TA QUI - 63001-3333-004-2021-00267-01-(13-04-2023)

República de Colombia

Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío Sala Tercera de Decisión

Armenia (Q), trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO

Asunto: Sentencia segunda instancia Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 63001-3333-004-2021-00267-01

Demandante: José Normando Marín Restrepo

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones005-2023-63

CONSIDERACIONES INICIALES

ASUNTO

El Tribunal Administrativo del Quindío, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2022 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La demanda.

José Normando Marín Restrepo obrando a través de apoderado judicial interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin que se resuelva sobre las siguientes:

Pretensiones:

Se declare la nulidad de las resoluciones: (i) SUB 159313 del 08 de julio de 2021 por medio de la cual se negó la reliquidación de pensión del actor de conformidad con la ley 32 de 1986 y el Decreto 407 del 20 de febrero de 1994 y; (ii)DPE 7421 del 13 de septiembre de 2021, por medio del cual se resolvió

conformidad con la ley 32 de 1986 y el Decreto 407 del 20 de febrero de 1994 y; (ii)DPE 7421 del 13 de septiembre de 2021, por medio del cual se resolvió en forma desfavorable el recurso de apelación incoado contra la primera.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho se:

Ordene a Colpensiones que reliquide y pague al actor una pensión de jubilación, a partir del 1 de agosto del 2017, de conformidad la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994 teniendo en cuenta una tasa de reemplazo equivalente al 75% del salario que sirvió de base para los aportes con todos los factores salariales efectuados durante el último año de servicio.

Se condene a la accionada reconocer y pagar al señor José Normando Marín Restrepo los Intereses Moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, generados por la demora injustificada en el reconocimiento de lareliquidación de la pensión de conformidad la ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994.

Que se condene a la accionada a pagar las sumas adeudadas actualizadas, de conformidad con certificación del DANE.

Se condene en Costas y Agencias de derecho a la demandada.

Se condene extra y ultrapetita.

Fundamento fáctico

La parte demandante sustenta sus pretensiones en los siguientes hechos que la

Sala encuentra relevantes:

• Mediante Resolución SUB No. 129734 del 18 de julio de 2017 Colpensiones reconoció una pensión de vejez al demandante a partir del 1º de agosto de 2017,

Sala encuentra relevantes:

• Mediante Resolución SUB No. 129734 del 18 de julio de 2017 Colpensiones reconoció una pensión de vejez al demandante a partir del 1º de agosto de 2017, bajo los parámetros de la ley 32° de 1986, en una cuantía inicial de $1.468.359, tomando en cuenta el 75% del ingreso base de liquidación de los salarios devengados durante los últimos 10 años.

• Al efectuar la liquidación de la prestación Colpensiones no tuvo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio s y como lo determinan la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 del 20 de febrero de

1994.

• El 30 de marzo de 2021 se solicitó la reliquidación de la pensión de que es titular el demandante, petición que fue negada mediante Resolución SUB No. 159313 del 08 de julio de 2021.

• Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación, que fue resuelta desfavorablemente mediante resolución DPE 7421 del 13 de septiembre de

2021.

Concepto de la violación.

La parte actora invoca como fundamento de sus reclamaciones los artículos 48,49, 53, 58 y 150 de la Constitución Nacional, la Ley 33 de 1985; los artículos 21 y 141 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que aplicables y concordantes. Como concepto de la violación se alega que el demandante tiene derecho a que se le aplique la ley 32 de 1986 y el decreto 407 del 20 de febrero de 1994 teniendo en cuenta una tasa de reemplazo equivalente al 75% del salario que

Como concepto de la violación se alega que el demandante tiene derecho a que se le aplique la ley 32 de 1986 y el decreto 407 del 20 de febrero de 1994 teniendo en cuenta una tasa de reemplazo equivalente al 75% del salario que sirvió de base para los aportes con todos los factores salariales efectuados durante el último año de servicio, tal y como lo reconoce COLPENSIONES en la Resolución SUB. No. 159313 del 08 de julio de 2021, por lo que resulta incomprensible que la normatividad referida se escinda con el fin de no darle aplicación al in greso base de liquidación de la norma originaria, que en el presente caso implica incluir sus aportes junto con todos los factores salariales. Destaca que la accionada desconoce los principios de favorabilidad e inescindibilidad de las normas, pues al realizar la liquidación de la prestación del actor, hace una aplicación parcial de uno y otro ordenamiento, esto es, encuanto a edad, tiempo y porcentaje aplica la Ley 32 de 1986, pero en cuanto al monto de la mesada pensional da aplicación a la Ley 100 de 1993. Agrega que el decreto 407 de 1994 establece que los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria que a la fecha de vigencia del mismo estuviere prestando sus servicios al INPEC tendrían derecho a la pensión de jubilación en los términos del artículo 96 de la ley 32 de 1986, esto es a acceder a la pensión de jubilación a cualquier edad, siempre y cuando hayan laborado por 20 años y tomando como base de liquidación el 75% del promedio devengado en el último año de servicio, de conformidad con lo

