TA PUT - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO86001 33 33 001 2023 00136 01-(04-09-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, noviembre cinco (5) de dos mil veinticuatro (2024)

MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICACIÓN : 41001-23-33-000-2013-00329-00

DEMANDANTE : WANKA INGENIEROS S.A.S. Y OTROS

DEMANDADO : INVÍAS MEDIO DE CONTROL : CONTROVERSIAS CONTRACTUALES SENTENCIA No. : 04-11-279-24/CC 2-1-2

ACTA No. : 108

1. ASUNTO.

Se profiere decisión de primer grado en el presente caso.

2. POSICIÓN DE LA PARTE ACTORA (f. 17 a 43 y 268 a 272, c. ppal.).

2.1. Solicita la actora declarar que el Instituto Nacional de Vías ( INVÍAS) incumplió las obligaciones derivadas del contrato de obra No. 1365 de 2012, celebrado el 28 de septiembre de 2012 con el Consorcio Dos, integrado por ARA Ingenieros y Arquitectos SAS (ARINSAS), Medina & Rivera Ingenieros Asociados S.A.S. y Orlando Rivera Mora, además, que existieron circunstancias imprevisibles que dificultaron a la contratista la ejecución del contrato y que por causa imputable a la demandada el mismo no culminó su objeto.

En consecuencia, que se condene a la demandada al pago de las sumas pendientes de pagar por lo efectivamente ejecutado, junto con los costos, daños y perjuicios producto del desequilibrio económico, debidamente actualizados más los intereses moratorios y las costas procesales.

pendientes de pagar por lo efectivamente ejecutado, junto con los costos, daños y perjuicios producto del desequilibrio económico, debidamente actualizados más los intereses moratorios y las costas procesales.

2.2. En el fundamento fáctico señaló que el 22 de mayo de 2012 INVÍAS abre la licitación pública No. LP-SGT-SRN-015-2012 para adjudicar cuatro contratos de obra destinados al mejoramiento y mantenimiento de carreteras del Grupo 8, por lo cual los demandantes constituyeron el Consorcio Dos el 5 de julio de 2012 y participaron en dicha licitación, por lo que el 22 de agosto de 2012, mediante resolución No. 4567, INVÍAS les fue adjudicado el contrato para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Isnos -La Portada, Ruta 20, tramo 2002, en elRadicación: 41001-23-33-000-2013-00329-00

Demandante: WANKA INGENIEROS S.A.S. Y O. 2 departamento del Huila , cuyo contrato No. 1365 de 2012 se firm a el 28 de septiembre de 2012.

El 1° de noviembre de 2012 en la reunión técnica inicial, se constat a la falta de estudios definitivos y se acuerda que el contratista realizaría la topografía del sector PR 124+600 al PR 125+311.

El 27 de noviembre de 2012, durante un comité técnico con el ingeniero Edgar Vera, se menciona la posibilidad de suspender labores entre el 22 de diciembre de 2012 y el 7 de enero de 2013 a solicitud de la comunidad.

El 10 de diciembre de 2012, el contratista solicit a cambiar las fuentes de

Vera, se menciona la posibilidad de suspender labores entre el 22 de diciembre de 2012 y el 7 de enero de 2013 a solicitud de la comunidad.

El 10 de diciembre de 2012, el contratista solicit a cambiar las fuentes de materiales, proponiendo la de MINERCOL en Popayán, ya que las indicadas en los pliegos no cumplían con los requisitos ambientales y e n reuniones técnicas posteriores, se discute este tema y se señala que las fuentes de Pitalito carecían de permisos ambientales , s e consider a entonces, u tilizar material de Popayán para complementar el volumen requerido y se autoriza usar el material disponible en la zona.

Resalta que el 10 de enero de 2013, a 21 días de finalizar el plazo contractual, se analiza en comité técnico la solicitud de prórroga y una adición al presupuesto debido a nuevas actividades, la que se formaliza el 13 de enero ante INVÍAS para que se prorrogara el contrato por un mes.

