TA PUT - 860013333002-2020-00096-01-(14-08-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

SALA UNITARIA

Magistrado Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ

San Miguel de Ágreda de Mocoa, 14 de agosto de 2025

Radicación 860013333002-2020-00096-01 Medio de control Reparación directa Demandante José Alfredo Buesaquillo Ramos y otros Demandados Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Ministerio público Procuradora 156 Judicial II Para Asuntos Administrativos Aida Elena Rodríguez Estrada Tema Responsabilidad por privación injusta de la libertad Asunto Sentencia de Segunda Instancia

I. OBJETO DE LA DECISION

De acuerdo con lo indicado en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009), la Sala Plena de esta Corporación, mediante Acuerdo No. 0003 del 2 de septiembre de 2024, estableció un orden temático para la elab oración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. De esta manera, priorizó, entre otros, los procesos cuya solución implique la aplicación de sentencias de unificación o de jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, como ocurre en este asunt o en el que se debate la responsabilidad extracontractual por privación injusta de la libertad , asunto que fue objeto de unificación en la sentencia SU-072 de 2018.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por el demandante, contra la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito

fue objeto de unificación en la sentencia SU-072 de 2018.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por el demandante, contra la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante la cual resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. - NEGAR las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, formulada por los señores: JOSE ALFREDO BUESQUILLO RAMOS, JORGE ENRIQUE BUESAQUILLO RAMOS y GABRIEL ANDRÉS GARCÍA LÓPEZ, en contra de LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. - Sin lugar a Condenar en costas en esta instancia. (...)”

II. ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. La demanda. 2.2. Hechos relevantes de la demanda. 2.3. Normas violadas y concepto de la violación. 2.4. Contestación de demanda. 2.5. Sentencia apelada. 2.6. Apelación de la parte demandante. 2.7. Trámite de segunda instancia.

2.1. La demanda

1. La parte demandante a través del medio de control de reparación directa, solicita se declare la responsabilidad administrativa y patrimonial de los demandados Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de AdministraciónRadicación: 860013333002-2020-00096-01

Demandante: José Alfredo Buesaquillo Ramos y otros

Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de AdministraciónRadicación: 860013333002-2020-00096-01

Demandante: José Alfredo Buesaquillo Ramos y otros

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 2 de 13 Judicial, con ocasión de los perjuicios materiales y morales ocasionados por la presunta privación injusta de la libertad de los señores: José Alfredo Buesaquillo Ramos, Jorge Enrique Buesaquillo Ramos y Gabriel Andrés García López derivada de la medida de aseguramiento intramural en el marco de un proceso penal que culminó con su absolución definitiva.

2. Asimismo, solicitaron que los valores reconocidos fueran debidamente actualizados conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que se diera cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Igualmente, se pidió la condena en costas.

2.2. Hechos relevantes de la demanda

3. La demanda tiene origen en un proceso penal iniciado a raíz del secuestro de un menor de edad ocurrido el 3 de abril de 2008 en el municipio de Villagarzón (P). La denuncia fue presentada por el padre de la víctima el día 5 de abril de 2008 , lo que dio lugar a la

menor de edad ocurrido el 3 de abril de 2008 en el municipio de Villagarzón (P). La denuncia fue presentada por el padre de la víctima el día 5 de abril de 2008 , lo que dio lugar a la apertura de una noticia criminal en la que se vinculó a los demandantes José Alfredo Buesaquillo Ramos, Jorge Enrique Buesaquillo Ramos y Gabriel Andrés García López como presuntos responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir. A raíz de ello, se ordenó su captura y se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en la Cárcel Judicial de Mocoa.

4. Señala el libelista que, d urante el proceso penal, se llevaron a cabo div ersas diligencias judiciales, incluyendo la formulación de acusación, audiencias preparatorias y juicio oral. Sin embargo, debido a múltiples dilaciones procesales, los acusados fueron dejados en libertad por vencimiento de términos. Finalmente, el proceso concluyó con sentencia absolutoria proferida el 25 de octubre de 2016, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Mocoa el 15 de marzo de 2018, con fundamento en el principio de “in dubio pro reo”.

5. Los demandantes alegan haber sido priva dos injustamente de la libertad por periodos que oscilan entre 8,5 y 10,6 meses, lo cual generó graves afectaciones personales, familiares, económicas y sociales. Todos ellos eran personas sin antecedentes judiciales, con empleos estables y vínculos familiares sólidos. Durante su reclusión, no solo se vieron impedidos de generar ingresos, sino que también fueron objeto de humillaciones y

familiares, económicas y sociales. Todos ellos eran personas sin antecedentes judiciales, con empleos estables y vínculos familiares sólidos. Durante su reclusión, no solo se vieron impedidos de generar ingresos, sino que también fueron objeto de humillaciones y estigmatización, tanto ellos como sus familias, por haber sido señalados como delincuentes.

