TA PUT - 860013333001-2022-00077-01-(27-11-2024)

1

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 41001-33-33-007-2020-00169-01

Demandante: Blanca Luz Martínez Castro; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, dieciocho (18) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

S A L A D E D E C I S I Ó N N º 5

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: BLANCA LUZ MARTÍNEZ CASTRO

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

– FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO –FOMAG– EXPEDIENTE: 41001-33-33-007-2020-00169-01

SENTENCIA: Nº TAH 005-24-06-108

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 27 de febrero de 2023, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Neiva, que negó las pre tensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

La señora Blanca Luz Martínez Castro interpuso demanda2 de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–, pretendiendo la

1. Demanda

La señora Blanca Luz Martínez Castro interpuso demanda2 de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–, pretendiendo la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 3539 del 1° de julio de 2020 , que negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a la demandante.

1.1. Pretensiones:

Así mismo, solicitó se declare que tiene derecho a la aludida pensión de jubilación, equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados en el

1 De conformidad a la facultad conferida por los artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 63A de la Ley 270 de 1996. 2 Documento 001, expediente electrónico de primera instancia. Reformada en memorial del 3 de marzo de 2021; documento 008, expediente electrónico de primera instancia.2

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 41001-33-33-007-2020-00169-01

Demandante: Blanca Luz Martínez Castro; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG año de servicio anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, “a partir del 27 de enero de 2016”.

Como consecuencia de ello, a título de restablecimiento del derecho, pretendió se ordene al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG– reconocer y pagar a la demandante la pensión de jubilación en los términos antes descritos; al igual que se disponga el pago retroactivo, la indexación de cada una

se ordene al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG– reconocer y pagar a la demandante la pensión de jubilación en los términos antes descritos; al igual que se disponga el pago retroactivo, la indexación de cada una de las sumas adeudadas y el reconocimiento los intereses moratorios a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, hasta cuando se verifique el pago de la obligación.

Finalmente, solicitó la condena en costas a la entidad demandada.

1.2. Hechos:

Relató la parte actora3, que la señora Blanca Luz Martínez Castro nació el 27 de enero de 2016 (sic), por lo que a la fecha de presentación de la demanda contaba con cincuenta y cinco (55) años de edad.

Afirmó, que la demandante se vinculó como empleada pública del municipio de Guadalupe desde el 7 de febrero de 1994, acumulando siete (7) años, cuatro (4) meses y ocho (8) días de servicios prestados hasta el 30 de noviembre de 2002; sumados a diez (10) me ses y tres (3) días cuya prestación mediante contrato realidad fue declarada por el Tribunal Administrativo del Huila en el proceso 2012-00035-00.

Adujo que, luego de ello, se vinculó como docente al servicio del Departamento del Huila el 13 de febrero de 2004, completando más de veinte (20) años de servicio; motivo por el cual, solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento y pago de una pensión ordinaria de jubilación a partir del 27 de enero de 2016, por ser la fecha en que adquirió el estatus jurídico de pensionada.

servicio; motivo por el cual, solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento y pago de una pensión ordinaria de jubilación a partir del 27 de enero de 2016, por ser la fecha en que adquirió el estatus jurídico de pensionada. No obstante, la petición fue negada mediante el acto enjuiciado.

1.3. Concepto de violación y alegatos de conclusión:

A juicio de la parte actora 4, el acto administrativo demandado incurre en infracción a las normas en que debería fundarse, especialmente el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 , entre otras; toda vez que los docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003 conservan el régimen especial

3 Páginas 4 a 5 de documento 001, expediente electrónico de primera instancia. 4 Páginas 5 a 16, ibídem.3

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 41001-33-33-007-2020-00169-01

Demandante: Blanca Luz Martínez Castro; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG consagrado en las leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989 y 71 de 1988, mientras que para aquellos que por primera vez ingresaron al magisterio a partir del 27 de junio de 2003, el régimen pensional es el previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Estimó, que la demandante se vinculó previo a la entrada en vigencia de la Ley

junio de 2003, el régimen pensional es el previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Estimó, que la demandante se vinculó previo a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que, al cumplir 55 años de edad y 20 años de servicio, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación sobre el 75% de lo devengado durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional.

