TA PUT - 860013331002-2021-00052-01-(24-07-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

SALA UNITARIA

Magistrado Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ

San Miguel de Ágreda de Mocoa, 24 de julio de 2025

Radicación 860013331002-2021-00052-01 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Ana Lucía Reinel Cárdenas Demandados Departamento del Putumayo Ministerio público Procuradora 156 Judicial II Para Asuntos Administrativos Aida Elena Rodríguez Estrada Tema Sanción moratoria empleado público - régimen retroactivo de cesantías Asunto Sentencia de Segunda Instancia

I. OBJETO DE LA DECISION

De acuerdo con lo indicado en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009), la Sala Plena de esta Corporación, mediante Acuerdo No. 0003 del 2 de septiembre de 2024, estableció un orden temático para la elab oración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. De esta manera, priorizó, entre otros, los procesos cuya solución implique la aplicación de sentencias de unificación o de jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, como ocurre en este asunt o en el que se debate el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías, asunto que fue objeto de unificación en la CE-SUJ2-004-16 del 25 de agosto de 2016.

Procede la Sala a decidir la apelación interpuesta por el D epartamento del Putumayo 1, contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2023 por el Juzgado Segundo Administrativo

2016.

Procede la Sala a decidir la apelación interpuesta por el D epartamento del Putumayo 1, contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2023 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa2, mediante la cual resolvió lo siguiente:

«PRIMERO. - DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. PUT2020EE018542 del 23 de julio del 2020 emitido por la Gobernación del Putumayo

• Secretaría de Educación Departamental.

SEGUNDO - DECLARAR la nulidad de la resolución No. 2360 del 30 de septiembre del 2020, emitida por la Gobernación del Putumayo - Secretaría de Educación Departamental, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías parciales de que trata la ley 2 44 de 1995 modificada por la ley 1071 de 2006, al(a) señor(a) ANA LUCIA REINEL CARDENAS, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO. - A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a al DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO a q ue reconozca, liquide y pague al(a) señor(a) ANA LUCIA REINEL CARDENAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 27’365.244, la sanción moratoria, correspondiente a la suma resultante de los días en que la demandada incurrió en mora, esto es, desde el desde el 8 de marzo de 2018, hasta el 28 de marzo de 2019. En consecuencia, la condena implica el reconocimiento

que la demandada incurrió en mora, esto es, desde el desde el 8 de marzo de 2018, hasta el 28 de marzo de 2019. En consecuencia, la condena implica el reconocimiento y pago de un día de salario -vigente para la época de causación, es decir para el año 2017 - por cada día de retardo dentro del transcurso de la mora.»

1 Samai, índice 3, primera instancia, PDF 27. 2 Samai, índice 1, primera instancia, PDF 25.Radicación: 860013331002-2021-00052-01

Demandante: Ana Lucía Reinel Cárdenas

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 2 de 11

II. ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. Pretensiones de la demanda. 2.2. Hechos relevantes de la demanda. 2.3. Contestación de demanda. 2.4.

Sentencia apelada. 2.5. Apelación de la entidad demandada. 2.6. Trámite de segunda instancia.

2.1. Pretensiones de la demanda

1. Se solicita que se declare la nulidad del acto administrativo No. PUT2020EE018542 del 23 de julio de 2020 y de la resolución No. 2360 del 30 de septiembre de 2020, ambos expedidos por la Secretaría de Educación Departamental del Putumayo, mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el desembolso de las

expedidos por la Secretaría de Educación Departamental del Putumayo, mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el desembolso de las cesantías parciales que le corresponden a Ana Lucía Reinel Cárdenas.

2. Como consecuencia de dicha nulidad, se pide que se ordene al ente territorial reconocer, liquidar y pagar la sanción por mora conforme a lo establecido en la Ley 244 de 1996, subrogada por la Ley 1071 de 2006, esto es, un día de salario por cada día de retraso.

