TA PUT - 86001333300220220020601-(17-07-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

SALA DE DECISIÓN

1 Mocoa, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: Marco Antonio Muñoz Mera RADICACIÓN: 86001333300220220020601

DEMANDANTE: GIRARDOT JURADO

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL-FOMAG

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO-LABORAL

Tema: - Sanción moratoria docente

SENTENCIA

De conformidad con lo previsto en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009), la Sala Plena de esta Corporación, mediante Acuerdo No. 0003 del 2 de septiembre de 2024, estableció un orden temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. Para el efecto, priorizó, entre otros, los procesos cuya solución implique la aplicación de sentencias de unificación o de jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, como ocurre en este caso en el que se controvierte el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías de los docentes, asunto que fue objeto de unificación en la sentencia SUJ-012S2 de 18 de agosto de 2018.

En virtud de lo anterior , la Sala de Decisión, dentro del término de L ey, procede a decidir lo que en derecho corresponda frente a la apelación presentada por la parte demandadaNación – Ministerio de Educación –

En virtud de lo anterior , la Sala de Decisión, dentro del término de L ey, procede a decidir lo que en derecho corresponda frente a la apelación presentada por la parte demandadaNación – Ministerio de Educación – FOMAG, contra la sentencia de 27 de febrero de 2025, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, que resolvió1

“(…) PRIMERO. - DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio N° 20221070607371 de fecha 14 de marzo de 2022, por medio del cual se niega el reconocimiento de la sanción por mora en el pago oportuno de cesantías al docente GIRARDOT JURADO, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido. SEGUNDO. - A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a que reconozca, liquide y pague a favor del docen te GIRARDOT JURADO, la sanción moratoria, correspondiente a la suma resultante de los días en que la demandada incurrió en mora, esto es, desde el 15 de junio de 2019 hasta el 30 de julio de 2019 . En consecuencia, la condena implica el reconocimiento y pago de un día del salario básico -vigente para la fecha en que se realizó la solicitud, es decir para el año 2019 - por cada día de retardo dentro del transcurso de la mora.

1 Índice N° 3 redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 17 SamaiRadicado: 2022-00206 Nulidad y restablecimiento del derecho

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transcurso de la mora.

1 Índice N° 3 redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 17 SamaiRadicado: 2022-00206 Nulidad y restablecimiento del derecho

2 TERCERO. - La accionada dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y deberá reconocer intereses sobre los valores adeudados, si a ello hubiere lugar, en la forma prevista en el artículo 192 ibídem, de acuerdo con las consideraciones antes expuestas. CUARTO. - Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. QUINTO. - NEGAR las demás pretensiones de la demanda. (…)”

I. ANTECEDENTES

1.1 Síntesis de la demanda2 Con la demanda se pretende la declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 20221070607371 del 14 de marzo de 2022, por medio del cual, la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG dio respuesta negativa a la solicitud de reconocimiento y pago de la Sanción Moratoria , en favor del demandante, establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene que la NaciónMinisterio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magiste rio, a reconocer , liquidar y pagar la sanción moratoria , establecida en el artículo 5 de la ley 1071 de 2006, por no haber cancelado a tiempo el valor reconocido mediante resolución No. 1885 de 17 de abril de 2019, desde el 13 de

liquidar y pagar la sanción moratoria , establecida en el artículo 5 de la ley 1071 de 2006, por no haber cancelado a tiempo el valor reconocido mediante resolución No. 1885 de 17 de abril de 2019, desde el 13 de junio de 2019 hasta el 30 de julio de 2019. Finalmente, p idió la actualización de los valores reclamados , que se reconozcan intereses de mora y la condena en costas.

1.2 Hechos3

Las pretensiones, tuvieron, en resumen, el siguiente fundamento fáctico:

1. El 01 de marzo de 2019, el demandante solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías a las que tenía derecho.

2. Mediante Resolución N° 1885 de 17 de julio de 2019, la NaciónMinisterio de Educación -FNPSM, le reconoció y ordenó el pago de las cesantías, las cuales, fueron canceladas el 30 de julio de 2019.

3. El 1 de marzo de 2022, radicó petición, ante la Nación -Ministerio de Educación-FNPSM, solicitando el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

4. A través del Oficio N° 20221070607371 del 14 de marzo de 2022, la Fiduprevisora dio respuesta negativa a la solicitud de reconocimiento de sanción moratoria.

2 Índice N° 03 redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 01 Samai 3 Índice N° 03 redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 04 SamaiRadicado: 2022-00206 Nulidad y restablecimiento del derecho

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3 Índice N° 03 redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 04 SamaiRadicado: 2022-00206 Nulidad y restablecimiento del derecho

3 1.3 Intervención de los demandados:

1.3.1 NaciónMinisterio de Educación Nacional-FOMAG4.

Se opuso a la prosperidad de todas y cada una se las pretensiones de la demanda, considerando que, en el expediente no reposa prueba idónea que, logre demostrar que la entidad incurrió en mora en el pago de las cesantías parciales, o que el pago se realizó en la fecha s eñalada por el mismo, dado que, no se acreditó la fecha de presentación de la solicitud o la demora en el pago de las cesantías.

Indicó que, la indexación se encuentra proscrita por vía jurisprudencial , pues hace más gravosa la situación económica de la administración, en tanto que, este emolumento no solo cubre la actualización monetaria al momento del pago, sino que también supera el valor q ue se debiera cancelar, carga que sería excesiva para la administración.

Propuso la excepción de “litisconsorcio necesario por pasiva”, dada la necesidad de vincular al presente litigio a la entidad territorial que profirió el acto administrativo de reconocimiento y pago de las cesantías parciales de manera extemporánea.

1.3.2 Departamento del Putumayo5.

Dijo que, debía declararse prospera la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente al ente territorial, considerando que, esta no es la entidad a quien le corresponde el pago de la sanción moratoria, comoquiera que, únicamente funge como instrumento para dar trámite

en la causa por pasiva frente al ente territorial, considerando que, esta no es la entidad a quien le corresponde el pago de la sanción moratoria, comoquiera que, únicamente funge como instrumento para dar trámite al reconocimiento de las prestaciones que están a cargo del FOMAG.

1.4 La sentencia apelada6

El juzgado de instancia precisó que era procedente la declaratoria de nulidad del acto administrativo ficto, al encontrarse acreditado que se causó un periodo de mora desde el 15 de junio de 2019 hasta el 30 de julio de 2019. Obligación que debía ser pagada por el FOMAG, comoquiera que incumplió los plazos previstos en la ley.

Señaló que, para efectos del cálculo de la sanción moratoria, por tratarse de una reclamación del pago de cesantías parciales, debe tenerse en cuenta la asignación básica vigente al momento en que se causaron , es decir, la asignación correspondiente al año 2019.

Negó la indexación del valor suplicado, con sustento en que la sanción moratoria no se trata de un derecho laboral, sino de una penalidad de carácter económica que sanciona la negligencia del empleador en la gestión administrativa y presupuestal.

Dijo que, teniendo en cuenta que teniendo en c uenta que el pago del auxilio se surtió el 30 de julio de 2019, y la solicitud administrativa tendiente al pago de la obligación se radicó el 01 de marzo de 2022, era preciso indicar que no se configur ó el fenómeno de la prescripción del derecho reclamado, teniendo en cuenta que el término de tres años

tendiente al pago de la obligación se radicó el 01 de marzo de 2022, era preciso indicar que no se configur ó el fenómeno de la prescripción del derecho reclamado, teniendo en cuenta que el término de tres años

4 Índice N° 03 redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 03 archivo 8/ Samai 5 Índice N° 03 redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 03 archivo 14/ Samai 6 Índice N° 03 redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 17 SamaiRadicado: 2022-00206 Nulidad y restablecimiento del derecho

4 siguientes al cumplimiento de la reclamación se generó el 30 de julio de 2022.

Finalmente, negó la condena en costas.

1.5 El recurso de apelación - La Nación-Ministerio de EducaciónFOMAG 7

Señaló que, en virtud del ar tículo 57 de la Ley 1955 de 2019, existe prohibición expresa de condenar al FOMAG por sanción moratoria generada con posterioridad a 31 de diciembre de 2019, toda vez que, sus recursos únicamente pueden destinarse para garantizar el pa go de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales de sus afiliados docentes, y no para el pago de indemnizaciones y en tal sentido, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

No obstante, lo expuesto, sostuvo que pagó la sanción moratoria, causada hasta el 31 de diciembre de 2019, por 48 días de mora.

Dijo que, frente a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías,

No obstante, lo expuesto, sostuvo que pagó la sanción moratoria, causada hasta el 31 de diciembre de 2019, por 48 días de mora.

Dijo que, frente a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, la jurisprudencia ha establecido que aquella es prescriptible, lo que implica que el trabajador debe reclamarla dentro de un período determinado.

Refirió sobre la improcedencia de la indexación de la sanción moratoria, toda vez que, no es dable modificar la cifra original de la sanción con base en la inflación posterior al incumplimiento.

Solicitó, que se revoque la condena en costas , aduciendo que debe demostrarse de manera objetiva su causación, conforme lo establece el numeral 8° del artículo 365 del CGP, lo cual, no ha ocurrido en el presente caso, máxime cuando los argumentos de defensa fueron eminentemente jurídicos y desplegados de buena fe.

1.6 Sobre la creación del Tribunal Administrativo del Putumayo

El Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo No. PCSJA2312125 del 19 de diciembre de 2023 dispuso la creación del Tribunal Administrativo del Putumayo y el Distrito Judicial Administrativo del Putumayo, conformado por el Circuito Judicial Administrativo de Mocoa, que comprende territorialmente a todos los municipios del departamento del Putumayo.

1.7 Actuación en segunda instancia

Con auto de 20 de junio de 20258, se admitió el recurso de apelación por haber sido sustentado en término.

Así mismo, dentro del lapso comprendido entre la notificación del auto que concede la apelación y la ejecutoria del que admitió el trámite en

haber sido sustentado en término.

Así mismo, dentro del lapso comprendido entre la notificación del auto que concede la apelación y la ejecutoria del que admitió el trámite en segunda instancia, el demandante se pronunció9, respecto del recurso de apelación interpuesto por la Nación -Ministerio de Educación -FOMAG,

7 Índice N° redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 24 Samai 8 Índice N° 5/Samai 9 Índice N° 9/SamaiRadicado: 2022-00206 Nulidad y restablecimiento del derecho

5 conforme a lo regulado en el numeral 3 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, señalando que, contrario a lo afirmado por el apelante, el demandante, no ha recibido pago algun o por concepto de sanción moratoria. Del mismo modo, dijo que tampoco ha operado la prescripción del derecho adquirido, en tanto que dicho fenómeno, se produjo el 13 de junio de 2022 y la solicitud de la sanción se hizo el 1 de marzo de 2022, es decir, en tiempo.

De otra parte, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, por tratarse de un asunto en el que no se requirió de la práctica de pruebas en segunda instancia, se prescindió del traslado para alegatos de conclusión.

1.8 Concepto Ministerio Público

La delegada del Ministerio Público ante esta Corporación, se abstuvo de rendir concepto10.

en segunda instancia, se prescindió del traslado para alegatos de conclusión.

1.8 Concepto Ministerio Público

La delegada del Ministerio Público ante esta Corporación, se abstuvo de rendir concepto10.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal es competente para conocer del recurso de alzada interpuesto en contra de la Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa.

Sin e mbargo, el trámite del recurso de apelación limita el pronunciamiento de la segunda instancia exclusivamente sobre lo que es materia de impugnación, tal como lo dispone el artículo 328 del C.G.P., aplicable por expresa remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

2. Problema jurídico

Según el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Ministerio de Educación-FOMAG, el objeto de debate se centra en establecer, sí en virtud del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, existe prohibición expresa de condenar a la cartera ministerial, por sanción moratoria, toda vez que, sus recursos únicamente pueden destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas de los docentes y no para el pago de indemnizaciones.

Adicionalmente, se debe determinar si hubo pago de la sanción moratoria

Finalmente, se debe establecer si , operó la prescripción del derecho, si es procedente la indexación de la sanción moratoria y si debe revocarse la condena en costas.

3. Respuesta al problema jurídico

Finalmente, se debe establecer si , operó la prescripción del derecho, si es procedente la indexación de la sanción moratoria y si debe revocarse la condena en costas.

3. Respuesta al problema jurídico

El Tribunal confirmará la decisión de instancia, al encontrarse acreditado que la Nación-Ministerio de Educación-FOMAG, es la responsable del pago

10 Índice N° 11/SamaiRadicado: 2022-00206 Nulidad y restablecimiento del derecho

6 de la sanción moratoria, por la tardanza en el cumplimiento de la obligación, esto es, desde 15 de junio de 2019 hasta el 30 de julio de 2019, sin que importe la aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, comoquiera que la solicitud de cesantías se presentó el 1 de marzo de 2019, es decir antes de su entrada en vigencia11.

Frente al pago por concepto de sanción moratoria, se advierte que el mismo corresponde al pago de cesantías.

De otro lado, no habrá lugar a determinarse si operó la prescripción, comoquiera que el recurrente n o estableció si dicho fenómeno se configuró o no, y sobre que fechas.

En virtud de la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, es oportuno indicar que no es procedente la indexación de la sanción, pero sí su actualización , en los términos del art ículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

Finalmente, no habrá lugar a pronunciarse frente a la condena en costas, dado, que aquel punto de inconformidad, es incongruente con la decisión

2011.

Finalmente, no habrá lugar a pronunciarse frente a la condena en costas, dado, que aquel punto de inconformidad, es incongruente con la decisión de instancia, comoquiera que no se impuso condena alguna.

4. Análisis Jurídico.

Para soportar la decisión judicial que más adelante se tomará, se procede a estudiar los argumentos, jurídicos, facticos y probatorios de la siguiente manera:

4.1 Régimen legal y jurisprudencial de la sanción moratoria en el pago de las cesantías de los docentes oficiales.

Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se encuentran cobijados por un régimen especial contenido en Ley 91 de 1989, disposición que en su artículo 15 regula lo concerniente al pago de las cesantías, así:

"Artículo 15: (...) 3°. Cesantías.

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en c a s o contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 10 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir del 10 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir del 10 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período.

11 25 de mayo de 2019Radicado: 2022-00206 Nulidad y restablecimiento del derecho

7 Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán somet idas a las normas generales v i g e n t e s para los empleados públicos del orden nacional".

Como se evidencia, la citada disposición nada establece frente a la sanción por la mora en el reconocimiento y pago de las cesantías.

Por su parte, la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, fijó los términos para el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías de los servidores del sector público, y estableció las condiciones para tramitar la solicitud , el pago de la prestación y el reconocimiento de la sanción por pago tardío, veamos:

"ART. 4°-Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la

tramitar la solicitud , el pago de la prestación y el reconocimiento de la sanción por pago tardío, veamos:

"ART. 4°-Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimien to y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PAR. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ART. 5-Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PAR. -En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas,

de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demue stre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este…” (Negrillas fuera del texto).

Del contenido de la norma transcrita, se evidencia que si bien el objeto de aquella fue regular el pago de las cesantías de los servidores públicos, el l egislador no especificó expresamente en su articulado si se encuentran comprendidos los docentes afiliados al FOMAG, situación que generó que el H. Consejo de Estado planteara posturas disímiles en lo concerniente al reconocimiento y pago de la sanción mor atoria prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, para los docentes oficiales.

Así, en algunas oportunidades la Corporación señaló que no existe razón alguna para excluir a los docentes del sector oficial del derecho al pago oportuno de las cesantías desarrollado en dicho precepto legal, al considerar que al igual que los demás servidores públicos comprendidosRadicado: 2022-00206 Nulidad y restablecimiento del derecho

8 en el marco del artículo 123 de la Constitución Política, estos son sujetos destinatarios de la sanción mo ratoria prevista en dichas

Nulidad y restablecimiento del derecho

8 en el marco del artículo 123 de la Constitución Política, estos son sujetos destinatarios de la sanción mo ratoria prevista en dichas disposiciones a modo de correctivo represivo e inclusive preventivo, dada la importancia de dicha prerrogativa laboral – cesantías-, así como en aras de materializar el derecho a la igualdad y el principio in dubio pro operario, previstos en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política.

Contrario a la anterior tesis, en algunos pronunciamientos la Alta Judicatura también indicó que no es jurídicamente viable aplicar la sanción moratoria aludida, en garantía del principio de unidad normativa, máxime cuando los docentes se encuentran regulados por un régimen especial previsto en las Leyes 91 de 1989, 962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005, que disponen términos diversos al previsto en el sistema general, en la medida en que las normas aplicables de manera excepcional a los afiliados al FOMAG consagraron términos inclusive más extensos, y adicionalmente, el legislador no contempló en ellas, tal penalidad.

Sin embargo, la Alta Judicatura en Sentencia de Unificación del 18 de julio de 201812, indicó que dado que los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado

Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público, en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos. Criterio que se asemeja a la posición adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-336 de 2017.

En dicho proveído, la Corporación también fijó las reglas para el reconocimiento y cómputo de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas y parciales de los docentes oficiales, en los siguientes términos:

“82. Por lo anterior, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos; siendo consonante esta posición, con la adoptada por la Corte Constitucional.

(…) Hipótesis de falta de pronunciamiento, o pronunciamiento tardío.-

o definitivas de los servidores públicos; siendo consonante esta posición, con la adoptada por la Corte Constitucional.

(…) Hipótesis de falta de pronunciamiento, o pronunciamiento tardío.-

(…) 91. De conformidad con la exposición de las normas que contemplan el plazo para el reconocimiento de las cesantías parciales o definitivas, y pese a que el parágrafo del artículo 5º, previó la sanción respecto del incumplimiento en el pago, más no en el reconocimiento de la prestación social, de acuerdo con

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. 18 de Julio de 2018. Rad. No.: 73001-23-33-000-2014-0058001(4961-15)Radicado: 2022-00206 Nulidad y restablecimiento del derecho

9 la teleología del legislador, se establece que precisamente una de las razones por las cuales se contempló la penalidad fue en aras de establecer una limitación al defectuoso funcionamiento de la administración pública que debido a los procesos burocráticos y la corrupción posibilitaba cambiar el orden de radicación de las peticiones encaminadas al reconocimiento de la prestación social, aprovechándose de la urgencia del empleado para proveer sus necesidades básicas y de su familia, o simplemente no emitiría el acto administrativo con el fin de que el plazo para la cancelación del valor no iniciase, y por ende, se condicionaría la norma a la

necesidades básicas y de su familia, o simplemente no emitiría el acto administrativo con el fin de que el plazo para la cancelación del valor no iniciase, y por ende, se condicionaría la norma a la actuación de la entidad pública empleadora.

92.Es preciso indicar así, que el establecimiento de un término para el reconocimiento de la cesantía y de otro para que se efectúe su pago efectivo, busca proteger al trabajador garantizando el cometido de tal prestación , y que justamente con ella, se pueda solventar la eventualidad para la cual la solicitó - parcialeso por la que se causó -definitivas93. Así las cosas, no pueden confundirse los mencionados términos de expedición del acto de reconocimiento de la cesantía y de su pago efectivo, con el previsto por el legislador con el propósito de configurar una decisión presunta resultado del silencio administrativo, y menos para entender causada por ésta la sanción por mora; pues, ésta penalidad se encuentra justificada por el simple incumplimiento de la obligación de pago, no por la ficción legal de que la petición que sobre tal prestación se hizo no tuvo respuesta, asumiéndola como negativa por definición.

94. En criterio de la Sala, éste debe ser el real entendimiento de la sanción moratoria por no expedir el acto de reconocimiento en término, pues lo contrario sería asumir que la simple inacción de la administració n impediría la acusación de la penalidad analizada en esta sentencia, en detrimento de la filosofía de la cesantía y de los derechos del trabajador.

término, pues lo contrario sería asumir que la simple inacción de la administració n impediría la acusación de la penalidad analizada en esta sentencia, en detrimento de la filosofía de la cesantía y de los derechos del trabajador.

95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivaso lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábile s para la expedición del acto administrativo de reconocimient o (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

(…) 193. En tal virtud, la Sala dicta las siguientes reglas jurisprudenciales:

3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del

el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

(…) 193. En tal virtud, la Sala dicta las siguientes reglas jurisprudenciales:

3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 deRadicado: 2022-00206 Nulidad y restablecimiento del derecho

10 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.

3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el p