TA PUT - Sentencia 86001-33-33-001-2023-00579-01 (03-07-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

SALA DE DECISIÓN

1 Mocoa, tres (03) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: Marco Antonio Muñoz Mera

RADICACIÓN: 86001333300120230057901

DEMANDANTE: PATRICIA CLEMENCIA NOFUYA GAITÁN

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL-FOMAG Y DEPARTAMENTO

DEL PUTUMAYO

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO-LABORAL

Tema: - Sanción moratoria docente _______________________________________________________

SENTENCIA

De conformidad con lo previsto en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009), la Sala Plena de esta Corporación, mediante Acuerdo No. 0003 del 2 de septiembre de 2024, estableció un orden temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. Para el efecto, priorizó, entre otros, los procesos cuya solución implique la aplicación de sentencias de unificación o de jurisprudencia reiterada del Consejo de Esta do, c omo ocurre en este caso en el que se controvierte el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías de los docentes, asunto que fue objeto de unificación en la sentencia SUJ-012-S2 de 18 de agosto de 2018.

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión, dentro del término de Ley, procede a decidir lo que en derecho corresponda frente a la apelación presentada por la parte demandada - Fiduprevisora, contra la sentencia

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión, dentro del término de Ley, procede a decidir lo que en derecho corresponda frente a la apelación presentada por la parte demandada - Fiduprevisora, contra la sentencia de 16 de diciembre de 202 4, proferida por el J uzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, que resolvió1

“PRIMERO.– DECLARAR configurado el acto ficto presunto negativo derivado de la falta de contestación del derecho de petición de fecha 01 de septiembre de 2020 elevado ante la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) – Departamento del Putumayo y de la petición de fecha 23 de no viembre de 2020 elevado ante la Fiduprevisora S. A., conforme lo considerado en esta providencia. SEGUNDO.– DECLARAR la nulidad de los actos fictos presuntos negativos derivado de la falta de contestación del derecho de petición de fecha 01 de septiembre de 2020 y 23 de noviembre de 2020 elevado ante las entidades demandadas, de conformidad con lo expuesto en precedencia. TERCERO.– DECLARAR que no ha operado la prescripción de la sanción moratoria del periodo comprendido entre el 20 de marzo

1 Índice 03 redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 28/ SamaiRadicado: 2023-00579 Nulidad y restablecimiento del derecho

2 de 2020 al 19 de mayo de 2020, de c onformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. CUARTO – Como restabl ecimiento del derecho, se condena al

2 de 2020 al 19 de mayo de 2020, de c onformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. CUARTO – Como restabl ecimiento del derecho, se condena al Departamento del Putumayo, al reconocimiento y pago en favor de la parte demandante de un día de salario por cada día de retardo a título de sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, por 61 días de mora causado s entre el 20 de marzo de 2020 al 19 de mayo de 2020, los cuales se liquidarán con base en la asignación básica devengada por la parte demandante para el año 2020, de acue rdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. (…)”.

I. ANTECEDENTES

1.1 Síntesis de la demanda2 Con la demanda se pretende la declaratoria de nulidad de los actos fictos o presuntos, sobre las peticiones radicadas el 01 de septiembre de 202 0, y 23 de noviembre de 2020, por medio de las cuales, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el Departamento del Putumayo y la Fiduciaria la Previsora S.A respectivamente, dieron respuesta negativa a la solicitud del rec onocimiento y pago de la Sanción Moratoria, en favor de la demandante, contemplada en el artículo 5 de la ley 1071 de 2006. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene que la Nación - Ministerio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Social es del Magisterio , al

la ley 1071 de 2006. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene que la Nación - Ministerio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Social es del Magisterio , al Departamento del Putu mayo y a la Fiduciaria la Previsora S.A -, a reconocer, liquidar y pagar la sanción moratoria , establecida e n el artículo 5 de l a ley 1071 de 2006, por no haber cancelado a tiempo el valor reconocido mediante resolución No. 0006 del 3 de enero de 2020, desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 20 de mayo de 2020. Finalmente, p idió la actualización de los valores reclamados, que se reconozcan intereses de mora y la condena en costas.

1.2 Hechos3

Las pretensiones, tuvi eron, en resumen, el siguiente fundamento fáctico:

1. El 9 de diciembre de 20 19, el demandante solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales a las que tenía derecho.

2. Mediante Resolución N°. 0006 de 3 de enero de 2020 , el Ministerio de Educación Nacional -FOMAG, reconoció y ordenó el pago de las cesantías.

2 Índice 3 redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 3/ Samai 3 Ibídem.Radicado: 2023-00579 Nulidad y restablecimiento del derecho

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3. El 20 de mayo de 2020, se puso a disposición de la interesada los dineros por concepto de cesantías parciales.

Nulidad y restablecimiento del derecho

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3. El 20 de mayo de 2020, se puso a disposición de la interesada los dineros por concepto de cesantías parciales.

4. El 1 de septiembre de 202 2 y el 23 de noviembre de 2020, la demandante radicó petición, ante el Departamento del Putumayo, la Nación -Ministerio de Educación -FNPSMy la Fid uciaria la Previsora S.A respectivamente, solicitando el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, sin que haya obtenido respuesta.

1.3 Intervención de los demandados:

1.3.1 Ministerio de Educación Nacional-FOMAG4

Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, señalando que los actos administrativos emitidos por la entidad, se profi rieron en estricto cumplimiento de las normas legales vigentes, por lo tanto, propuso la excepción de legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad.

Del mismo modo , planteó e l medio excepti vo de improcedencia de la indexación de las condenas, señalando que, la Fidu previsora, pagó la obligación en tiempo oportuno, lo que extingue cualquier obligación accesoria. Además, señaló que no es p osible la indexación de la condena por sanción morat oria, pues según la jurisprudencia de l Consejo de Estado, implica una doble sanción sobre un mismo derecho.

Finalmente, propuso la excepción de falta de legitima ción en la causa por pasiva, aduciendo que, en virtud del artículo 57 de la Ley 1955 de

Consejo de Estado, implica una doble sanción sobre un mismo derecho.

Finalmente, propuso la excepción de falta de legitima ción en la causa por pasiva, aduciendo que, en virtud del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, existe prohibición expresa de condenar al FOMAG por sanción moratoria generada con posterioridad a diciembre de 2019, toda vez que sus recursos únicamente pueden destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales de sus afiliados docentes, y no para el pago de indemnizaciones.

1.3.2 La Fiduprevisora5

Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, aduciendo que la Fiduprevisora al actuar en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no en posici ón propia , no está llamada en asumir una eventual condena. Propuso el medi o exceptivo de falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que , a la luz de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 , l a responsabi lidad del pago de las sa nciones moratorias, están a cargo del FOMAG. Adicionalmente planteó la excepción de cobro de lo no debido e inexistencia en la reclamación del derecho, señalando que en su calidad de administrador a y vocera del FOMAG, procedió a realizar el pago en los términos de Ley. Por último, manifestó que, en caso de acceder a las pretensiones , en contra de la fiduciaria, se configuraría un enriquecimiento sin causa para la entidad financiera, cuyos recursos al ser públicos darían lugar a un detrimento

manifestó que, en caso de acceder a las pretensiones , en contra de la fiduciaria, se configuraría un enriquecimiento sin causa para la entidad financiera, cuyos recursos al ser públicos darían lugar a un detrimento patrimonial del Estado.

4 Índice 03 redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 07/ Samai 5 Índice 03 redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 08/ SamaiRadicado: 2023-00579 Nulidad y restablecimiento del derecho

4 1.3.3 Departamento del Putumayo6

Dijo que, debía declararse prospera la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente al ente territorial, considerando que, esta no es la entidad a quien le corresponde el pago de la sanción moratoria, comoquiera que, únicamente funge como instrum ento para dar trámite al reconocimiento de las prestaciones que están a cargo del FOMAG.

1.4 La sentencia apelada7

El juzgado de instancia precisó que era procedente la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, al encontrarse acreditado que se causó un periodo de mora de 61 días en el pago de las cesantías parciales a las que tenía derecho la demandante, esto es, desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 19 de mayo de 2020. Obligación que deb ía ser asumida por el Departamento del Put umayo, pues en virtud del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, por mora generada con posterioridad a l 1 de enero de 2020, son responsables las entidades territoriales.

Señaló que, para efectos del cálculo de la sa nción moratoria, por

posterioridad a l 1 de enero de 2020, son responsables las entidades territoriales.

Señaló que, para efectos del cálculo de la sa nción moratoria, por tratarse de una recl amación del pago de cesantías p arciales, debe tenerse en cuenta la asignación b ásica vigente al momento en que se causaron, es decir, la asignación correspondiente al año 2020.

Negó la indexación del valor suplicad o, con sustento en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, que establece que , la sanción moratoria no se tr ata de u n derecho laboral, sino de una penalidad de carácter económica que sanciona la negligencia en las actuaciones administrativas, aclarando en todo caso, que s í es procedente el ajuste del valor de la sanción, en los términos del art iculo 187 de la Ley 1437 de 2011 , desde el día siguiente en que la misma cesó, hasta la ejecutoria de la sentencia de instancia.

Dijo que, teniendo en cu enta q ue la tardanza en el pago d e las cesantías, se generó desde el 20 de marzo de 2020 hasta 19 de mayo de 2020 y dado que la demandante radicó solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria el 01 de septiembre de 2020, no operó la prescripción del derecho adquirido.

Finalmente, negó la condena en costas.

1.5 Departamento del Putumayo8

Dijo que debía declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva, frente a la entidad territorial, considerando que, aquella no es la responsable del pago por la tardanza en la cancelación de las cesantías,

1.5 Departamento del Putumayo8

Dijo que debía declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva, frente a la entidad territorial, considerando que, aquella no es la responsable del pago por la tardanza en la cancelación de las cesantías, pues al tenor de la Ley 1955 de 2019, modificada por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, es el Fondo Nacio nal de Prestaciones Sociales del Magisterio a través del Ministerio de Hacienda y Créd ito Público, el encargado de asumir el pago de las sanciones por mora causadas a diciembre de 2022.

6 Índice 03 redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 09/ Samai 7 Índice Nº 03 redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 28 Samai 8 Índice Nº 03 redirecciona a actuaciones en primera instancia índice 31 y 32/ SamaiRadicado: 2023-00579 Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.6 Sobre la creación del Tribunal Administrativo del Putumayo

El Consejo Superior de l a Judicatura, mediante Acuerdo No. PCSJA2312125 del 19 de diciemb re de 2023 dispuso la creación del Tribunal Administrativo del Putumayo y el D istrito Judicial Administrativo d el Putumayo, conformado por el Circuito Ju dicial Administrativo de Mocoa, que c omprende territorialmente a todos los municipios del departamento del Putumayo.

1.7 Actuación en segunda instancia

con auto del 15 de mayo de 2025, se admitió el recurso de apelación9.

Así mismo, dentro del laps o comprendido entre la notificación del auto

departamento del Putumayo.

1.7 Actuación en segunda instancia

con auto del 15 de mayo de 2025, se admitió el recurso de apelación9.

Así mismo, dentro del laps o comprendido entre la notificación del auto que concede la apelación y la ejecutoria del que admitió el tr ámite en segunda instancia, no hubo pronunciamiento de la contraparte, respecto del recurs o de apelación interpuesto por el Departamento de l Putumayo, conforme a lo regulado en el numeral 3 del art ículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artícul o 67 de la Ley 2080 de 2021.

De otra parte, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por artículo 67 de l a Ley 2080 de 2021, se prescindió del traslado para alegatos de conclusión.

1.8 Concepto Ministerio Público

La delegada del Ministerio Público ante esta Corporación, se abstuvo de rendir concepto10.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo es tablecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal es competente para conocer del recurso d e alzada interpuesto en contra de la Sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa.