6. Finalmente, a juicio de la parte actora, arguye que la medida de privación de la libertad careció de fundamentos probatorios suficientes para justificar la medida restrictiva de la libertad impuesta en su momento.

2.3. Normas violadas y concepto de la violación

7. Como normas violadas y concepto de la violación, a partir del escrito de demanda, se reproducen como tales, el artículo 90 de la Constitución Política; los artículos 68 de la Ley 270 de 1996 y 414 del Decreto 2700 de 1991 , en cuanto a su fundamento la SalaRadicación: 860013333002-2020-00096-01

Demandante: José Alfredo Buesaquillo Ramos y otros

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 3 de 13 entiende y sintetiza así: expresa el demandante la responsabilidad extracontractual del demandado como una obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas,

entiende y sintetiza así: expresa el demandante la responsabilidad extracontractual del demandado como una obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la victima por medio del deber de indemnización, bajo esa óptica, el artículo 90 de la constitución política establece la clausula general de responsabilidad patrimonial del Estado.

8. Refiere que conforme al art. 68 de la Ley 270 de 1996, cuando se absuelva al sindicado porque el hecho no existió o cuando la conducta no constituya un hecho punible, el régimen de responsabilidad es objetivo y, por consiguiente, no será determinante para establecer la responsabilidad que la entidad demandada haya actuado o no de manera diligente o cuidadosa.

2.4. Contestación de demanda

9. La Fiscalía General de la Nación (FGN), argumenta que no se configuran los elementos estructurales de la responsabilidad estatal, a saber: daño antijurídico e imputación fáctica y jurídica, infiere que la acción administrativa se origina en un proceso penal que culminó con sentencia absolutoria por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, debido a la falta de pruebas suficientes y a la aplicación del principio de presunción de inocencia e in dubio pro reo.

10. Sostiene que la medida de aseguramiento impuesta fue razonable y legal, basada en elementos probatorios válidos, como el testimonio de un testigo, y que su imposición

principio de presunción de inocencia e in dubio pro reo.

10. Sostiene que la medida de aseguramiento impuesta fue razonable y legal, basada en elementos probatorios válidos, como el testimonio de un testigo, y que su imposición respondió a la necesidad de proteger los derechos de una menor d e edad. Se argumenta que la absolución posterior no implica automáticamente responsabilidad del Estado, especialmente cuando esta se fundamenta en la duda razonable.

11. Asimismo, se plantea que la actuación de la FGN se limitó a solicitar la medida de aseguramiento, siendo el Juez de Control de Garantías quien, en ejercicio de su competencia, decidió imponerla. Por tanto, no puede atribuírsele a la Fiscalía la causación directa del daño alegado.

12. Por su parte, la Rama Judicial , argumenta que no se configura una actuación irregular o reprochable por parte de la entidad que representa. Señala que la privación de la libertad de los señores José Alfredo Buesaquillo Ramos, Jorge Enrique Buesaquillo Ramos y Gabriel Andrés García López no puede ser atribuida a ella, ya que la medida de aseguramiento fue impuesta con base en una inferencia razonable de autoría o participación, sustentada en una declaración juramentada que, aunque no concluyente para una condena, sí justificaba jurídicamente la restricción de la libertad en aras de proteger a las víctimas y garantizar la comparecencia de los imputados al proceso penal.

13. Sostiene que, aunque no se logró una sentencia condenatoria, ello no implica responsabilidad patrimonial del Estado, pues la conducta procesal de los demandantes fue pasiva y omisiva. En este sentido, argumenta que los procesados y sus defensores

13. Sostiene que, aunque no se logró una sentencia condenatoria, ello no implica responsabilidad patrimonial del Estado, pues la conducta procesal de los demandantes fue pasiva y omisiva. En este sentido, argumenta que los procesados y sus defensores contaban con herramientas legales para controvertir la medida de aseguramiento, como laRadicación: 860013333002-2020-00096-01

Demandante: José Alfredo Buesaquillo Ramos y otros

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 4 de 13 posibilidad de interponer recursos, solicitar entrev istas o presentar elementos probatorios que permitieran su revocatoria. La inactividad frente a estas posibilidades configura, según su juicio , una causal eximente de responsabilidad, enmarcada en la figura de la culpa exclusiva de la víctima.

