TA QUI - 63001-3333-005-2018-00313-01-(25-08-2023)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO –Sala Segunda de Decisión–

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CARLOS BOTINA GÓMEZ

Armenia Quindío, veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Sentencia Radicado: 63001-3333-005-2018-00313-01

Medio de control: Reparación Directa

Demandante: Michael Steven Buriticá y Otros

Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Instancia: Segunda

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022) por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia Quindío, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. PARTE DESCRIPTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA DE DECISIÓN

1.1. Objeto

La parte actora formuló las siguientes PRETENSIONES:

• Que se declare administrativamente responsable a la demandada de la lesión sufrida por el joven Michael Steven Buriticá , mientras prestaba servicio militar obligatorio.

• Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a la entidad a indemnizar a los demandantes por los siguientes conceptos y cuantías:Página 2 de 16

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Medio de control: Reparación Directa

Demandante: Michael Steven Buriticá y otros

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Demandante: Michael Steven Buriticá y otros

Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Instancia: Segunda

▪ Por perjuicios inmateriales:

En la modalidad de perjuicios morales el equivalente a 40 SMLMV a favor de cada uno de los accionantes.

El monto equivalente a 40 SMLMV por el daño a la salud generado al conscripto como consecuencia de las lesiones sufridas.

▪ Por perjuicios materiales:

En la modalidad de lucro cesante según la pérdida de capacidad laboral del conscripto proyectada por el tiempo de su vida futura.

• Que se condene en costas a la entidad demandada.

1.2. Razón, causa o fundamento de la pretensión.

La parte actora como sustento de las pretensiones relacionó los supuestos fácticos que se sintetizan en los siguientes términos:

• El joven conscripto fue reclutado por el Ejército Nacional para la prestación d el servicio militar obligatorio cuando se encontraba en perfecto estado de salud.

• El día 16 de junio de 2018 mientras cumplía funciones de jardinería, el accionante recibió la orden de un soldado profesional para que se subiera a la ventana de un baño y acomodara una antena de DIRECTV, acción que al ser ejecutada devino en una caída por haber cedido una teja, produciendo una herida en el pómulo derecho de 7 cm, además de lesiones en sus ojos.

• Adujo que la lesión sufrida y la discapacidad física que hoy padece el conscripto

herida en el pómulo derecho de 7 cm, además de lesiones en sus ojos.

• Adujo que la lesión sufrida y la discapacidad física que hoy padece el conscripto desborda las cargas que debía soportar, pues el Estado le impuso una obligación y en su cumplimiento, sufrió una lesión propia del servicio, generando unos perjuicios que deben ser reparados.Página 3 de 16

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2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Se opuso a las pretensiones de la demanda. Precisó que el daño padecido por el soldado regular BURITICÁ BASTO no es imputable fáctica ni jurídicamente al Ejército Nacional, en la medida que no medió acción u omisión atribuible a ninguno de sus agentes. La lesión a sus derechos tuvo como origen una actuación apresurada e imprudente al subirse a un tejado y sin pre caución donde pisó una teja y cayó, situación ajena a las cargas públicas que se imponen en la prestación del servicio militar obligatorio y configura una causa extraña.

3. SENTENCIA APELADA

El Juzgado de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda. Para adoptar dicha decisión abordó los presupuestos de la responsabilidad del Estado, así como del título de imputación concluyendo que es el daño especial, para lo cual hizo un recorrido jurisprudencial, e indicó que cuand o una persona es llamada a

adoptar dicha decisión abordó los presupuestos de la responsabilidad del Estado, así como del título de imputación concluyendo que es el daño especial, para lo cual hizo un recorrido jurisprudencial, e indicó que cuand o una persona es llamada a prestar servicio militar obligatorio se ve doblegada su voluntad y por lo tanto se le impone una carga mayor a la que soportan los demás.

Teniendo en cuenta el material probatorio del expediente, el juzgado concluyó que las lesi ones que le originaron al SLR BURITICÁ una pérdida del 10 % de su capacidad laboral, tuvieron origen en su actuar imprudente y negligente – hecho de la víctima – al subirse al tejado del alojamiento sin autorización u orden alguna de superior, por lo que, no se presentaron como consecuencia de la actividad que desarrollaban como conscriptos o en desarrollo de las obligaciones que como soldados se imponen por parte de sus superiores.

Por consiguiente, estimó la configuración de un obrar reprochable de la víctima que determinó la producción del daño, lo que impide su imputación jurídica al ente demandado.

4. RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora impugnó la decisión de instancia. Expuso que debe preguntarse si en realidad la caída de un techo en la que un soldado CONSCRIPTO se vePágina 4 de 16

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inmiscuido es causa suficiente para entender que el mismo generó su propio daño,

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inmiscuido es causa suficiente para entender que el mismo generó su propio daño, atendiendo a que supuestamente no contaba con permiso para subirse a dicha altura.