es a acceder a la pensión de jubilación a cualquier edad, siempre y cuando hayan laborado por 20 años y tomando como base de liquidación el 75% del promedio devengado en el último año de servicio, de conformidad con lo establecido en la ley 4 de 1966 y el decreto 1045 de 1978. Que la Ley 100 de 1993 creó un régimen general de seguridad social integral, con el objeto de integrar o unificar todos los regímenes pensionales que existían hasta esa época y salvaguardan el derecho a la igualdad de los pensionados, de tal manera que todos los trabajadores se pensionaran con idénticos requisitos de edad, tiempo y monto de pensión. No obstante, en su artículo 36 consagró un régimen de transición, respetando los derechos adquiridos de quienes tenían la expectativa o habían alcanzado su derecho, de conformidad con las normas existentes anteriormente , determi nando igualmente en su artículo 142 que a aquellos servidores que prestan sus servicios en actividades de riesgo, se le s tendría encuentra una menor edad de jubilación o número menor de semanas de cotización o en caso tal ambos requisitos. Agrega que el código penitenciario y carcelario contenido en la ley 65 de 1993 en su artículo 172, revistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para dictar normas co n fuerza de ley respecto al régimen salarial, prestacional y pensional, sin desmejorar los derechos y garantías vigentes y en cumplimiento de lo anterior, el Gobierno profirió el Decreto 407 del 20 de febrero de 1994 "Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”, consagrando un régimen especial,

cumplimiento de lo anterior, el Gobierno profirió el Decreto 407 del 20 de febrero de 1994 "Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”, consagrando un régimen especial, diferente al contemplado de la ley 100 de 1993, que resultaba más benévolo para esta clase de servidores públicos en razón al desempeño de actividades de alto riesgo y fijando en su artículo 168 que estos empleados públicos gozarían de una pensión de jubilación en los términos establecidos en la ley 32 de 1986 articulo 96. Indica que la anterior norma fue derogada por el decreto 2090 del, no obstante teniendo en cuen ta que el decreto 407 de 1994 ya había salvaguardado el derecho de los funcionarios del INPEC que se hallasen vinculados antes de la vigencia de la norma, esto es , el 21 de febrero de 1994, con base a la normatividad anterior, esto es la ley 32 de 1986.

Conforme a lo dispuesto en Decreto 407 de 1994 para liquidar la pensión de los beneficiarios del régimen especial del INPEC, se debe acudir a lo dispuesto a la Ley 32 de 1986, sin embargo, esta en su artículo 96 consagra únicamente al requisito del tiempo de servició, esto es, 20 años sin tener en cuenta la edad, pero no hace referencia al porcentaje base de liquidación, ni los factores salariales que se deben de tener en cuenta para ello , por lo que de conformidad con el articulo 144 ibidem debe aplicarse el régimen previsto para los empleados del orden nacional.

factores salariales que se deben de tener en cuenta para ello , por lo que de conformidad con el articulo 144 ibidem debe aplicarse el régimen previsto para los empleados del orden nacional.

En este sentido, en lo que respecta el monto, el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 ordena que la pensión de jubilación se liquide en el 75% del promedio devengado, sobre todos los factores percibidos en el último año de servicio.En lo que se refiere de manera puntual a los factores salariares, es importante precisar que si bien la nor ma vigente para los empleados del orden nacional a que hacen referencia los artículos 114 de la ley 32 d e 1986 y 184 del Decreto 407 de 1994, es la ley 33 de 1985, esta norma no aplica a los servidores cobijados por un régimen especial, dada la exclusión expresa que s e hace en su artículo 1, inciso segundo y por tanto en cuanto a los factores, es necesario acudir a lo preceptuado en el artículo 45 del derecho 1045 de 1978.