Sostuvo que, incluso si su vinculación fuese posterior a aquella data, a la demandante le sería aplicable el escalafón docente previsto en el Decreto 2278 de 2002; aunque “esta circunstancia no tiene nada que ver con el régimen pensional de la ley 812 de 2003, de los docentes que fueron vinculados antes del año 2003, a quienes se les debe respetar el régimen anterior de esta disposición normativa”.

Al alegar de conclusión 5, la apoderada actora reiteró esencialmente los planteamientos de la demanda.

2. Contestación de la Demanda y Alegatos de Conclusión

Tanto en su escrito de contestación6, como en la etapa de alegaciones finales7, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG– se opuso a las pretensiones de la demanda, exponiendo que los docentes vinculados al magisterio luego de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, es decir, a partir del 27 de junio de 2003, gozan del Sistema General de Pensiones instituido por la Ley 100 de 1993; mientras que aquellos afiliados al fondo o vinculados con anterioridad a esa fecha, el régimen que los cobija es el de la Ley

partir del 27 de junio de 2003, gozan del Sistema General de Pensiones instituido por la Ley 100 de 1993; mientras que aquellos afiliados al fondo o vinculados con anterioridad a esa fecha, el régimen que los cobija es el de la Ley 91 de 1989, que a su vez permite la aplicación de las leyes 33 y 62 de 1985.

Planteó que, en este caso, debe acudirse a la Ley 91 de 1989. Sin embargo, no se ha logrado acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, especialmente en cuanto al tiempo de servicio; motivo por el que no se ha reconocido la prestación reclamada.

Como excepciones de mérito, formuló las de caducidad y prescripción.

5 Documento 023, ibídem. 6 Documento 010, ibídem. 7 Documento 024, ibídem.4

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 41001-33-33-007-2020-00169-01

Demandante: Blanca Luz Martínez Castro; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG

3. Ministerio Público

En el presente caso, la Agencia del Ministerio Público no emitió concepto.

4. Sentencia Apelada

En sentencia del 27 de febrero de 20238, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Neiva negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

Para el efecto, consideró que la señora Blanca Luz Martínez Castro no acreditó en debida forma su vinculación inicial con el municipio de Guadalupe; pues al

condenar en costas.

Para el efecto, consideró que la señora Blanca Luz Martínez Castro no acreditó en debida forma su vinculación inicial con el municipio de Guadalupe; pues al no obrar los actos de nombramiento y posesión, ni certificados de afiliación a fondo de pensiones o de vinculación laboral, no era factible colegir la existencia de una relación legal o reglamentaria como docente oficial.

Puso de presente que, si en gracia de discusión se aceptara que el certificado laboral emitido por el municipio de Guadalupe, acredita su vinculación al servicio oficial docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003; tampoco se habría probado el cumplimiento de veinte (20) años de servicio, al no poder tener en cuenta los tiempos respecto de los cuales se declaró la existencia de un contrato realidad, (i) porque en aquel reconocimiento no se le otorgó la calidad de se rvidora pública, y (ii) tampoco se advierte la realización de cotizaciones por dichos periodos.

5. La Apelación

La apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación 9 en contra de la anterior decisión, reiterando el régimen que estima aplicable a la señora Blanca Luz Martínez y la prestación de más de veinte (20) años de servicios; al tiempo que se refirió nuevamente a los antecedentes normativos y jurisprudenciales del reconocimiento pensional que depreca.

Sobre la condena en costas, adujo que esta solo era procedente cuando se probaba la causación de gastos y expensas dentro del proceso; sin que en este caso se encontrara acreditado.