Al respecto, citó un pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Quindío del 18 de diciembre de 2015, M.P. Rodríguez Reina (Rad. 2012-481), en el que, al referirse a riñas entre conscriptos, no se ha encontrado probada la culpa exclusiva de la víctima, entendiendo que, si bien puede existir una conducta reprochable del agredido, la misma no es exclusiva, ya que al demandado se le exige salvaguardar la salud de sus miembros conscriptos durante el día a día de la convivencia.

De acuerdo con lo interior, adujo que no es dable exonerar al ente demandado por la causal eximente de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima, pues al soldado demandante no debió habérsele permitido subir al tejado, situación que al ser visible y notoria debió ser impedida por el ejército, constituyéndose tal omisión en una autorización tácita o cuando menos no una prohibición expresa.

Señaló que al constituir el actuar del soldado una presunta falta disciplinaria, debieron ejercerse de forma inmed iata las obligaciones que tiene el Ej ército de disciplinar, para lo cual cita artículos de la Ley 1862 de 2017.

Por tanto, solicitó se revoque en su totalidad el fallo impugnado.

5. PRONUNCIAMIENTOS DE SEGUNDA INSTANCIA

disciplinar, para lo cual cita artículos de la Ley 1862 de 2017.

Por tanto, solicitó se revoque en su totalidad el fallo impugnado.

5. PRONUNCIAMIENTOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia dictada en las presentes diligencias de conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 y 247 del CPACA.Página 5 de 16

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Igualmente, los presupuestos procesales se encuentran reunidos y no existen causales de nulidad que invaliden lo actuado.

1.1. Resuelve manifestación de impedimento:

Obra manifestación del Dr. Alejandro Londoño Jaramillo, Magistrado de la Sala Segunda de Decisión de esta Corporación, donde se declara impedido para conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal prevista en el numeral quinto del artículo 141 del C.G.P., en razón a que al abogado de la parte actora, Dr. Mauricio Gómez Arango, es su abogado personal en un asunto que se

tramita ante el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia con radicado No.63-001333-004-2018-00342-00. Se anexó acta de audiencia inicial de dicho proceso en el que se le reconoció personería adjetiva para actuar. Así mismo, se pudo corroborar que el abogado Dr Mauricio Gómez Arango es quien representa la parte actora en este proceso (ver archivo 009 – SAMAI, entre otras actuaciones).

Así entonces, con el propósito de asegurar la imparcialidad e independencia en la administración de justicia, la ley ha establecido ciertas circunstancias de orden subjetivo y objetivo, que impiden a los funcionarios judiciales conocer de determinados asuntos. El artículo 131 numeral 3 del CPACA, determina:

TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas: (…)

3. Numeral modificado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrad os que integren otras subsecciones o secciones de conformidad con el reglamento interno.

Solo se ordenará sorteo de conjuez, cuando lo anterior no fuere suficiente. (…)

Por su parte el artículo 130 del CPACA, contempla algunas causales de

subsecciones o secciones de conformidad con el reglamento interno.

Solo se ordenará sorteo de conjuez, cuando lo anterior no fuere suficiente. (…)

Por su parte el artículo 130 del CPACA, contempla algunas causales de impedimento aplicables al proceso contencioso administrativo, además, resalta la obligación del juzgador de esta jurisdicción de declararse impedido en los casos enPágina 6 de 16

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que advierta la configuración de alguna de las causales contempladas de forma general en el Código General del Proceso artículo 141:

“Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: (…)”

“ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes: (…)

5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios.” (Resalta la Sala)

Los impedimentos y recusaciones tienen como finalidad, salvaguardar los principios de independencia de la función jurisdiccional e imparcialidad, por ende, tienen un carácter taxativo y su interpretación debe hacerse en forma restringida; en ese sentido, cuando un operador judicial, que esté conociendo de un de terminado asunto sometido a su consideración, se percate de la configuración de alguna de

carácter taxativo y su interpretación debe hacerse en forma restringida; en ese sentido, cuando un operador judicial, que esté conociendo de un de terminado asunto sometido a su consideración, se percate de la configuración de alguna de las causales de impedimento consagradas, ya sea en el artículo 130 del C.P.A.C.A. o de alguna otra contenida en el citado artículo 141 del C.G.P., debe manifestarlo en el proceso puesto a su conocimiento.

Examinado el expediente conjuntamente con la causal alegada y la prueba aportada, la Sala dual encuentra fundado el impedimento manifestado por el Magistrado del Tribunal Administrativo del Quindío, Dr. Alejandro Londoño Jaramillo, por cuanto efectivamente el abogado de la parte actora dentro del asunto de la referencia, coincide con el profesional del derecho que ostenta la calidad de apoderado judicial del prenombrado Magistrado, razón por la cual, se aceptará la manifestación de impedimento y es separado del estudio de este asunto.

Dilucidad lo anterior, se procede a proferir sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta el siguiente,

2. PROBLEMA JURÍDICO

La Sala conforme a los argumentos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación deberá resolver si: ¿Debe revocarse la decisión de instancia que denegó las pretensiones de la demanda y en su lugar condenar a la entidad demandada porque omitió ejercer conductas que hubieran impedido la causación del dañoPágina 7 de 16

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personal, constituyéndose tal omisión en una autorización tácita o cuando menos una prohibición no expresa?

3. TESIS DE LA CORPORACIÓN

La Sala confirmará la sentencia apelada en razón a que el daño alegado se produjo debido a una acción emprendida por el soldado en el ámbito de la esfera personal y no con ocasión de la prestación del servicio militar, es decir, existió rompimiento del nexo causal puesto que la lesión física fue generada por un actuar privado, ajeno y en contravía de los deberes que impone la prestación del servicio militar.

4. FUNDAMENTO JURÍDICO - FÁCTICO

Las razones que sustentan la tesis adoptada corresponden a las siguientes:

4.1. Responsabilidad Patrimonial y Extracontractual del Estado

El artículo 90 de la Consti tución Política, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, establece que éste tiene el deber de responder por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.

Conforme a lo anterior, la responsabilidad del Estado se origina cuando se causa al administrado un daño que no tiene el deber jurídico de soportar, siendo el mismo imputable a una autoridad pública. Así, de conformidad con la evolución jurisprudencial sobre el te ma, para efectos de establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, se deben corroborar los siguientes aspectos:

imputable a una autoridad pública. Así, de conformidad con la evolución jurisprudencial sobre el te ma, para efectos de establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, se deben corroborar los siguientes aspectos:

a) La existencia de un daño antijurídico, b) Que dicho daño haya sido ocasionado por la acción o la omisión de la autoridad pública, c) Que dicho daño sea imputable al EstadoPágina 8 de 16

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Frente a estos elementos debe decirse que el daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que el administrado no deba soportarlo, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”.

De otro lado la imputación corresponde a la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquier otro que permita hacer dicha asignación en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización

asignación en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

En este sentido, la jurisprudencia exige que cualquier régimen de responsabilidad patrimonial del Estado se cimiente en el principio de imputabilidad, el cual pregona que la indemnización del daño antijurídico pueda ser atribuida al Estado siempre y cuando exista el sustento fáctico y jurídico suficiente y necesario, en consideración a la actuación que razonablemente se esperaría de la Administración.

Así entonces, la responsa bilidad extracontractual del Estado puede configurarse una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación desde el ámbito fáctico y jurídico.

4.2. Responsabilidad del Estado en el caso de los conscriptos

El daño alegado proviene de una lesión que tuvo lugar cuando el demandante se desempeñaba como soldado regular del Ejército Nacional, motivo por el cual, su situación especial se rige en principio, por un régimen de imputación objetivo enPágina 9 de 16

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razón del cual se debe abordar el tema en debate. Frente al part icular, el Consejo de Estado ha ilustrado1:

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razón del cual se debe abordar el tema en debate. Frente al part icular, el Consejo de Estado ha ilustrado1:

“…Ahora bien en cuanto al título de imputación aplicable a los daños causados a soldados conscriptos, la Sala ha establecido que los mismos pueden ser i) de naturaleza objetiva –tales como el daño especial o el riesgo excepcional–, y ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada la misma.

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sección2 puntualizó:

“Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuen cia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas 3; el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando éste proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos ; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala:

“... demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él,

2000, dijo la Sala:

“... demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquél es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se cree n como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando éste haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada”4 (negrillas adicionales).

En consecuencia, frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares, en la medida en que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servi cio que no

1 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 16 de julio de 2015. Rad. 52001-23-31-000-2001-00860-01(33465). CP. Hernán Andrade Rincón. 2 Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, S.C.a., Sección Tercera, sentencias del 30 de julio de 2008, Exp. 18725, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 15 de octubre de 2008. Exp. 18586 C.P. Enrique Gil Botero. 3 En sentencia de 10 de agosto de 2005, Exp. 16205, la Sala al resolver la demanda instaurada con

18586 C.P. Enrique Gil Botero. 3 En sentencia de 10 de agosto de 2005, Exp. 16205, la Sala al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridas por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su supe rior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: “...la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la Administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el Comandante del Escuadrón B de Contraguerrillas de registro del área general del Mun icipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho”.

4 Expediente 11401.Página 10 de 16

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es nada distinto a la imposición de una carga o un deber público, resulta claro que la organización estatal debe responder, bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídi ca de soportar el soldado; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estaría sometido, y

ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídi ca de soportar el soldado; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estaría sometido, y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produ ce el resultado perjudicial.5

Asimismo, en relación con los conscriptos, el principio iura novit curia determina que el juzgador debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado con fundamento en uno cualquiera de los títulos de imputación antes mencionados; además, no debe perderse de vista que, en tanto la Administración Pública imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del soldado en la medida en que se trata de una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado, pues en determinadas situaciones lo pone en una posición de riesgo, lo cual, en términos de imputabilidad, significa que debe responder por los daños que le sean irrogados en relación con la ejecució n de la carga pública…” (Destaca la Sala)

De acuerdo con lo expuesto, se ha considerado que en tanto las personas tengan el deber de prestar el servicio militar obligatorio, la Administración está obligada a garantizar su integridad sicofísica; en tal virtud, si aquellos no regresan en similares condiciones a las que tenían cuando ingresaron, para el Estado surge la obligación de reparar «los daños cuya causa esté vinculada con la prestación del servicio y excedan la restricción de los derechos y libert ades inherentes a la condición de militar»6.

condiciones a las que tenían cuando ingresaron, para el Estado surge la obligación de reparar «los daños cuya causa esté vinculada con la prestación del servicio y excedan la restricción de los derechos y libert ades inherentes a la condición de militar»6.

Por consiguiente, en atención a las circunstancias concretas en que se produjo el hecho, la jurisprudencia, en aplicación del principio iura novit curia, ha establecido que la Administración puede responder con fundamento en el régimen de daño especial, cuando el resultado lesivo se produjo como consecuencia del rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas; bajo el de falla del servicio, cuando la irregularidad administrativa fue la causante del daño y, bajo el de riesgo excepcional, cuando aquel provino de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura fueren peligrosos; sin embargo,

5 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008. Exp. 18586, C.P. Enrique Gil Botero. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 1° de marzo de 2006, exp. 16308. M.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, exp. 18586. M.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2009, exp. 17839. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.Página 11 de 16

Referencia: Sentencia

sentencia del 4 de febrero de 2009, exp. 17839. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.Página 11 de 16

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cuando el resultado lesivo se hubiere producido por el hech o exclusivo de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, el daño no será imputable al Estado, debido al rompimiento del nexo causal.

4.3. No todo daño padecido por un soldado conscripto debe ser reparado por el Estado

Al Estado únicamente le corresponde asumir y reparar los daños antijurídicos que se causen con ocasión de la prestación del servicio militar, es decir, los que se presenten en razón de las restricciones de los derechos y libertades que resultan inherentes a l ejercicio de la actividad militar , de manera que actuaciones que desborden esta relación o, en otras palabras, se produzcan con ocasión de un actuar propio o de la esfera privada o personal no le resulta imputable al Estado.

Así lo ha resaltado la jurisprudencia:

“Con todo, debe reiterarse que no todo daño causado a los conscriptos resulta imputable de manera automática al Estado, sino solo aquellos que sean atribuibles desde el punto de vista fáctico y jurídico, es decir, que solo habrá reparación si se demuestra que las lesiones estuvieron relacionadas con la prestación del servicio militar obligatorio y, a su vez, si se constata la existencia

atribuibles desde el punto de vista fáctico y jurídico, es decir, que solo habrá reparación si se demuestra que las lesiones estuvieron relacionadas con la prestación del servicio militar obligatorio y, a su vez, si se constata la existencia de un título jurídico de imputación que le brinde fundamento a la responsabilidad, (…).”7

4.4. Caso Concreto

De conformidad con el material probatorio y para los efectos que interesan a la litis se encuentra probado que8:

a) El señor Michael Steven Buriticá es hijo de la señora Floreni Basto Guerrero, padre del menor de edad Felipe Buriticá Pérez junto con Aura Vanesa Pérez, y hermano de Jorge Manuel Buriticá Basto y Luis Fernando Guerrero Basto.

7 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUB. A, C.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), Rad. 52001-23-31-000-2007-00467-02(60405) 8 Anexo B contenido dentro de la Carpeta A; anexo C contenido dentro de la Carpeta C; y, anexo C contenido dentro de la carpeta D del expediente One Drive,Página 12 de 16

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b) Según historia Clínica allegada, el 16 de junio de 2018 es valorado por el servicio de urgencias del Dispensario médico del Batallón, por una caída y

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b) Según historia Clínica allegada, el 16 de junio de 2018 es valorado por el servicio de urgencias del Dispensario médico del Batallón, por una caída y golpe con posterio r herida abierta en cara. Toman sutura y prescriben analgésicos y antibióticos.

c) El 1º de septiembre de 2018 es valorado por Dermatólogo quien determina como secuelas una cicatriz en L de 2.5 cm por 1.5 cm en región malar derecha y zigomática derecha.

d) Según dictamen pericial de medicina ocupacional rendido por la Dra. María Cristina Cortés, el señor Buriticá tiene una pérdida de la capa