TA PUT - Sentencia 52001-33-33-008-2015-00083-02 (09-10-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

SALA DE DECISIÓN

1

Mocoa, nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: Marco Antonio Muñoz Mera RADICACIÓN: 52001333300820150008302

DEMANDANTE: TERESA DE JESÙS GARCÌA Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÒN

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOSECRETARÌA DE EDUCACIÒN

DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO -MUNICIPIO

DE PASTOSECRETARÌA DE EDUCACIÒN

MUNICIPAL DE PASTO

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

Tema: - Responsabilidad del Estado por cumplimiento tardío de orden judicial -Docente discapacitada y víctima de desplazamiento forzado internoSENTENCIA

La Sala de Decisión, dentro del término de Ley, procede a decidir lo que en derecho corresponda frente a la apelación presentada por la parte demandadacontra la sentencia de 26 de octubre de 2018, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, que accedió a las súplicas de la demanda1

I. ANTECEDENTES

1.1 Síntesis de la demanda2

Los señores Teresa de Jesús García, José Omero Oviedo (cónyuge de la víctima) y Darío Fernando Oviedo García (hijo de la víctima), en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional, el Departamento

víctima) y Darío Fernando Oviedo García (hijo de la víctima), en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional, el Departamento del Putumayo -Secretaria de Educación Departamental y el Municipio de PastoSecretaria de Educación Municipal , a fin de que se los declare, administrativa y patrimonialmente responsables, por los perjuicios materiales e inmateriales que les fueron causados, al incumplir con la orden judicial del numeral octavo del Auto 006 de 2009 dictado por la Corte Constitucional, el cual, ordenó se incorpore a la demandante en un cargo docente en centro de educación pública, igual o similar al que venía desempeñando con anterioridad al desplazamiento en el Departamento del Putumayo municipio de Orito, por tratarse de un sujeto de especial protección, discapacitada y víctima de desplazamiento forzado interno.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron se condene a las demandadas al pago de los perjuicios morales y materiales, desde el 26 de enero de 2009 (fecha orden judicial) hasta el 4 de marzo de 2013 (fecha cumplimiento orden) debidamente indexadas, conforme al IPC, y

1 Índice N° 10 expediente 1 archivo 05 páginas 8-34/ Samai 2 Índice N° 10 expediente 1 archivo 01 páginas 105-111/ SamaiRadicado: 2015-00083 Reparación Directa

2 se cumpla la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

1.2 Hechos3

Reparación Directa

2 se cumpla la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

1.2 Hechos3

Las pretensiones, tuvieron, en resumen, el siguiente fundamento fáctico:

• La demandante, trabajó como docente normalista en propiedad, desde el año 1992 hasta febrero de 2001, en el Municipio de Orito (P), en el E.E.M El Paraíso, sin embargo, debido a la situación de orden público que atravesaba para esa fecha el Departamento del Putumayo , y debido al desplazamiento forzado que sufrió, fijó su residencia en la Ciudad de Pasto (N), dejando el cargo que venía desempeñando.

• Señaló que, en Pasto, continuó trabajando y luchando por los niños y niñas, víctimas de conflicto armado, realizando el proyecto denominado “Forjadores de Paz”, el cual, fue ganador del premio “Compartir al Maestro y al Buen Trato”.

• En 2004, participó en el concurso docente, aprobando la evaluación y el proceso del mismo, sin embargo, fue excluida, porque no contaba con el título de normalista superior, sin haberse tenido en cuenta, su destacado desempeño como docente en provisionalidad, en la Institución Educativa Santa Barbara de Pasto y el aludido proyecto que desarrolló.

• El 1 de abril de 2008 , participó en la audiencia pública para las personas en situación de desplazamiento y discapacidad, adelantada por la Corte Constitucional, diligencia en la cual, tuvo la oportunidad de exponer su situación personal, y solicitar que cuando se realice un

personas en situación de desplazamiento y discapacidad, adelantada por la Corte Constitucional, diligencia en la cual, tuvo la oportunidad de exponer su situación personal, y solicitar que cuando se realice un concurso de méritos, para acceder a un cargo público , se tuviera en cuenta, sus circunstancias de desplazamiento y discapacidad, para que se otorgara un trato preferencial.