Sin embargo, el trámite del r ecurso de apelació n limita el pronunciamiento de la segunda instancia exclusivamente sobre lo que es materi a d e impugnación, tal como lo dispone el artículo 328 del C.G.P., aplicable por expresa remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

2. Problema jurídico

es materi a d e impugnación, tal como lo dispone el artículo 328 del C.G.P., aplicable por expresa remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

2. Problema jurídico

Según el recurso de apela ción in terpuesto por el Departamento del Putumayo, el objeto de debate se centra en establecer, sí en el presente caso es procedente aplicar el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023 , que modificó el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

9 Índice N° 5 / Samai 10 Índice N° 10/SamaiRadicado: 2023-00579 Nulidad y restablecimiento del derecho

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3. Respuesta al problema jurídico

El Tribunal confirmará la decisión de primera instancia , considerando que el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023 no le es aplicable al caso , comoquiera que la solicitud de sanción moratoria fue presentada antes de su entrada en vigencia y, conforme al principio de irretroactividad de la ley, el asunto debe gobernarse al amparo de la Ley 1955 de 2019, la cual, establece que, la entidad que incumpla con los plazos previstos en la Ley y genere la tardanza en el pago de las cesantías, es quien deberá asumir la condena por sanción moratoria.

4. Análisis Jurídico.

Para so portar la decisión judicial que más adelante se tomar á, se procede a estudiar los argumentos, jurídicos, facticos y probatorios de la siguiente manera:

4.1 Régimen legal y jurisprudencial de la sanción moratoria en el

Para so portar la decisión judicial que más adelante se tomar á, se procede a estudiar los argumentos, jurídicos, facticos y probatorios de la siguiente manera:

4.1 Régimen legal y jurisprudencial de la sanción moratoria en el pago de las cesantías de los docentes oficiales.

Los d ocentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se encuentran cobijados por un régimen esp ecial contenido en Ley 91 de 1989, disposición que en su artículo 15 regula lo concerniente al pago de las cesantías, así:

"Artículo 15: (...) 3°. Cesantías.

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 10 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir del 10 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sob re saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés , que de

cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés , que de acuerdo con certificación de la Super intendencia Bancaria, haya sido la comercial promed io de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesa ntías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales v i g e n t e s para los empleados públicos del orden nacional".

Como s e evidencia, la citada disposición nada establece frente a la sanción por la mora en el reconocimiento y pago de las cesantías.Radicado: 2023-00579 Nulidad y restablecimiento del derecho

7 Por su parte, la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 10 71 de 2006, fijó los términos para el reconocimiento y pag o op ortuno de las cesantías de los servidores del sector público, y estableció las condiciones para tramitar la solicitu d, el pago de la p restación y el reconocimiento de la sanción por pago tardío, veamos:

"ART. 4° -Términos. Dentro de los quince (15) día s há biles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por pa rte de los peticionarios, la entidad empleadora o aqu ella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos

cesantías definitivas o parciales, por pa rte de los peticionarios, la entidad empleadora o aqu ella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PAR. En caso de que la entidad ob serve que la solic itud es tá incompleta deberá informá rsele al peticionario den tro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o r equisitos pendient es, la solicitud deberá ser resue lta en los términos señal ados en el inciso primero de este artículo.

ART. 5-Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá plazo máximo de cuarenta y cinco (45) d ías hábiles, a partir de la cual quede en firme el a cto administrativo que ordena la li quidación de las cesantía s definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PAR. -En caso de mora en el pago de las ces antías definitivas o parciales de l os servidores públicos, l a entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de r etardo hasta que se haga efectivo e l pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el

haga efectivo e l pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se d emuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este…” (Negrillas fuera del texto).

Del contenido de la norma transcrita, se evidencia que si bien el objeto de aquella fue regular el pago de las cesantías de los servidores públicos, el legislador no especificó expresamente en su articulado si se encuentran comprendidos los docentes afiliados al FOMAG, situación que generó que el H. Consejo de Estado planteara posturas disímiles en lo concerniente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, para los docentes oficiales.

Así, en algunas oportunidades la Corporación señaló que no existe razón alguna para excluir a los docentes del sector oficial del derecho al pago oportuno de las cesantías desarrollado en dicho precepto legal, al considerar que al igual que los demás servidores públicos comprendidos en el marco del artículo 123 de la Constitución Política, estos son sujetos destinatarios de la sanción moratoria previs ta en dichas disposicione s a modo de correctivo represivo e inclusiveRadicado: 2023-00579 Nulidad y restablecimiento del derecho

8 preventivo, dada la importancia de dicha prerrogativa laboral –

dichas disposicione s a modo de correctivo represivo e inclusiveRadicado: 2023-00579 Nulidad y restablecimiento del derecho

8 preventivo, dada la importancia de dicha prerrogativa laboral – cesantías-, así como en a ras de materializar el derecho a la igualdad y el principio in dubio pro operario , previstos en los artículos 13 y 53 d e la Constitución Política.

