TA QUI - 63001-3333-003-2013-00848-01-(11-08-2023)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

SALA CUARTA DE DECISIÓN

M.P LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN

Armenia - Quindío, once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

MEDIO DE CONTROL : EJECUTIVO RADICACIÓN : 63001-3333-003-2013-00848-01

DEMANDANTE : JORGE SINISTERRA NÚÑEZ

DEMANDADO : UGPP

SENTENCIA NRO. 185-002-2023

1. ASUNTO

Procede la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío a resolver lo que en derecho corresponda, sobre e l recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte ejecutada contra la sentencia proferida el 9 de marzo de 2022, a través de la cual el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito de Armenia, declaró no probada la excepción de pago, ordenó seguir adelante con la ejecución y, conminó a las partes a presentar sus liquidaciones del crédito.

2. ANTECEDENTES

El 26 de noviembre de 201 31 –mediante apoderado judicial - JORGE SINISTERRA NÚÑEZ presentó demanda ejecutiva contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (en adelante UGPP), con el fin de que se ordenara el cabal cumplimiento de la sentencia proferida el 01 de marzo de 20 102 por e l Juzgado Tercero Administrativo del Circuito, la cual fue confirmada por este Tribunal mediante

adelante UGPP), con el fin de que se ordenara el cabal cumplimiento de la sentencia proferida el 01 de marzo de 20 102 por e l Juzgado Tercero Administrativo del Circuito, la cual fue confirmada por este Tribunal mediante sentencia del 4 de noviembre del mismo año3.

En la sentencia base de recaudo, se resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Resolución No. 13000 del 29 de abril de 2005, expedida por la CAJA NACIONAL DE

PREVISIÓN SOCIAL

SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad de los actos fictos negativos configurados el 1 de marzo de 2006 y 14 de mayo de 2006, derivados del silencio administrativo de la entidad demandada, por medio de los cuales niegan al demandante la reliquidación de la pensión gracia.

TERCERO: DECLÁRESE que la parte demandante tiene derecho a que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL E.I.C.E HOY EN LIQUIDACIÓN, le reconozca y pague una pensión de jubilación gracia,

1 Onedrive. Archivo 01 Demanda y anexos. 2 Onedrive. Archivo 01Demanda y anexos. Fl. 39-65. 3 Onedrive. Archivo 01Demanda y anexos. Fl. 69-92.TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

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Demandante: JORGE SINISTERRRA NÚÑEZ

Demandado: UGPP Radicado: 63001-3333-003-2013-00848-01

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Demandante: JORGE SINISTERRRA NÚÑEZ

Demandado: UGPP Radicado: 63001-3333-003-2013-00848-01

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en la cuantía que resulte de la reliquidación ordenada en esta sentencia, con inclusión de todos los factores salariales recibidos por el actor.

CUARTO: ORDÉNESE a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL E.I.C.E HOY EN LIQUIDACIÓN, que de las sumas que resulten a favor del actor, se le descuente lo que ya fue reconocido y pagado en virtud de la resolución que inicialmente reconoció la pensión de jubilación gracia.

QUINTO: CONDÉNESE a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL E.I.C.E HOY EN LIQUIDACIÓN, a que sobre las diferencias adeudadas le pague al actor el reajuste de su valor, conforme al índice de precios al consumidor, con la aplicación de la fórmula referenciada en la parte motiva de este fallo.

SEXTO: La CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL E.I.C.E HOY EN LIQUIDACIÓN, deberá dar cumplimiento a este fallo dentro del término previsto en el artículo 176 del C .C.A. y si así no lo hiciere, se condena al pago de los intereses previstos en el artículo 177 ibídem.

SÉPTIMO: ORDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL E.I.C.E HOY EN LIQUIDACIÓN, incluir en nómina de pensionados el valor que debe ser reconocido y el pago de la

ibídem.

SÉPTIMO: ORDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL E.I.C.E HOY EN LIQUIDACIÓN, incluir en nómina de pensionados el valor que debe ser reconocido y el pago de la reliquidación de mesadas atrasadas a partir de la fecha antes indicada (17 de septiembre de 2003).