• Como consecuencia de la referida audiencia pública, se expidió el auto Nº 006 de 2009, en el cual, la Corte Constitucional, en el numeral 8 resolvió “cuya situación individual fue acreditada ante la Corte con ocasión de la sesión pública de información téc nica del 01 de abril del 2008 (…) se realicen las siguientes acciones (…) Adicionalmente: para proteger los derechos de la ciudadana Teresa de Jesús García, se ORDENA al Ministerio de Educación, que adelante las acciones pertinentes para proveer a la ciudadana de un cargo de docente , en un centro de educación pública, igual o similar al que venía desempeñando con anterioridad al desplazamiento”

• En cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional, el Departamento del Putumayo, con Res olución Nº 2908 de 28 de septiembre de 2009, nombró a la docente en el CER Albana Municipio de Villagarzòn, sin embargo, la docente no aceptó , dado que su vida y la de su grupo familiar, nuevamente, pudo verse amenazada, destacando que, el Departamento seguía incumpliendo la orden, toda vez que, la estaba reubicando en una zona idéntica o similar al lugar en donde se originó el desplazamiento.

• La docente, desde el año 2009, envió oficios en varias oportunidades

vez que, la estaba reubicando en una zona idéntica o similar al lugar en donde se originó el desplazamiento.

• La docente, desde el año 2009, envió oficios en varias oportunidades a las entidades competentes, para que cumplieran el auto de la Corte Constitucional, sin haber obtenido respuesta oportuna, y solo hasta el 4 de marzo de 2013, es decir, después de 4 años, se firmó un convenio interadministrativo entre la Secretaría de Educación Departamental

3 Índice N° 10 expediente 1 archivo 01 páginas 106-107/ SamaiRadicado: 2015-00083 Reparación Directa

3 del Putumayo y la Secretaría de Educación Municipal de Pasto , para incorporar a la docente, en la planta de personal del citado municipio.

• Puntualizó que, las entidades demandadas incurrieron en una falla en el servicio por omisión, pues desconocieron la condición de persona desplazada con discapacidad -estado de cosas inconstitucionales Sentencia T 025 de 2004 - razón por la cual, debían reparar los perjuicios morales y materiales, sobre todo, porque para aquella época era madre cabeza hogar, el sustento de su familia dependía de su trabajo.

1.3 Intervención de los demandados

1.3.1 NaciónMinisterio de Educación Nacional 4.

Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, señalando que el Ministerio, actuó con diligencia y oportunidad, en el marco de las facultades legales y constitucionales.

Manifestó que, la Ley 60 de 1993, la Ley 115 de 199 4 y la Ley 715 de

demanda, señalando que el Ministerio, actuó con diligencia y oportunidad, en el marco de las facultades legales y constitucionales.

Manifestó que, la Ley 60 de 1993, la Ley 115 de 199 4 y la Ley 715 de 2001, establecieron el principio de descentralización administrativa en materia de educación, entre la Nación y las entidades de territoriales certificadas, otorgándoles a estas últimas, funciones y competencias en el manejo de administración de recursos, planteles educativos, personal docente y directivo docente, razón por la cual, a la cartera ministerial, no le asistía la facultad para materializar la orden de la Corte Constitucional, esto es, adelantar las acciones pertinentes, para proveer a la docente un cargo en un centro de educación pública, igual o similar al que venía desempeñando con anterioridad al desplazamiento, pues era arbitrario, invadir la órbita de las funciones y competencias de las entidades territoriales.

Puntualizó que, en septiembre de 2009, el Departamento del Putumayo, cumplió con la orden del Alto Tribunal, proveyendo un cargo en el mismo departamento, sin que la docente haya aceptado, por razones de orden público, que podían seguir amenazando su vida.

