TA QUI - 63001-3333-002-2017-00513-03-(12-05-2023)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN

M.P. LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN

Armenia, Quindío, doce (12) de mayo dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: SENTENCIA MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 63001-3333-002-2017-00513-03

DEMANDANTE: NERY JULIETH JARAMILLO RAMÍREZ

DEMANDADA: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

INSTANCIA: SEGUNDA

113-002-2023

I. OBJETO DE DECISIÓN

Agotadas las etapas procesales correspondientes a la segunda instancia , sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado y conforme a la facultad de proferir decisiones, otorgada en el artículo 115 de la Ley 1395 de 20101, atendiendo a la naturaleza de los asuntos, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del 28 de junio de 2022 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia Quindío, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda 2: Pretende la parte actora se inaplique por inconstitucional la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo 1º del Decreto 383 de 2013. Así mismo solicitó declarar la

expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo 1º del Decreto 383 de 2013. Así mismo solicitó declarar la nulidad del oficio expedido por la entidad el 16 de junio de 2016 mediante el cual le negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos legales, y la nulidad del acto ficto configurado el 23 de agosto de 2016 frente al recurso de apelación interpuesto contra la decisión inicial. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial con incidencia en las prestaciones devengadas desde el 01 de enero de 2013 , ii) la reliquidación y pago de las diferencias prestacionales con inclusión de la bonificación judicial causadas desde el año 2013 y a futuro, sin aplicación de la prescripción trienal, iii) que la bonificación judicial sea tenida en cuenta como factor salarial al momento de adquirir el status de pensionado y, iv) que la prestación se indexe desde el momento de su causación hasta la fecha en que se realice el respectivo reconocimiento y pago. A su juicio, la negativa de la demandada en reconocer la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos legales, desconoce el ordenamiento jurídico, en razón a que va en detrimento de su patrimonio al desmejor ar mes a mes y año

1 “ARTÍCULO 115. Facúltese a los jueces, tribunales, altas cortes del Estado, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura para que cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme

1 “ARTÍCULO 115. Facúltese a los jueces, tribunales, altas cortes del Estado, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura para que cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 4o de la Ley 169 de 1896, puedan fallar o decidir casos similares que estén al Despacho para fallo sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.”

2 OneDrive – Archivo, 01SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

DEMANDANTE: NERY JULIETH JARAMILLO RAMÍREZ

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICACIÓN: 63001-3333-002-2017-00513-03

a año su remuneración y reconocimiento prestacional, cuando su naturaleza es constitutiva del salario que recibe de manera habitual y periódica.

2. Sentencia de primera instancia 3: El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia, mediante sentencia del 28 de junio de 20 22, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, ordenando a la entidad reconocer y pagar la bonificación judicial como factor salarial , inaplicó por inconstitucional la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, reproducida los Decretos 1289

expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, reproducida los Decretos 1289 de 2015, 248 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018 y declaró nulos los actos acusados.

En consecuencia, condenó a la entidad demandada al reajuste a que hubiere lugar, a partir del año 2013, sobre las prestaciones pagadas y que hacia el futuro se causen, en virtud del pago de la bonificación judicial y durante su vinculación al servicio de la Rama Judicial, con efectos fiscales a partir del 19 de mayo del 2016, declarando prescritos los derechos anteriores a esta fecha.

Igualmente ordenó a la entidad al pago indexado de las sumas reconocidas . No hubo condena en costas.

