TA QUI - 63-001-3333-003-2024-00183-01.-(29-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

SALA CUARTA DE DECISIÓN

M.P. LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN

Armenia Quindío, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

REFERENCIA: SENTENCIA.

RADICADO: 63-001-3333-003-2024-00183-01.

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO.

DEMANDANTE: GLORIA AMPARO CASTAÑEDA RAMÍREZ.

DEMANDADOS: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL Y DEPARTAMENTO DEL QUINDÍOSECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

INSTANCIA: SEGUNDA.

0118-002-2025.

I. OBJETO DE DECISIÓN.

Agotadas todas las etapas procesales correspondientes a esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en audiencia inicial concentrada el 5 de diciembre del 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia Quindío, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES.

2.1. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y LOS HECHOS 1 EN LOS QUE SE

FUNDA.

Por intermedio de apoderada judicial la demandante solicitó que, se “inaplique por ilegal” el Decreto 284 de 2024 que derogó el Decreto 887 del 2 de junio de 2023, que

FUNDA.

Por intermedio de apoderada judicial la demandante solicitó que, se “inaplique por ilegal” el Decreto 284 de 2024 que derogó el Decreto 887 del 2 de junio de 2023, que a su vez derogó el Decreto 449 de 2022, que asimismo derogó el Decreto 965 de 2021 y que con posterioridad derogó el Decreto 319 de 2020 y/o se declare la nulidad de los Decretos que lo modifiquen, adicionen, aclaren o revoquen, en relación con la asignación salarial que correspondió a la categoría 2A teniendo de presente que los salarios de tres (3) años con anterioridad a la fecha de realización de la reclamación, debieron ser s uperiores a lo ordenado por estas disposiciones del orden nacional, expedidas en virtud de lo establecido en la ley 4 de 1992 y en el art. 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 e inaplicar igualmente, los demás Decretos Nacionales que sean expedidos con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda, que modifiquen “la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media” que corresponden a los incrementos salariales que se realicen irregularmente con posterioridad al año 2024 y hasta momento de la ejecutoria de la presente sentencia.

Pidió igualmente que se declare la nulidad del acto administrativo 2024-EE-062378 proferido por el Ministerio de Educación Nacional y la nulidad del acto administrativo QUI2024EE000421, expedido por la Secretaría de Educación del Departamento del Quindío, al negar el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue decretado

proferido por el Ministerio de Educación Nacional y la nulidad del acto administrativo QUI2024EE000421, expedido por la Secretaría de Educación del Departamento del Quindío, al negar el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2011 para el grado en el escalafón 3AM, con ocasión a que fue realizado un incremento del 11.3% por medio del Decreto Nacional 1027 de 2011 proferido por el MEN, mientras que el incremento efectuado a la categoría del escalafón 2A fue del 5.7% en su salario para el mismo año; bajo ese entendido, solicitó tener en cuenta que tal discriminación generó una variación en la base salarial que tuvo efectos fiscales hacia el futuro y afectaba el salario actual de la demandante desde el año 20 11, detallando el monto de la diferencia mensual desde esa fecha y hasta el año 2024.

1SAMAIÍndice0002Archivo 003. DEMANDA GLORIA AMPARO CASTAÑEDA RAMIREZ(.pdf) NroActua 2– Juzgado.Sentencia de Segunda Instancia Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 63-001-3333-003-2024-00183-01.

Demandante: Gloria Amparo Castañeda Ramírez.

Demandado: Nación – Ministerio de Educación y Departamento del Quindío - Secretaría de Educación.

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Del mismo modo, solicitó condenar a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de los dineros a la docente perteneciente a la categoría 2A, de acuerdo con el art. 21 del Decreto Ley 1278 de 2002, correspondiente a las diferencias salariales causadas en los últimos tres años anteriores a la demanda por los incrementos

art. 21 del Decreto Ley 1278 de 2002, correspondiente a las diferencias salariales causadas en los últimos tres años anteriores a la demanda por los incrementos salariales que fueron decretados de manera indiscriminada e ilegal en el añ o 2011 para el escalafón 3AM.