Contrario a la anterior tesis, en algunos pronunciamientos la Alta Judicatura también indicó que no es jur ídicamente viable aplicar la sanción moratoria aludida, en garantía del principio de unidad normativa, máxime cuando l os docentes se encuentran regulados por un régimen especial previsto en las Leyes 91 de 1989, 962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005, que disponen términos diversos al previsto en el sistema general, en la medida en que las norm as aplicables de manera e xcepcional a los afiliados al FOMAG consagraron términos inclusive más extensos, y adicionalmente, el legislador no contempló en ellas, tal penalidad.

El Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación del 18 de julio de 20 1811, indicó que dado que los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concu rren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público, en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación

empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concu rren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público, en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesan tías parciales o definitiv as de los servidores públicos. Criterio que se asemeja a la posición adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-336 de 2017.

Por su parte, el Decreto 1272 de 2018 que modificó el Decreto 1075 de 2015, reafirmó la natu raleza y finalidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el trámite de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales en cabeza de la Nación – Ministerio de Educación Nacional.

En la subsección 2 de la norma en cita bajo el tít ulo “Reconocimiento y Pago de las Prestaciones Económicas a Cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio” , se desarrolló el procedimiento interno de respuesta y gestión del pago de las cesantías solicitadas por el interesado, en los siguientes términos:

El artículo 2.4.4.2.3.2.22, respecto al término para resolver las soliictudes de cesantías estipula un término de 15 dias hábiles

el interesado, en los siguientes términos:

El artículo 2.4.4.2.3.2.22, respecto al término para resolver las soliictudes de cesantías estipula un término de 15 dias hábiles siguientes a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, contados a partir de la radi cación completa de la solicitud del interesado.

Luego, de expedido el acto administrativo, la parte interesada puede interponer los recursos de reposición y apelación dentro de los díez dias siguientes a la notificación de conformidad con el artículo 76 d e la ley

11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segund a. Subsección B. Conseje ra ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. 18 de Julio de 2018. Rad. No.: 73001 -23-33-000-201400580-01(4961-15)Radicado: 2023-00579 Nulidad y restablecimiento del derecho

9 1437 de 2011. Finalmente, los actos administrativos quedarán en firme según lo indica el artículo 87 íbidem.

Ahora, el artículo 2.4.4.2.3.2.8. del Decreto 127 2 de 2018, señala que la remisión del acto administrativo debidamente notificado y ejecutoriado debe hacerse por la entidad territorial de manera inmediata a la Fiduciaria a través de la plataforma autorizada para tal fin.

Finalmente, el pago de las cesantías deberá realizarse por parte de la Fiduciaria, dentro de los 45 días hábiles siguien te al recibo del acto administrativo que reconoce las cesantías (parciales o definitivas).

fin.

Finalmente, el pago de las cesantías deberá realizarse por parte de la Fiduciaria, dentro de los 45 días hábiles siguien te al recibo del acto administrativo que reconoce las cesantías (parciales o definitivas).

Sobre la responsabilidad del pago de la sanción moratoria en vigencia de la ley 1955 de 2019.

“ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Naciona l de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, e l cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará la fi rma del Secretario de Educación de la entidad territorial.

Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas por la ley, con excepción de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo debe

el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas por la ley, con excepción de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de los servicios de salud y de las mesadas pensionales de los maestros. Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá d ecretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación terr itorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos elRadicado: 2023-00579 Nulidad y restablecimiento del derecho

10 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías…”

5. Del caso concreto

En lo que refiere al argumento de la a pelación esto es que, en virtud de la Ley 1955 de 2019 modificada por el art ículo 324 de la Ley 2294 de 2023, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a

En lo que refiere al argumento de la a pelación esto es que, en virtud de la Ley 1955 de 2019 modificada por el art ículo 324 de la Ley 2294 de 2023, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el encargado de asumir el pago de las sanciones por mora causadas a diciembre de 2022. Al respecto la Corpo ración, inicialmente encuentra oportu no preci sar que, cuando el trámite de reconocimiento de cesantías se genera antes de la entrada en vigencia de la Ley 1 955 de 2019, es l