3. El recurso de apelación: La parte demandada4 apeló la sentencia de primera instancia con el fin que se revoque la misma, por considerar que: (i) la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013 fijó expresamente su alcance prestacional referido a que constituye factor salarial únicamente para cotizaciones a pensión y seguridad social en salud, lo cu al no se puede desatender cuando el sentido de la Ley es claro; (ii) la Ley 4° de 1992 señaló el régimen salarial y prestacional dispuesto por el Gobierno ante lo cual ninguna autoridad puede modificar dicho régimen; (iii) lo solicitado no tiene respaldo constitucional, ni legal y

(iv), la jurisprudencia de las Cortes ratifica la potestad que tiene el legislador por

prestacional dispuesto por el Gobierno ante lo cual ninguna autoridad puede modificar dicho régimen; (iii) lo solicitado no tiene respaldo constitucional, ni legal y (iv), la jurisprudencia de las Cortes ratifica la potestad que tiene el legislador por mandato constitucional, de disponer que ciertos conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor públ ico, lo cual no implica omisión.

4. Trámite impartido en esta instancia judicial: Concedido el recurso de apelación interpuesto por la demandada , y habiéndose aceptado el impedimento de los magistrados de este Tribunal, y de contera, el manifestado por el Procurador Delegado ante la Corporación, para conocer del asunto resultaron elegidos como conjueces los doctores Alejandro Salcedo Jaramillo y Humberto Ospina Marín5, con quienes se procederá a resolver de fondo el presente asunto.

Ahora, como quiera que el Suscrito entró a conformar el Tribunal el 5 de mayo de 2021 y, al no encontrarse impedido para conocer del asunto, el proceso fue remitido a este Despacho, por lo cual, por medio de auto del 16 de febrero de 20236 se avocó conocimiento, y el 30 de marzo de 2023 7se admitió el recurso de apelación, con pronunciamiento de la parte actora 8 reiterando los argumentos expuestos en la demanda en torno al carácter salarial de la bonificación judicial.

3 OneDrive – Archivo 04 Sentencia.pdf 4 OneDrive – Archivo 06 5 SAMAI – Archivo 18 6 SAMAI – Archivo 14 7 SAMAI – Archivo 28

8 SAMAI – Archivo 34SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

3 OneDrive – Archivo 04 Sentencia.pdf 4 OneDrive – Archivo 06 5 SAMAI – Archivo 18 6 SAMAI – Archivo 14 7 SAMAI – Archivo 28

8 SAMAI – Archivo 34SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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DEMANDANTE: NERY JULIETH JARAMILLO RAMÍREZ

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICACIÓN: 63001-3333-002-2017-00513-03

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. La competencia: Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación conforme lo dispone el artículo 153 9 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA., y en aplicación del artículo 320 del Código General del Proceso 10, la Sala analizará la providencia impugnada.

3.2. Oportunidad de la acción y legitimación en la causa: Evidencia la Sala que en el caso examinado no operó el fenómeno de la caducidad, al encontrar que los actos administrativos demandados, son de aquello s que pueden ser demandados en cualquier tiempo, al tenor del literal c) y d) del numeral 1 del artículo 164 11 del CPACA.

Ahora bien, en punto de la legitimación en la causa por activa , se tiene que la demanda se circunscribe a los derechos prestacionales de la señora Nery Julieth Jaramillo Ramírez, quien otorgó poder a un profesional del derecho para actuar en su nombre y representación y, respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la demanda fue dirigida contra la Nación – Rama Judicial , entidad que negó el

Jaramillo Ramírez, quien otorgó poder a un profesional del derecho para actuar en su nombre y representación y, respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la demanda fue dirigida contra la Nación – Rama Judicial , entidad que negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos legales.

3.3. Problema jurídico y metodología a seguir para solucionarlo: Teniendo en cuenta los argumentos de l recurso de apelación, ¿ Debe revocarse la sentencia proferida en primera instancia el 28 de junio de 20 22 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia Quindío, mediante la cual , se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, com o quiera que a juicio de la entidad demandada la bonificación judicial no constituye factor salarial?

Para solucionar el problema jurídico planteado, se aplicarán en concreto las normas constitucionales y legales, así como la jurisprudencia de la Corte Co nstitucional y del Consejo de Estado que resulte aplicable para resolver los reparos de la parte demandada.