De igual manera, pidió condenar a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de la reliquidación de las prestaciones sobre las cuales tiene como base el reajuste salarial solicitado, que se paguen las diferencias salariales teniendo en cuenta la prescripción trienal y los que llegaran a causarse hacia el futuro producto de la cancelación de las diferencias salariales, que se realicen los respectivos ajustes de valor con motivo de la disminución del poder adquisitivo, que se condene a las demandadas al pago de las costas y de los intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y hasta que se efectúe el pago de las condenas impuestas y que se ordene el cumplimiento del fallo de conformidad con los arts. 192 y siguientes del CPACA.

Como hechos que soportan la demanda se indicó que la docente Gloria Amparo Castañeda Ramírez pertenecía al nivel salarial 2A en el escalafón nacional docente y presentó reclamación administrativa ante la Secretaría de Educación del Departamento del Quindío y ante el Ministerio de Educación Nacional solicitando el incremento salarial que fue decretado para el grado de escalafón 3AM, pues, indicó que, en el año 2011 en contravía a lo estipulado en los arts. 13 y 53 de la Constitución Política, de los arts. 3, 4 y 6 de la Ley 4 de 1992 y, de los arts. 46 y 49 del Decreto Ley

que, en el año 2011 en contravía a lo estipulado en los arts. 13 y 53 de la Constitución Política, de los arts. 3, 4 y 6 de la Ley 4 de 1992 y, de los arts. 46 y 49 del Decreto Ley 1278 de 2002, se determinaron incrementos salariales como docente oficial perteneciente a la categoría 2A del escalafón del año 2011 (incremento del 5.7%), con relación al incremento salarial diferenciado que fue decretado para la categoría 3 AM (incremento del 11.3%) por medio del Decreto Nacional 1027 de 2011. Esta variación de la base salarial de la anualidad 20 11, tuvo efectos en los salarios futuros ya que cada año el incremento se aplica sobre la base del anterior, habiéndose decretado un salario inferior a la categoría a la que pertenece la demandante. Además, manifestó que, en todos los años subsiguientes (2012 – 2024) los incrementos SÍ se decretaron en igualdad de condiciones para los docentes de las categorías 2A y 3AM.

La Secretaría de Educación del Departamento del Quindío negó lo reclamado por medio de acto administrativo QUI2024EE000421 del 29 de febrero del 2024. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional también la negó por medio de respuesta 2024-EE-062378 del 28 de febrero del 2024.

2.1.1. Normas violadas.

La parte actora consideró que los actos cuestionados vulneran la siguiente normatividad:

• Art. 137 del CPACA. • Arts. 13 y 53 de la Constitución Política. • Arts. 1, 3, 4 y 6 de la Ley 4 de 1992.

normatividad:

• Art. 137 del CPACA. • Arts. 13 y 53 de la Constitución Política. • Arts. 1, 3, 4 y 6 de la Ley 4 de 1992. • Art. 46 y 49 del Decreto Ley 1278 de 2002.

2.1.2. Concepto de la violación.

Precisó que los incrementos salariales de los años 2005, 2006 y 2007 fueron iguales en todos los escalafones del sector docente , empero, en el año 2011 hubo una disparidad en el aumento realizado al escalafón 2A respecto del 3AM a partir de las determinaciones irregulares adoptadas a través del Decreto Nacional 1027 de 2011 , que afectó desde entonces la base salarial de la demandante.

Resaltó que la fijación salarial controvertida vulneró el derecho a la igualdad de los docentes oficiales consagrado en el art. 13 de la Constitución Política , así como losSentencia de Segunda Instancia Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 63-001-3333-003-2024-00183-01.

Demandante: Gloria Amparo Castañeda Ramírez.

Demandado: Nación – Ministerio de Educación y Departamento del Quindío - Secretaría de Educación.

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principios de igualdad, transparencia, objetividad, méritos y buen servicio estipulados en los arts. 46 y 49 del Decreto Ley 1278 de 2002.