El 16 de enero de 2013, se propuso usar material de la cantera El Mortiño y complementarlo con material de Popayán para alcanzar la calidad requerida, para lo cual e l 22 de enero, INVÍAS solicit a al consorcio presentar un plan de contingencia para incrementar la ejecución y terminar dentro del plazo contractual.

El 24 de enero, el contratista pid e una reunión inmediata para concertar dicho plan, alegando falta de diligencia por parte de los gestores designados por INVÍAS y el 30 de enero de 2013 fue convocada reunión para el 31 de enero siguiente a fin de definir temas como el de la prórroga del contrato, sin embargo, la reunión

plan, alegando falta de diligencia por parte de los gestores designados por INVÍAS y el 30 de enero de 2013 fue convocada reunión para el 31 de enero siguiente a fin de definir temas como el de la prórroga del contrato, sin embargo, la reunión no se llevó a cabo y el plazo del contrato concluy e sin una decisión sobre la solicitud de prórroga, lo que impide la culminación de las obras.Radicación: 41001-23-33-000-2013-00329-00

Demandante: WANKA INGENIEROS S.A.S. Y O. 3 2.3. En el concepto de la violación señala como infringidos los artículos 1, 2, 4, 6, 29, 69, 90, 121, 122 de la Constitución Política; 830, 831, 871 del Código de Comercio; 4, 5, 24, 26, 27 y 28 de la Ley 80 de 1993; Ley 1437 de 2011 (CPACA), Código Civil; pliego de condiciones de la licitación pública No. LP-SGTSRN-0152012 y contrato de obra No. 1365 de 2012.

2.4. En el acápite denominado consideraciones jurídicas, expone las razones de incumplimiento contractual que enrostra a la demandada, así:

2.4.1. Refiere que el contrato contemplaba un plazo de ejecución de 3 meses con base en estudios y diseños entregados por INV ÍAS, por lo que, dado el corto plazo, era esencial contar con información completa y precisa para ejecutar las obras eficientemente, sin embargo, aunque los pliegos preveían que el contratista podría tener que realizar ajustes o elaborar información técnica adicional ante

plazo, era esencial contar con información completa y precisa para ejecutar las obras eficientemente, sin embargo, aunque los pliegos preveían que el contratista podría tener que realizar ajustes o elaborar información técnica adicional ante deficiencias, no contemplaban la extensión del plazo para estas actividades, lo cual era necesario si surgía dicha situación.

2.4.2. Agrega que la falta de estudios definitivos entregados por INVÍAS obliga al consorcio a elaborar los diseños necesarios, como se deja constancia en el acta del 1° de noviembre de 2012; labor que consumió tiempo del plazo contractual, por lo que era necesario restablecerlo pues el contratista no tenía dentro de sus estipulaciones contractuales asumir a su costa la aceleración del contrato o recuperación de tiempos cuando el retraso era imputable a la entidad pública.

2.4.3. Señala que la definición de las fuentes de materiales termina afectando significativamente el avance de las obras, ya que, a pesar de que la demandada había especificado las fuentes al iniciar los trabajos estas estaban cerradas o sin permisos ambientales y a pesar de que el contratista propuso fuentes alternativas como las de Popayán, e l coordinador del contrato designado por INVÍAS fue renuente en aceptarlas e inclusive dicho funcionario autorizó extraer materiales sin permisos ambientales, exponiendo al contratista a actuar en contravía de la ley, lo que, en conjunto, causó retrasos considerables, y la solución parcial llegó solo el 16 de enero de 2013 cuando estaba por expirar el plazo contractual.

2.4.4. Indica que existieron riesgos previsibles relacionados con las fuentes de materiales que deben ser asumidos por INVÍAS y no por el contratista, pues fue

2.4.4. Indica que existieron riesgos previsibles relacionados con las fuentes de materiales que deben ser asumidos por INVÍAS y no por el contratista, pues fue la entidad la qu ien previó las fuentes y además la responsable de que laRadicación: 41001-23-33-000-2013-00329-00

Demandante: WANKA INGENIEROS S.A.S. Y O. 4 información fuera precisa , desconociendo las obligaciones previstas en los artículos 24-5 y 26 de la Ley 80 de 1993 y aunque presenta los planes de contingencia exigidos y prop one alternativas, fueron rechazadas o aprobadas tardíamente por la demandada.

