TA PUT - 86001333300220200007801-(12-02-2026)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

SALA DE DECISIÓN

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Mocoa, doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: Marco Antonio Muñoz Mera

RADICACIÓN: 86001333300220200007801

DEMANDANTE: JUAN CARLOS SIERRA GUZMÁN

DEMANDADO: NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA -EJÉRCITO

NACIONAL

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: Reajuste salarial y prestacional del 20 %, prima de actividad y subsidio familiarSoldado profesional

SENTENCIA

De conformidad con lo previsto en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009), la Sala Plena de esta Corporación, mediante Acuerdo No. 0003 del 2 de septiembre de 2024, estableció un orden temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. Para el efecto, priorizó, entre otros, los procesos cuya solución implique la aplicación de sentencias de unificación o de jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, como ocurre en este caso en el que se contr ovierte el reconocimiento y pago del subsidio familiar de soldados profesionales, asunto que ha sido objeto de jurisprudencia reiterada.

En virtud de lo anterior , la Sala de Decisión, dentro del término de Ley, procede a decidir lo que en derecho correspo nda frente a la apelación presentada por la parte demandante, contra la sentencia de 29 de septiembre de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del

procede a decidir lo que en derecho correspo nda frente a la apelación presentada por la parte demandante, contra la sentencia de 29 de septiembre de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, que resolvió denegar las súplicas de la demanda1.

ANTECEDENTES 1.1 Síntesis de la demanda2

Con la demanda se pretende i) la declaratoria de nulidad de l acto administrativo contenido en el Oficio N° 20183112025721: MDN-CGFMCOEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 19 de octubre de 2018 y del acto administrativo ficto o presunto, por medio de los cuales, la NaciónMinisterio de Defesa -Ejército Nacional, negó al demandante el reconocimiento y pago de l subsidio familiar y el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y la prima de actividad respectivamente.

ii)Como consecuencia de la anterior declara ción y a título de restablecimiento del derecho, solicit ó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% dejada de percibir a título de asignación básica mensual, así como el reconocimiento y pago de la prima de actividad y del subsidio familiar, y la reliquidación de todos los factores salariales y prestacionales de acuerdo con el salario básico conformado por el mínimo aumentado al 60 %.

1 Índice N° 01 archivo 30/Samai 2 Índice N° 01 archivo 1.1/SamaiRadicado: 2020-00078 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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1 Índice N° 01 archivo 30/Samai 2 Índice N° 01 archivo 1.1/SamaiRadicado: 2020-00078 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

2 iii) Finalmente, solicitó condenar a la demandada al pago de costas, agencias en derecho y gastos del proceso y que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

1.2 Hechos3

Las pretensiones, tuvieron, en resumen, el siguiente fundamento fáctico:

1. El demandante se vinculó al Ejército Nacional, el 11 de octubre de 2005, para prestar el servicio militar obligatorio. Posteriormente, el 1 de septiembre de 2007, se vinculó como soldado profesional.

2. El 19 de marzo de 2015, el demandante acreditó la existencia de una unión marital de hecho. Más adelante, el 30 de marzo de 2015, solicitó el reconocimiento del subsidio familiar, el cual le fue concedido mediante Orden Administrativa de Personal EJC N° 1527 de 30 de mayo de 2015.

3. El 20 de junio de 2018, el actor solicitó ante la entidad demandada, el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20 % dejada de percibir a título de asignación básica mensual, así como el reconocimiento y pago de la prima de actividad y del subsidio familiar con fundamento en el artículo 11 del Decreto 1794 de

2000.

4. Frente al reconocimiento y pago del subsidio familiar, señaló que la entidad negó la petición mediante acto administrativo contenido en

familiar con fundamento en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

4. Frente al reconocimiento y pago del subsidio familiar, señaló que la entidad negó la petición mediante acto administrativo contenido en el oficio N° 20183112025721: MDN-CGFM-COEJC-SEJEC-JEMGFCOPER-DIPER-1-10 del 19 de octubre de 2018 y frente al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20 % dejada de percibir a título de asignación básica mensual, así como el reconocimiento y pago de la prima de actividad, la entidad se abstuvo de emitir pronunciamiento alguno, configurándose así un acto administrativo presuntamente negativo.