OCTAVO: En firme este fallo, devuélvase al demandante el excedente si lo hubiere de las sumas consignadas para gastos del proceso, efectúense las comunicaciones del caso para su cabal cumplimiento, cancélese su radicación, archívese el expediente, previa anotación en el Sistema Informático de Administración Judicial Siglo XXI y para su cumplimiento, expídase copia con destino a las partes, con precisiones del artículo 115 del C.P.C. y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del decreto 359 del 21 de febrero de 1995. Las copias destinadas a las partes, serán entregados a los apoderados judiciales que han veni do actuando.

NOVENO: Sin costas en esta instancia según lo indicado en la parte motiva. (…)”. (sic).

La anterior decisión, como se indicó líneas atrás, fue confirmada íntegramente por esta Corporación por medio de proveído del 4 de noviembre de 2010 4 y, quedó ejecutoriada el 18 de noviembre siguiente5.

En virtud de lo anterior, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito, mediante providencia del 22 de enero del 20146, ordenó librar mandamiento de pago así:

“PRIMERO: Se orden a librar mandamiento de pago a favor de Jorge

mediante providencia del 22 de enero del 20146, ordenó librar mandamiento de pago así:

“PRIMERO: Se orden a librar mandamiento de pago a favor de Jorge Sinisterra Núñez en contra de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPPpor las siguientes sumas de dinero:

4 Onedrive. Archivo 01Demanda y anexos. Fl. 69-92. 5 Onedrive. Archivo 01Demanda y anexos. Fl. 95. 6 Onedrive. Archivo 03 Auto libra mandamiento, notificación y gastos.TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

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• Por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS ($48.279.515), correspondiente al valor de la diferencia adeudada entre el valor consignado y el valor real que debía habérsele liquidado.
• Por la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($8.777.216) por concepto de los intereses causados desde el 25 de noviembre de

2012. • Por la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHO PESOS ($2.412.108) correspondiente al valor de las mesadas pensionales del 25 de noviembre de 2012).

2012. • Por la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHO PESOS ($2.412.108) correspondiente al valor de las mesadas pensionales del 25 de noviembre de 2012).

SEGUNDO: Notifíquese personalmente el presente auto al representante legal del ente ejecutado Unidad Administrativ a de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de lo Protección Soci al - UGPP o través de su representante legal o quien al momento haga sus veces o esté legitimado para representar a lo entidad, y requiérasele para que dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de este auto, cancele lo obligación al demandado. Igualmente infórmesele que cuenta con otros cinco (5) días más p ara que proponga las excepciones que a bien tenga.”

Con ocasión de lo anterior y, por medio de memorial del 20 de mayo de 20147, el apoderad o judicial de UGPP contestó la demanda, solicitando la declaratoria de la excepción de pago, como quiera que, la ejecutada “(…) 1. Mediante Resolución 29471 del 2012 la extinta CAJANAL en cumplimiento al fallo proferido por este despacho, reliquidó la pensión a favor del señ or JORGE SINISTERRA NUÑEZ, en la que se elevó la cuantía de la misma a la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($1.220.968), efectiva a partir del 17 de Septiembre de 2003, por prescripción trienal. Asimismo téngase en c uenta que en el mes de noviembre del año 2012 se realizó un pago a favor del demandante por valor

Y OCHO PESOS ($1.220.968), efectiva a partir del 17 de Septiembre de 2003, por prescripción trienal. Asimismo téngase en c uenta que en el mes de noviembre del año 2012 se realizó un pago a favor del demandante por valor

de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 24.998.335.96) (…)”.

Por tal razón, el Juzgado de Primera Instancia llevó a cabo audiencia de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, el pasado 2 de febrero de 2022 8, y en esa oportunidad, se declaró fallida la conciliación y, se decretaron pruebas documentales, neg ándose el interrogatorio de parte solicitado por la ejecutada.