La mora se extendió desde el 8 de marzo de 2018, fecha límite para el pago, hasta el 28 de mayo de 2019, día en que se hizo efectivo el desembolso, lo que equivale a un total de 446 días de mora.

3. Así mismo, se requiere el cumplimiento de la sentencia conforme a los artículos 192 y 195 del CPACA, incluyend o el reconocimiento de los intereses legales e indexación de las sumas debidas. Finalmente, se solicita condenar a la entidad al pago de agencias en derecho y costas procesales, en los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 del

CGP3.

3.2. Hechos relevantes de la demanda

4. Se relata que la señora Ana Lucía Reinel Cárdenas, funcionaria de la Secretaría de Educación del Putumayo, solicitó en noviembre de 2017 el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales retroactivas. Aunque la Secretaría las re conoció mediante Resolución No. 0739 el 19 de febrero de 2019, el pago solo se realizó el 28 de mayo de 2019, con un

cesantías parciales retroactivas. Aunque la Secretaría las re conoció mediante Resolución No. 0739 el 19 de febrero de 2019, el pago solo se realizó el 28 de mayo de 2019, con un retraso de 446 días respecto al plazo legal que vencía en marzo de 2018. Dado el incumplimiento, la demandante solicitó en junio de 2020 el pago de la sanción por mora, conforme a la Ley 244 de 1995 y la jurisprudencia vigente. Sin embargo, la Secretaría negó la solicitud mediante acto administrativo PUT2020EE018542 del 23 de julio de 2020, decisión que fue confirmada en la Resolución No. 236 0 del 30 de septiembre de 2020 , en la que se confirmó íntegramente la decisión inicial, negando el reconocimiento y pago de la sanción por mora4.

2.3. Contestación de demanda

5. El Departamento del Putumayo sostiene que no procede el reconocimiento ni el pago de la sanción moratoria por el giro tardío de las cesantías solicitadas en 2017 y pagadas en 2019, ya que la demandante no está amparada por el régimen que contempla dicha sanción. Su vinculación laboral data del 10 de febrero de 1987 , es decir, con

3 Samai, índice 2, primera instancia, PDF 1, pagina 2. 4 Samai, índice 2, primera instancia, PDF 1, pagina 3.Radicación: 860013331002-2021-00052-01

Demandante: Ana Lucía Reinel Cárdenas

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P)

Demandante: Ana Lucía Reinel Cárdenas

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 3 de 11 anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, sin que exista constancia alguna de su traslado voluntario al régimen de liquidación anual de cesantías. Por ende, le es aplicable el régimen de cesantías retroactivas conforme a la Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 del mismo año y otras disposiciones anteriores al cambio normativo.

6. Indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que las sanciones moratorias contempladas en la Ley 50 de 1990 y la Ley 244 de 1995 aplican solo a quienes están bajo el régimen anual de cesantías. Por tanto, los servidores públicos vinculados antes de la Ley 344 de 1996, que no se acogieron voluntariamente al nuevo régimen, como la demandante, no tienen derecho a esa sanción. Si bien esta interpretación se ha extendido a docentes, no cobija a quienes pertenecen al régimen especial anterior.

En contraste, los docentes vinculados después del 31 de diciembre de 1990 sí están regidos por el sistema general de la Ley 50 de 19905.

2.4. Sentencia apelada

7. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa mediante sentencia del 30 de junio de 2023, concluyó que Ana Lucía Reinel Cárdenas está cobijada por el régimen

2.4. Sentencia apelada

7. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa mediante sentencia del 30 de junio de 2023, concluyó que Ana Lucía Reinel Cárdenas está cobijada por el régimen de cesantías retroactivas, dado su vínculo laboral anterior a la Ley 344 de 1996, por lo que sus prestaciones deben liquidarse bajo la Ley 6 de 1945 y normas complementarias. Se acreditó que la solicitud de cesantías parciales, presentada en noviembre de 2017, debía ser resuelta por la administración en un plazo de 15 días; luego de expedido el acto, debía ejecutarse en otros 10 días, y finalmente pagarse en máximo 45 días. Todos estos términos vencían el 8 de marzo de 2018, fecha desde la cual empezó a correr la mora que se extendió hasta el 28 de marzo de 2019.