3.4. La Sala Cuarta de Decisión de este Tribunal confirmará la sentencia apelada toda vez que la bonificación judicial creada en el Decreto 383 de 2013 ostenta la calidad de salario y, hay lugar a ordenar la reliquidación de todas las prestaciones de la actora -incluyendo las cesantías y sus intereses.

Verificado el proceso, se evidencia que según certificación laboral12 expedida por la Rama Judicial, la demandante Nery Julieth Jaramillo Ramírez, se desempeñó como Citadora, Oficial Mayor y Secretaria en distintos Despachos judiciales, desde el 01

Rama Judicial, la demandante Nery Julieth Jaramillo Ramírez, se desempeñó como Citadora, Oficial Mayor y Secretaria en distintos Despachos judiciales, desde el 01

9 “ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda”. 10 Aplicable a partir de su entrada en vigencia a partir del 1 de enero de 2014. “ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”. 11 “ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando: a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código; b) El objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables; c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”;

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”; d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo; (…)” 12 Expediente judicial digital ONE DRIVE – Carpeta. Archivo 01Pág. 30SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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de enero de 2013, con ocasión de lo cual, se le ha pagado la bonificación ju dicial, hasta la fecha de expedición del certificado -25 de octubre de 2016.

También se observa que el 19 de mayo de 2016 presentó derecho de petición13 ante la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pretendiendo el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial creada en el Decreto 0383 de 2013, con incidencia en las prestaciones desde el 01 de enero de 2013, el cual fue respondido negativamente mediante el oficio DESAJARO16-1013 del 10 de junio de 201614, decisión contra la cual la parte demandante interpuso recurso de apelación 15, el cual no fue resuelto, configurándose así el acto administrativo ficto demandado.

Dicho lo anterior, para resolver el problema jurídico relacionado con el recurso de apelación de la parte demandada , debe tenerse en cuenta que, una de las

configurándose así el acto administrativo ficto demandado.

Dicho lo anterior, para resolver el problema jurídico relacionado con el recurso de apelación de la parte demandada , debe tenerse en cuenta que, una de las pretensiones de la parte actora, es que se inaplique por inconstitucional el Decreto 383 de 2013, en el aparte del artículo 1°, en el cual se dispone que dicha bonificación únicamente constituye factor salarial para la base de cotización "al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud" , por lo cual, es del caso definir si existe la transgresión del ordenamiento jurídico, en los términos indicados por l a parte actora, o si es inexistente como lo sostuvo la parte demandada en el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado.

A ese respecto, se hace necesario destacar que el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 127 regula que constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio 16, mientras que, el artículo 128 17 de la misma normatividad, señala que no constituyen salario -entre otraslas sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador.

Sobre el tema, la Corte Constitucional 18 precisó que el salario cobija a las distintas modalidades de ingreso del trabajador, generadas por la retribución del servicio personal que presta al empleador. Esta definición excluye, por ende, otro tipo de ingresos laborales que no están dirigidos a re tribuir dicho servicio, sino a asumir

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personal que presta al empleador. Esta definición excluye, por ende, otro tipo de ingresos laborales que no están dirigidos a re tribuir dicho servicio, sino a asumir

13 Expediente judicial digital ONE DRIVE – Carpeta. Archivo 01 – Pág. 37-39 14 Expediente judicial digital ONE DRIVE – Carpeta. Archivo 01 – Pág. 42 15 Expediente judicial digital ONE DRIVE – Carpeta. Archivo 01 – Pág. 44-47 16 Sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobr esueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. 17 “ARTICULO 128. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIOS. <Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de

1990. El nuevo texto es el siguiente:> No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transpo rte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el {empleador}, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.”