Además, destaca que e l mecanismo para mitigar el riesgo (pacto del precio por kilómetro recorrido del material) fue obstruido por la supervisión del contrato, afectando su ecuación financiera y de contera el riesgo no puede ser imputado al contratista, pues debe entenderse que fue consecuencia de la información y el manejo dado por la demandada.

2.4.5. Concluye que d urante la ejecución del contrato hubo suspensiones y reducciones en el rendimiento, como la definida por acta de comité técnico entre el 22 de diciembre de 2012 y el 7 de enero de 2013 sin que se restableciera formalmente el plazo pues a pesar que el contratista solicit a las prórrogas necesarias el 10 y 13 de enero de 2013, fueron aceptadas inicialmente por la interventoría y el gestor del contrato , pero negadas en forma definitiva por INVÍAS, lo que implica incumplimiento del contrato, pues el artículo 4-9 de la Ley

interventoría y el gestor del contrato , pero negadas en forma definitiva por INVÍAS, lo que implica incumplimiento del contrato, pues el artículo 4-9 de la Ley 80 de 1993, orienta que las entidades públicas por causas que le sean imputables, deben actuar de manera que no se genere mayor onerosidad al contratista y corregir los desajustes presentados.

2.5. Al alegar de conclusión (f. 1290 a 1325, c. ppal.) itera lo expuesto en la demanda y adiciona que las sumas reclamadas quedaron demostradas y explicadas con suficiencia en dictamen pericial que no fue objetado , que van de la mano con la forma como debe liquidarse el contrato en esta sede judicial.

También recuerda que el contrato incumplido por la demandada es un contrato estatal, en el que opera la ineficacia de pleno derecho en el contrato y los pliegos respectivos, específicamente de las estipulaciones que contravengan disposiciones de imperativo cumplimiento, impongan renuncias a reclamaciones por hechos imputables a la entidad o establezcan cargas imposibles de cumplir para el contratista . En este caso, la entidad incluy e condiciones que hicieron imposible el cumplimiento del contrato, infringie ndo la ley y generando la ineficacia de esas cláusulas contractuales, conforme a los artículos 24 y 26 de la Ley 80 de 1993 y 16 del Código Civil.Radicación: 41001-23-33-000-2013-00329-00

Demandante: WANKA INGENIEROS S.A.S. Y O.

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3. POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA.

3.1. En forma extemporánea contesta la demanda, como se indica en autos del

Demandante: WANKA INGENIEROS S.A.S. Y O.

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3. POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA.

3.1. En forma extemporánea contesta la demanda, como se indica en autos del 12 de septiembre de 2014 y 2 de diciembre de 2016, así como en constancia secretarial corregida del 27 de enero de 2015 (f. 711 a 712, 714, y 724 a 726, c. ppal.).

También de manera extemporánea presenta los actos de llamamiento en garantía a Liberty Seguros S.A. y demanda de reconvención contra la parte actora, las que fueron rechazadas por autos del 12 de septiembre de 2014 y 20 de enero de 2015 ( f. 55 a 56, c. llamamiento, y f. 74 a 76, c. reconvención) . Ambas decisiones fueron apeladas , siendo declarada desierta la alzada frente a la primera, según auto del 19 de diciembre de 2016 y confirmada la segunda decisión por el superior con auto del 29 de junio de 2016 ; quedando en firme dichos rechazos.

3.2. Al alegar de conclusión (f. 1281 a 1289, c. ppal.) expuso que no son viables las pretensiones de la parte actora, ya que en el anexo técnico del pliego de condiciones se establecía que los estudios técnicos eran preliminares y que el contratista debía verificar las necesidades de la obra al inicio del contrato.