8. El juez sostuvo que, al haberse presentado la reclamación administrativa por la sanción moratoria dentro del término legal de tres años, procede el reconocimiento de lo solicitado. La liquidación debe hacerse con el salario vigente en 2017, año en que se configuró la mora. Además, se precisó que, conforme a jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, no hay lugar a indexar la sanción moratoria. Además, reconoció que, aunque ya se diferenciaron las sanciones moratorias de la Ley 50 de 1990 y la Ley 244 de 1995, esta última -modificada por la Ley 1071 de 2006 - aplica a todos los empleados públicos, sin importar el régimen de liquidación de cesantías al que pertenezcan.

9. Por tanto, invocó la naturaleza protectora del régimen prestacional público,

última -modificada por la Ley 1071 de 2006 - aplica a todos los empleados públicos, sin importar el régimen de liquidación de cesantías al que pertenezcan.

9. Por tanto, invocó la naturaleza protectora del régimen prestacional público, reafirmando que las entidades tienen el deber de cumplir oportunamente con el pago de prestaciones sociales. En consecuencia, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a la entidad pagar un día de salario por cada día de mora, conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1071 de 20066.

2.5. Apelación de la entidad demandada

10. La entidad apelante sostiene que la sentencia omitió considerar que la demandante fue vinculada al Departamento del Putumayo en febrero de 1987, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996. En consecuencia, al no existir prueba de que

5 Samai, índice 2, primera instancia, PDF 8. 6 Samai, índice 2, primera instancia, PDF 25.Radicación: 860013331002-2021-00052-01

Demandante: Ana Lucía Reinel Cárdenas

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 4 de 11 se haya acogido voluntariamente al régimen anual de cesantías, su régimen prestacional sigue siendo el retroactivo, regulado por la Ley 6 de 1945 y normas complementarias.

Página 4 de 11 se haya acogido voluntariamente al régimen anual de cesantías, su régimen prestacional sigue siendo el retroactivo, regulado por la Ley 6 de 1945 y normas complementarias.

11. Además, argumenta que la sentencia aplicó de forma equivocada la Ley 244 de 1995 y l a Ley 1071 de 2006, pues su jurisprudencia se ha extendido exclusivamente a docentes del régimen general y no a servidores públicos de régimen especial como la demandante. Para ello, cita jurisprudencia del Consejo de Estado que delimita el alcance de la s anción moratoria. Finalmente, señala que dicha sanción solo es procedente para trabajadores vinculados con posterioridad a la Ley 344 de 1996, razón por la cual -al estar la demandante vinculada desde antesno le resultan aplicables ni la Ley 50 de 1990 n i el artículo 5 de la Ley 1071 de 20067.

2.6. Trámite de segunda instancia

12. Este asunto fue asignado a este despacho por reparto realizado el 12 de junio de

20248. Mediante auto del 6 de marzo de 2025, se admitió el recurso de apelación presentado por la entidad demandada9. Una vez surtido ese trámite, la Secretaría de esta Corporación lo remitió al despacho para la correspondiente decisión de fondo10.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 3.1. Competencia. 3.2. Problema Jurídico. 3.3. Tesis de la Sala. 3.4. Fundamentos Jurídicos que soportan la

tesis de la Sala. 3.4.1. Marco normativo y jurisprudencial aplicable a las cesantías de los empleados públicos bajo el régimen retroactivo. 3.5. Análisis y decisión del caso concreto. 3.6. Condena en costas.

3.1. Competencia

13. Conforme a lo dispuesto en el artículo 125, 153 y 243 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

3.2. Problema Jurídico

14. La controversia, conforme a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se centra en establecer si el Departamento del Putumayo debe responder por la sanción moratoria reclamada, derivada del retraso en el pago de las cesantías a la señora Ana Lucía Reinel Cárdenas, quien se encuentra vinculada bajo el régimen retroactivo de cesantías.