En virtud de lo anterior, se allegaron las siguientes pruebas:

• Liquidación9 de la Resolución nro. 29471 del 26 de enero de 2012, con ocasión del cual se hizo un pago al ejecutante. • Expediente administrativo del señor SINISTERRA10. • Relación de pagos recibidos por el demandante por parte de la

UGPP11.

7 Onedrive. Archivo 04 Contestación demanda. 8 Onedrive. Carpeta 15. Audiencia inicial. 9 Onedrive. Carpeta 16 Cds Aportados como pruebas. Archivo JORGE SINISTERRA NUÑEZ - NOMINA. 10 Onedrive. Carpeta 16 Cds Aportados como pruebas. Carpeta CC_16468058.zip. 11 Onedrive. Carpeta 18 Contestación Oficios.TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

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11 Onedrive. Carpeta 18 Contestación Oficios.TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

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• Certificación de no pago de intereses moratorios12.

3. LA SENTENCIA APELADA13.

Mediante sentencia del 9 de marzo de 202 2, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito resolvió declarar no probada la excepción de pago y, por el contrario, ordenar seguir adelante con la ejecución, por cuanto se evidenció que: “(…) la UGPP no ajustó la liquidación de la condena al título ejecutivo obrante en el proceso y que sirven de base de recaudo. (…)”.

Al respecto se indicó en la sentencia que:

“(…) se persigue el pago coercitivo de las diferencias dejadas de pagar con respecto de la sentencia judicial proferida por el Despacho en primera instancia el 1 de marzo de 2010, y confirmada en tod as sus partes por el tribunal Administrativo del Quindío el 4 de noviembre de 2010, a través de la sentencia 254 -2010-001, y que una vez efectuada la liquidación del crédito se aprecia que a la fecha la entidad no ha dado cumplimiento total a la providenci a en los términos del título base de recaudo, el Despacho continuará con la ejecución por valor de $30.962.301,3. Así pues, conforme lo dispone el artículo 430 del CGP1, los derechos en cuestión

a la providenci a en los términos del título base de recaudo, el Despacho continuará con la ejecución por valor de $30.962.301,3. Así pues, conforme lo dispone el artículo 430 del CGP1, los derechos en cuestión son garantías mínimas e irrenunciables y de las liquidaciones realizadas se observa que arrojan valores a favor del señor Jorge Sinisterra Núñez, por tanto se procederá a modificar el mandamiento de pago según corresponde y se continuará con la ejecución de acuerdo a las sumas anteriormente liquidadas, en virtud a que el mandamiento de pago se libró en la forma pedida por ejecutante y una vez establecidos los valores reales a que tiene derecho el ejecutante, habrá de modificarse el mismo, luego que a la fecha arroja un valor total del saldo dejado de pagar por $9.064.995,3y por intereses generados sobre el saldo de $21.897.306,0. (…)”.

Por lo anterior, se ordenó seguir adelante con la ejecución y, condenar en costas a la ejecutada.

4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE14.

Dentro de la oportunidad legal pertinente e inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la parte ejecutada interpuso recurso de apelación, asegurando en resumen que, i) no existía congruencia entre el mandamiento de pago y la sentencia pues, en el primero, solo se ordenó el pago de intereses por valor de OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS($8.777.216); ii) el pago realizado por la ejecutada al señor Jorge Sinisterra, debió ser imputado primeramente a

por valor de OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS($8.777.216); ii) el pago realizado por la ejecutada al señor Jorge Sinisterra, debió ser imputado primeramente a capital y luego a intereses y no al revés, como lo dispuso el despacho ; y, iii) no debieron causarse intereses en el periodo comprendido entre el 12 de junio de 2009 y, el 13 de junio de 2013 pues, dicha mora en el pago, era imputable a CAJANAL-en ese momento en liquidacióny no a la UGPP.

