TA QUI - 63001-3333-002-2022-00053-02-(13-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA

Referencia : Sentencia segunda instancia Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante : RUBIELA CORTES JIMENEZ Demandado : NACIÓN – MIN. EDUCACIÓN – FOMAG y otro Radicado : 63001-3333-002-2022-00053-02

Tema: Sanción moratoria, Ley 50 de 1990

Armenia, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia 57 - 2025

Corresponde a esta Corporación resolver, en segunda instancia, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1, en contra de la sentencia proferida en primera instancia el 30 de mayo de 2023

1 Archivo 31_MemorialWeb_RECURSODEAPELACION-RUBIELACORTESJIMENEZ-202200053-00(.pdf) NroActua 25Página 2 de 16 Sentencia segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 63001-3333-002-2022-00053-02

RUBIELA CORTES JIMENEZ Vs NACIÓN – MIN. EDUCACIÓN – FOMAG – y otro

por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda2.

1. ANTECEDENTES

RUBIELA CORTES JIMENEZ , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y por intermedio de apoderada judicial, presentó demanda en contra de la NACIÓN – MINISTERIO

1. ANTECEDENTES

RUBIELA CORTES JIMENEZ , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y por intermedio de apoderada judicial, presentó demanda en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG), a efec tos de que se resuelvan las siguientes pretensiones:

1. Declarar la nulidad del acto administrativo ficto configurado el 13 de octubre de 2021, respecto de la petición presentada el 13 de julio del 2021 ante el Departamento del Quindío (Secretaría de Educación), mediante la cual le fue negado el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías, conforme al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, conforme lo establecido en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991;

1. Condenar a las entidades, a reconocer y pagar la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,

2 Archivo 024SentenciaPrimera(.pdf) NroActua 23Página 3 de 16 Sentencia segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 63001-3333-002-2022-00053-02

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equivalente a u n (1) día de su salario por cada día de retardo,

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equivalente a u n (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero del año 2021 y hasta el día en que se efectúe el pago de la prestación;

1. Condenar a las accionadas a que se le reconozca y pague la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, regulada en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, en la Ley 50 de 1990 y en el Decreto Nacional 1176 de 1991, la cual es equivalente al valor cancelado de los intereses causados durante el año 2020, los cuales fueron cancelados superando el término legal, esto es, después del 1 de enero de 2021;

1. Condenar a las demandas al reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar , con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción moratoria e indemnización por pago extemporáneo de los intereses, tomando como base la variación del IPC, desde la fecha en que debió efectuarse el pago de cada una las anualidades respecti vas y de manera independiente, conforme hayan sido las cancelaciones y hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso, de conformidad con lo estipulado en el artículo 187 del CPACA;

1. Condenar a las demandadas al recono cimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que sePágina 4 de 16

Sentencia segunda instancia

1. Condenar a las demandadas al recono cimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que sePágina 4 de 16

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efectúe el pago de las sanciones moratorias reconocidas en esta sentencia, conforme al artículo 192 ibidem;

1. Las demandadas den cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA; y,

1. Se condene en costas3.

Una vez impartido el trámite procesal respectivo, el Juzgado de conocimiento, mediante la sentencia apelada, resolvió negar las pretensiones de la demanda4.

La parte accionante, inconforme con la decisión, interpuso el recurso de apelación que es materia de estudio de la Sala5.

2. LA PROVIDENCIA APELADA

El juzgado de instancia, para negar las pretensiones de la demanda, realizó un análisis normativo y jurisprudencia, conforme el cual coligió:

3 002Demanda(.pdf) NroActua 7 4 Archivo 024SentenciaPrimera(.pdf) NroActua 23 5 Archivo 31_MemorialWeb_RECURSODEAPELACION-RUBIELACORTESJIMENEZ-202200053-00(.pdf) NroActua 25Página 5 de 16 Sentencia segunda instancia

5 Archivo 31_MemorialWeb_RECURSODEAPELACION-RUBIELACORTESJIMENEZ-202200053-00(.pdf) NroActua 25Página 5 de 16 Sentencia segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 63001-3333-002-2022-00053-02