Sobre la condena en costas, adujo que esta solo era procedente cuando se probaba la causación de gastos y expensas dentro del proceso; sin que en este caso se encontrara acreditado.

En ese sentido, solicitó revocar la providencia impugnada y acceder las pretensiones de la demanda.

8 Documento 026, ibídem. 9 Documento 029, ibídem.5

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 41001-33-33-007-2020-00169-01

Demandante: Blanca Luz Martínez Castro; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG

6. Trámite de Segunda Instancia

El 29 de junio de 2023 se admitió el recurso de apelación10 presentado por la parte demandada, y el 7 de julio de la misma anualidad el Secretario de esta Corporación pasó el expediente al despacho para proferir decisión de segundo grado11, en armonía a lo consagrado en el artículo 247 -5º del C.P.A.C.A.12; sin que previo a la ejecutoria de la providencia admisoria de la apelación, las partes o el Ministerio Público allegaran pronunciamiento alguno.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal Administrativo del Huila es competente para conocer este asunto en segunda instancia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en primera instancia por el J uzgado Séptimo Administrativo de Neiva y corresponde a la Corporación su conocimiento como superior funcional.

de 2011, teniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en primera instancia por el J uzgado Séptimo Administrativo de Neiva y corresponde a la Corporación su conocimiento como superior funcional.

2. Estudio Previo de C aducidad del Medio de Control de Nulidad y

Restablecimiento del Derecho

La caducidad, como fenómeno jurídico, ha sido definida por el Consejo de Estado como el vencimiento del término previsto en la ley para acudir ante los jueces a demandar, “límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante las autoridades competentes” 13, configurándose cuando expira dicho término.

Así, c onforme al numeral 1, literal c), del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, como las pensiones; criterio que opera en este caso, puesto se pretende la nulidad de un acto administrativo que negó e l reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.

10 Documento 4, expediente electrónico de segunda instancia. 11 Documento 6, ibídem. 12 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 13 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del

13 de noviembre de 2018. Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque. Radicación: 25000 -23-26-000-201400029-01 (58452); entre otras.6

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 41001-33-33-007-2020-00169-01

Demandante: Blanca Luz Martínez Castro; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG En ese orden de ideas, en el ejercicio del presente medio de control no opera la configuración de la caducidad.

3. Problema Jurídico

Con base en los argumentos de la apelación, el problema jurídico se contrae en determinar si la Resolución N° 3539 del 1° de julio de 2020 , expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se encuentra viciada de nulidad por falsa motivación e infracción a las norma s en que debería fundarse, al negar el reconocimiento de una pensión de jubilación a favor de la señora Blanca Luz Martínez Castro bajo el régimen de la Ley 33 de 1995, por presuntamente no acreditar el cumplimiento de los requisitos para el efecto.

En caso de prosperar los cargos de nulidad formulados, deberá establecerse si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación en cuantía equivalente a l 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de se rvicios previo a la adquisición del estatus pensional , de manera retroactiva e indexada, desde cuando esta se haya hecho efectiva.

4. Resolución del Problema Jurídico

Para resolver el asunto propuesto, la Sala analizará normativa y

estatus pensional , de manera retroactiva e indexada, desde cuando esta se haya hecho efectiva.

4. Resolución del Problema Jurídico

Para resolver el asunto propuesto, la Sala analizará normativa y jurisprudencialmente (i) el régimen prestacional de los educadores estatales, (ii) el tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios docente para efectos de la pensión de jubilación; y (iii) la aplicación de la sentencia SUJ014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, en la determinación del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, en aras de definir con base en el acervo probatorio obrante en el expediente, si la demandante reúne los requisitos exigidos para acceder a una pensión de jubilación de que tra ta al Ley 33 de 1995, y determinar los factores salariales que, en dado caso, integrarían su base de liquidación pensional.

4.1. Régimen prestacional de los educadores estatales:

El artículo 115 de la Ley 115 de 1994, denominada Ley General de la Educación, dispuso que el régimen prestacional de los educadores estatales es el contemplado en la Ley 91 de 1989, cuyo artículo 15 prescribe lo siguiente:

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:7

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 41001-33-33-007-2020-00169-01

Demandante: Blanca Luz Martínez Castro; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 41001-33-33-007-2020-00169-01

Demandante: Blanca Luz Martínez Castro; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG 1º. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decreto 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley […]”

De conformidad con el precepto anterior, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrán el régimen vigente que tenían en la entidad territorial donde desarrollan su labor.

El régimen anterior a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989 –esto es, el 29 de diciembre de 1989–, es el contenido en la Ley 33 de 1985, norma que consagra de manera general el derecho pensional de los empleados del sector oficial, la cual en su artículo primero señala que tendrá derecho al reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilac ión, el empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años.

De la norma en cita, se destaca que, respecto al monto de la pensión

servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años.

De la norma en cita, se destaca que, respecto al monto de la pensión reconocida, sería equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, el cual para los docentes será el anterior a la adquisición del estatus de pensionado, esto es, al cumplir 20 años de servicio y 55 de edad si fueron vinculados al servicio antes del 27 de junio de 200314.

Con la expedición de la Ley 100 de 1993, a través de la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral, se exceptuó de su aplicación a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prest aciones Sociales del Magisterio, según lo previsto en el artículo 279 ; de manera que se conservaron las remisiones normativas consagradas en la Ley 91 de 1989 relativas al reconocimiento y pago de la pensión jubilación del personal docente.

Sin embargo, con la expedición de la Ley 812 del 2003, se definió el régimen pensional aplicable al personal docente en los términos de su ar tículo 81, que (i) para el caso de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que

14 Fecha en que fue promulgada la Ley 812 que modificó el régimen pensional de los docentes, en los términos siguientes: "Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposi ciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”.8

nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposi ciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”.8

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 41001-33-33-007-2020-00169-01

Demandante: Blanca Luz Martínez Castro; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG estaban vinculados al servicio p úblico educativo oficial al momento de entrar en vigencia la Ley 812 de 2003 –es decir, al 27 de junio de 2003 –, el régimen pensional es el establecido por las normas que los regían para esa fecha, es decir, la Ley 91 de 1989 , que como se indicó en precede ncia por vía de excepción conservó la remisión a la Ley 33 de 1985; (ii) mientras que el régimen pensional de los docentes vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812, es el régimen de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los mismos requisitos en él exigidos, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para mujeres y hombres.

Lo anterior, fue precisado por la Sección Segunda del Consejo de Estado , en sentencia del 25 de abril de 2019, al unificar su jurisprudencia frente al ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–, en los siguientes términos:

“ Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–, en los siguientes términos:

“ Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, están exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social, por expresa disposición del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.  Al estar exceptuados del Sistema, no son beneficiarios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco les aplica el artículo 21 de la citada ley, en materia de ingreso base de liquidación del monto de la mesada pensional.  El régimen pensional para estos docentes está previsto en la Ley 91 de 1989, normativa que no establece condiciones ni requisitos especiales para adquirir la pensión de jubilación, ya que como lo dispuso en el literal B del numeral 2 del artículo 15, gozan del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985.  De acuerdo con la tesis reiterada de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el régimen de pensiones para los doce ntes nacionales y nacionalizados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio exceptuados del Sistema General de Pensiones, esta clase de servidores públicos no gozan de un régimen especial de jubilación, pues ni la Ley 91 de 1989, n i la Ley 60 de 1993 así lo establecieron, y tampoco lo hizo la Ley 115 de 1994 que ratificó el régimen de jubilación previsto en la Ley 33 de 1985, como norma aplicable para los docentes nacionales.

hizo la Ley 115 de 1994 que ratificó el régimen de jubilación previsto en la Ley 33 de 1985, como norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes , reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6 de 1945 o el Decreto 3135 1968, antecesoras de la Ley 33 de 1985, lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.  Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los9

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 41001-33-33-007-2020-00169-01

Demandante: Blanca Luz Martínez Castro; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres”15.

En es e orden, la aludida providencia concluyó que eran dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho pensional de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial , cuya aplicación se determina por la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada docente, sintetizándolos así:

 Régimen de pensión ordinaria de jubilación , contenido e n la Ley 33 de

vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada docente, sintetizándolos así:

 Régimen de pensión ordinaria de jubilación , contenido e n la Ley 33 de 1985, para aquellos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003; respecto de quienes los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación de su pensión son aquellos sobre los cuales hubieren efectuado aportes, de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, sin lugar a la inclusión de factores distintos a los enlistados en dicha norma.

 Régimen pensional de prima media, para los docentes vinculados a partir de la vigencia de la Ley 812 de 2003 , regulado por la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen , con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres ; a quienes debe incluírseles en la liquidación pensional, los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Al respecto, la misma Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado que por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas jurisprudenciales allí fijadas son vinculantes y de obligatorio cumplimiento para los casos pendientes de solución en sede administrativa y judicial.

4.2. Del tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios docente para efectos de la pensión de jubilación:

En primer lugar, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, es docente quien ejerce la profesión de educador, bien sea mediante la enseñanza

docente para efectos de la pensión de jubilación:

En primer lugar, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, es docente quien ejerce la profesión de educador, bien sea mediante la enseñanza en planteles oficiales de educación o en ejercicio de funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisi ón e inspección escolar,

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019. Consejero Ponente: César Palomino Cortés. Radica ción: 680001-23-33-000-2015-0056901 (0935-17).10

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 41001-33-33-007-2020-00169-01

Demandante: Blanca Luz Martínez Castro; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG de programación y capacitación educativa, entre otras actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional16.

De otro lado, la Ley 60 de 199317, previó una transición de seis (6) años para la incorporación progresiva de los docentes temporales vinculados mediante contratos de prestación de servicios, a las plantas de personal de los entes educativos; circunstancia sobre la cual se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-555 de 1994, co ncluyendo que con ella se infringía el artículo 13 superior, al permitir una desigualdad material en razón al tipo de vinculación, cuando resultaba clara la vocación de permanencia de los docentes inicialmente contratados mediante prestación de servicios, la semejanza en

superior, al permitir una desigualdad material en razón al tipo de vinculación, cuando resultaba clara la vocación de permanencia de los docentes inicialmente contratados mediante prestación de servicios, la semejanza en cuanto a las funciones y desempeño respecto de los demás maestros y profesores, y la subordinación propia de la actividad que ejercen18.

Con fundamento en ello, el Consejo de Estado ha señalado que los tiempos laborados como docente, en vir tud de órdenes o contratos de prestación de servicios, implican una vinculación al servicio oficial docente, por lo que deben computarse para efectos de la pensión de jubilación, siendo igualmente válidos para establecer la fecha de incorporación a la acti vidad educativa y, en consecuencia, el régimen pensional aplicable19.

Lo anterior, luego de explicar que:

“[L]a vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado […].

que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado […].

16 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

B. Sentencia del 26 de agosto de 2021. Consejero Ponente: César Palomino Cortés. Radicación: 52001 -23-33000-2013-00202-01 (3639-15); Sentencia del 9 de septiembre de 2021. Radicación: 54001 -23-33-000-201300091-02 (1038-17). 17 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 18 Corte Constitucional. Sentencia C-555 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 26 de agosto de 2021. Consejero Ponente: César Palomino Cortés. Radicación: 52001 -23-33-000-2013-00202-01 (3639-15); Sentencia del 9 de septiembre de 2021. Radicación: 5400 1-23-33-000-2013-00091-02 (1038-17); Sentencia del 25 de noviembre de 2021. Radicación: 70001-23-33-000-2016-00260-01 (1489-18).11

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sentencia del 25 de noviembre de 2021. Radicación: 70001-23-33-000-2016-00260-01 (1