12 Onedrive. Carpeta 18 Contestación Oficios. 13 Onedrive. Carpeta 19. Continuación Audiencia Inicial con sentencia. 14 Onedrive. Carpeta 20 Sustentación recurso.TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

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5. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

Por medio de auto del 15 de marzo de 202 215, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito de Armenia concedió el recurso de apelación interpuesto por l a ejecutada contra la sentencia del 9 de marzo anterior y, correspondiéndole por reparto 16 el asunt o al Despacho del Magistrado ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO éste, por medio de proveído del 23 de

interpuesto por l a ejecutada contra la sentencia del 9 de marzo anterior y, correspondiéndole por reparto 16 el asunt o al Despacho del Magistrado ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO éste, por medio de proveído del 23 de mayo de 202217 manifestó estar incurso en causal de impedimento, por haber sido quien profirió el mandamiento de pago al interior del presente asunto.

Con ocasión de lo anterior, el impedim ento del referido Magistrado fue aceptado a través de auto del 9 de junio de 202218 y, en consecuencia, el titular del Despacho Segundo de esta Corporación asumió el conocimiento del proceso, admitiendo el recurso de apelación por medio de providencia del 23 de junio siguiente19.

6. CONSIDERACIONES

6.1. Competencia

Esta Corporación es competente para decidir de fondo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, por disposición del artículo 153 del CPACA, cuyo tenor literal dispone: “(…) Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda (…)”.

6.2. Problema jurídico y metodología a seguir para solucionarlo.

De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación interpuesto, le corresponde a esta Sala determinar si:

¿Debe revocarse la providencia calendada el 9 de marzo del 2022, mediante la cual se declaró no probada la excepción de pago y, se ordenó seguir

corresponde a esta Sala determinar si:

¿Debe revocarse la providencia calendada el 9 de marzo del 2022, mediante la cual se declaró no probada la excepción de pago y, se ordenó seguir adelante con la ejecución?

Para dar respuesta al problema jurídico planteado, esta Sala analizará, directamente en el caso co ncreto los reparos formulados por la parte actora, para verificar si hay o no lugar a modificar la decisión recurrida.

6.3. La Sala confirmará la decisión adoptada por l a Juez de Primera Instancia.

15 Onedrive. Archivo 22. AUTO CONCEDEE APELACIÓN EJECUTIVO. 16 Onedrive. Carpeta SegundaInstancia. Archivo 003ActaReparto. 17 Samai. Archivo 007AutoDeclaraImpedimento(.pdf ) NroActua 5. 18 Samai. Archivo 012AceptaImpedimento(.pdf) Nro Actua 15 19 Samai. Archivo 19 AUTO ADMITE RECURSO APELACI ON(.pdf) NroActua 23TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

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En relación con el proceso ejecutivo el Consejo de Estado20 ha enseñado que, el Legislador lo instituyó como un mecanismo judicial encaminado a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este

el Legislador lo instituyó como un mecanismo judicial encaminado a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia del derecho , pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina título ejecutivo.

Al respecto, el ar tículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policí a aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]”.

Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que, constituyen título ejecutivo, entre otros, las sentencias debidament e ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

Ahora bien, el artículo 442 del C.G del P., e xpresamente regula el procedimiento para adelantar los procesos ejecutivos de los que conoce la jurisdicción contenciosa administrativa y, a la cual se acude por remisión del

Ahora bien, el artículo 442 del C.G del P., e xpresamente regula el procedimiento para adelantar los procesos ejecutivos de los que conoce la jurisdicción contenciosa administrativa y, a la cual se acude por remisión del artículo 30621 del CPACA, el cual prevé frente a las excepciones en el proceso ejecutivo, lo que sigue:

“ARTÍCULO 442. EXCEPCIONES. La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá exp resar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con ellas.

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdicci onal, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notifi cación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida. (…).” (Negrillas y subrayas nuestras)

20 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN

A Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos

mil dieciocho (2018). Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00136-01(1509-16). 21 “ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

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De acuerdo con la transcripción normativa efectuada, cuando el título ejecutivo consista en una providencia, conciliación o transacción aprobada por un juez, el ejecutado tiene restringido el ámbito de su defensa, pues solamente podrá proponer las de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; igualmente podrá proponer la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.