1.3 Intervención de los demandados:

1.3.1 NaciónFuerzas Militares de Colombia Ejercito Nacional4. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda y a la declaratoria del silencio administrativo, considerando que la entidad dio respuesta a la petición elevada por el actor, mediante Oficio 20183131332691 del 13 de julio de 2018. Frente al reajuste del 20 % en el salario básico, concluyó que la diferencia en los haberes prestacionales, no significa un trato desigualitario, sino la aplicación de diferentes regímenes normativos, en virtud de la sentencia de unificación del Consejo de Estado que reconoció un derecho adquirido exclusivamente a los soldados voluntarios vinculados antes del 31 de diciembre de 2000, quienes perciben el 60 % conforme a la Ley 131 de 1985, mientras que a los soldados profesionales que se vincularon con posterioridad bajo la égida del Decreto 1793 de 2000 , como es el caso

diciembre de 2000, quienes perciben el 60 % conforme a la Ley 131 de 1985, mientras que a los soldados profesionales que se vincularon con posterioridad bajo la égida del Decreto 1793 de 2000 , como es el caso del actor, que devenga el 40 % previsto en el último decreto. En lo que refiere a la prima de actividad, regulada en el Decreto 1211 de 1990, dijo que corresponde solo a oficiales y suboficiales, en razón de su función de mando y conducción de tropas, lo que no aplica a los soldados profesionales, cuyas labores son de carácter operativo y que la jerarquía

3 Índice N° 01 archivo 1.1/Samai 4 Índice N° 01 archivo 12 /SamaiRadicado: 2020-00078 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

3 militar prevista en el artículo 154 del mismo d ecreto sí justifica dicha exclusión. Respecto del subsidio familiar, señaló que la prestación le fue reconocida al actor mediante órdenes administrativas, desde el año 2014, sin que esta sea la etapa para revivir términos, pues ya obra una situación jurídica consolidada al amparo de la normatividad vigente, esto es, el Decreto 1161 de 2014. Propuso como medios exceptivos, caducidad del medio de control y carencia del derecho del demandante e inexistencia de la obligación de la demandada. 1.4 La sentencia apelada5

El Juzgado de instancia, declaró la existencia del acto ficto presuntamente negativo, derivado del silencio administrativo , frente a la solicitud presentada por el actor el 6 de noviembre de 2018 y negó las súplicas de

El Juzgado de instancia, declaró la existencia del acto ficto presuntamente negativo, derivado del silencio administrativo , frente a la solicitud presentada por el actor el 6 de noviembre de 2018 y negó las súplicas de la demanda al considerar que en lo que respecta a la diferencia salarial del 20 %, la situación del demandante no es equiparable a la de un soldado voluntario y, por tanto, no era dable aplicar una norma que no prevé tal prestación (Decreto 1793 de 2000).

Respecto de la prima de actividad, determinó que dicha prestación no le era aplicable al actor en su condición de soldado profesional, dado que el Decreto 1794 de 2000 solo la reconoce a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares , sin que sea procedente realizar juicios o test de igualdad frente a sujetos que no ostentan las mismas calidades y no cumplen las mismas funciones, pues ello implicaría vulnerar el principio de inescindibilidad normativa.

En relación con el subsidio familiar, estableció que la entidad ya había reconocido la prestación, conforme al Decreto 1161 de 2014, una vez el demandante acreditó el cambio de su estado civil con posterioridad al 1 de julio de 2014 y en consecuencia, no era procedente acudir al principio de favorabilidad, en tanto que, el Decreto 1794 de 2000 como el Decreto 1161 de 2014, establecieron de manera clara su aplicación y beneficiarios.

1.5 El recurso de apelación-parte demandante6

Manifestó su inconformidad frente a la decisión adoptada en primera instancia, y presentó el recurso de alzada en 124 páginas dividido en dos

beneficiarios.

1.5 El recurso de apelación-parte demandante6

Manifestó su inconformidad frente a la decisión adoptada en primera instancia, y presentó el recurso de alzada en 124 páginas dividido en dos partes, a saber: i) infracción al principio de congruencia y nulidad de la sentencia, y ii) motivos de disenso frente a la sentencia. Estos últimos comprenden una relación (por lo menos formal) de 3 4 cargos contra el fallo de primer grado. Sin embargo, ante el carácter extenso y reiterativo de la argumentación, la Corporación resumirá los puntos esenciales, así:

1. Frente a la infracción al principio de congruencia y nulidad de la sentencia, Adujo que la sentencia de primera instancia omitió pronunciarse de manera completa y estricta sobre los cargos jurídicos, las pretensiones y los fundamentos expuestos en la demanda, particularmente, en relación con la igualdad salarial, la prima de actividad, la prohibición de discriminación y las excepciones de inconstitucionalidad e inconvencionalidad planteadas.