14. Finalmente, enfatiza que, conforme a los artículos 267 y 271 de la Ley 906 de 2004, los procesados tenían la facultad de actuar en defensa de sus derechos, y que su falta de diligencia en este sentido refuerza la tesis de que la privación de la libertad no fue consecuencia directa de una falla del servicio judicial. En consecuencia, se solicita al juez contencioso administrativo que se declare la improcedencia de las pretensiones de la demanda, proponiendo como excepciones la falta de legitimación en la cau sa por activa y la culpa de las víctimas como causal excluyente de responsabilidad estatal.

2.5. Sentencia apelada

demanda, proponiendo como excepciones la falta de legitimación en la cau sa por activa y la culpa de las víctimas como causal excluyente de responsabilidad estatal.

2.5. Sentencia apelada

15. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante sentencia de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinti trés (2023), resolvió negar las pretensiones de la demanda, como sustento de la decisión el despacho judicial, tras analizar los elementos pr obatorios y la jurisprudencia aplicable, concluyó que la privación de la libertad no fue injusta, en tanto se ajustó a los requisitos legales y se basó en una inferencia razonable de autoría. La absolución posterior no implica automáticamente responsabilidad del Estado, y no se acreditó que la medida restrictiva hubiese sido arbitraria o desproporcionada.

16. En consecuencia, el juzgado negó las pretensiones de la demanda sin costas procesales, al no encontrarse configurado un daño antijurídico imputable a las entidades demandadas.

2.6. Apelación de la parte demandante

17. El demandante expresó no estar de acuerdo con la decisión de primera instancia, desde su perspectiva, infiere que la decisión no refleja la realidad probatoria del proceso , señalando que la detención no se produjo en flagrancia, sino mediante orden judicial, y que no s e acreditó la existencia de elementos materiales probatorios que justificaran una inferencia razonable de autoría. En particular, destaca que la entrevista al señor Gabriel Andrés García López, utilizada inicialmente por la Fiscalía para solicitar la medid a de aseguramiento, no fue introducida en el juicio oral, lo que evidencia una falla en el servicio

Andrés García López, utilizada inicialmente por la Fiscalía para solicitar la medid a de aseguramiento, no fue introducida en el juicio oral, lo que evidencia una falla en el servicio por parte del ente acusador.

18. Asimismo, argumenta que la Fiscalía reconoció su error al solicitar la absolución de los procesados en la audiencia de juicio oral, lo que refuerza la tesis de que la privación de la libertad fue injusta y atribuible a la negligencia de las entidades demandadas. En consecuencia, sostiene que no se configura la exoneración de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima ni por hecho de un tercero.

19. Finalmente, el apelante enfatiza la vigencia de la presunción de inocencia como garantía constitucional y convencional, y concluye que, al no haberse desvirtuado dichaRadicación: 860013333002-2020-00096-01

Demandante: José Alfredo Buesaquillo Ramos y otros

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 5 de 13 presunción ni acreditado la legalidad de la medida restri ctiva, la privación de la libertad resulta antijurídica y debe ser reparada por el Estado.

2.7. Trámite de segunda instancia

20. Cumplido el trámite legal correspondiente, el juzgado de instancia concedió el recurso de apelación el día 23 de enero de 2024 1, ordenando remitir el expediente al

2.7. Trámite de segunda instancia

20. Cumplido el trámite legal correspondiente, el juzgado de instancia concedió el recurso de apelación el día 23 de enero de 2024 1, ordenando remitir el expediente al

Tribunal Administrativo de Nariño.

21. De otra parte, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo No. PCSJA2312125 del 19 de diciembre de 2023 2 dispuso la creación del Tribunal Administrativo del Putumayo y el Distrito Judicial Administrativo del Putumayo, con base en lo cual, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño mediante Acuerdo No. CSJNAA24-124 del 24 de mayo de 20243, redistribuyó 776 procesos de primera y segunda instancia de los despachos 001, 002, 003, 004, 005 y 006 del Tribunal Administrativo de Nariño a los despachos 001, 002 y 003 del Tribunal Administrativo del Putumayo. Así mismo, este Acuerdo anexó un documento que contiene los expedientes objeto de la redistribución, y asignó a este despacho, el medio de control de la referencia, el cual fue avocado mediante auto del 2 0 de agosto de 20244.

22. Esta Corporación mediante auto admitió el recurso de apelación, el día 18 de febrero de 20255.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 3.1. Competencia. 3.2. Problema Jurídico. 3.3. Tesis de la Sala. 3.4. Fundamentos Jurídicos que soportan la tesis de la Sala. 3.4.1. Régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. 3.5. Análisis y decisión del caso concreto. 3.6.