Agregó que, en todo caso, la orden de la Corte Constitucional en auto 006/09, no determinó de manera concreta el lugar donde debía reubicarse a la docente, ni un tiempo perentorio, y la negativa de la misma, de incorporarse a la planta de personal del Departamento del Putumayo, ocasionó dificultades para cumplir la orden, lo cual, se aplazó hasta que las entidades pudieran lograr un acuerdo, encontrar una

misma, de incorporarse a la planta de personal del Departamento del Putumayo, ocasionó dificultades para cumplir la orden, lo cual, se aplazó hasta que las entidades pudieran lograr un acuerdo, encontrar una vacante, la distribución de recursos, concretándose con la expedición del convenio interadministrativo.

En razón de lo expuesto, propuso los medios exceptivos de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de falla en el servicio por parte del Ministerio de Educación Nacional, ausencia de nexo de causalidad, ausencia de derecho sustancial para demandar, cobro de lo no debido.

1.3.2 Departamento del Putumayo5.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, considerando que, la orden del Auto 006/09 impartida por la Corte Constitucional, en el literal 8 numeral 3, puntualmente, se erigió hacia el Ministerio de Educación Nacional , de modo, que el ministerio con oficio

4 Índice N° 10 expediente 1 archivo 02 páginas 12-22/ Samai 5 Índice N° 10 expediente 1 archivo 02 páginas 39-45/ SamaiRadicado: 2015-00083 Reparación Directa

4 2009EE24360 del 4 de mayo de 2009, solicitó al departamento, adelantar las gestiones tendientes al acatamiento de la orden.

Señaló además que, en el anotado oficio, el ministerio indicó que la docente debía ser vinculada en el Departamento del Putumayo, comoquiera que, según los antecedentes de su hoja de vida, pertenecía a la planta de personal de esa entidad territorial . Razón por la cual el

docente debía ser vinculada en el Departamento del Putumayo, comoquiera que, según los antecedentes de su hoja de vida, pertenecía a la planta de personal de esa entidad territorial . Razón por la cual el departamento, para dar cumplimiento, expidió la Resolución Nº 2809 de septiembre de 2009, procediendo al nombramiento de la docente en un sitio con mejores condiciones al que ocasionó el desplazamiento, esto es el municipio de Villagarzòn, no obstante, de manera caprichosa e injustificada rechazó el nombramiento.

Agregó que, desde el mes de diciembre de 2009, la Secretaría de Educación del Departamento del Putumayo, soportó una medida cautelar, dada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que le impedía administrar recursos en el sector educativo, en tal sentido, tampoco hubiera podido dar cumplimiento a la tantas veces aludida orden de la Corte Constitucional.

1.3.3 Municipio de Pasto6.

Sostuvo que contrario a lo afirmado por la parte actora, las acciones frente al cumplimiento de la orden del auto 006 de 2009, se ejecutaron desde el año 2009 y no desde el año 2013.

Afirmó que, para la fecha de los hechos, no existía una vacante disponible que se ajustara al perfil de la docente, pese a ello, se aunaron esfuerzos para expedir el referido convenio interadministrativo reubicándola en el municipio de Pasto, sin que haya acudido a posesionarse.

Resaltó que la orden de la Corte Constitucional se dirigió al Ministerio de Educación Nacional, y que de todos modos dicha disposición no estableció

municipio de Pasto, sin que haya acudido a posesionarse.

Resaltó que la orden de la Corte Constitucional se dirigió al Ministerio de Educación Nacional, y que de todos modos dicha disposición no estableció un término para su cumplimiento ni el lugar en donde debía reubicarse a la docente, por lo que propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Del mismo modo, propuso las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación e inexistencia de fundamentos legales y fácticos para demandar.