Sostuvo que se transgredía el principio de favorabilidad, en tanto los incrementos salariales anuales debían aplicarse a todos los docentes de una misma forma, pues no era dable que para algunos se realizaran más incrementos porcentuales que para

Sostuvo que se transgredía el principio de favorabilidad, en tanto los incrementos salariales anuales debían aplicarse a todos los docentes de una misma forma, pues no era dable que para algunos se realizaran más incrementos porcentuales que para otros, de stacando que si bien los Decretos que ordenaron los reajustes salariales desde el año 2008 en adelante estaban derogados, como el porcentaje ajustado era incorrecto desde el año 2012, se solicitaba el control judicial respecto del Decreto 284 de 2024 que fijó el incremento salarial para el año 2024.

Indicó también que la ilegalidad de los actos administrativos demandados radicaba en que si el Gobierno pretendía realizar un incremento superior a alguna de las dos categorías, debería haber efectuado un juicio de los principios de progresividad, igualdad, transparencia, objetividad, méritos, buen servicio y favorabilidad, circunstancia que no aconteció y por ende los actos administrativos no fueron expedidos conforme a las normas en que deberían haberse fundado. Además, señaló que las entidades demandadas se limitaron a dar una respuesta masiva y no analizaron cada caso particular.

Finalmente, explicó que las demandadas no podían argumentar que los incrementos salariales diferenciados realizados durante las anualidades 2008, 2009 y 2011 fueron legales por cuanto desde el 2012 hasta el 2024 se ha aplicado el mismo porcentaje en los escalafones sin discriminar si era del 1, 2 o 3 o de las ubicaciones A, B, C o D, e igualmente sin importar que el docente acreditara especialización, maestría o doctorado, lo cual, conllevaba a determinar que los aumentos porcentuales debían aplicarse de ma nera uniforme, teniendo en cuenta que desde su creación se

e igualmente sin importar que el docente acreditara especialización, maestría o doctorado, lo cual, conllevaba a determinar que los aumentos porcentuales debían aplicarse de ma nera uniforme, teniendo en cuenta que desde su creación se definieron asignaciones según su especialidad; en ese orden de ideas, estimó que se incurrió en un desconocimiento de los principios constitucionales y legales, que trajo como consecuencia para el sector docente, estar percibiendo un salario inferior al que correspondía, por afectaciones en la base salariales desde años anteriores.

2.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

2.2.1. Departamento del Quindío: De acuerdo con lo señalado en auto del 13 de noviembre de 20242 y según se verifica en el proceso, guardó silencio.

2.2.2. Nación – Ministerio de Educación Nacional 3: Se pronunció frente a los fundamentos fácticos, indicando que algunos eran ciertos, otros no lo eran y los restantes no eran hechos; además se opuso a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, realizó un recuento del marco legal de la competencia para fijar el régimen salarial de los docentes y argumentó que debe tenerse en cuenta que la demanda parte de una premisa equivocada consisten te en equiparar las condiciones de formación y experiencia del grado 2 Nivel A con el grado 3 Nivel A con Maestría para reclamar que el porcentaje de mejoramiento salarial de uno y otro grado y nivel sean iguales, porque las condiciones de unos y otros no son las mismas, de ahí que no sea admisible la presunta vulneración a los arts. 13 y 53 de la Constitución Política; además, porque justamente, el escalafón contempla diferencias entre los grados que lo integran.

admisible la presunta vulneración a los arts. 13 y 53 de la Constitución Política; además, porque justamente, el escalafón contempla diferencias entre los grados que lo integran.

Agregó que, no es aplicable el principio “a trabajo igual, salario igual” porque este se predica de la igualdad basada en el ejercicio homogéneo de funciones que le corresponde a un empleo con mayor remuneración y en cumplimiento exacto de requisitos o perfiles para desempeñar la misma actividad, pues, el trato discriminatorio procede únicamente en el caso de pares, no entre similares, como ocurre en el presente, toda vez que la clasificación del grado 2 Nivel A corresponde a unas condiciones distintas a las del grado 3 Nivel A con Maestría, como lo son la experiencia y la formac ión requeridas y, puntualizó que, entre un docente y otro, existe una diferencia salarial congruente con su ubicación en el escalafón, vale decir, el docente ubicado en el grado 3 Nivel A con Maestría percibe una remuneración

2 SAMAI Índice 00008 – Juzgado. 3 SAMAI Índice 00005 – Juzgado.Sentencia de Segunda Instancia Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 63-001-3333-003-2024-00183-01.