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“Lo dicho en precedencia, permite inferir al despacho con certeza absoluta que los argumentos esbozados por la parte actora, no tienen la solidez normativa suficiente que pruebe el derecho que le asiste a los docentes de perseguir el pago de la sanción mora toria y la indemnización por pago tardío de las cesantías y los intereses a las mismas, cuando su consignación se haga por fuera de los términos establecidos en la ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, porque como se dijo con antelación, el régimen de cesantías de los docentes tienen carácter especial y por ende norma especial que lo regula (Ley 91 de 1989), la cual no contiene las mencionadas penalidades en los términos pedidos por la parte actora.

Por lo tanto, queda claro que la secretaría de educación territorial, no tiene la obligación de realizar la consignación de las cesantías al Fomag, sino de proferir el acto administrativo que las concede o las niega, cuando se presente la solicitud de reconocimiento, y en el caso de la Fiduprevisora como vocera del Fomag, le corresponde el pago de las mismas, bien sean parciales o definitivas, cuando sean exigibles, por requerirlas para educación y/o vivienda, o por retiro del servicio.

de la Fiduprevisora como vocera del Fomag, le corresponde el pago de las mismas, bien sean parciales o definitivas, cuando sean exigibles, por requerirlas para educación y/o vivienda, o por retiro del servicio.

Se concluye entonces que al no existir dentro del régimen especial docente dicha obligación de consignación anual de las cesantías, no tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción por consignación extemporánea de las cesantías consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 desde el 15 de febrero de 2021, como tampoco a l reconocimiento de la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.”6

6 Archivo 024SentenciaPrimera(.pdf) NroActua 23Página 6 de 16 Sentencia segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 63001-3333-002-2022-00053-02

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3. LA APELACIÓN

Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante apeló la sentencia 7 y, como fundamentos de reproche, expuso en concreto los siguientes:

a) Régimen especial de las cesantías docentes. Pese a que el Juzgado de instancia considera que al ser los docentes trabajadores de régimen especial, no son sujetos de aplicación del conten ido del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, dicha situación ya ha sido revaluada por la Corte Constitucional – Sentencia SU-098 de 2018 – y por el Consejo de Estado en sentencias de unificación, lo cual permite afirmar que la

artículo 99 de la Ley 50 de 1990, dicha situación ya ha sido revaluada por la Corte Constitucional – Sentencia SU-098 de 2018 – y por el Consejo de Estado en sentencias de unificación, lo cual permite afirmar que la postura jurisprudencial vigente en los órganos de cierre están direccionados a la protección de los derechos prestacionales que durante mucho tiempo han sido vulnerados por parte de las entidades públicas a los que se encuentran adscritos; así mismo, considera que su condición de servido res públicos de la Rama Ejecutiva, conlleva que sea viable el reconocimiento de las pretensiones de la demanda (Cita Sentencia del 20 de enero de 2022 proferida por el Consejo de Estado).

b) La competencia en el reconocimiento y pago de las cesantías docentes. La Nación – Ministerio de Educación, es responsable del reconocimiento de las cesantías en favor de los docentes afiliados al FOMAG, pues es quien tiene la competencia legal para girar los

7 31_MemorialWeb_RECURSODEAPELACION-RUBIELACORTESJIMENEZ-2022-0005300(.pdf) NroActua 25Página 7 de 16 Sentencia segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 63001-3333-002-2022-00053-02

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recursos al fondo y es el patrono garante de los docentes de la educación pública para el pago de sus prestaciones; de hecho, no permite que los recursos destinados a prestaciones sociales lleguen a las entidades territoriales, como quedó reglado desde la expedición de la Ley 715 de 2001.

educación pública para el pago de sus prestaciones; de hecho, no permite que los recursos destinados a prestaciones sociales lleguen a las entidades territoriales, como quedó reglado desde la expedición de la Ley 715 de 2001.

La competencia de girar los recursos al Fondo es de la Nación y su actuar desencadena unas situaciones lamentables convertidas en vulneración de derechos prestacionales, los cuales han sido protegidos por las altas Cortes y que el gobierno debe corregir, para evitar detrimento del erario.

4. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

No se presentaron pronunciamientos en esta instancia8.

5. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER

5.1. Competencia

Al tenor del Art. 153 del CPACA 9 es el Tribunal el competente para resolver el recurso de alzada propuesto.

8 Paso a Despacho(.pdf) NroActua 10 9 Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en se gunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autosPágina 8 de 16 Sentencia segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 63001-3333-002-2022-00053-02

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Sin embargo, se recuerda que el trámite del recurso de apelación limita el pronunciamiento de la segunda instancia, exclusivamente a lo que es materia de impugnación, tal como lo dispone el art. 328 del CGP10, aplicable por expresa remisión del art. 306 del CPACA.11 Es así

limita el pronunciamiento de la segunda instancia, exclusivamente a lo que es materia de impugnación, tal como lo dispone el art. 328 del CGP10, aplicable por expresa remisión del art. 306 del CPACA.11 Es así como las razones aducidas por el recurrente en la sustentación de la apelación delimitan la competencia funcional del juez en segunda instancia.

5.2. Problema jurídico

Conforme al recurso de apelación impetrado por la parte demandante, corresponde al Tribunal determinar: ¿Se ajustó a derecho el fallo de primer grado que negó a la parte accionante, en su calidad de docente, el reconocimiento de la sanción moratoria c onsagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por el pago tardío de las cesantías?

susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

10 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. /Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…)

11 Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.Página 9 de 16 Sentencia segunda instancia

seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.Página 9 de 16 Sentencia segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 63001-3333-002-2022-00053-02

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La tesis que sostendrá el Tribunal es que la sentencia de primera instancia se ajustó a derecho y, por ende, debe ser confirmada.

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes temas: i) Sentencia de unificación del Consejo de Estado; y ii) El caso concreto.

5.3 Sentencia de Unificación del Consejo de Estado

El órgano de cierre de esta jurisdicción se ha pronunciado en sentencia de unificación sobre el tema aquí analizado, señalando de manera categórica lo siguiente: Primero. – Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar lo siguiente: Los docentes estatale s afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal. (…) Cuarto. – Advertir a la comunidad en general que la presente decisión

moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal. (…) Cuarto. – Advertir a la comunidad en general que la presente decisión es de aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentrenPágina 10 de 16 Sentencia segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 63001-3333-002-2022-00053-02

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en curso y en los que se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación, de manera que las cons ideraciones expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación constituyen precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial.12

5.4 El caso concreto

Siguiendo los parámetros normativos y jurisprudenciales expuestos, el

Tribunal encuentra:

1. La parte demandante, junto con su escrito de demanda, allegó

los siguientes documentos relevantes13:

1.1. Derecho de petición radicado ante la Secretaría de Educación Departamental del Quindío el 13 de julio de 2021, a través del cual se solicitó:

12 CE, SECCIÓN SEGUNDA Bogotá, D. C., 11 de octubre de 2023. Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho. Radicación: 66001 -33-33-001-2022-00016-01 (5746 -2022).

Demandante: Julián David Quintero Agudelo Demandados: Nación, Ministerio de Educación

restablecimiento del derecho. Radicación: 66001 -33-33-001-2022-00016-01 (5746 -2022).

Demandante: Julián David Quintero Agudelo Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y municipio de Dosquebradas (Risaralda) Temas: Sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de

1990. Indemnización de la Ley 52 de 1975. Régimen de cesantías docentes oficiales Ley 91 de

1989. SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SUJ-032-CE-S2-2023.

13 003AnexosDemanda(.pdf) NroActua 7Página 11 de 16 Sentencia segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 63001-3333-002-2022-00053-02

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1.2. Listado de docentes activos proceso de pago de intereses a las cesantías año 2020, en el cual, en el reglón 433, figura el nombre de la demandante.