1.4 La sentencia apelada7

El juzgado de instancia, analizó el asunto, bajo el régimen de imputación subjetivo, por falla en el servicio, para concluir que las entidades demandadas eran extracontractualmente responsables de los perjuicios morales y materiales causados a la docente por omisión, al no haber acatado a tiempo lo dispuesto en el auto 006 de 2009, emitido por la Corte Constitucional, pues existió una dilación por más de 4 años en el cumplimiento de la orden judicial , la cual, estableció medidas de protección en favor de una persona con discapacidad , víctima de desplazamiento forzado interno, cuyo amparo erig ía además de la sentencia T 025 de 2005 , en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucionales.

6 Índice N° 10 expediente 1 archivo 02 páginas 88-93/ Samai 7 Índice N° 10 expediente 1 archivo 05 páginas 8-34/ SamaiRadicado: 2015-00083 Reparación Directa

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7 Índice N° 10 expediente 1 archivo 05 páginas 8-34/ SamaiRadicado: 2015-00083 Reparación Directa

5 Puntualizó, que la orden concreta, radicaba en proveer a la docente, un cargo en un centro de educación pública, igual o similar al que venía desempeñando, con anterioridad al desplazamiento , y aun cuando la orden databa del 26 de enero de 2009, la suscripción del co nvenio, acatando la disposición judicial, finalmente, se realizó el 4 de marzo de 2013.

Indicó que, si bien, las demandadas, señalaron que, para la fecha de los hechos, no existía una vacante que cubriera el perfil de la demandante, dicha situación era contraria a la realidad, comoquiera que la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, en oficio 1430.2/64 de 2017, indicó que del año 2009 a 2012, “el personal si fue reubicado y que en el año 2013 si existió vacante disponible” y aunque la información haya sido confusa, se entendía que para el interregno de 2009 a 2012, al reubicar personal, siempre si hubo vacantes. Maxime cuando el término reubicación, obedece a la facul tad que tiene la administración de realizar movimientos. (Según el Departamento Administrativo de la Función Pública).

Dijo que, no había lugar a declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, frente al Ministerio de Educación Nacional, en tanto que la orden de acatamiento del auto 006/09 fue dada directamente al mismo, y si bien, se observa que mediante varios oficios, requirió a las entidades

por pasiva, frente al Ministerio de Educación Nacional, en tanto que la orden de acatamiento del auto 006/09 fue dada directamente al mismo, y si bien, se observa que mediante varios oficios, requirió a las entidades territoriales, para adelantar las gestiones correspondientes, dado que no actuaba como entidad nominadora, ello , no desvirtuaba su responsabilidad, pues le competía realizar un seguimiento continuo , precisamente, porque la orden se dirigió puntualmente al ministerio.

Señaló que no era de recibo declarar prosperar la misma excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva , frente a las entidades territoriales, habida cuenta que, la docente pertenecía a la planta de docentes del ente territorial del Putumayo, a quien le competía adelantar los trámit es del convenio interadministrativo , es decir, acordar el traslado con el Municipio de Pasto (Ley 715 de 2001 y Resolución 1240 de 2010) , entidad esta última, que también tuvo conocimiento de la orden judicial, y le correspondía, dicha coordinación con el Departamento del Putumayo en virtud del Decreto 520 de 2010.

Agregó que pese a haber existido una medida preventiva frente al Departamento del Putumayo , desde diciembre de 2009 hasta el diciembre de 2013, respecto de la cual, el Ministerio de Educación asumió la asunción temporal, repitió que ello, no lo eximía de responsabilidad, pues le competían labores de coordinación al tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 2613 de 2009.

En razón de lo anterior consideró que, resultaba procedente, reconocer los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a la docente,

artículo 3 del Decreto 2613 de 2009.

En razón de lo anterior consideró que, resultaba procedente, reconocer los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a la docente, en tanto que, no solo se vio vulnerado el derecho a la garantía del trabajo, sino también al mínimo vital, perso nal y familiar, y perjuicios morales, únicamente a quien los demostró, en este caso, solo a la señora Teresa de Jesús, ello en relación con el testimonio de la declarante Luz Marina Oviedo y el auto 173 de 2014 emitido por la Corte Constitucional, que hizo seguimiento al caso de la actora ; medios de prueba que coincidieron en determinar que, el incumplimiento a la orden le causó perjuicios morales y materiales.