{empleador}, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.” 18 Corte Constitucional, Sente ncia C-892 de 2009, Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva. Al respecto indicó: “15. Según lo dispone el artículo 127 CST., subrogado por el artículo 14 de la Ley 50/90, el salario está conformado no sólo por la remuneración ordinaria, fija o variabl e, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. En ese sentido, se trata de un criterio amplio, que cobija a las distintas modalidades de ingreso del trabajador, generadas por la retribución del servicio personal que presta al empleador. Esta definición excluye, por ende, otro tipo de ingresos laborales que no están dirigidos a retribuir dicho servicio, sino a asumir riesgos o gastos de otra naturaleza. [los descritos en el art. 128 del C.S. del T.]”.SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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riesgos o gastos de otra naturaleza 19. En igual sentido, el Consejo de Estado20 ha

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICACIÓN: 63001-3333-002-2017-00513-03

riesgos o gastos de otra naturaleza 19. En igual sentido, el Consejo de Estado20 ha manifestado que la remuneración o salario equivale a todo lo devengado por el trabajador como consecuencia directa o indirecta de su rela ción laboral, comprendiendo los sueldos, primas, bonificaciones y demás reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por razón del trabajo o empleo sin ninguna excepción.

Bajo los criterios descritos se infiere que la bonificación judicial creada en el Decreto 0383 de 2013 tiene una naturaleza salarial intrínseca en la medida que se percibe de manera habitual y periódica, pero, además, como retribución directa del servicio personal que prestan los trabajadores de la Rama Judicial.

En ese orden de ideas, como se indicó desde un comienzo, la señora Nery Julieth Jaramillo Ramírez ha venido devengando la bonificación judicial desde el 01 de enero de 2013 como contraprestación directa por el servicio prestado y, no de forma ocasional y p or mera liberalidad del empleador, de donde surge claro que la regulación vertida en los Decretos 383 de 2013 y los que lo modifican -referida a que tal emolumento únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Segur idad Social en pensiones y salud -, es abiertamente inconstitucional, al contrariar principios como la primacía de la realidad sobre las formalidades, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y, la garantía a una re muneración mínima, vital, móvil y

inconstitucional, al contrariar principios como la primacía de la realidad sobre las formalidades, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y, la garantía a una re muneración mínima, vital, móvil y proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, previstos en el artículo 5321 de la Constitución Política.

Tampoco encuentra razón lo sostenido por la demandada en que esa normativa se funda en la libertad de configuració n legislativa, en atención a que, si bien esa facultad existe en cabeza de tal autoridad, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C-828 de 2002, la misma: “se encuentra sometida a ciertos límites establecidos por la propi a Constitución, de tal forma que no se trata de una libertad omnímoda o de una discrecionalidad sin controles”, debiendo atender los mandatos constitucionales, dentro de los cuales se encuentran los aludidos en el párrafo anterior, que al resultar desconocidos autoriza a las autoridades judiciales a efectuar el control de constitucionalidad que corresponda, de acuerdo con las competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico, dentro de las que se encuentra la inaplicación de la norma jurídica en un caso c oncreto por ser manifiestamente contraria a la Carta Política (artículo 4º Constitución Política), como en efecto lo hizo el a quo , argumento adecuado y razonable con el que concuerda esta Sala. Tal inaplicación para la situación particular, no implica modificar el régimen salarial y prestacional dispuesto por el Gobierno con base en la Ley 4ª de 1992, como lo afirma la entidad recur rente, así

razonable con el que concuerda esta Sala. Tal inaplicación para la situación particular, no implica modificar el régimen salarial y prestacional dispuesto por el Gobierno con base en la Ley 4ª de 1992, como lo afirma la entidad recur rente, así