Seguidamente citó apartes de jurisprudencia del Consejo de Estado proferida en los asuntos 4683 -2013, 2033 -2013, 2339 -2012, 1882 -2011, 2336 -2010, 0112-09 conforme a los cuales concluyó que resulta insólito que se desconozcan los criterios interpretativos fijados por esa Corporación al momento de liquidar la prestación del actor. Además que las altas corporaciones han sido enfáticas al señalar que el monto de la pensión debe ascender y ser el reflejo de lo realmente aportado y/o cotizado por el asegurado,

momento de liquidar la prestación del actor. Además que las altas corporaciones han sido enfáticas al señalar que el monto de la pensión debe ascender y ser el reflejo de lo realmente aportado y/o cotizado por el asegurado, de manera tal que la prestación sea reconocida no sólo acorde a Derecho sino a la Realidad.

Por lo anterior, considera que existe suficiente precedente Jurisprudencial que respalda lo pretendido por el actor, esto es, la aplicación íntegra de la Ley 32 de 1986.

Finalmente y frente a los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 y el artículo 195 del CPACA., adujo que el de mandante tiene derecho a su reconocimiento desde el 1 de agosto del 2017 hasta la fecha en que se verifique su pago, y los cuales se derivan de la demora injustificada en la reliquidación de la pensión. En este punto destaca que la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral en múltiples ocasiones ha precisado que para sancionar o reconocer la mora en el pago de dichas mesadas, esto es los intereses consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no existe condición o requis ito distinto al incumplimiento de la respectiva obligación pensional y la c ual surge cuando se consolida el derecho prestacional por reunirse los requisitos establecidos en la ley.

Contestación de la demanda

La parte accionada presentó contestación a la demanda, negando los hechos de la demanda, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones elevadas en su contra y solicitando se condene en costas a su contraparte.

La parte accionada presentó contestación a la demanda, negando los hechos de la demanda, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones elevadas en su contra y solicitando se condene en costas a su contraparte.

Como fundamentos de defensa expuso que la entidad a través de la Resolución GNR 1466 del 4 de enero de 2017 reconoció al actor pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo conforme la Ley 32 de 1986 en cuantía inicial de $1.367.914, que a través de la Resolución SUB 129734 del 18 de julio de 2017, ordenó la reliquidación en cuantía de $1.468.359 para el año 2017 y finalmente mediante la Resolución SUB 159313 del 08 de julio de 2021, se efectuó nuevamente el estudio de la reliquidación de la pensión de vejez por alto riesgo, ordenando la misma en un equivalente a $1.530.522 a partir del 30 de marzo de 2018.

Indica que la Circular 15 de 2015 de Colpensiones determinó los lineamientos a seguir para liquidar la pensión de vejez para el régimen especial del INPEC,debiendo en virtud a lo dispuesto en el literal b del numeral segundo de dicho documento, aplicarse las reglas institucionales de liquidación para servidores de INPEC, cuya fuente normativa es el concepto BZ 2016_12621699 del 26 de octubre de 2016 emitido por la Gerencia Nacional de Doctrina de la Vicepresidencia Jurídica de Colpensiones.

Agregó que de conformida d con lo establecido por la Sección SegundaSubsección B del Consejo de Estado en sentencia del 22 de abril de 2010 (No.

Vicepresidencia Jurídica de Colpensiones.

Agregó que de conformida d con lo establecido por la Sección SegundaSubsección B del Consejo de Estado en sentencia del 22 de abril de 2010 (No. interno 0858-09, CP Dr. Gerardo Arenas Monsalve) el régimen especial previsto en los artículos 96 de la Ley 32 de 1986, resulta aplicable si el servidor acredita las condiciones descritas en el inciso 2° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Que por tal motivo, frente a la liquidación de la pensión especial de vejez por desempeño de actividad de alto riesgo también resulta aplicable el Acto Legislativo 01 de 2005 y por tanto las prestaciones serán liquidadas tomando en consideración las reglas fi jadas por la Ley 100 de 1993 y en consecuencia para obtener el IBC de la presente prestación, se toman los factores salariales establecidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993 y artículo 1 del Decreto 1158 del 03 de junio de 1994, siempre y cuan do sobre los mismos se hubieran efectuado los aportes al Sistema General de Pensiones.