En ese orden de ideas, para dar solución al caso concreto, se tiene probado que, mediante providencia del 22 de enero del 2014 22, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia ordenó librar mandamiento de pago al interior del presente asunto, en las condiciones ya transcritas con antelación.

Contra el anterior mandamiento ejecutivo, el apoderado de la UGPP23propuso

Administrativo del Circuito de Armenia ordenó librar mandamiento de pago al interior del presente asunto, en las condiciones ya transcritas con antelación.

Contra el anterior mandamiento ejecutivo, el apoderado de la UGPP23propuso la excepción de pago, afirmando que: “(…) 1. Mediante Resolución 29471 del 2012 la extinta CAJANAL en cumplimiento al fallo proferido por este despacho, reliquidó la pensión a favor del señor JORGE SINISTERRA NUÑEZ, en la que se elevó la cuantía de la misma a la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($1.220.968), efectiva a partir del 17 de Septiembre de 2003, por prescripción trienal. Asimismo, téngase en cuenta que en el mes de noviembre del año 2012 se realizó un pago a favor del demandante por valor de VEINTICUATRO

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($

24.998.335.96) (…)”.

Empero, en la sentencia proferida el 9 de marzo de 202224, el Juzgado de Instancia ordenó seguir adelante con la ejecución por un valor total de treinta millones novecientos sesenta y dos mil trescientos un peso con tres centavos ($30.962.301,3), así:

“(…) PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de pago propuesta por la entidad ejecutada.

SEGUNDO: SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN en contra de la UGPP, por las siguientes sumas liquidas de dinero.

Concepto Valor

propuesta por la entidad ejecutada.

SEGUNDO: SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN en contra de la UGPP, por las siguientes sumas liquidas de dinero.

Concepto Valor Saldo a la fecha de pago $9.064.995,3 Intereses moratorios a la fecha $21.897.306,0 Total a la fecha $30.962.301,3

Saldo dejado de pagar: $9.064.995,3 Intereses de mora: $21.897.306,0 y los que se sigan causando hasta que se verifique el pago total de la obligación.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte ejecutada de conformidad con el Art. 365 del CGP. Por lo anterior, se señala el 4% como agencias en derecho de la condena reconocida. Lo anterior teniendo en cuenta el

22 Onedrive. Archivo 03 Auto libra mandamiento, notificación y gastos. 23 Onedrive. Archivo 04 Contestación demanda. 24 Onedrive. Carpeta 19. Continuación Audiencia Inicial con sentencia.TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

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Acuerdo Nro. PSAA16 -10554 de la Sala Administrativa del C onsejo Superior de la Judicatura (…)”.

Al respecto, la apoderada de la parte ejecutante interpuso recurso de apelación25 manifestando l as siguientes inconformidades: i) que no exist e

Superior de la Judicatura (…)”.

Al respecto, la apoderada de la parte ejecutante interpuso recurso de apelación25 manifestando l as siguientes inconformidades: i) que no exist e congruencia entre el mandamiento de pago y la sentencia pues, en el primero, solo se ordenó el pago de intereses por valor de OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS($8.777.216); ii) el pago realizado por la ejecutada al s eñor Jorge Sinisterra, debió ser imputado primeramente a capital y luego a intereses y no al revés, como lo dispuso el Despacho; y, iii) no debieron causarse intereses en el periodo comprendido entre el 12 de junio de 2009 y, el 13 de junio de 2013 pues, dicha mora en el pago, era imputable a CAJANAL -la cual estaba en liquidacióny no a la UGPP.

Pues bien, a efectos de dar respuesta a los reparos de la ejecutada, debe considerarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del

Código General del Proceso:

“(…) ARTÍCULO 431. PAGO DE SUMAS DE DINERO. Si la obligación versa sobre una cantidad líquida de dinero, se ordenará su pago en el término de cinco (5) días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la deuda. Cuando se trate de obligaciones pactadas en moneda extranjera, cuyo pago deba realizarse en moneda legal colombiana a la tasa vigente al momento del pago, el juez dictará el mandamiento ejecutivo en la divisa acordada.

