TA PUT - 86001333100120130066401-(23-10-2024)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, once (11) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

SALA DE DECISIÓN N° 5

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: MARÍA HELENA MOLINA BOHÓRQUEZ

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FONDO NACIONAL DE PREST ACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO –FOMAG Y

DEPARTAMENTO DEL HUILA EXPEDIENTE: 41001-33-40-008-2016-00085-02

SENTENCIA: Nº TAH 005-24-06-100

TEMA: FACTORES SALARIALES EN LA

LIQUIDACIÓN DE CESANTIAS

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuesto s por la parte demandante y la demandada Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–, contra la sentencia del 22 de enero de 2024, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, que accedió a las pretensiones de la demanda.

Lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida a esta Jurisdicción por el artículo 18 de la Ley 446 de 19981, en concordancia con la Ley 270 de 19962, y en atención a la naturaleza social del asunto objeto de litigio.

1“Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo

en atención a la naturaleza social del asunto objeto de litigio.

1“Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. (…)” 2Artículo 63A. Del orden y prelación de turnos.2 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-40-008-2016-00085-02

Demandante: María Helena Molina Bohórquez; Demandada: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

La señora María Helena Molina Bohórquez, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento d el derecho, interpuso demanda 3 contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG– y el Departamento del Huila, conforme a las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que se señalan a continuación:

1.1. Pretensiones:

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 2969 del 9 de julio de 2015, expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Huila, que reconoció y ordenó el pago de una cesantía definitiva; así como la nulidad de

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 2969 del 9 de julio de 2015, expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Huila, que reconoció y ordenó el pago de una cesantía definitiva; así como la nulidad de la Resolución No. 3938 del 7 de septiembre de 2015 que confirmó la anterior.

A título de restablecimiento del derecho, inicialmente se pretendió lo siguiente:

1. El auxilio de cesantías e intereses, considerando todos los factores salariales devengados y pagados a la demandante en el último año de servicio, es decir, del 4 de abril de 2014 al 5 de abril de 2015, conforme a lo estipulado en la Ley 91 de 1989;

1. La sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retraso, contados desde el 5 de abril de 2015, fecha del retiro definitivo del servicio, hasta el momento en que se realice el pago completo del auxilio de cesantías;

1. El ajuste del valor conforme al artículo 187 del CPACA, en relación con los valores causados; y

“(…) Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales ContenciosoAdministrativos de Distrito podrán determinar un orden de cará cter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán

Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de cará cter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio.”

3 SAMAI, Juzgado de origen, Índice No. 56,3 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-40-008-2016-00085-02

Demandante: María Helena Molina Bohórquez; Demandada: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG iv) Los intereses conforme al inciso final del artículo 192 del CPACA, desde la ejecutoria de la sentencia hasta el día del pago efectivo;

No obstante, en el curso de la audiencia inicial, se declaró probada de oficio la excepción previa de ineptitud de la demanda respecto de la pretensión relacionada con el reconocimiento y pago de la sanción por mora, contemplada en la Ley 1071 de 2006. E sto se determinó porque dicha pretensión no fue objeto de discusión en las resoluciones impugnadas.

Por consiguiente, se dispuso que el proceso continuara solo respecto de nulidad de los actos administrativos acusados por no incluir en la liquidación de cesantías y sus intereses, la totalidad de los factores salariales devengados por la demandante en el último año de servicios. Esta decisión, apelada por la parte actora, fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Huila mediante providencia del 24 de enero de 20194.

1.2. Hechos:

por la demandante en el último año de servicios. Esta decisión, apelada por la parte actora, fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Huila mediante providencia del 24 de enero de 20194.

1.2. Hechos:

Afirmó que, laboró como docente oficial desde el 10 de noviembre de 1977 hasta el 5 de abril de 2015; acumulando un total de 37 años, 4 meses y 26 días de servicio.

Indicó, que la Secretaría de Educación Departamental del Huila, mediante Decreto 0516 del 5 de marzo de 2015, aceptó su renuncia con efectividad a partir del 5 de abril de 2015. Y que mediante Resolución 2969 del 9 de julio de 2015, le reconoció el pago del auxilio de cesantías definitivas por su tiempo de servicio como docente nacionalizada, en cuantía de $114.860.304, menos los pagos parciales ya efectuados por valor de $66.408.352, resultando en un saldo a favor de $48.451.952.