5 Índice N° 01 archivo 30 /Samai 6 Índice N° 01 archivo 39 /SamaiRadicado: 2020-00078 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

4 Señaló que varios asuntos quedaron sin respuesta, lo que a su juicio vulneró el principio de congruencia y afectó su derecho al debido proceso y a la doble instancia. Por ello, solicitó que el Tribunal declare la nulidad de la providencia y ordene un pronunciamiento integral sobre todos los puntos sometidos a consideración del juez.

1. Motivos de disenso frente a la sentencia:

y a la doble instancia. Por ello, solicitó que el Tribunal declare la nulidad de la providencia y ordene un pronunciamiento integral sobre todos los puntos sometidos a consideración del juez.

1. Motivos de disenso frente a la sentencia:

Sobre el reajus te salarial del 20 %: Insistió en que los soldados profesionales y los voluntarios que se incorporaron como tal , se encuentran en las mismas condiciones de funciones y se rigen por las mismas normas. Por ende, procedía adelantar el juicio de igualdad.

Señaló además que el despacho ignoró el precedente fijado en la sentencia SU -519 de 1997, que consagran la regla “a trabajo igual, salario igual”, y no motivó el trato desigual. Solicitó la nulidad del acto administrativo que negó el reajuste y el pago de la diferencia salarial, con fundamento en la primacía de la realidad y el derecho a una remuneración justa y proporcional.

Sobre la prima de actividad: Dijo que la decisión de negar la prima de actividad a los soldados profesionales, vulnera el derecho a la igualdad, pues al igual que oficiales y suboficiales, permanecen en servicio activo y cumplen funciones esenciales dentro de la estructura militar.

Afirmó que la exclusión carecía de fundamento objetivo y respondía a una interpretación formalista y discriminatoria, pues las diferencias jerárquicas no justificaban un trato desigual. Solicitó la aplicación de un juicio de igualdad material en atención a la identidad funcional de sus labores.

Sobre el subsidio familiar : Refirió que la negativa de reconocer el subsidio familiar conforme al Decreto 1794 de 2000, desconoce el

juicio de igualdad material en atención a la identidad funcional de sus labores.

Sobre el subsidio familiar : Refirió que la negativa de reconocer el subsidio familiar conforme al Decreto 1794 de 2000, desconoce el principio de igualdad, favorabilidad, condición más beneficiosa, in dubio pro operario, progresividad, y protección de las expectativas legítimas.

Sostuvo que, ante la discusión sobre los efectos de la nulidad del Decreto 3770 de 2009, debe prevalecer la interpretación más favorable, esto es, la aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 , mismo que se encuentra vigente.

Manifestó que, si el Tribunal decide revocar el fallo impugnado en lo que tiene que ver con el subsidio familiar, era necesario abordar las pretensiones subsidiarias de la demanda, que se refieren a las excepciones de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, pues consideró que “la entidad demandada no desvirtuó la presunción de inconstitucionalidad que pesa sobre el acto administrativo que negó el reco nocimiento del reajuste del subsidio de familia y sobre el decreto 1161 de 2014”

En razón de lo expuesto , pidió que se declare la nulidad de la sentencia de instancia; en subsidio, que se proceda a la adición de la providencia; y que, se acojan los argumentos del recurso para revocar la decisión del juzgado y se acceda a las pretensiones de la demanda.

1.6 Actuación en segunda instancia

Con auto de l 6 de diciembre de 202 37, el Tribunal Administrativo de Nariño, admitió el recurso de apelación, por haber reunido los requisitos de ley,

1.6 Actuación en segunda instancia

Con auto de l 6 de diciembre de 202 37, el Tribunal Administrativo de Nariño, admitió el recurso de apelación, por haber reunido los requisitos de ley,

7 Índice N° 03 /SamaiRadicado: 2020-00078 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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Así mismo, dentro del lapso comprendido entre la notificación del auto que concede la apelación y la ejecutoria del que admitió el trámite en segunda instancia, la entidad demandada no se pronunció respecto del recurso de apelación interpuesto por el demandante, conforme a lo regulado en el numeral 3 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

De otra parte, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió del traslado para alegatos de conclusión.

Con auto de 16 de julio de 2024, este Despacho avocó el conocimiento del asunto8.

I. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal es competente para conocer del recurso de alzada interpuesto en contra de la Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa.

El trámite del recurso de apelación limita el pronunciamiento de la segunda instancia exclusivamente sobre lo que es materia de impugnación, tal como lo dispone el artículo 328 del C.G.P., aplicable por

Administrativo del Circuito de Mocoa.

El trámite del recurso de apelación limita el pronunciamiento de la segunda instancia exclusivamente sobre lo que es materia de impugnación, tal como lo dispone el artículo 328 del C.G.P., aplicable por expresa remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

2. Cuestión previa

Uno de los motivos de la alzada, refiere una supuesta incongruencia de la sentencia de primera instancia y a la omisión de resolver algunos puntos planteados en la demanda.

Sin embargo, tales señalamientos no constituyen, en estricto sentido, cargos de apelación, por cuanto no cuestionan el fondo de la decisión ni el juicio de legalidad realizado por el a quo, sino que aluden a presuntos defectos formales del fallo. Dichas inconformidades debieron tramitarse a través de los mecanismos procesales de aclaración o adición de la sentencia, los cuales ya fueron ejercidos por el demandante y resueltos mediante auto del 0 9 de marzo de 2022 por el juzgado de instancia.

En razón de lo anterior, la Corporación se abstiene de pronunciarse sobre ese planteamiento y procede a examinar los cargos sustanciales del recurso.

3. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el extremo demandante, el objeto de debate se centra en establecer , ¿si hay lugar al reconocimiento en su favor de la diferencia salarial del 20 % sobre la asignación básica devengada, conforme a la Ley 131 de 1985 y al Decreto 1794 de 2000, así como de la prima de actividad y el subsidio familiar?

4. Análisis Jurídico.

asignación básica devengada, conforme a la Ley 131 de 1985 y al Decreto 1794 de 2000, así como de la prima de actividad y el subsidio familiar?

4. Análisis Jurídico.

8 Índice N° 11 /SamaiRadicado: 2020-00078 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

6 Para dar respuesta al problema jurídico y para soportar la decisión judicial que más adelante se tomará, se procede a estudiar los argumentos jurídicos, fácticos, probatorios y el caso concreto de la siguiente manera:

3.1. Marco normativo y jurisprudencial

Sobre el régimen salarial de los soldados profesionales y el reajuste salarial del 20 % para los soldados voluntarios incorporados como profesionales: Es oportuno señalar que el Tribunal abordó el estudio del presente asunto con ponencias de la Magistrada Gloria Eugenia Domínguez Betancur, de la siguiente manera9: “El artículo 2 de la Ley 131 de 1985 permitió que quienes hubieran cumplido con el servicio militar obligatorio pudieran continuar vinculados a la Fuerza Pública bajo la modalidad de servicio militar voluntario, siempre que expresaran su deseo al respectivo Comandante de Fuerza y obtuvieran su aprobación. Posteriormente, mediante la Ley 578 de 2000, el legislador otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para regular aspectos del régimen de carrera de las Fuerzas Militares, lo que dio lugar al Decreto Ley 1793 de 2000, que adoptó el Ré gimen de Carrera y Estatuto de los Soldados Profesionales. Este decreto dispuso que los

aspectos del régimen de carrera de las Fuerzas Militares, lo que dio lugar al Decreto Ley 1793 de 2000, que adoptó el Ré gimen de Carrera y Estatuto de los Soldados Profesionales. Este decreto dispuso que los soldados voluntarios vinculados bajo la Ley 131 de 1985 antes del 31 de diciembre de 2000 podrían incorporarse como soldados profesionales desde el 1º de enero de 2001, conservando su antigüedad y los beneficios adquiridos. De esta forma, se integró a los soldados voluntarios en el nuevo régimen profesional. Ahora bien, según el artículo primero del Decreto 1794 de 2000 10, los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares a partir de su entrada en vigencia devengarán un salario equivalente al mínimo legal vigente, incrementado en un 40 %. Por su parte, el inciso segundo dispone que quienes, al 31 de diciembre de 2000, se encontraban vinculados como soldad os voluntarios conforme a la Ley 131 de 1985, percibirán un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60 %. La interpretación de esa norma no fue pacífica respecto de los soldados profesionales que ingresaron previamente como voluntarios, pues existía controversia si al incorporase como soldados profesionales aceptaban integralmente el régimen salarial contenido en el Decreto 1794 de 2000 (incluido el incremento del 40 %) o si, por el contrario, en garantía de los derechos adquiriros debía garantizarse un incremento del 60 %. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ2-003-16 de 26 de agosto de 201611, zanjó esa controversia y precisó que el Gobierno Nacional, al expedir el Decreto Reglamentario 1794 de

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ2-003-16 de 26 de agosto de 201611, zanjó esa controversia y precisó que el Gobierno Nacional, al expedir el Decreto Reglamentario 1794 de 2000, estableció que los soldados profesionales provenientes del régimen de la Ley 131 de 1985 conservarían el salario básico que venían percibiendo como soldados voluntarios, equivalente al salario mínimo legal vigente incrementado en un 60 %, en aplicación del principio d e respeto por los derechos adquiridos. De esta forma, en la sentencia de unificación se sostuvo que se configuró un “régimen de transición tácito” en materia salarial, mediante el cual dichos soldados, al incorporarse

9 Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho -radicación: 86001 33 31 001 2020 00066 01 - 30 de octubre de 2025, y 86001 33 33 002 2020 00068 01 de 23 de octubre de 2025 10 “Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares”. 11 Radicado 85001-33-33-002-2013-00060-01(3420-15).Radicado: 2020-00078 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

7 como profesionales, mantuvieron las condiciones retributivas reconocidas bajo la normativa anterior. Por lo tanto, en aplicación de la sentencia de unificación, únicamente los soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como soldados profesionales y percibieron un salario mínimo incrementado en un 40 % tienen derecho al reajuste del 20 % de su salario básico, con el fin de equiparar su remuneración al 60 % del salario mínimo legal

soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como soldados profesionales y percibieron un salario mínimo incrementado en un 40 % tienen derecho al reajuste del 20 % de su salario básico, con el fin de equiparar su remuneración al 60 % del salario mínimo legal vigente, en los términos del inciso segundo del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000”. Sobre la prima de actividad para oficiales y suboficiales en servicio activo:

“La prima de actividad fue creada por la Ley 131 de 1961 como una prestación a favor de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo, destinada a retribuir el ejercicio permanente de funciones propias del servicio y las responsabilidades inherentes a los grados de mando y dirección dentro de la institución.

En desarrollo de dicha disposición, los Decretos 2337 de 1971, 612 de 1977, 089 de 1984 y 095 de 1989 regularon la materia para el personal de las Fuerzas Militares y fijaron la prima de actividad en un 33 % del sueldo básico. Posteriormente, disposiciones equivalentes (Decretos 613 de 1977, 2062 de 1984 y 096 de 1989) extendieron est e beneficio al personal activo de la Policía Nacional.

Por último, el artículo 84 del Decreto 1211 de 1990 mantuvo la prima en el mismo porcentaje, y el artículo 159 la incorporó como partida computable para efectos de asignación de retiro y demás prestac iones sociales. No obstante, esta prestación no fue prevista a favor de los soldados profesionales, cuyo régimen salarial y prestacional se reguló mediante disposiciones especiales posteriores”.

Sobre el subsidio familiar destinado a soldados profesionales:

sociales. No obstante, esta prestación no fue prevista a favor de los soldados profesionales, cuyo régimen salarial y prestacional se reguló mediante disposiciones especiales posteriores”.

Sobre el subsidio familiar destinado a soldados profesionales:

El artículo 38 del Decreto 1793 de 2000 12, estableció que el Gobierno Nacional expediría el régimen salarial y prestacional de los soldados profesionales, sin desmejorar los derechos adquiridos.

En desarrollo de este precepto legal, se estatuyó el Decreto 1794 de 200013, se reconoció el derecho a devengar una asignación salarial mensual14, prima de antigüedad 15, prima de servicio anual 16, prima de vacaciones17, prima de navidad 18, cesantías 19 y subsidio familiar 20 , entre otros.

Frente al subsidio familiar, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, dispuso que “el soldado profesional, casado o con unión marital de hecho vigente, tiene derecho al reconocimiento mensual de este derecho el cual sería equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad.

12 “Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares”, 13 “por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares” 14 “ARTICULO 1. ASIGNACION SALARIAL MENSUAL., 15 “ARTICULO 2. PRIMA DE ANTIGÜEDAD.” 16 “ARTICULO 3. PRIMA DE SERVICIO ANUAL.” 17 “ARTÍCULO 4. PRIMA DE VACACIONES” 18 “ARTICULO 5. PRIMA DE NAVIDAD.”

15 “ARTICULO 2. PRIMA DE ANTIGÜEDAD.” 16 “ARTICULO 3. PRIMA DE SERVICIO ANUAL.” 17 “ARTÍCULO 4. PRIMA DE VACACIONES” 18 “ARTICULO 5. PRIMA DE NAVIDAD.” 19 “ARTICULO 9. CESANTÍAS” 20 “ARTICULO 11. SUBSIDIO FAMILIAR.Radicado: 2020-00078 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

8 Sin embargo, para hacer efectivo este derecho el inciso segundo dispuso que “el soldado profesional deberá reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente.” (Destaca el Despacho)

Posteriormente, con la expedición del Decreto 3770 del 30 de septiembre de 200921, dicha disposición quedó derogada, salvaguardándose el derecho a continuar percibiendo el subsidio familiar únicamente a “los Soldados profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares que a la fecha de entrada en vigencia del presen te decreto estén percibiendo el subsidio familiar previsto en el derogado artículo 11 del Decreto 1794 de 2000”.

Esta situación se mantuvo así, hasta que el subsidio familiar nuevamente, fue reconocido a los soldados profesionales e infantes de marina en el artículo 1 del Decreto 1161 del 24 de junio de 2014. De modo que, se creó nuevamente el subsidio familiar, para el personal activo que no lo estuviera devengando.

Más adelante, el Decreto 3770 de 2009 mediante el cual se había extinguido el subsidio familiar, fue declarado nulo por el Consejo de

se creó nuevamente el subsidio familiar, para el personal activo que no lo estuviera devengando.

Más adelante, el Decreto 3770 de 2009 mediante el cual se había extinguido el subsidio familiar, fue declarado nulo por el Consejo de Estado mediante Sentencia 00065 del 8 de junio 2017 con efectos ex tunc, considerándose22:“la Sala estima que las disposiciones contenidas en el Decreto 3770 de 2009 resultan ser contrarias a los fines esenciales del Estado y al principio de progresividad consignado en el artículo 48 de la Constitución Política; en tanto que vulneran los principios que proscriben la regresividad de los derechos sociales y la discriminación, afectando el principio de confianza legítima, la garantía a la igualdad, el derecho al trabajo y a la seguridad social; de raigambre constitucional e introducidos por los tratados y pactos internacionales s uscritos por Colombia, así como las previsiones establecidas en la Ley 4 de 1992.”

La anterior providencia fue objeto de aclaración mediante providencia del 8 de septiembre de 2017, a través de la cual, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, concluyó lo siguiente:

“(…) De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ause ncia de regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161

vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ause ncia de regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros días , por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente establecidas.”

5. Análisis de los cargos formulados, de las pruebas y caso

concreto:

Del reajuste salarial del 20%

El argumento del apelante en este punto se fundamenta en que, en aplicación del principio de igualdad, los soldados profesionales y los soldados voluntarios se encuentran en una misma situación fáctica, pues desempeñan funciones equivalentes y están sometidos al mismo régimen. En consecuencia, sostuvo que no habría justificación para que devenguen una asignación salarial inferior. Al respecto, el Tribunal conforme a las pruebas allegadas al plenario, encuentra que el demandante, se vinculó al servicio del Ejército Nacional en los siguientes términos23.

21 “Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones” 22 Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección B, CP: CÉSAR PALOMINO CORTÉS. Ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017). Rad. No.: 11001-03-25-000-2010-00065-00(0686-10). 23 Índice N° 01 archivo 22 -tiempo de servicios/SamaiRadicado: 2020-00078 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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23 Índice N° 01 archivo 22 -tiempo de servicios/SamaiRadicado: 2020-00078 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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Lo anterior quiere decir que, el actor ingresó al Ejército Nacional como soldado profesional, sin haber ostentado previamente la condición de soldado voluntario. En consecuencia, le resulta aplicable el inciso primero del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000, que fija un incremento del 40 % sobre el salario mínimo legal vigente.

En cuanto a la alegada omisión del juez de instancia de aplicar la sentencia SU-519 de 1997, esta Corporación advierte que dicho fallo no constituye un precedente directamente aplicable al presente caso. Su ratio decidendi se enmarcó en un contexto de transición legislativa en el ámbito civil, relativo a la libertad del trabajador frente a la adopción de un nuevo régimen salarial. En contraste, el asunto sub judice corresponde a un régimen especial de la Fuerza Pública, cuyos salarios y prestaciones obedecen a un sistema autónomo, fundado en criterios propios de jerarquía, disciplina y