Cuando se trate de alimentos u otra prestación periódica, la orden de pago

moneda legal colombiana a la tasa vigente al momento del pago, el juez dictará el mandamiento ejecutivo en la divisa acordada.

Cuando se trate de alimentos u otra prestación periódica, la orden de pago comprenderá además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen y dispondrá que estas se paguen dentro de los cinco (5) días siguientes al respectivo vencimiento.

Cuando se haya estipulado cláusula aceleratoria, el acreedor deberá precisar en su demanda desde qué fecha hace uso de ella. (…)” (Negrilla fuera de texto).

De lo anterior se colige que, la cesación de intereses se da cuando se ha efectuado el pago y no, como parece entender la parte ejecu tada, cuando se libra mandamiento de pago.

Por tal razón y, habiendo transcurrido el tiempo sin que la entidad ejecutada pagara de forma total la obligaci ón, los intereses siguieron causándose alterando de esta forma el saldo arrojado en la sentencia apel ada, respecto del mandamiento ejecutivo.

En ese orden de ideas, el primer reparo de la sentencia no está llamado a prosperar.

De otro lado, en punto del argumento expuesto en el recurso de alzada por el apoderado de la ejecutada, conforme el cual, no debía efectuarse imputación del pago primero a intereses y luego a capital -por no ser una figura propia de la especialidad contencioso administrativa-, debe recordarse que, ni el Código

25 Onedrive. Carpeta 20 Sustentación recurso.TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

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25 Onedrive. Carpeta 20 Sustentación recurso.TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

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Contencioso Administrativo, ni la Ley 1437 de 2011 C.C.A. -dado su carácter adjetivo-, contienen una regulación sustancial integral del régimen de las obligaciones derivadas de las sentencias condenatorias y conciliaciones.

Precisamente por tal razón y, para llenar estos vacíos, es necesario remitirse a otras normas especiales como las contempladas en el Código Civil, Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso, conforme corresponda.

Al respecto, esta Corporación, en providencia del 14 de febrero de 201926, con ponencia del magistrado Luis Carlos Alzate Ríos, sostuvo:

“(…) La ley no contempla el pago de una sentencia condenatoria a cargo del Estado como un caso especial en el que el deudor (Estado) pueda obligar al acreedor (ciudadano) a recibir por partes lo debido, y menos que dejen de pagarse l os intereses correspondientes. Ahora, el artículo 1653 del Código Civil preceptúa: "(...) ARTÍCULO 1653. <IMPUTACIÓN DEL PAGO A INTERESES>. Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta e xpresamente que se impute al capital. Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los

se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta e xpresamente que se impute al capital. Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados. (...)" (negrilla fuera del texto original) El sentido de la disposición corresponde a la necesidad de proteger al acreedor de la conducta del deudor incumplido. La imputación primero a intereses impide que el deudor cancele el capital y se desentienda de cancelar el excedente insoluto, el cual se quedaría estático y, en virtud de eso, el mayor retardo no le generaría consecuencia negativa alguna. Además, si los intereses de mora indemnizan los perjuicios inherentes al retardo, mal podría considerarse que los pagos parciales evitan el menoscabo de los intereses lícitos del acreedor. Así las cosas, la imputación de pagos primero a intereses se convierte a la vez en un estímulo al cumplimiento puntual y completo, y un castigo al deudor incurioso. De esta forma, si el Estado liquida adecuadamente la deuda y la paga en su totalidad, esta se extingue, lo que hace contraevidente que no pueda quedar indefinida en el tiempo. Asimismo, si se produce un pago parcial, el saldo pendiente de capital, que sigue generando intereses, puede ser extinguido también con el pago, de modo que no es que la obligación mute indefinidamente para q ue la deuda nunca desaparezca, sino que la conducta negligente del deudor no puede servirle de excusa para evadir el pago de los perjuicios producidos por su incumplimiento. Por otra parte, el anatocismo se encuentra prohibido en el artículo 1617

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