Finalmente, condenó en costas a las entidades demandadas.

1.5 Los recursos de apelaciónRadicado: 2015-00083 Reparación Directa

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1.5.1 Nación-Ministerio de Educación Nacional8

Manifestó que, no resultaba posible que el ministerio vea comprometida su responsabilidad por una presunta omisión, cuando obraban en el plenario la Resolución Nº 2908 de 2009 y el convenio interadministrativo Nº 002 de 2013, de los cuales, se desprende el cumplimiento de la orden proferida por la Corte Constitucional , tendiente a proveer el cargo de la docente, lo cual rompe el nexo de causalidad pues no hay relación de un daño y del mismo modo, se genera una ausencia de derecho sustancial para demandar.

Sostuvo la inexistencia de la falla en el servicio por omisión por parte de la cartera ministerial, pues para que surja la carga patrimonial, de bía

daño y del mismo modo, se genera una ausencia de derecho sustancial para demandar.

Sostuvo la inexistencia de la falla en el servicio por omisión por parte de la cartera ministerial, pues para que surja la carga patrimonial, de bía concurrir la especial circunstancia de no haber cumplido una obligación legal o haberla cumplido imperfectamente, ocasionándose así el daño al bien jurídico tutelado, situación que no ocurrió, por cuanto, cumplió con sus funciones legales y constitucionales, gestionando con diligencia lo de su cargo.

En virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 365 del CGP, solicitó se revoque la condena en costas, pues la misma surge cuando la conducta de la parte vencida, ha resultado temeraria o abusiva, lo cual no ocurrió, además que no había prueba de la causación de costas.

1.5.2 Departamento del Putumayo9

Insistió en los argumentos de la contestación de la demanda, puntualizando que el juzgado de instancia, le atribuyó responsabilidad, cuando la orden impartida por la Corte Constitucional era clara y directa frente al Ministerio de Educación Nacional . Además, que, durante la vigencia de la asunción temporal del sector educativo como consecuencia de la medida correctiva impuesta al departamento, la entidad perdió todas las competencias sobre dicho sector, desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2013, ello, en el marco del Decreto Ley 028 de 2008 -art 14y el Decreto 2911 de 2008 art 17 y 17.3, a partir del cual, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió la Resolución Nº 3545

-art 14y el Decreto 2911 de 2008 art 17 y 17.3, a partir del cual, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió la Resolución Nº 3545 de 14 de diciembre de 2009, adoptando la referida medida correctiva, y por su parte el Ministerio de Educación, expidió la Resolución 342 de 17 de enero de 2012, designando al señor Jairo Salvador Calderón Iguarán, como administrador temporal del sector educativo de la entidad territorial.

Adicionalmente, manifestó que, era necesario mencionar que “dentro del proceso de Reparación Directa No. 2015 -00217 que cursaba en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, fue aprobada una fórmula de arreglo conciliatoria propuesta por el Ministerio de Educación Nacional, en la que esa entidad reconoció unas s umas de dinero por los perjuicios probados ( morales y daño a la salud), ocasionados por la falla en el servicio en la Institución Educativa Pio XII del nivel Departamental, " ... por las actuaciones u omisiones generadas en desarrollo de la medida correctiva”

1.5.3 Municipio de PastoSecretaría de Educación Municipal 10

8 Índice N° 10 expediente 1 archivo 05 páginas 39-42/ Samai 9 Índice N° 10 expediente 1 archivo 05 páginas 44-46/ Samai 10 Índice N° 10 expediente 1 archivo 05 páginas 67-69/ SamaiRadicado: 2015-00083 Reparación Directa

7 Reiteró los argumentos de la contestación de la demanda, insistiendo en

10 Índice N° 10 expediente 1 archivo 05 páginas 67-69/ SamaiRadicado: 2015-00083 Reparación Directa