Por lo expuesto concluye no es viable reconocer la prestación en los términos pretendidos por el accionante, esto es, teniendo en cuenta los factores salariales del último año, pues el IBL se debe regir por las normas vigentes de la Ley 100 de 1993 (artículo 21) y en consecuencia calcularse sobre los últimos 10 años de cotizaciones, en aplicación del principio de favorabilidad

De otra parte, manifiesta que no procede el reconocimiento de los intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 toda vez que:

cotizaciones, en aplicación del principio de favorabilidad

De otra parte, manifiesta que no procede el reconocimiento de los intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 toda vez que:

“(…)1. Los intereses moratorios solo se causan cuando las prestaciones son reconocidas bajo los presupuestos de la Ley 100 de 1993, situación que no ocurre en el presente asunto, ya que la prestación obedece a la Ley 32 de 1986.

2. Los intereses moratorios “…se causan por el retraso en el pago de las mesadas pensionales en consideración al título que las haga exigible, esto es, e l acto administrativo de reconocimiento de la prestación que determine el monto y periodicidad de dicho pagos, pues en ese momento nacería la obligación de pagar, y en caso de retardo en el desembolso se causaría la mora.” Así las cosas, resulta evidente que en el presente asunto no se discute el reconocimiento pensional pues el mismo ya se otorgó y ha sido pagado. (…)”

Finalmente, después de citar alguna jurisprudencia sobre la materia que en su criterio resulta aplicable al sub examine, concluy ó que, la entidad ha actuado de buena fe y con apego a las normas que rigen la materia por lo que no debe existir condena por este concepto, ni siquiera de manera posterior a la sentencia.

Propuso las siguientes excepciones:

• Estricto cumplimiento a los mandatos legales: El actor no tiene el derecho pretendido, toda vez que la liquidación de la prestación efectuada por la entidad se encuentra ajustada a derecho y en aplicación de las normas legales vigentes, esto es, la Ley 32 de 1986, el Acto Legislativo 01 de 2005, el Decreto 1158 de

se encuentra ajustada a derecho y en aplicación de las normas legales vigentes, esto es, la Ley 32 de 1986, el Acto Legislativo 01 de 2005, el Decreto 1158 de 1994, el Decreto 1945 de 1978 y la Ley 100 de 1993.- Inexistencia de la obligación: COLPENSIONES no está obligada por la Ley a reconocer y pagar la reliquidación solicitada, toda vez que la entidad debe reconocer los beneficios a que por leyes vigentes tuviera derecho el demandante, tal como se hizo en los actos administrativos que negaron el pedido. Las Entidades Públicas, por mandato constitucional, sólo pueden realizar las funciones que la ley de manera expresa les atribuye, prohibiéndoles de manera tácita desarrollar aquellas que no están expresamente permitidas por las normas.

-Prescripción: Se declare la prescripción de conformidad con lo dispuesto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del C.P.T. respecto a cualquier derecho reclamado que pudiere resultar probado y frente al cual haya operado este fenómeno.

-Procedencia de los descuentos en salud : En caso de existir condena por mesadas pensionales de manera retroactiva, se ordene efectuar los descuentos en salud, tal y como lo exige la ley y de conformidad con la sentencia 47378 de la Corte Suprema de Justicia.

• Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios :En el presente asunto, no hay lugar al reconocimiento y pago de intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, i) éstos solo se causan cuando las prestaciones son reconocidas bajo los presupuestos de la Ley 100 de

asunto, no hay lugar al reconocimiento y pago de intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, i) éstos solo se causan cuando las prestaciones son reconocidas bajo los presupuestos de la Ley 100 de 1993,y, ii) se causan por el retraso en el pago de las mesadas pensionales en consideración al título que las haga exigible, esto es, el acto administrativo de reconocimiento de la prestación que determine el monto y periodicidad de dicho pagos, pues en ese momento nacería la obligación de pagar, y en caso de retardo en el desembolso se causaría la mora.

Sentencia apelada

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia, en sentencia del 30 de junio de 2022 resolvió, entre otras: (i) Declarar la nulidad de las Resoluciones SUB 159313 del 8 de julio de 2021 y DPE 7421 del 13 de septiembre de 2021 expedidas por la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones; (ii) Ordenar a la demandada que reconozca y pague la diferencia entre la mesada reconocida y la que se debe reconocer al señor José Normando Marín Restrepo, teniendo en cuenta que la liquidación de su pensión de vejez se debe realizar con el 75% de los factores salariales devengados en el año inmediatamente al retiro del servicio del demandante (31 de julio de 2016 al 31 de julio de 2017), excluyendo la prima de riesgo, la bonificación por recreación y las vacaciones. El pago correspondiente se deberá realizar desde el 30 de marzo de 2018 por efectos de la prescripción de los emolumentos; (iii)

de julio de 2017), excluyendo la prima de riesgo, la bonificación por recreación y las vacaciones. El pago correspondiente se deberá realizar desde el 30 de marzo de 2018 por efectos de la prescripción de los emolumentos; (iii) Actualizar las sumas adeudadas conforme a los índices de inflación certificados por el DANE y descontar lo pertinente por concepto de aportes a salud a cargo del demandante; (iv) Negar las demás pretensiones de la demanda y; (v) abstenerse de condenar en costas.

Para fundamentar su decisión la a-quo refirió las normas que regulan el régimen pensional del personal de custodia y vigilancia del INPEC así como la interpretación que de las mismas había efectuado el Consejo de Es tado y el Tribunal Administrativo del Quindío , precisando que esta última corporación en providencia del 19 de mayo de 2022 había recogido la postura inicialmenteasumida sobre la materia concluyendo que “(…) para el reconocimiento de la pensión de jubilación de los servidores públicos del INPEC vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, se aplicará el régimen pensional contenido en la Ley 32 de 1986 siguiendo lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el pa rágrafo transitorio No. 5 al artículo 48 de la Carta Política, sin que les sea exigible el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ni de los señalados en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003.(…)”

Agregó que conforme a la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción

artículo 6 del Decreto 2090 de 2003.(…)”

Agregó que conforme a la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción el régimen especial aplicable a los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria no previó los factores a tener en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión, por lo cual, por remisión del artículo 114 de la Ley 32 de 1986, debe aplicarse el régimen vigente para los empleados públicos del orden nacional.

Así, señaló que si bien el artículo 4 de la Ley 4ª de 1966 ordena que la pensión de jubilación se liquide sobre todos los factores devengados en el último año de servicios no determina cuales son dichos factores, razón por la que debe aplicarse lo preceptuado por el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, teniendo en cuenta además que el Consejo de Estado Sentencia de 9 de julio de 2009, indicó que la lista establecida en la referida norma era enunciativa,

A continuación, y frente al reconocimiento de los intereses establecidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, determin ó que para que este proceda es necesario que exista un reconocimiento pensional y posteriormente se presente un incumplimiento en el pago de las mesadas reconocidas; no está consagrad o en dicho supuesto normativo el pago de intereses por el indebido reconocimiento de la reliquidación o el reajuste de la pensión.

También que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado el reconocimiento de dichos intereses está sujeto a que haya cesado la discusión sobre la existencia del derecho y su cuantía, es decir, que para que empiecen a

También que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado el reconocimiento de dichos intereses está sujeto a que haya cesado la discusión sobre la existencia del derecho y su cuantía, es decir, que para que empiecen a causarse es necesario que exista el reconocimiento del derecho y que el acto administrativo en virtud del cual se hace el mismo haya cobrado firmeza, más no procede dicho reconocimiento por la tardanza o mora en el pago de la reliquidación o reajuste de la pensión ya reconocido.

Descendiendo al caso concreto indicó que no existe duda respecto a que los funcionarios del INPEC, de conformidad con el Acto Legislativo No. 05 de 2005 y vinculados con anterioridad a la vigencia del decreto 2090 de 2003, son beneficiarios de un régimen transición especial, el que resulta aplicable al demandante, requiriéndose únicamente para gozar del derecho a la pensión de jubilación acreditar veinte años de servicios a la entidad en cualquier tiempo sin importar la edad tal y como lo establece el artículo 96 de la Ley 32 de 1986; requisitos que, como se demostró, reúne el actor, pues éste estuvo vinculado al INPEC como Dragoneante por un lapso superior a l exigido, desde 27 de junio de 1996 al 31 de julio de 2017 .

Que por tal razón al momento de efectuarse el cálculo del ingreso base de liquidación del último año de prestación de servicios por parte de la entidad demandada se debió observar plenamente lo estatuido en el artículo 45 del

Decreto 1045 de 1978 y no sujetar el asunto a lo reglado en la Ley 100 de 1993y menos a los factores salariales expresados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, teniendo en cuenta que el actor era beneficiario de un régimen exceptuado más beneficioso para su expectativa pensional.

Es decir que para establecer el ingreso base de liquidación y el valor al que asciende la pensión de jubilación en el caso bajo estudio, debía tenerse en cuenta los factores salariales enl istados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y demás normas análogas como el Decreto 446 de 1994, aplicables en razón a que la pensión se reconoció en los términos de la Ley 32 de 1985, excluyéndose la prima de riesgo, por no constituir factor salari al para efectos de la liquidación de esa prestación 40 , así como la bonificación por recreación y las vacaciones.

Por lo expuesto, indicó que recogería la postura que hasta la fecha venía observando en casos similares y en su lugar accedería a las preten siones, declarando la nulidad de las Resoluciones SUB 159313 del 8 de julio de 2021 y la DPE 7421 del 13 de septiembre de 2021 expedidas por la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensionesy ordenando en consecuencia la reliquidación de la pensión de vejez del demandante teniendo en cuenta el 75% de los factores salariales devengados en el año inmediatamente al retiro del servicio del demandante (31 de julio de 2016 al 31 de julio de 2017), excluyendo de dicha liquidación la prima de riesgo, la bo nificación por recreación y las

de los factores salariales devengados en el año inmediatamente al retiro del servicio del demandante (31 de julio de 2016 al 31 de julio de 2017), excluyendo de dicha liquidación la prima de riesgo, la bo nificación por recreación y las vacaciones, toda vez que dichos factores no son factores salariales válidos para la liquidación de dicha prestación por disposición legal.

Advirtió que las pretensiones de la demanda entrañan derechos laborales que por su naturaleza son imprescriptibles como lo es la pensión sin que ello implique que el derecho a percibir las mesadas prescriba al cabo de tres años a partir de su exigibilidad. Que, en tal sentido operó el fenómeno jurídico de prescripción, por cuanto, la reliquidación se causó con posterioridad al 31 de julio de 2017 y la solicitud pensional se realizó el día 30 de marzo de 2021, encontrándose en consecuencia prescritos los valores adeudados desde el 30 de marzo de 2018.

De otra parte, negó el reconocimiento de los intereses moratorios, toda vez que para que se pueda ordenar su reconocimiento es necesario que exista un reconocimiento pensional y posteriormente se presente un incumplimiento en el pago de las mesadas reconocidas; no está consagrado dicho pago de intereses por el indebido reconocimiento de la reliquidación o el reajuste de la pensión, como sucedió en el presente caso.

Finalmente se abstuvo de condenar en costas, acogiendo el criterio planteado por el superior funcional y teniendo en cuenta que la labor del apoderado de la parte demandante no requirió mayor atención o el despliegue de actividad compleja, en tanto el proceso fue resuelto mediante el trámite dispuesto para la sentencia anticipada.

por el superior funcional y teniendo en cuenta que la labor del apoderado de la parte demandante no requirió mayor atención o el despliegue de actividad compleja, en tanto el proceso fue resuelto mediante el trámite dispuesto para la sentencia anticipada.

El recurso de apelación

La parte demandada, s olicita revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se le absuelva de las condenas impuestas en su contra.

Además de reiterar los argumentos expuestos en primera instancia frente a la forma en que debe liquidarse la pensión de jubilación de los miembros del grupode Custodia y Vigilancia del Inpec señaló que no es procedente la reliquidación de la pensión en los términos pretendidos por el demandante, toda vez que para liquidar las prestaciones de los beneficiarios de la transición se toma en cuenta del régimen anterior la edad, el tiempo y el monto, entendido ése como la tasa de reemplazo y para el cálculo del IBL, se toma lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 36 de la ley 100 de 1993 o el artículo 21 de la misma disposición legal.

Agregó que tampoco es aceptada la decisión de la a -quo respecto de incluir como factores salariales todos los devengados por el demandante en el último año de servicios, con la salvedad que, si sobre estos factores no se han hecho aportes, la entidad podrá compensarlos cuando realice el pago de las respectivas mesadas, pues se incluyen todos los emolumentos recibidos por el señor Marín Restrepo sin especificar o determinar cuáles de estos tienen calidad de ser factor salarial.

Que en tal sentido no es viable reconocer la prestación, teniendo en cuenta los

mesadas, pues se incluyen todos los emolumentos recibidos por el señor Marín Restrepo sin especificar o determinar cuáles de estos tienen calidad de ser factor salarial.

Que en tal sentido no es viable reconocer la prestación, teniendo en cuenta los factores salariales del último año, pues el IBL se debe reg ir por las normas vigentes de la Ley 100 de 1993 (artículo 21) y en consecuencia, el IBL se calculó sobre los últimos 10 años de cotizaciones, en aplicación del principio de favorabilidad.

Actuación en segunda instancia.

Mediante auto del 10 de octubre de 2022 se admitió el recurso de apelación incoado contra la sentencia de primera instancia y se informó a las partes que dentro del término de ejecutoria de esa providencia podrían pronunciarse frente al recurso si lo estim aban per