3.3. Tesis de la Sala

15. Para la Sala, no es procedente reconocer la sanción moratoria solicitada, toda vez que la demandante se encuentra bajo el régimen retroactivo de cesantías, el cual no contempla ese tipo de penalidad. Además, no se evidencia en el expediente prueba de que hubiese optado expresamente por el régimen anualizado, que sí permite ese

7 Samai, índice 2, primera instancia, PDF 27. 8 Samai, índice 3. 9 Samai, índice 5. 10 Samai, índice 11.Radicación: 860013331002-2021-00052-01

Demandante: Ana Lucía Reinel Cárdenas

8 Samai, índice 3. 9 Samai, índice 5. 10 Samai, índice 11.Radicación: 860013331002-2021-00052-01

Demandante: Ana Lucía Reinel Cárdenas

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 5 de 11 reconocimiento. En consecuencia, al no cumplirse los requisitos normativos ni fácticos exigidos para acceder a dicha sanción, se revocará la sentencia de primera instancia.

3.4. Fundamentos jurídicos que soportan la tesis de la Sala

16. Para respaldar la tesis propuesta, la Sala comenzará por examinar el marco normativo y jurisprudencial aplicable, y luego abordará el análisis y decisión del caso concreto.

3.4.1. Marco normativo y jurisprudencial aplicable a las cesantías de los empleados públicos bajo el régimen retroactivo

17. La Ley 6 de 1945, en su artículo 17, estableció que los empleados y obreros nacionales con carácter permanente tendrían derecho, entre otras prestaciones, al auxilio de cesantía, equivalente a un mes de salario o jornal por cada año de servicio, considerando únicamente el tiempo laborado a partir del 1 de enero de 1942.

18. Posteriormente, el artículo 1 del Decreto 2767 de 1945 amplió la aplicació n de las prestaciones sociales previstas en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945 a los empleados de

18. Posteriormente, el artículo 1 del Decreto 2767 de 1945 amplió la aplicació n de las prestaciones sociales previstas en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945 a los empleados de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios, incluyendo expresamente el auxilio de cesantía.

19. Más adelante, la Ley 65 de 1946 abordó el carácter indemnizatorio de la cesantía, disponiendo que dicho auxilio debía ser reconocido con independencia de la causa del retiro del trabajador. De esta manera, se eliminó su naturaleza sancionatoria para el empleador y se consolidó como una prestación social, t al como fue acogida posteriormente por el Código Sustantivo del Trabajo. Esta ley también extendió sus beneficios a los trabajadores de las entidades territoriales mencionadas.

20. Por su parte, el Decreto 1160 del 28 de marzo de 1947 dispuso que el derecho a l

auxilio de cesantía correspondía a todo empleado, estuviera o no inscrito en carrera administrativa, sin importar la causa de su desvinculación. Además, precisó que el monto de la prestación equivalía a un mes de salario por cada año de servicio, o su pr oporción correspondiente si el tiempo laborado era inferior. En consecuencia, el régimen de cesantías adoptado, al ser de carácter retroactivo, implicaba que su liquidación debía efectuarse con base en la totalidad del tiempo de servicio y el último salario devengado por el trabajador.

21. Finalmente, mediante el Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional del Ahorro

(FNA) como un establecimiento público adscrito al entonces Ministerio de Desarrollo Económico, estableciendo en su artículo 2 los objetivos in stitucionales de dicha entidad, así:

(FNA) como un establecimiento público adscrito al entonces Ministerio de Desarrollo Económico, estableciendo en su artículo 2 los objetivos in stitucionales de dicha entidad, así:

«a. Pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores oficiales;

b. Proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria, mediante el reconocimiento de intereses sobre las sumas acumuladas a favor del empleado o trabajador;

c. Contribuir a la solución del problema de vivienda de los servidores del Estado;Radicación: 860013331002-2021-00052-01

Demandante: Ana Lucía Reinel Cárdenas

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 6 de 11 d. Contribuir a la mejor organización y funcionamiento de los sistemas de seguridad social y a la futura unificación de sus servicios;

e. Saldar el déficit actual por concepto de cesantías del sector público y establecer sistemas adecuados y reservas suficientes para atender oportunamente el pasivo a cargo del Estado por tal concepto, y

f. Promover el ahorro nacional y encauzarlo hacia la financiación no inflacionaria de proyectos de especial importancia para el desarrollo económico y social.»

22. El referido Decreto dispuso, además, que las cesantías correspondientes a los empleados públicos y trabajadores oficiales perte necientes a los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas

22. El referido Decreto dispuso, además, que las cesantías correspondientes a los empleados públicos y trabajadores oficiales perte necientes a los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, debían ser liquidadas y consignadas en el Fondo Nacional del Ahorro. Esta obligación excluía expresamente a los miembros de las cámaras legislativas y sus empleados, así como a los integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el personal civil vinculado al sector defensa.

23. En ese contexto, el artículo 27 del mencionado de creto reguló específicamente lo concerniente al procedimiento de liquidación de las cesantías, expresando:

«Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse, aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.»

24. Con base en lo dispu esto en el Decreto 3118 de 1968, se dio inicio en el sector público al proceso de eliminación progresiva del régimen de cesantías con retroactividad, con el fin de implementar el sistema de liquidación anual. Inicialmente, este nuevo esquema no era aplicable a los servidores públicos del orden territorial, quienes continuaban sujetos al régimen retroactivo consagrado en l a Ley 6 de 1945 y la Ley 65 de 1946. No obstante,

no era aplicable a los servidores públicos del orden territorial, quienes continuaban sujetos al régimen retroactivo consagrado en l a Ley 6 de 1945 y la Ley 65 de 1946. No obstante, las disposiciones normativas que posteriormente modificaron la naturaleza y el ámbito de aplicación del sistema anualizado permitieron la afiliación voluntaria de los empleados de entidades territoriales y sus entes descentralizados, conforme a lo previsto en la Ley 432 de 1998 y el Decreto 1453 del mismo año.

25. Por otra parte, en el ámbito del sector privado, la Ley 50 de 1990 introdujo el régimen de cesantías con liquidación anual, cuyas características fueron desarrolladas en el artículo

99 de dicha norma, refiriendo:

«Artículo 99 . (…) El nuevo régimen especial de auxilio de cesant ía, tendrá las siguientes características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción queRadicación: 860013331002-2021-00052-01

Demandante: Ana Lucía Reinel Cárdenas

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Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 7 de 11 se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.»

26. Con la entrada en vigor del artículo 13 de la Ley 344 del 27 de diciembre de 199611, se extendió a los servidores públicos vinculados con posterioridad al 31 de dic iembre de ese mismo año el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990. En virtud de dicha disposición, la liquidación definitiva de las cesantías debía efectuarse el 31 de diciembre de cada año.

27. Posteriormente, mediante el Decreto 1582 del 5 de ag osto de 1998, se amplió la aplicación del régimen anualizado de cesantías, establecido en la Ley 50 de 1990, a los servidores públicos del orden territorial, en los términos allí previstos, señalando:

«El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas

territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.»

28. En relación con los servidores públicos que se hubiesen vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, y que se encontraban cobijados por el régimen de cesantías con retroactividad, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998 estableció el procedimiento aplicable para aquellos que optaran por acogerse voluntariamente a l régimen previsto en la mencionada Ley 344 de 1996, así:

«a). La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;

b). La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la seleccionada por el trabajador;

c). En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición.»