7 Reiteró los argumentos de la contestación de la demanda, insistiendo en que, si bien es cierto, el auto Nº 006 de 2009, ordenó al Ministerio de Educación adelantar las acciones pertinentes para proveer a la docente, de un cargo en un centro de educación pública, igual o similar al que venía desempeñando con anterioridad al desplazamiento forzado, ello, se acató aun con los contratiempos, dado que, para la fecha de los hechos, no existía una vacante disponible, sin embargo y aun con todo, se logró reubicarla en una vacante que cumplía con su perfil , a través de la celebración del convenio interadministrativo entre el Departamento del Putumayo y el Municipio de Pasto -Ley 715 de 2001-.

Agregó que, el Departamento del Putumayo - Secretaría de Educación, era la responsable, como entidad territorial nominadora de la docente de materializar la orden judicial, la cual cumplió expidiendo la Resolución Nº 2908 de 29 d e septiembre de 2009, incorporándola a la planta de personal del ente territorial , vacante que no aceptó por razones personales y de seguridad.

Repitió que, la orden judicial no estableció un plazo perentorio para su cumplimiento, tampoco determinó el lugar en donde debía ser acatada, dejándolo a la discrecionalidad del nominador, y además la no aceptación de la docente a la incorporación en la planta de personal del Departamento del Putumayo, causó dificultades en el cumplimiento de la disposición emanada por la Corte Constitucional , en el entendido de

de la docente a la incorporación en la planta de personal del Departamento del Putumayo, causó dificultades en el cumplimiento de la disposición emanada por la Corte Constitucional , en el entendido de encontrar una nueva vacante que estuviera disponible. Además, sostuvo que, continuó laborando en el Departamento del Putumayo.

Agregó que, debía tenerse en cuenta que, una vez la docente f ue designada en el Municipio de Pasto, nunca tomó posesión del mismo, siendo así evidente su negligencia.

Concluyó que actuó de manera diligente y conforme a la Ley en lo concerniente a las competencias de las entidades territoriales (artículo 153 de la Ley 115 de 1994 y artículo 6 numeral 6.23 de la Ley 715 de 2001).

1.5.4 Parte demandante11

Cuestionó la negativa de reconocer perjuicios morales al cónyuge e hijo de la docente, cuando según el testimonio de la señora Luz Marina Oviedo, si se hallaba acreditada tal afectación , el no cumplimiento oportuno de la orden judicial de la Corte Constitu cional, les causó a los prenombrados dolor y sufrimiento, quienes vivían bajo el mismo techo de la señora Teresa de Jesús. Del mismo modo, sostuvo que el juzgado de instancia, no tuvo en cuenta, el auto 173 de 2014 y el principio de indemnización integral previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 , última disposición normativa que ha aplicado en la jurisdicción contenciosa administrativa, para ello se remitió a varias sentencias dictadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Más adelante sostuvo que, si bien es cierto, los testigos de manera directa

contenciosa administrativa, para ello se remitió a varias sentencias dictadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Más adelante sostuvo que, si bien es cierto, los testigos de manera directa no se refirieron a los perjuicios que sufrieron los prenombrados, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, basta la acreditación de parentesco para que pueda inferirse la causaci òn de perjuicios morales a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil (sentencia 26 de febrero de 2018 Sección Tercera CP. Danilo Rojas) entre otras sentencias.

11 Índice N° 10 expediente 1 archivo 05 páginas 70-75/ SamaiRadicado: 2015-00083 Reparación Directa

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1.7 Actuación en segunda instancia

Mediante auto de 11 de julio de 20 1912 el Tribunal Administrativo de Nariño, admitió los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante, y las entidades demandadas, Naciòn -Ministerio de Educación Nacional, Departamento del Putumayo -Secretaria de Educación y el Municipio de Pasto -Secretaría de Educación Municipal, por haber reunido los requisitos de ley y dispuso correr traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y emitir concepto respectivamente, oportunidad en la cual, se pronunciaron las entidades demandadas, reiterando los argumentos de la alzada13.