Demandante: Gloria Amparo Castañeda Ramírez.

Demandado: Nación – Ministerio de Educación y Departamento del Quindío - Secretaría de Educación.

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mayor a la de quien se encuentra ubicado en el grado 2 Nivel A.

Por último, frente a la respuesta que le dio la entidad a la demandante, sostuvo que en el año 2008 se tuvieron en cuenta los factores formación y experiencia para

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mayor a la de quien se encuentra ubicado en el grado 2 Nivel A.

Por último, frente a la respuesta que le dio la entidad a la demandante, sostuvo que en el año 2008 se tuvieron en cuenta los factores formación y experiencia para aumentar incluso la asignación básica mensual de los docentes, lo que a la postre serviría como parámetro para los aumentos salariales, y han ido incrementado en la misma proporción en que se aumentó su remuneración; expresó que en un ejercicio de legalidad o de igualdad no se advierte una diferencia injusta, contraria a la norma superior, habida cuenta que, la demandante sustenta su argumento en operaciones aritméticas que dan como resultado en cada caso un porcentaje que, no puede catalogarse como injusto por el solo hecho del resultado.

Por otra parte, interpuso las excepciones de mérito las que denominó: i.) presunción de legalidad de los actos administrativos, ii.) prescripción, iii.) falta de legitimación en la causa por pasiva y, iv.) excepción genérica.

2.3. TRÁMITE IMPARTIDO POR LA PRIMERA INSTANCIA.

El 7 de noviembre del 2024 4 se corrió traslado de las excepciones propuestas por la demandada, empero, el extremo activo no se pronunció.

Mediante auto del 13 de noviembre del 2024 5, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia tuvo por contestada la demanda por parte de la Nación – Ministerio de Educación y no contestada por el Departamento del Quindío; adicionalmente, programó audiencia concentrada con fundamento en lo s arts. 180, 181 y 182 del CPACA para el 5 de diciembre del 2024 a las 8:30 a.m. y citó a las

adicionalmente, programó audiencia concentrada con fundamento en lo s arts. 180, 181 y 182 del CPACA para el 5 de diciembre del 2024 a las 8:30 a.m. y citó a las partes y al Ministerio Público para que concurrieran a la misma.

2.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA6.

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia en decisión del 5 de diciembre del 2024 resolvió negar las pretensiones de la demanda, así:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas propuestas por:

RADICADO DEMANDANTE

63001-3333-003-2024-00183-00 Gloria Amparo Castañeda Ramírez

por lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: No habrá condena en costas, de conformidad con la parte motiva de la sentencia.

TERCERO: En firme este fallo, cancélese su radicación y archívese el expediente, previa anotación en el Sistema Informativo SAMAI”.

Como fundamento de su decisión, el Despacho argumentó que, con base en el test de igualdad de la Corte Constitucional, es posible dar un trato diferenciado de acuerdo con los principios que la misma normatividad previó con la finalidad de estimular la profesionalización y excelencia de quienes hacen parte del magisterio, de manera que, no se desconoció el derecho a la igua ldad, pues un docente ubicado en determinado grado de escalafón tiene unas condiciones de experiencia y formación distintas a las de un docente que se encuentra ubicado en otro, encontrando congruencia en la diferencia salarial de acuerdo a su ubicación en el escalafón y las

determinado grado de escalafón tiene unas condiciones de experiencia y formación distintas a las de un docente que se encuentra ubicado en otro, encontrando congruencia en la diferencia salarial de acuerdo a su ubicación en el escalafón y las variables salariales se encuentran justificadas por el legislador, en tanto se refieren a la formación profesional del docente, de tal manera que dichas asignaciones salariales no resultan ni injustificadas ni caprichosas y no desconoce n los derechos laborales, salariales o prestacionales de los docentes entre uno y otro grado, en consideración a que, en los aumentos decretados durante los años 2008, 2009 y 2011 se respetó el mínimo que la jurisprudencia ha considerado como básico para m antener el poder

4 SAMAI Índice 00006 – Juzgado. 5 SAMAI Índice 00008– Juzgado. 6 SAMAI Índice 00015– Juzgado.Sentencia de Segunda Instancia Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 63-001-3333-003-2024-00183-01.