La condena en costas.

Sala. 3.4.1. Régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. 3.5. Análisis y decisión del caso concreto. 3.6. La condena en costas.

3.1. Competencia

23. Conforme a lo dispuesto en el artículo 153 y 243 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

3.2. Problema Jurídico

24. En términos de la apelación , le Sala debe establecer si el tiempo en que los demandantes estuvieron privados de la libertad genera responsabilidad del Estado por una posible falla en el servicio. Esto, teniendo en cuenta que la medida de aseguramiento fue impuesta con base en una sosp echa razonable de su participación en los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir , apoyada en pruebas que en su

1 Índice 00001/SAMAI/OneDrive/Doc.55. 2 Acuerdo No. PCSJA23 -12125 del 19 de diciembre de 2023 “Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se dictan otras disposiciones”. 3 Acuerdo No. CSJNAA24-124 del 24 de mayo de 2024 “Por el cual se redistribuyen procesos de los Despachos 001, 002, 003, 004, 005 y 006 del Tribunal Administrativo de Nariño a los despachos 001, 002 y 003 del tribunal Administrativo del Putumayo, creados mediante Acuerdo No. PCSJA23-12125 de 2023”. 4 Índice 00006/SAMAI.

Putumayo, creados mediante Acuerdo No. PCSJA23-12125 de 2023”. 4 Índice 00006/SAMAI. 5 Índice 00011/SAMAI.Radicación: 860013333002-2020-00096-01

Demandante: José Alfredo Buesaquillo Ramos y otros

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 6 de 13 momento se consideraron válidas, pero que finalmente no fueron suficientes para condenarlos, lo que llevó a la absolución bajo el principio de in dubio pro reo (en caso de duda, se falla a favor del acusado). Además, establecer si las autoridades judiciales o la Fiscalía actuaron de forma irregular, arbitraria o desproporcionada.

3.3. Tesis de la Sala

25. A juicio de la Sala, debe confirmarse la sentencia de primera instancia, porque no se encuentra acreditado el primero de los elementos de la responsabilidad del Estado, esto es, la existencia de un daño antijurídico, en tanto, no se demostró que la medida de aseguramiento impuesta a los demandantes fuera ilegal, irrazonable y desproporcional, al contrario, se evidenció que se soportó razonada, jurídica y probatoriamente, puesto que, a partir de los elementos probatorios y fuentes de información no formal, se le vinculó con la coordinación de actividades delictivas para el delito de secuestro extorsivo y concierto para

partir de los elementos probatorios y fuentes de información no formal, se le vinculó con la coordinación de actividades delictivas para el delito de secuestro extorsivo y concierto para delinquir junto con la retribución económica por esta causa, frente a las cuales la Fiscalía General de la Nación tenía razones legales para solicitar la medida y el juez de control de garantías para imponerla, considerando la gravedad del delito y su riesgo social, y los indicios de responsabilidad contra el procesado.

26. Lo anterior, sin que la absolución en etapa de juicio, debido al desarrollo y resultado de la práctica de las pruebas, no conllevara a desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, lo cual no implica per se la responsabilidad extracontractual de las demandadas.

27. Por lo tanto, como se analizará en lí neas posteriores, se confirmará la decisión de primera instancia.

3.4. Fundamentos jurídicos que soportan la tesis de la Sala

28. Con el fin de desatar la controversia planteada, la Sala inicialmente hará referencia a las normas y la jurisprudencia que regula la materia, para posteriormente adentrarse en

el estudio del caso concreto, así:

3.4.1. Régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad

29. La responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado ha sido reconocida a nivel constitucional, específicamente en el artículo 90 de la Constitución Política. Esta norma establece que una persona puede ser considerada víctima cuando sufre un daño antijurídico atribuible a una autoridad pública, ya sea por acción o por omisión. Por lo tanto, los elementos clave que configuran la responsabilidad del Estado son el daño antijurídico y la imputación.

antijurídico atribuible a una autoridad pública, ya sea por acción o por omisión. Por lo tanto, los elementos clave que configuran la responsabilidad del Estado son el daño antijurídico y la imputación.

30. En desarrollo de esa cláusula general de responsabilidad, e l artículo 68 de la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que causen los agentes judiciales, derivada de la privación injusta de la libertad de las personas, en los siguientes términos:Radicación: 860013333002-2020-00096-01

Demandante: José Alfredo Buesaquillo Ramos y otros

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 7 de 13 “ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. ”

31. La jurisprudencia del Consejo de Estado, inicialmente llegó a reconocer la existencia de responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando se configuraban ciertas causales de imputación objetiva, tales como: (i) la inexistencia del hecho, (ii) que el sindicado no fuera el autor del mismo, o (iii) que la conducta no constituyera delito ; lo anterior, se fundamentó en la idea de que no era equitativo que una persona tuviera que afrontar las consecuencias negativas de la restricción de su libertad, cuando dicha situación

anterior, se fundamentó en la idea de que no era equitativo que una persona tuviera que afrontar las consecuencias negativas de la restricción de su libertad, cuando dicha situación se originó en la incapacidad del Estado para desvirtuar la presunción de inocencia que lo amparaba, lo cual lo llevó a padecer injustamente los efectos de dicha medida.

32. No obstante, en sentencia SU-072 de 2018, la H. Corte Constitucional advirtió que, ningún cuerpo normativo establecía un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, entonces, el juez será quien, en cada caso, deberá realizar un análisis para determinar si la privación de la libertad fue apr opiada, razonable

y/o proporcionada, así:

“...104. Retomando la idea que se venía planteando, tenemos que el juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e

no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio juris prudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Co nstitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares.

(...)

109. Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial-- del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en apli cación del principio iura novit curia 6, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante...”

6 El juez conoce el derecho. En la sentencia T -577 de 2017 se entendió que: “corresponde al juez la aplicación del derecho

que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante...”

6 El juez conoce el derecho. En la sentencia T -577 de 2017 se entendió que: “corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes (…) la determinación correcta del derecho”.Radicación: 860013333002-2020-00096-01

Demandante: José Alfredo Buesaquillo Ramos y otros

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 8 de 13

33. Con base en lo expuesto , el Honorable Consejo de Estado 7, en su jurisprudencia más reciente, ha sostenido que en los procesos donde se alega la privación injusta de la libertad: (i) no se encuentra predeterminado un título específico de imputación; (ii) por el contrario, en virtud del principio iura novit curia , corresponde al juez determinar, en cada caso concreto, el régimen jurídico aplicable, así como construir una motivación sustentada en consideraciones tanto fácticas como jurídicas que respalden la decisión adoptada.

34. Conforme a esta postura, respaldada e specialmente por las Subsecciones A y C 8 de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado: (i) no se justifica la aplicación de un régimen de responsabilidad marcadamente objetivo en los casos de privación injusta de la libertad; (ii) por el contrario, el análisis debe iniciar no solo con la constatación del daño,

un régimen de responsabilidad marcadamente objetivo en los casos de privación injusta de la libertad; (ii) por el contrario, el análisis debe iniciar no solo con la constatación del daño, sino también con la verificación de su carácter antijurídico; (iii) lo cual implica examinar la conformidad de la orden de detención o privación con el ordenamiento jurídico, así como la conducta del afectado; (iv) para, posteriormente, establecer si se configuran los demás elementos constitutivos de la responsabilidad estatal.

3.5. Análisis y decisión del caso concreto

35. De lo analizado anteriormente, se tiene que el a quo denegó las pretensiones de la demanda, al concluir que la privación de la libertad no fue injusta, toda vez que se ajustó a los requisitos legales y se fundamentó en una inferencia razonable de autoría. El despacho consideró que la posterior absolución no genera, por sí sola, responsabilidad estatal, y no se acreditó que la medida restrictiva hubiese sido arbitraria o desproporcionada. En consecuencia, al no configurarse un daño antijurídico imputable a l as entidades demandadas, se rechazaron las pretensiones sin imposición de costas procesales.

36. En oposición a lo anterior, el demandante apela la decisión pues no está de acuerdo con lo decidido, argumentando que no se valoró adecuadamente el acervo probato rio, ya que la detención se produjo mediante orden judicial sin que existieran elementos materiales que sustentaran una inferencia razonable de autoría. Señaló, además, que la entrevista utilizada por la Fiscalía para solicitar la medida de aseguramiento n o fue incorporada al juicio oral, lo que evidenciaría una falla en el servicio. Añadió que el ente acusador

utilizada por la Fiscalía para solicitar la medida de aseguramiento n o fue incorporada al juicio oral, lo que evidenciaría una falla en el servicio. Añadió que el ente acusador reconoció su error al solicitar la absolución en audiencia, lo cual refuerza la tesis de una privación injusta de la libertad atribuible a la negligencia estatal.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 14 de diciembre de 2022,