19 Así, dentro de la categoría de pagos no constitutivos de salario quedan incorporados (i) las indemnizaciones que asume el patrono por daños o demás detrimentos que sufra el trabajador en el marco de la relación laboral; (ii) la remuneración del trabajador durante el descanso obligatorio (vacaciones y días no laborables de naturaleza legal y/o estipulados en el contrato respectivo); (iii) las sumas o bienes que recibe el trabajador con el fin de ejercer cabalmente sus funciones, como sucede con el auxilio de transporte de que trata la Ley 15/59, al igual que los demás conceptos que enlista el artículo 128 CST.; y (iv) aquellos montos que recibe el trabajador por simple liberalidad del empleador y no como contraprestación por el servicio personal que presta, según lo dispone el citado precepto del Código Sustantivo del Trabajo. 20 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de enero de 2017, proceso 54001233300020120018001, Consejero Ponente Carmelo Perdomo Cuéter. 21 “ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad”.SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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como tampoco se desacata el ordenamiento jurídico, pues lo que se hace es armonizar concretamente lo dispuesto en tales decretos, con los principios, valores y derechos constitucionales y, de ese ejercicio hermenéutico de interpretación, conforme estos lineamientos, resulta inaplicado el citado aparte que no los tiene en cuenta. Menos aún puede concebirse desconocimiento de la Jurisprudencia de las “Altas Cortes” sobre la potestad del legislador para disponer que ciertos conceptos salariales sean liquidados sin consideración al monto total del salario, habida cuenta que como se indicó, tal libertad de configuración legislativa no es discrecional, sino que debe atender la Constitución Política.

salariales sean liquidados sin consideración al monto total del salario, habida cuenta que como se indicó, tal libertad de configuración legislativa no es discrecional, sino que debe atender la Constitución Política.

Adicionalmente, impera recordar que, si bien la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996 declaró exequible la frase «sin carácter salarial» contenida en los artículos 14 22 y 15 23 de la Ley 4 de 1992, referida a la prima especial en ellos consagrada, indicando que nada impedía al legislador excluir determinados factores pese a su naturaleza salarial, no resulta menos cierto que luego, en la sentencia C681 de 2003 el Máximo Tribunal de lo Constitucional, luego de determinar que el pronunciamiento emitido en la sentencia C -279 de 1996 no implicaba la e xistencia de cosa juzgada32, declaró la inexequibilidad de la expresión “sin carácter salarial” del artículo 15 de la Ley 4 de 1992 -en el cual se contempló la prima especial de servicios de los Magistrados de Alta Corte, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil -, por considerar que, ”(...) Todos los servidores públicos deben pensionarse con los factores salariales propios de su asignación salarial y prestacional y para ello la ley debe asegurar la igualdad en función de las normas constitucionales que la garantizan y de los convenios internacionales ratificados por Colombia (...)”.

Además, la interpretación de las normas aplicables de la forma indicada, ha sido efectuada por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, que en providencia del

internacionales ratificados por Colombia (...)”.

Además, la interpretación de las normas aplicables de la forma indicada, ha sido efectuada por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, que en providencia del 6 de abril de 2022 24, sostuvo: “(…) al apartarse el Decreto 382 de 2013 al marco fijado por el legislador, al cual debió sujetarse, resulta violario de la misma, por lo que procede la inaplicación deprecada por el demandante: i) porque no ha debido hacer distinción en la forma de pago de dicha bonifi cación entre acogidos y no acogidos y, ii) porque al ser ésta continua, permanente y en retribución al trabajo, no ha debido sustraerse como factores salariales para liquidar las prestaciones sociales de los empleados. Además de las anteriores consideracio nes, la Sala no deja pasar por alto que existe una sólida línea jurisprudencial creada por los Jueces y Magistrados de nuestra jurisdicción, la cual desarrolla el carácter salarial de dicha Bonificación al analizar el concepto de salario, la noción de fact or salarial y los criterios que permiten su identificación, tomando como referencia lo que al respecto

22“ARTÍCULO 14. <Ver Notas de Vigencia> El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar,

Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) d e enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente ar tículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil. PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. 23 “ARTÍCULO 15. <Aparte tachado INEXEQUIBLE, ver Jurisprudencia Vigencia> Los Magistrados del Consejo Superio r de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de servicios, sin carácter salarial, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los perci