Además, el contratista no cumple con su compromiso de entregar los diseños definitivos para la fecha acordada (19 de enero de 2013), hecho que no menciona

contratista debía verificar las necesidades de la obra al inicio del contrato.

Además, el contratista no cumple con su compromiso de entregar los diseños definitivos para la fecha acordada (19 de enero de 2013), hecho que no menciona en sus solicitudes de prórroga, por lo que aquello no puede invocarse como incumplimiento contra la demandada.

También indica que garantizar las fuentes de materiales era responsabilidad exclusiva del contratista, según el contrato y los pliegos de condiciones, a lo que se suma que la actora cambia unilateralmente las propuestas en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, evidenciando falta de diligencia y planificación.

Aclara que las actividades solo se suspendieron en días específicos y festivos, lo que no justifica el retraso en la obra y que a pesar de que hubo solicitud de prórroga presentada el 21 de enero de 2013, pocos días antes del vencimiento del contrato, debió hacerse con tiempo suficiente para su aprobación y acreditando una justificación válida, por lo que el comité de adiciones y prórrogas del INVÍAS con oficio SRN 4911 del 5 de febrero de 2013 termina negando laRadicación: 41001-23-33-000-2013-00329-00

Demandante: WANKA INGENIEROS S.A.S. Y O. 6 solicitud debido a la baja ejecución de la obra, paralización unilateral por parte del contratista y falta de soporte documental y en cambio lo requiere para hacer entrega de las obras.

De otra parte, señala que la entidad pagó al contratista la suma de $361’722.534, correspondiente al 37.14% de la obra ejecutada , lo que refuta el hecho relativo

entrega de las obras.

De otra parte, señala que la entidad pagó al contratista la suma de $361’722.534, correspondiente al 37.14% de la obra ejecutada , lo que refuta el hecho relativo al impago aducido en la demanda.

Por último, cuestiona que el dictamen pericial practicado es insuficiente para acreditar las sumas reclamadas, porque carece de explicación detallada y soporte documental, incumpliendo el artículo 226 del CGP y expone las razones por las cuales los costos administrativos y utilidades no están justificados, los comprobantes contables presentados carecen de firmas y anexos justificativos , no se explica adecuadamente cómo se calcul a el valor de la maquinaria no amortizada ni se presentan registros que demuestren su uso en la obra y resalta que, en un contrato por precios unitarios, los costos de equipo ya están incluidos en los pagos realizados.

4. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.

No emite concepto (f. 710, 714, 753 y 1326 c. ppal.).

5. SEGUNDA INSTANCIA, CONSIDERACIONES.

5.1. Competencia, legitimación y validez.

La Corporación es competente para dirimir esta instancia de conformidad con el artículo 152-51 y 156-4 del CPACA y a ello procede por cuanto no se avizoran circunstancias que invaliden lo actuado, además , las partes se encuentran legitimadas en causa y con interés para obrar en cuanto el conflicto surge entre la entidad pública contratante y la contratista.

5.2. Problema jurídico.

De acuerdo con lo consignado en la audiencia inicial (f. 753 vto.), los problemas jurídicos que debe resolver el Tribunal son:

la entidad pública contratante y la contratista.

5.2. Problema jurídico.

De acuerdo con lo consignado en la audiencia inicial (f. 753 vto.), los problemas jurídicos que debe resolver el Tribunal son:

1 En su forma vigente al radicarse la demanda (09-ago-2013)Radicación: 41001-23-33-000-2013-00329-00

Demandante: WANKA INGENIEROS S.A.S. Y O. 7 5.2.1. ¿Incumplió la demandada las obligaciones del contrato de obra No. 1365 de 2012 dado que por causas que le son imputables expiró el plazo de ejecución y no lo prorrogó al contratista sin haber podido culminar su objeto?

5.2.2. ¿Debe liquidarse judicialmente el citado contrato para determinar los derechos y las obligaciones que quedan a cargo de las partes, junto con la reparación de los perjuicios que se reclaman?

La tesis del Tribunal es que no existió incum plimiento d e las obligaciones contractuales por parte de INVÍAS y, por tanto, el Consorcio Dos no tiene derecho a las compensaciones y/o perjuicios reclamados, pues fue éste quien incumplió el contrato de obra y no se rompió la ecuación financiera del mismo por circunstancias atribuibles a la demandada.

Lo anterior se sustenta en el análisis de: a) el marco legal aplicable al contrato estatal, b) el desequilibrio económico, c) el incumplimiento contractual y, d) el caso concreto.

5.3. Marco legal aplicable al caso concreto.

El contrato de obra N° 1365 que es materia de la controversia derivó de la

caso concreto.

5.3. Marco legal aplicable al caso concreto.

El contrato de obra N° 1365 que es materia de la controversia derivó de la licitación pública LP-SGT-SRN-015-2012 bajo la modalidad de precios unitarios, siendo suscrito el 28 de septiembre de 2012 (f. 61 a 69, c. ppal.) por lo cual el régimen jurídico vigente al tiempo de su celebración es el previsto en la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007.

5.4. El desequilibrio económico del contrato.

Conviene hacer algunas precisiones sobre la responsabilidad estatal por el rompimiento del equilibrio económico del contrato y por el incumplimiento de los deberes de la entidad pública contratante, pues la parte actora reclama el desequilibrio contractual y el incumplimiento de la demandada a consecuencia de dificultades en la obtención licencias ambientales y de los materiales de arrastre, falta de respuesta a solicitudes de prórroga contractual, falta de estudios y diseños definitivos, entre otras.

Frente al equilibrio contractual o la equivalencia entre derechos y obligaciones de los contratos, cabe señalar que con ello se pretende asegurar que se mantengan las mismas condiciones económicas y/o financieras durante la ejecución delRadicación: 41001-23-33-000-2013-00329-00

Demandante: WANKA INGENIEROS S.A.S. Y O. 8 contrato en la forma en que las partes lo acordaron al presentar la propuesta y la celebración d el contrato 2-3, situación que deriva de la aplicación del principio “pacta sunt servanda”, esto es, los contratos se suscriben para cumplirlos y por

8 contrato en la forma en que las partes lo acordaron al presentar la propuesta y la celebración d el contrato 2-3, situación que deriva de la aplicación del principio “pacta sunt servanda”, esto es, los contratos se suscriben para cumplirlos y por ser de carácter conmutativo opera la “cláusula rebus sic stantibus ”4, por la cual se entiende que las condiciones fijadas por las partes son aquellas de acuerdo con la realidad al momento de nacimiento del vínculo, de contera que, si las partes hubieran advertido otras circunstancias fácticas, seguramente las obligaciones mutuas habrían variado como correspondiere.

A pesar de ello, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha aceptado que existen casos en los que se presentan circunstancias imprevisibles e irresistibles que podrían alterar la ecuación financiera, sin embargo, ha aclarado que no cualquier situación constituye un rompimiento del equilibrio económico o financiero del contrato5, pues existen riesgos que de previo son asumidos por las partes.

La presente controversia gira en torno a un contrato sinalagmático y conmutativo, esto es, que es bilateral y las partes establecen obligaciones reciprocas, las prestaciones son equivalentes pues debe n existir mutuos beneficios y cargas equivalentes, por ello se debe advertir que la equivalencia de prestaciones puede verse afectada, así:

“(i) por actos de la entidad contratante que modifiquen las condiciones “ ius variandi”; (ii) por actos de la administración como Estado “hecho del príncipe”; y (iii) por factores externos a las partes que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”6.

(ii) por actos de la administración como Estado “hecho del príncipe”; y (iii) por factores externos a las partes que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”6.

2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449. 3 Al efecto, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 establece lo siguiente: “ARTÍCULO 27. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas n o imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate”. 4Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el principio del rebus sic stantibus “postula la implícita inclusión en su contenido de una condición necesaria, esencial, fundamental e imprescindible para el cumplimiento, atañedera a la permanencia constante del marco de circunstancias fácticas o jurídicas, o estado de cosas primario, a cuy a invariabilidad sujeta su

e imprescindible para el cumplimiento, atañedera a la permanencia constante del marco de circunstancias fácticas o jurídicas, o estado de cosas primario, a cuy a invariabilidad sujeta su obligatoriedad, y aún cuando, hay distintas posturas acerca de su exacto origen, suele atribuirse a la escuela del derecho medieval inspirada en las fuentes romanas”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 21 de febrero de 2012. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2018. Rad.: 52666. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, consejero ponente: magistrado Nicolás Yepes Corrales, sentencia del dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022), Controversias Contractuales, radicación 73001-23-33-000-2017-00473-01 (67397), de ConsorcioRadicación: 41001-23-33-000-2013-00329-00

Demandante: WANKA INGENIEROS S.A.S. Y O.

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En lo relacionado con el ius variandi, atañe a la modificación unilateral de las condiciones contractuales7 pero que no se deriven de la conducta antijurídica del extremo público contratante8.

Por otro lado, en lo que atañe al hecho del príncipe, según sentencia del 28 de junio de 2012 9 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la posición mayoritaria10 lo define como:

“… un acto o hecho de carácter general proferido por la autoridad contratante pero en desarrollo de una atribución administrativa o prerrogativa diferente a la contractual, que

Estado, la posición mayoritaria10 lo define como:

“… un acto o hecho de carácter general proferido por la autoridad contratante pero en desarrollo de una atribución administrativa o prerrogativa diferente a la contractual, que perturba el contrato a tal punto que impacta negativamente en la ecuación económica del mismo y por ende, produce un desequilibrio de las prestaciones que no debe jurídicamente soportar el colaborador contratista del Estado, como consecuencia de lo cual tiene derecho a que por disposición legal se le restablezca el equilibrio financiero , mediante la respectiva indemnización integral de perjuicios, por la ocurrencia del alea administrativa anormal que hace excesivamente onerosa y gravosa la ejecución del contrato”.11 (Subrayas del texto).

Y frente a la teoría de la imprevisión , la misma alude a circunstancias no previsibles a la firma del contrato, y para que se configure se requiere:

“(i) que el contrato sea bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva, periódica o diferida; (ii) que se presenten circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato; (iii) que esas circunstancias extra ordinarias, imprevistas e imprevisibles alteren o agraven la prestación a cargo de una de las partes,

Saldaña Purificación y Otros, contra Departamento del Tolima; Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449. 7 Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección A, Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera , sentencia del 11 de abril de 2019, Radicación número: 25000 -23-26-0002008-00690-01 (41321).

7 Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección A, Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera , sentencia del 11 de abril de 2019, Radicación número: 25000 -23-26-0002008-00690-01 (41321). 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 24 de mayo de 2018, exp. 55851. 9 Consejo de Estado , Sección Tercera Subsección B, Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 28 de junio de 2012, Radicación número: 13001 -23-31-000-1996-0123301(21990). 10 Aclara la mencionada providencia al pie de página. “Sin embargo, esta tesis no ha sido unánime en la Sección, pues según aclaración de voto de la C. E. Ruth Stella Correa Palacio a la sentencia de 7 de diciembre de 2005, exp. 15.003, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, y el Salvamento de Voto a la Sentencia d e 7 de marzo de 2007, exp. 15.799, C.P. Enrique Gil Botero, el hecho del príncipe como fuente indemnizatoria ante el desequilibrio de un contrato, puede ser el resultado de un acto emanado o expedido por cualquier autoridad u órgano del Estado, criterio que fundamentó en que el poder público es uno solo, la responsabilidad patrimonial del Estado se cimienta en el daño antijurídico y la lesión patrimonial ocasionada por un acto general que constituye un “álea administrativa” debe ser resuelta en igual forma para quienes se encu entren en idénticas circunstancias de hecho frente al mismo y no frente a la autoridad que lo expide, so

constituye un “álea administrativa” debe ser resuelta en igual forma para quienes se encu entren en idénticas circunstancias de hecho frente al mismo y no frente a la autoridad que lo expide, so pena de violar el principio de igualdad de las cargas públicas.” 11 En el mismo sentido, véase: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de julio de 2023, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés , Radicación: 25000232600020070030701, Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P. (anteriormente FLYCOM Comunicaciones S.A. E.S.P), demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.Radicación: 41001-23-33-000-2013-00329-00

Demandante: WANKA INGENIEROS S.A.S. Y O. 10 en grado tal que le resulte excesivamente onerosa; y (iv) que el acontecimiento sea ajeno a las partes y no corresponda a un riesgo asumido en el contrato”12.

5.5. El incumplimiento contractual.

El incumplimiento contractual en esencia corresponde a la “inejecución absoluta” o la “ejecución imperfecta o tardía” 13 o, el desconocimiento de los principios que orientan la contratación estatal y que se entienden incorporados al negocio jurídico, al igual que los documentos que integran el proceso contractual, por ejemplo, los pliegos de condiciones14.

5.6. El caso concreto.

En el presente asunto, luego de revisar la posición de la demanda, encuentra el Tribunal que esencialmente se sustenta en el desequilibrio económico y la producción de perjuicios a causa de obligaciones del contratista de imposible

En el presente asunto, luego de revisar la posición de la demanda, encuentra el Tribunal que esencialmente se sustenta en el desequilibrio económico y la producción de perjuicios a causa de obligaciones del contratista de imposible cumplimiento en medio de circunstancias imprevistas, así como en el incumplimiento de las obligaciones de la contratante al obstruir caprichosamente la variación de las fuentes de materiales y no resolver oportunamente la solicitud de prórroga del plazo contractual.

5.6.1. Las fases precontractual y contractual.

Con resolución N° 02636 del 22 de mayo de 2012 del 22 de mayo de 2012, INVÍAS dio apertura a la licitación pública N° LP-SGT-SRN-015-2012, para el mejoramiento de carreteras grupo 8, de acuerdo con las necesidades identificadas y consignadas en los documentos previos (f. 45 a 47, c. ppal.).

Según resolución N° 4567 del 22 de agosto de 2012 el INVÍAS procede con la adjudicación de los contratos fraccionados en diferentes módulos, siéndole adjudicado el módulo 2 al proponente N° 29, este es, el Consorcio Dos, para el “Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Isnos-La Portada. Ruta 20 tramo 2002.

12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de septiembre de 2011. Rad.: 15476; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2012.

Rad.: 11001-3103-040-2006-00537-01.

15476; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2012.

Rad.: 11001-3103-040-2006-00537-01. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección C, Consejero ponente: magistrado Nicolás Yepes Corrales, sentencia del dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022), Controversias Contractuales, radicación 73 001-23-33-000-201700473-01 (67397), de Consorcio Saldaña Purificación y Otros, contra Departamento del Tolima 14 Ibidem. En el mismo sentido puede consultarse, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de agosto de 2013, Rad.: 22.947.Radicación: 41001-23-33-000-2013-00329-00

Demandante: WANKA INGENIEROS S.A.S. Y O.

11 Departamento del Huila” . Se indica , además, que el plazo de ejecución es de 3 meses, que fue aplicado el método de elegibilidad del “menor valor” y que la propuesta del referido consorcio para el módulo respectivo representaba la más favorable a los intereses de la entidad y los fines de la contratación (f. 51 a 60, c. ppal.).

Con base en lo anterior, l as partes celebraron el contrato N° 1365 el 28 de septiembre de 2012 (f. 61 a 69, c. ppal.), donde perfeccionaron el acuerdo de voluntades incorporando las reglas que regirían la relación de las partes y la ejecución del objeto contractual, a lo que sumaron las disposiciones identificadas en el pl