Sostuvo que, en la liquidación de las cesantías, se tuvo en cuenta la asignación básica de $2.711.939.00, más la doceava parte de las primas de navidad ($242.389) y de vacaciones ($116.347), obteniendo una base de liquidación de $3.070.674; pero se omitió incluir la totalidad de los factores salariales devengados durante su último año de servicio, conforme lo dispone el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

4 Índice No. 56, Pág. 604 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-40-008-2016-00085-02

4 Índice No. 56, Pág. 604 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-40-008-2016-00085-02

Demandante: María Helena Molina Bohórquez; Demandada: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG Resaltó que, la liquidación omitió factores como horas extras, bonificaciones, prima de servicios y primas proporcionales, entre otros.

1.3. Normas violadas:

Según la demanda , los actos acusados contravienen los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 44, 47, 48, 49, 53, 58, 125, 128, 228, 229 y 230 de la Constitución Política; el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Ley 6 de 1945, Ley 65 de 1946, Ley 244 de 1995, Ley 91 de 1989, Ley 1071 de 2006 y el Decreto 1160 de 1947.

En síntesis, sostuvo que, la liquidación de la s cesantías debe ser calculada utilizando el promedio devengado en el último año de servicio s, considerando todos los elementos salariales, tal como lo dispone el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

Aceptó que no existe discrepancias con la Resolución No. 2969 del 9 de julio, frente el salario ($2.711 .939) y las doceavas partes de la prima de navidad ($242.389) y vacaciones ($116.347); pero que sí difiere en la falta de reconocimiento de otros factores que se pagaron salarialmente y que no fueron tenidos en cuenta en la liquidación de las cesantías, así:5

($242.389) y vacaciones ($116.347); pero que sí difiere en la falta de reconocimiento de otros factores que se pagaron salarialmente y que no fueron tenidos en cuenta en la liquidación de las cesantías, así:5 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-40-008-2016-00085-02

Demandante: María Helena Molina Bohórquez; Demandada: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG

2. Contestación de la Demanda

2.1. Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–:5

La apoderada de la entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones por considerar falta de sustento tanto fáctico como jurídico.

Sostuvo, que los actos administrativos impugnados se ajustan a la legalidad, ya que el reconocimiento de la prestación se llevó a cabo de manera adecuada , siguiendo los preceptos legales correspondientes.

Se refirió únicamente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, enfatizando que la demora no puede ser imputada a la entidad, puesto que no interviene en la expedición de actos administrativos para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales.

Indicó, que conforme a la Ley 962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005, las entidades encargadas para reconocer y ordenar el pago de las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones S ociales del Magisterio son las Secretarías de Educación Territoriales, en calidad de autoridad nominadora y responsable de las prestaciones sociales de los docentes bajo su cargo.

docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones S ociales del Magisterio son las Secretarías de Educación Territoriales, en calidad de autoridad nominadora y responsable de las prestaciones sociales de los docentes bajo su cargo.

Argumentó, que la aplicación de la sanción por mora se debe considerar lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, que establece un plazo de 45 días para que la entidad pagadora (Fiduciaria La Previsora S.A.), a partir de la ejecutoria del acto administrativo.

Destacó que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009, en los casos en que la Nación o las entidades públicas deban pagar intereses por mora causados por obligaciones a su cargo, la indemnización de perjuicios o la sanción por mora no puede exceder el doble del interés bancario corriente vigente en el momento establecido legalmente para realizar el pago.

5 SAMAI, Juzgado de origen, Índice No. 566 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-40-008-2016-00085-02

Demandante: María Helena Molina Bohórquez; Demandada: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG Aceptó los hechos relacionados con la condición de la docente demandante, así como el reconocimiento de sus cesantías definitivas mediante los actos enjuiciados.

De otro lado, frente a la incorrecta liquidación de las cesantías, consideró que es una apreciación de la parte demandante. Por tanto, propuso como excepciones las siguientes:

• Buena fe

enjuiciados.

De otro lado, frente a la incorrecta liquidación de las cesantías, consideró que es una apreciación de la parte demandante. Por tanto, propuso como excepciones las siguientes:

• Buena fe - Régimen prestacional independiente e inaplicabilidad de la ley 1071 de 2006 -Prescripción -Inexistencia de la vulneración de principios legales -Falta de legitimidad en la causa por pasiva

3. Sentencia Apelada6

En sentencia del 22 de enero de 2024, el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva declaró la nulidad parcial de las Resoluciones No. 2969 del 9 de julio de 2015 y No. 3938 del 7 de septiembre de 2015, proferidas por la Secretaría de Educación del Departamento del Huila como Delegada del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; y condenó, a título de restablecimiento del derecho , a reliquidar las cesantías definitivas e incluir, además de los factores salariales tenidos en cuenta, las doceavas partes de los siguientes factores: “ Horas extras”, “Prima Servicio”, “Bonif icación Mensual Docente ” y “Prima Navidad” . Así mismo, se abstuvo de condenar en costas.