Demandante: Gloria Amparo Castañeda Ramírez.

Demandado: Nación – Ministerio de Educación y Departamento del Quindío - Secretaría de Educación.

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adquisitivo, es decir el porcentaje de pérdida del poder adquisitivo o inflación, y de ahí en adelante se tuvieron en cuenta los factores de formación, capacitación y experiencia para aumentar los salarios de los docentes, que a su vez sirvieron como parámetro para los subsiguientes aumento salariales.

Sobre el principio de proporcionalidad, añadió que este tampoco se vulneró toda vez que el escalafón docente es una herramienta para organizar, gestionar y regular la

parámetro para los subsiguientes aumento salariales.

Sobre el principio de proporcionalidad, añadió que este tampoco se vulneró toda vez que el escalafón docente es una herramienta para organizar, gestionar y regular la carrera profesional de los docentes, y por ello, las diferencias salariales entre los grados dentro del escalafón están diseñadas para reconocer el mérito profesional, la formación y la experiencia de los docentes. Son estas diferencias las que buscan incentivar el desarrollo profesional, garantizar una remuneración justa acorde con el desempeño, la responsabilidad y las cualificaciones del docente, permiten reconocer y valorar la importancia de la educación y actúan como un mecanismo para motivar a los docentes a buscar un desarrollo profesional continuo. En consecuencia, expuso que el princip io de “a trabajo igual, salario igual” no es predicable, porque existen condiciones y razones de carácter objetivo, como lo son la formación, la capacitación y la preparación, que justifican una diferencia de trato, basada en la política pública autorizada por los arts. 46 y 47 del Decreto 1278 del 2002, en los que se determinó motivar al sector docente para alcanzar los grados más altos con la señalización de aumentos salariales para las categorías.

2.5. RECURSO DE APELACIÓN7.

Como fundamentos del disenso contra la sentencia de primer grado la parte demandante a través de apoderada judicial sostuvo que la misma: (i) realizó un análisis fragmentado sobre la vulneración del derecho a la igualdad y en consecuencia, no se efectuó un estudio exhaustivo y razonado sobre la ausencia de justificación sobre la sustentación debida al momento de fijarse los incrementos

análisis fragmentado sobre la vulneración del derecho a la igualdad y en consecuencia, no se efectuó un estudio exhaustivo y razonado sobre la ausencia de justificación sobre la sustentación debida al momento de fijarse los incrementos desiguales de los años 2008, 2009 y 2011, sin que se extendiera dicho tratamien to a los años 2005 a 2007 y 2012 en adelante y, (ii) no abordó un reproche planteado en la demanda consistente en la ausencia de fundamentación para el trato diferenciado en los incrementos porcentuales a la base salarial aplicados a los años reclamados, sin aplicarse medida similar para otros, omitiendo indagar las razones objetivas de hecho y de derecho, como el fundamento técnico de la Administración para la aplicación de los incrementos salariales desiguales en determinadas anualidades, limitándose a ratificar sin más el argumento del Ministerio de Educación Nacional que no respondió concretamente a los motivos de disenso vertidos en la demanda.

El resto de la argumentación del recurso se orientó a profundizar en las razones por las cuales los actos administrativos demandados deben anularse por configurarse la causal de nulidad de falsa motivación, regulada en el art. 137 del CPACA, teniendo en cuenta que se debería inaplicar por ilegalidad del Decreto 284 del 2024, por ser contrario a la escala salarial dispuesta en el Decreto Ley 1278 de 2002, por vulnerar los principios de proporcionalidad y de igualdad.