1.3. Certificado de extracto de intereses a las cesantías, expedido por el FOMAG, en el cual se hizo constar:Página 12 de 16 Sentencia segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 63001-3333-002-2022-00053-02

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2. En el expediente no obra certificado, en el cual se pued a establecer la fecha de vinculación, sin embargo, del listado de

2. En el expediente no obra certificado, en el cual se pued a establecer la fecha de vinculación, sin embargo, del listado de docentes aportado con la demanda se logra vislumbrar que la vinculación de la accionante se cumplió el 7 de julio de 2008 14, siendo posesionada el mismo día. Dicha fecha resulta relevante para determinar el régimen aplicable de cesantías, pu es los vinculados antes del 1 de enero de 1990 poseen régimen retroactivo si son docentes nacionalizados y territoriales y, por ende, no les resulta aplicable la apropiación anual; los vinculados desde dicha fecha sí se rigen por la Ley 91 de 1989.

14 003AnexosDemanda(.pdf) NroActua 7Página 13 de 16 Sentencia segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 63001-3333-002-2022-00053-02

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3. El Consejo de Estado mediante la sentencia de unificación ya relacionada ha determinado que los docentes afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el num. 3 del art. 99 de la Ley 50 de 1990. La parte demandante está afiliada a dicho Fondo, luego no son procedentes sus pretensiones, lo que obliga a confirmar el fallo impugnado.

4. Respecto de la condena en costas es importante destacar:

4.1. El Consejo de Estado, en providencia del 18 de julio de 2018, sostuvo respecto de los elementos que permiten considerar

4. Respecto de la condena en costas es importante destacar:

4.1. El Consejo de Estado, en providencia del 18 de julio de 2018, sostuvo respecto de los elementos que permiten considerar que se causaron costas al interior de la actuación judicial, lo siguiente:

“(…) 3.7.2. Condena en costas

Al respecto, la Sala de Sección indica que si bien no existe criterio único que gobierne su condena, ha de señalars e que ambas subsecciones acuden al de causación, en la medida que el artículo 188 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, impone al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del Código General del Proceso.Página 14 de 16 Sentencia segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 63001-3333-002-2022-00053-02

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En este orden, la Sala observa que al efectuar la valoración de las pruebas obrantes en el proceso, no e xiste ninguna que sugiera causación de expensas distintas a los gastos ordinarios del proceso, que son completa responsabilidad del demandante, razón que al margen de la conducta de las partes, sugiere que no procede su imposición al vencido, por lo que no se condenará en costas en esta instancia. (…)”15

4.2. De conformidad con la jurisprudencia en cita y siguiendo la

las partes, sugiere que no procede su imposición al vencido, por lo que no se condenará en costas en esta instancia. (…)”15

4.2. De conformidad con la jurisprudencia en cita y siguiendo la línea del Consejo de Estado, este Tribunal en Sala Plena del día 2 de noviembre de 201816, dispuso adoptar dicha postura, por lo que se confirmará la decisión de no condenar en costas tal como lo dispuso la primera instancia, por no estar probadas las mismas; tampoco habrá lugar a condenar en costas en esta instancia, por la misma razón, es decir no haberse probado su causación.

15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de unificación por Importancia jurídica. Sentencia CE-SUJ-SII-012-2018. SUJ -012-S2. Bogotá D.C., 18 de julio de 2018. Expediente: 73001-23-33-000-2014-00580-01. No. Interno: 4961 -2015. Demandante: Jorge Luis Ospina Cardona. Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento del Tolima. 16 TAQ, Sentencia de Sala Plena del 2 de noviembre de 2018, M.P. ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO, Radicado 63001-3340-005-2016-00066-010, con aclaración de voto Mg. LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA.Página 15 de 16 Sentencia segunda instancia Nulidad y restablecimiento del derecho 63001-3333-002-2022-00053-02

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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Quindío, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en primera instancia 30 de mayo de 2023 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin lugar a condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, previa anotación en el programa informático

“SAMAI”.

Esta providencia se discutió y aprobó conforme consta en el Acta de Sala de Decisión Virtual 7 de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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LUIS CARLOS ALZATE RÍOS

Magistrado

JUAN CARLOS BOTINA GÓMEZ

Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número

LUIS CARLOS ALZATE RÍOS

Magistrado

JUAN CARLOS BOTINA GÓMEZ

Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en https://samairj.consejodeestado.gov.co