Con auto de 9 de julio de 2024 14, el despacho, remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Nariño, considerando que la sentencia de instancia fue dictada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de

Con auto de 9 de julio de 2024 14, el despacho, remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Nariño, considerando que la sentencia de instancia fue dictada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, del cual es el superior funcional la citada Corporación.

Mediante providencia de 30 de septiembre de 2024 15, el Tribunal Administrativo de Nariño, suscitó conflicto negativo de competencias frente a este Tribunal, considerando que en virtud del acuerdo PCSJA2312125 del 19 de diciembre de 2023, surgió su creación permanente y que en razón del Acuerdo No. CSJNAA24 -124 24 de mayo de 2024, se le redistribuyó el presente asunto, por razones de competencia, en tanto que los hechos objeto de litigio sucedieron en el Departamento del Putumayo, respecto de lo cual, el Consejo de Estado, con auto de 25 de junio de 2025 16, resolvió tal situación, señalando que el competente en conocer el asunto era el Tribunal Administrativo del Putumayo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de alzada interpuestos, en contra de la Sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Mocoa.

Dado que apelaron todos los extremos procesales, el estudio de la alzada, se hará sin limitaciones, tal como lo dispone el artículo 328 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

2. Problema jurídico

se hará sin limitaciones, tal como lo dispone el artículo 328 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

2. Problema jurídico

Según los recursos de apelación interpuesto s por las entidades demandadas, NaciónMinisterio de Educación Nacional, Departamento del Putumayo-Secretaria de Educación Departamental y el Municipio de Pasto-Secretaria de Educación Municipal, el objeto de debate se centra en establecer si son administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios morales y materiales causados a la docente Teresa de Jesús García, por no haber acatado a tiempo lo dispuesto por la Corte Constitucional en el auto 006 de 2009, dado que existió una dilación por más de 4 años en el cumplimiento de la orden que amparó a una persona

12 Índice N° 10 expediente 1 archivo 06 páginas 22-23/ Samai 13 Índice N° 10 expediente 1 archivo 06 páginas 30 a 39/ Samai 14 Índice 13 / Samai 15 Índice 21 / Samai 16 Índice 25 / SamaiRadicado: 2015-00083 Reparación Directa

9 discapacitada y víctima de desplazamiento forzado, aun cuando la orden haya recaído directamente en el Ministerio de Educación.

De otro lado, también se debe establecer si el Departamento del Putumayo, en virtud de la orden correctiva que soportó desde el mes de diciembre de 2009 hasta el mes de diciembre de 2013, en la cual asumió la administración del sector educativo el Ministerio de Educación, estaría

Putumayo, en virtud de la orden correctiva que soportó desde el mes de diciembre de 2009 hasta el mes de diciembre de 2013, en la cual asumió la administración del sector educativo el Ministerio de Educación, estaría exonerado de responsabilidad, por el no cumplimiento oportuno de la orden judicial.

Finalmente, se debe determinar si hay lugar a indemnizar a los señores José Omero Oviedo (cónyuge de la víctima) y Darío Fernando Oviedo García (hijo de la víctima), por los perjuicios morales.

Para soportar la decisión judicial que más adelante se tomará, se procede a estudiar los argumentos, jurídicos, facticos y probatorios de la siguiente manera:

3.1. Sobre los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado.

El artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado es responsable por los daños antijurídicos que le sean atribuibles, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Para que se declare esa responsabilidad, deben cumplirse dos condiciones: (i) que exista un daño antijurídico, y (ii) que ese daño pueda ser atribuido a la entidad pública, ya sea bajo criterios de responsabilidad subjetiva (como la falla del servicio) o de responsabilidad objetiva (como el daño especial, el riesgo excepcional o el riesgo por conflicto).

Al respecto, el Consejo de Estado ha expresado que:

“La noción de daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase (contractual o extracon