29. En virtud a la anterior normatividad , e l H. Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25 de agosto de 201612, expreso lo siguiente:

«En ese orden, se puede decir que los empleados que ingresaron a la administración

29. En virtud a la anterior normatividad , e l H. Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25 de agosto de 201612, expreso lo siguiente:

«En ese orden, se puede decir que los empleados que ingresaron a la administración pública con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, están cobijados por el régimen anualizado de liquidación de cesantías, al igual que los vinculados con anterioridad pero que se hubieran acogido al régimen anualizado , y

11 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto de 2016. Radicación 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16.Radicación: 860013331002-2021-00052-01

Demandante: Ana Lucía Reinel Cárdenas

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 8 de 11 para efecto de la liquidación y pago de esa prestación se rigen por lo que en esa materia consagra la Ley 50 de 1990 y normas concordantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998.» (se destaca lo subrayado)

30. De conformidad con lo expuesto, coexisten dos regímenes aplicables en materia de

en el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998.» (se destaca lo subrayado)

30. De conformidad con lo expuesto, coexisten dos regímenes aplicables en materia de cesantías: i) el régimen retroactivo, aplicable a los servidores públicos vinculados hasta el 30 de diciembre de 1996, y ii) el régimen anualizado, introducido por la Ley 50 de 1990 para el sector privado, y posteriormente extendido a los servidores públicos vinculados con posterioridad al 31 de diciembre de 1996, incluidos aquellos del nivel territorial, en virtud de lo dispuesto en la Ley 344 de 1996.

31. En ese orden, para los servidores públicos que ingresaron al servicio antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y que se encontraban amparados por el régimen retroactivo, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998 les o torgó la posibilidad de acogerse voluntariamente al régimen anualizado, previa solicitud expresa, liquidación definitiva de la prestación y consignación del auxilio en el fondo de cesantías de su elección.

32. Adicionalmente, el artículo 2 del Decreto 1252 del 30 de junio de 2000 mantuvo la vigencia del régimen retroactivo de cesantías para aquellos servidores públicos que lo venían disfrutando al 25 de mayo de 2000, hasta tanto se extinguiera la relación laboral. En igual sentido, el Decreto 1919 del 2 7 de agosto de 2002, mediante el cual se extendió el régimen de prestaciones sociales aplicable a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional a los servidores del orden territorial, dispuso en su artículo 3 que «los

régimen de prestaciones sociales aplicable a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional a los servidores del orden territorial, dispuso en su artículo 3 que «los empleados públicos a quienes se les aplique el régimen de retroactividad de cesantías continuarán con el disfrute de este, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».

3.5. Análisis y decisión del caso concreto

33. De lo analizado anteriormente, se tiene que el a quo accedió parcialmente a las pretensiones, reconociendo que Ana Lucía Reinel Cárdenas está bajo el régimen de cesantías retroactivas, dado su vínculo laboral anterior a la Ley 344 de 1996. Aunque sus prestaciones debían pagarse antes del 8 de marzo de 2018, el desembolso se hizo en marzo de 2019, lo que originó más de un año de mora. El juez consideró procedente la sanción moratoria, presentada dentro del plazo legal, y ordenó liquidarla con base en el salario de 2017, sin aplicar indexación, en línea con la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Aclaró además que la Ley 244 de 1995 -modificada por la Ley 1071 de 2006aplica a todos los servidores públicos, sin importar su régimen de cesantías. Por último, a l destacar el carácter garantista del régimen prestacional, el juzgado ordenó el pago de un día de salario por cada día de mora, conforme al artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

34. La entidad apelante sostiene que la sentencia no tuvo en cuenta que la demandante

por cada día de mora, conforme al artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

34. La entidad apelante sostiene que la sentencia no tuvo en cuenta que la demandante se vinculó en 1987, antes de la Ley 344 de 1996, lo que la ubica en el régimen de cesantías retroactivas regulado por la Ley 6 de 1945 y normas afines. Al no existir prueba de acogimiento voluntario al régimen anual, rechaza la aplicación de la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, alegando que su alcance jurisprudencial se limita a docentes del régimen general y no a servidores públicos de régimen especial. En apoyo, cita pronunciamientos del Consejo de Estado que restringen la procede