En lo pertinente, la a quo precisó:

“(…)de acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial citado en esta providencia, la liquidación del auxilio de cesantías definitivas de los docentes nacionalizados de que trata el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, debe reconocerse y pagarse en el equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año

docentes nacionalizados de que trata el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, debe reconocerse y pagarse en el equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año, el cual, en todo caso, debe integrarse con todos los factores salariales devengados y que le sean aplicables conforme la Ley.

6 SAMAI, Juzgado de origen, Índice No. 577 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-40-008-2016-00085-02

Demandante: María Helena Molina Bohórquez; Demandada: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG En el caso de autos no existe discusión sobre la calidad de docente nacionalizada que ostentaba la actora MARIA HELENA MOLINA BOHORQUEZ, como tampoco de su ingreso al servicio docente oficial el 10 de noviembre de 1977 y su retiro definitivo a partir del 06 de abril de 2015, pues así se afirma en la demanda (hechos 1 y 4), así lo aceptó la demandada al contestar la demanda, y así se indica tanto en el acto administrativo demandado como en las diferentes certificaciones de tiempo de servicios expedidas a nombre de la docente y que obran en el expediente administrativo allegado; razón por la cual le asiste el derecho al reconocimiento de sus cesantías definitivas bajo el régimen retroactivo, sobre lo cual tampoco existe discusión, pues así fue precisamente indicado en el acto administrativo demandado.

En consecuencia, sus cesantías definitivas debieron ser liquidadas con el

reconocimiento de sus cesantías definitivas bajo el régimen retroactivo, sobre lo cual tampoco existe discusión, pues así fue precisamente indicado en el acto administrativo demandado.

En consecuencia, sus cesantías definitivas debieron ser liquidadas con el último salario devengado, el cual se encuentra conformado por el sueldo y las doceavas partes de lo recibido durante el últ imo año de servicio por concepto de primas, bonificaciones y demás factores salariales expresamente consagrados como tal en la ley.

En el presente asunto de acuerdo con las pruebas recaudadas qued ó acreditado que a la señora MARÍA HELENA MOLINA BOHORQUEZ, al momento de reconocérsele las cesantías definitivas mediante la Resolución No. 2969 del 9 de julio de 2015, dicha prestación le fue liquidada en cuantía de $114.860.304, teniendo en cuenta para la determinación del ingreso base de liquidación (IBL) sola mente el sueldo y las doceavas partes de la prima de navidad ($2.908.663) y de vacaciones ($1.396.158), omitiéndose los siguientes factores pese a constituir factor salarial para efectos de liquidación de cesantías, por expresa disposición del Art. 45 – lit. d, f, h, k, del Decreto 1045 de 1978, el Decreto 1545 de 2013 y los Decretos 1566 de 2014 y 1272 de 2015 (bonificación mensual docente):

En consecuencia, le asiste razón a la parte actora en cuanto señala que los actos administrativos demandados incurren en una valoración defectuosa

En consecuencia, le asiste razón a la parte actora en cuanto señala que los actos administrativos demandados incurren en una valoración defectuosa de la situación fáctica, en lo relativo a los factores salariales devengados y8 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-40-008-2016-00085-02

Demandante: María Helena Molina Bohórquez; Demandada: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG al desconocer la normativa y j urisprudencia tocante a la liquidación del auxilio de cesantías definitivas del personal docente nacionalizado (…).

No obstante, el Despacho no accederá a ordenar la inclusión, como factor salarial, la doceava parte de $471.000, que según la parte actora percibió como primera proporcional de vacaciones, pues ni en los distintos certificados de factores devengados, ni en los comprobantes de pagos aportados con la demanda, se evidencia dicho pago.

Por lo tanto, se dispondrá la reliquidación pretendida en relación con los factores salariales antes reseñados y el pago de las diferencias que resulten en virtud de la misma, debidamente indexadas (…)”.

4. Recurso de apelación

4.1. Ministerio de Educación Nacional – FOMAG7

La apoderada del Ministerio de Educación Nacional, presentó recurso de apelación contra la anterior decisión , solicitando se revoque, porque “ las cesantías fueron liquidadas de acuerdo a la normatividad vigente al momento de la expedición del acto administrativo.” En concreto señaló:

apelación contra la anterior decisión , solicitando se revoque, porque “ las cesantías fueron liquidadas de acuerdo a la normatividad vigente al momento de la expedición del acto administrativo.” En concreto señaló:

“De acuerdo con Concepto 06841 de 2022 Departamento Administrativo de la Función Pública: Respecto al pago de cesantías definitivas, la Ley 1071 de 2006 establece que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. De igual manera, es importante señalar los factores salariales que se deben tener en cuenta al m omento de liquidar las cesantías, son los establecidos en el Decreto Ley 1045 de 1978 señala en el Artículo 45:

(…)

Es de anotar que con la expedición del Decreto 1919 de 2002, los empleados del nivel territorial tienen derecho a las prestaciones sociale s propias de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

Con fundamento en lo expuesto, y en criterio de esta Dirección Jurídica, la liquidación de las prestaciones sociales y elementos salariales se realizará conforme a los factores s alariales que se han dejado indicados siempre y cuando el servidor efectivamente los hubiere causado.

7 Índice No. 599 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-40-008-2016-00085-02

cuando el servidor efectivamente los hubiere causado.

7 Índice No. 599 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-40-008-2016-00085-02

Demandante: María Helena Molina Bohórquez; Demandada: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG

Respecto a los intereses de las cesantías se debe indicar que los servidores públicos con régimen de cesantías retroactivo NO tienen derecho al reconocimiento de intereses a las cesantías, en razón a que no existe norma que establezca este beneficio para estos funcionarios”.

4.2. Demandante8

C El apoderado de la demandante presentó recurso de apelación, advirtiendo que estaba de acuerdo con la juez de instancia en cuanto a la inclusión de factores salariales en la liquidación de las cesantías; “pero deberá agregarse la doceava parte de $471.000, que la demandante percibió como prima proporcional de vacaciones, conforme las pruebas allegadas con la demanda”.

Además, Insistió en la sanción moratoria, indicando:

“Si bien es cierto, esta pretensión formulada en la demanda fue rechazada al resolverse la excepción de inepta demanda (sic), en tanto este derecho laboral irrenunciable de la demandante no fue objeto de controversia en vía administrativa; tal decisión incurre en violación a los derechos fundamentales al debido proceso y a libre acceso a la administración de justicia, como lo afirma el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, en sentencia del

fundamentales al debido proceso y a libre acceso a la administración de justicia, como lo afirma el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, en sentencia del 12 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-04972-00:

(…)

Corolario de lo antes expuesto, atendiendo el control oficioso de legalidad contenido en el artículo 132 del CGP, y el aforis mo jurisprudencial que indica que los autos ilegales no atan al juez ni a las partes, tal y como ha sido expuesto por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral ( AL1506 del 17 de mayo de 20231 y AL1692 del 21 de junio de 20232 ), la decisiones que declararon inepta demanda no atan al juez y no lo atan por existir una evidente violación al derecho fundamental al debido proceso en detrimento del derecho sustancial laboral irrenunciable de la demandante, una violación a los derechos mínimos legales laborales consagrado en las leyes (C.P., Art. 53), y al principio pro operario, aplicación e interpretación de la ley más favorable al trabajador.

La sanción moratoria que se solicita en la demanda no era la pretensión principal de la demanda, era una pretensión condicionada a la prosperidad de la pretensión principal, la nulidad de la Resolución 2969 del 9 de julio de 2015 de la Secretaría de Educación del Huila y que en consecuencia se ordenara el reajuste del auxilio de cesantías. Resaltase por ejemplo que en

8 Índice No. 6010

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

2015 de la Secretaría de Educación del Huila y que en consecuencia se ordenara el reajuste del auxilio de cesantías. Resaltase por ejemplo que en

8 Índice No. 6010 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-40-008-2016-00085-02

Demandante: María Helena Molina Bohórquez; Demandada: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG el mismo sentido en vía administrativa no se pidió la indexación y el pago de los intereses de conformidad con el artículo 192 del CPACA, pero el Juzgado los ordenó en la sentencia que se cuestiona. En otras palabras, la sanción moratoria como la indexación e intereses son pretensiones condicionadas a las resultas del proceso; de ahí que en vía administrativa solo se cuestionara la mala liquidación del auxilio de cesantías y la mora en su pago.

(…)

La sanción moratoria pedida en esta demanda se fu ndamenta en la mala liquidación del auxilio de cesantías y en la mora en el pago de las mismas, las que habían sido reconocidas a favor de la demandante a través de la Resolución 2969 del 9 de julio de 2015. Había mala liquidación de las cesantías al no te ner en cuenta todos los factores salariales devengados por la demandante en el último año de servicio (…)

En los anteriores términos dejo presentado y sustentado el recurso de apelación con el objeto que la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva sea modificada en cuanto a la reliquidación de la cesantías teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados por

apelación con el objeto que la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva sea modificada en cuanto a la reliquidación de la cesantías teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados por la demandante en el último año de servicio y se conceda la sanción moratoria de que trata la ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de mora, contados desde el 5 de abril del 2015, fecha del retiro definitivo del servicio y hasta cuando paguen la totalidad del auxilio de la cesantías.

5. Trámite de Segunda Instancia

El 21 de marzo de 2024, se admitió el recurso de apelación 9 presentado por parte demandante y demandada; y el 4 de abril siguiente, el Secretario de esta Corporación, en armonía a lo consagrado en el artículo 247 -5º del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021), pasó el expediente al despacho para proferir decisión de segundo grado10.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por ambas partes, contra la sentencia de primera instancia del 22 de

9 Índice No.5 10 Índice No.1011 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-40-008-2016-00085-02

Demandante: María Helena Molina Bohórquez; Demandada: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG enero de 2024 , proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva; conforme al artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA-.

enero de 2024 , proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva; conforme al artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA-.

Competencia que se tiene para resolver sin limitaciones, porque en este caso ambas partes apelaron toda la sentencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 –CGP-.

2. Estudio Previo de Caducidad del Medio de Control de Nulidad y

Restablecimiento del Derecho

La caducidad, como fenómeno jurídico, ha sido definida por el Consejo de Estado como el vencimiento del término previsto en la ley para acudir ante los jueces a demandar, “límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante las autoridades competentes” 11, configurándose cuando expira dicho término.

Así, conforme al numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A., por regla general, el término para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo cuya nulidad se pretenda, so pena de perder la oportunidad de acceder a la administración de justicia y hacer efectivos sus derechos.

El criterio en cita, resulta aplicable para los casos en los que se controvierte la liquidación de cesantías definitivas; puesto que, al no encontrarse vi gente el vínculo laboral, no se trata de una prestación periódica sino consolidada12.

En el sub examine, la actuación administrativa concluyó con la Resolución N°

liquidación de cesantías definitivas; puesto que, al no encontrarse vi gente el vínculo laboral, no se trata de una prestación periódica sino consolidada12.

En el sub examine, la actuación administrativa concluyó con la Resolución N° 3938 del 7 de septiembre de 2015, que confirmó en sede de reposición la Resolución N° 2969 de l 9 de julio de la misma anualidad; acto administrativo aquel que se notificó personalmente el 10 de septiembre de 201513.

11 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminis trativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de noviembre de 2018. Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque. Radicación: 25000-23-26-000-2014-00029-01 (58452); entre otras. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección S egunda, Subsección B. Auto del 3 de junio de 2021.

Consejero Ponente: César Palomino Cortés. Radicación: 25000-23-42-000-2017-00602-01 (0253-19).

13 Página 29 de cuaderno 1, expediente digitalizado de primera instancia.12 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-40-008-2016-00085-02

Demandante: María Helena Molina Bohórquez; Demandada: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG Así, el término inicialmente vencía el 11 de enero de 2016. Sin embargo, se suspendió el 24 de noviembre de 2015 con la radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial, cuando había transcurrido un (2) meses y trece (13)

suspendió el 24 de noviembre de 2015 con la radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial, cuando había transcurrido un (2) meses y trece (13) días; reanudándose el 29 de enero de 2016, con la expedición de la constancia de no acuerdo14.

Por tanto, el término fenecía el 17 de marzo de 2016, y como l a demanda fue presentada el 1 de febrero de 2016 15, ocurrió dentro del término legal; por lo que no operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

3. Problema Jurídico

Consiste en determinar -según argumentos de la entidad apelantesi las cesantías definitivas reconocidas y liquidadas en la Resolución No. 2969 del 9 de julio de 2015 , confirmada mediante la Resolución No. 3938 del 7 de septiembre de 2015, incluyeron la totalidad de los factores salariales conforme a las disp osiciones normativas vigentes. En caso negativo, cuáles son los factores que deben adicionarse ; y si debe incluirse la doceava parte de $471.000, que la demandante percibió como prima proporcional de vacaciones

Igualmente, deberá establecerse si hay lugar a analizar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006 , de acuerdo con los argumentos planteados en el escrito de alzada por la parte demandante.

4. Del régimen de cesantías de los docentes

En lo que respecta a los docentes, la regulación sobre las cesantías está establecida en la Ley 91 de 1989, que también dio origen al Fondo Nacional de

4. Del régimen de cesantías de los docentes

En lo que respecta a los docentes, la regulación sobre las cesantías está establecida en la Ley 91 de 1989, que también dio origen al Fondo Nacional de Prest