respuesta al problema jurídico

La Sala confirmará la decisión de primera instancia, al concluir que, si bien se acreditó la existencia del daño consistente en la restricción de la libertad de los señores Tito Javier Rosero Jurado y Luis Miguel Dagua Dasú, no se demostró que dicha s privaciones hubiesen desconocido los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad que rigen la adopción de medidas de aseguramiento.

Por el contrario, se advierte que la medida preventiva fue decretada con sujeción a los requisitos establecidos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, a partir de elementos probatorios suficientes que permitieron inferir razonablemente su participación en el hecho investigado, sin que se evidencie una actuación irregular por parte de la Fiscalía o de los jueces com petentes. Además, no se allegaron pruebas idóneas que

inferir razonablemente su participación en el hecho investigado, sin que se evidencie una actuación irregular por parte de la Fiscalía o de los jueces com petentes. Además, no se allegaron pruebas idóneas que permitieran imputar una falla en el servicio, de modo que la pretensión indemnizatoria carece de sustento y como se dijo, se confirmará la negativa de las pretensiones de la demanda.

3. Análisis jurídico

Para soportar la decisión judicial que más adelante se tomará, se procede a estudiar los argumentos, jurídicos, fácticos y probatorios de la siguiente manera:

4.1. De la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado es responsable por los daños antijurídicos que le sean atribuibles, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Para que se declare esa responsabilidad, deben cumplirse dos condiciones: (i) qu e exista un daño antijurídico, y (ii) que ese daño pueda ser atribuido a la entidad pública, ya sea bajo criterios de responsabilidad subjetiva (como la fallaRadicado: 2022-00174 Reparación Directa

7 del servicio) o de responsabilidad objetiva (como el daño especial, el riesgo excepcional o el riesgo por conflicto).

Al respecto, el Consejo de Estado ha expresado que:

“La noción de daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase (contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar10”.

(contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar10”.

En resumen, para que exista responsabilidad se necesitan tres elementos: el daño, el nexo causal y la imputación. El daño se entiende como una afectación a u n derecho, que puede ser de tipo económico (patrimonial) o no económico (extrapatrimonial). Para que este daño pueda ser reparado, debe cumplir con ciertas condiciones: ser antijurídico, personal, cierto y no haber sido previamente indemnizado.

El segundo requisito se refiere a la causa del daño; es decir, que el daño haya sido consecuencia de una acción u omisión del Estado y que exista una relación directa y comprobable entre el hecho que lo generó y el daño que se demuestre. Este vínculo debe ser probado por quien presenta la demanda, sin que se presuma de manera automática11.

En este aspecto, debe mencionarse la teoría aplicada para analizar este elemento: la teoría de la causalidad adecuada. Según esta, no todas las condiciones que contribuyen a un resultado se consideran causas jurídicas; solo se tienen en cuenta aquellas de las que podía preverse razonablemente el resultado que finalmente ocurrió.

Por lo tanto, no basta con demostrar que hubo un daño, sino también confirmar que ese daño fue causado por el Estado.

En cuanto a la imputación, esta, se divide en material, que corresponde a la atribución en el plano fáctico , y jurídica, que se analiza bajo tres posibles títulos de responsabilidad: (1) falla en el servicio, (2) riesgo

En cuanto a la imputación, esta, se divide en material, que corresponde a la atribución en el plano fáctico , y jurídica, que se analiza bajo tres posibles títulos de responsabilidad: (1) falla en el servicio, (2) riesgo excepcional o riesgo por conflicto, y (3) daño especial.

4.2. De la r esponsabilidad extracontractual del Estado, por privación de la libertad

El artículo 68 de la Ley 270 de 1996 define que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado la reparación de los perjuicios causados.

En relación con la privación injusta de la libertad, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han desarrollado de manera extensa esta temática, fijando criterios y precisiones jurisprudenciales que resultan de especial relevancia para su análisis en el caso concreto.

Cabe destacar el carácter vinculante de las sentencias de constitucionalidad emitidas por l as altas cortes . De estas providencias emana la tesis jurídica que esta Judicatura adopta para la resolución del presente asunto.

10 Consejo de Estado, 8 de mayo de 1995, Expediente 8118, C.P. Juan de Dios Montes Hernández. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2002, expediente 13477Radicado: 2022-00174 Reparación Directa

8 El término “injustamente” alude a una actuación manifiestamente desproporcionada, arbitraria y contraria a derecho, no a una apreciación meramente subjetiva del afectado, pues ello supondría la reparación

8 El término “injustamente” alude a una actuación manifiestamente desproporcionada, arbitraria y contraria a derecho, no a una apreciación meramente subjetiva del afectado, pues ello supondría la reparación automática en todos los eventos, con grave afectación al patrimonio público. Así lo reiteró el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 20 de junio de 202312:

“La Corte Constitucional, mediante sentencia C-037 de 1996, analizó la constitucionalidad, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y manifestó que, en los casos de privación injusta de la libertad, no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que el juez debía examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido.”

Por otra parte, dentro de las causales eximentes de responsabilidad se encuentra la denominada “culpa exclusiva de la víctima”, entendida por la jurisprudencia del Consejo de Estado como la infracción, por parte del administrado, de las obligaciones a las que está sujeto. A través de esta figura, se exonera de responsabilidad al Estado cuando el daño se origina en la acción u omisión del propio afectado, quien, en consecuencia, debe asumir las secuelas de su proceder13. Esto, conforme al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y a lo precisado por el Consejo de Estado, que ha señalado: ”Es cierto que el Estado puede ser declarado responsable por la privación de la libertad, pero también lo es que los individuos deben actuar de

Ley 270 de 1996 y a lo precisado por el Consejo de Estado, que ha señalado: ”Es cierto que el Estado puede ser declarado responsable por la privación de la libertad, pero también lo es que los individuos deben actuar de bona fide, en estricta observancia de las obligaciones que el ordenamiento jurídico les impone y no participar, con su conducta dolosa o gravemente culposa, en la materialización del daño, para después solicitar una indemnización de perjuicios que ellos mismos originaron14”.

Al respecto, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU – 072 de 2018, también se pronunció en los siguientes términos:

Al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello po r cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el func ionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. (…) Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una

juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección AC.P. José Roberto Sáchica Méndez. Radicación N° 73001-23-33-000-2016-00747-02 (67.413). Sentencia de 20 de junio de 2023. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero. Sentencia proferida el 1º de agosto de dos mil dieciséis (2016) Expediente: 42376 Radicación: 200012331000200800263-01. 14 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero. Sentencia profer ida el 1º de agosto de dos mil dieciséis (2016) Expediente: 42376 Radicación: 200012331000200800263-01.Radicado: 2022-00174 Reparación Directa

9 a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares

Finalmente, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU -363 de 2021, reiteró las directrices establecidas en la SU -072 de 2018, enfatizando que, en cada caso, resulta imperativo examinar si la medida

Finalmente, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU -363 de 2021, reiteró las directrices establecidas en la SU -072 de 2018, enfatizando que, en cada caso, resulta imperativo examinar si la medida restrictiva de la libertad fue ostensiblemente irrazonable y desproporcionada, pues no es dable predicar, como regla gener al, la existencia de un régimen de responsabilidad objetiva. De manera concreta, corresponde al juez analizar la conducta desplegada por la víctima, en cuanto esta pudiera dar lugar al rompimiento del nexo causal, eximiendo, en consecuencia, al Estado de responsabilidad patrimonial.

5. Análisis probatorio y caso concreto

El daño: En el presente asunto, el daño alegado por los demandantes consistió en la restricción del derecho fundamental a la libertad de los señores Tito Javier Jurado Rosero y Luis Miguel Dagua Disú, durante la investigación penal que se adelantó en su contra , por los delitos de concierto para delinquir agravado , en concurso con los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fueg o agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares agravado, tentativa de extorsión, hurto calificado y agravado.

La medida de aseguramiento del señor Jurado Rosero, tuvo lugar desde el 11 de junio de 2014, misma que se prorrogó el 20 de junio de 2017 , por solicitud de la Fiscalía15 según la demanda, hasta el 6 de noviembre de 2018, según las pruebas h