En consecuencia, solicitó fuese revocada la sentencia apelada y sean concedidas las pretensiones.

2.6. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte accionante apeló la sentencia de primera instancia proferida en la audiencia

pretensiones.

2.6. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte accionante apeló la sentencia de primera instancia proferida en la audiencia concentrada del 5 de diciembre del 2024 8 y sustentó el recurso el 1 9 de diciembre siguiente9 dentro del término oportuno, por lo que se concedió la alzada el 24 de enero del 202510. Una vez sometido a reparto, el proceso correspondió a este Despacho , mediante auto del 17 de febrero del 202511 se admitió el recurso de apelación y, según constancia secretarial 12 que reposa en el proceso, ni el Ministerio Púbico ni las entidades demandadas se pronunciaron sobre el recurso interpuesto.

7 SAMAI Índice 00017 – Juzgado. 8 SAMAI Índice 00015– Juzgado. 9 SAMAI Índice 00017 – Juzgado 10 SAMAI Índice 00019 – Juzgado 11 SAMAI Índice 00005 – Tribunal. 12 SAMAI Índice 00010 – Tribunal.Sentencia de Segunda Instancia Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 63-001-3333-003-2024-00183-01.

Demandante: Gloria Amparo Castañeda Ramírez.

Demandado: Nación – Ministerio de Educación y Departamento del Quindío - Secretaría de Educación.

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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

3.1. La competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme a lo dispuesto en los arts. 153 –competencia de los Tribunales en segunda

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

3.1. La competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme a lo dispuesto en los arts. 153 –competencia de los Tribunales en segunda instancia-, el art. 243 –la sentencia es susceptible del recurso de alzada -, y la disposición normativa 247 – sobre el trámite de la apelación-.

Del mismo modo, precisa la Sala Cuarta de Decisión que la definición en segunda instancia del recurso de apelación debe circunscribirse a los reparos concretos efectuados por la recurrente13 a la decisión de primera instancia, según lo descrito en los arts. 32014 y 32815 del CGP, aplicables por remisión dispuesta en el art. 306 16 del CPACA.

Igualmente, se considera que los presupuestos procesales de oportunidad en la interposición del recurso de apelación, su debida concesión en el efecto suspensivo y su admisión, así como la facultad de la apoderada judicial para proceder en la interposición de la alzada, se encuentran reunidos, sin que existan causales de nulidad que invaliden lo actuado, aunado al estudio de oportunidad del medio de control y legitimación que seguidamente se efectuará.

3.2. Oportunidad del medio de control y legitimación en la causa.

Evidencia la Sala que, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se interpuso dentro del término consagrado en el literal d) del numeral 2 del art. 164 del CPACA17, toda vez que si bien se desconoce la fecha de notificación de los actos acusados, esto es, los oficios 2024-EE-06237818 y QUI2024EE00042119, su

del CPACA17, toda vez que si bien se desconoce la fecha de notificación de los actos acusados, esto es, los oficios 2024-EE-06237818 y QUI2024EE00042119, su expedición data del 28 y 29 de febrero del 2024 respectivamente; de esta manera, si se toma en consideración la fecha de vencimiento más próxima, esto es, la del 28 de febrero de 2024, los 4 meses para instaurar la demanda inicialmente finiquitaban el 29 de junio de 2024, empero, atendiendo a que la solicitud de conciliación

13 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA. C.P: MAURICIO FAJARDO

GOMEZ Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil diez (2010) Radicación número: 73001 -23-31-000-1998-03901-01(17605). “(…) se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial –en este caso la que contiene una sentencia– , por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del C. de P. C. En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el

de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”. Así pues, cuando la ley lo exija, el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentr o de los té rminos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez. La exigencia legal de que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, por lo cual su inobservancia acarrea la declaratoria de desierto y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se recurre (artículo 212 C.C.A.)”. 14 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en

únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.” 15 “Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordena r copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.” 16 “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. 17 “ARTÍCULO 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda

términos, so pena de que opere la caducidad: d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse