TA QUI - 63001-3333-006-2018-00424-03-(26-09-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Sala Segunda Dual Especial de Decisión

Magistrado Ponente: JUAN CARLOS BOTINA GÓMEZ

Armenia, veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Sentencia Radicado: 63001-3333-006-2018-00424-03

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Magda Patricia Herrera Valencia

Demandado: Nación – Fiscalía General

Instancia: Segunda

ASUNTO

El Tribunal procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada el día 24 de septiembre de 2024 por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Manizales.

I. PARTE DESCRIPTIVA

1. IDENTIFICACION EL TEMA DE DECISION1

1.1. Objeto de la demanda

La parte actora solicitó que se inaplique por ilegal la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1º, del Decreto 0382 del 06 de marzo del año 2013, modificado por el

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Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Magda Patricia Herrera Valencia

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Instancia: Segunda

Radicado: 63001-3333-006-2018-00424-03

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Magda Patricia Herrera Valencia

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Instancia: Segunda

Decreto 1270 del año 2015 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y con fundamento en lo anterior:

➢ Se declare la nulidad parcial del Oficio o Resolución SRAEC -31100204300284 del 15 de marzo de 2018, expedido por la Subdirección Regional de Apoyo – Eje Cafetero de la Fiscalía General de la Nación, que negó el reconocimiento, pago e indexación de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 del año 2013 como factor salarial a la hora de liquidar la totalid ad de sus prestaciones sociales, desde el 01 de enero del 2013 y hasta la fecha en que se hiciera efectivo el reconocimiento y pago de dicha prestación.

➢ Se declare la nulidad del acto administrativo Resolución 2-1520 del 23 de mayo de 2018, proferido por la Subdirectora de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, que resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la Resolución primigenia.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho , se ordene al ente demandado:

• A reconocer y pagar en su favor la bonificación judicial como factor salarial que incide para liquidar todas las prestaciones devengadas y las que se causen a futuro desde enero de 2013, esto es, con incidencia en la prima de servicios, prima de productividad, prima de vacaciones, vacaciones, prima de

que incide para liquidar todas las prestaciones devengadas y las que se causen a futuro desde enero de 2013, esto es, con incidencia en la prima de servicios, prima de productividad, prima de vacaciones, vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, cesantías e intereses a las cesantías, prima especial de servicios y demás emolumentos que por la Constitución y la ley correspondan, así como las diferencias e indexación sobre los valores causados, sin limitación alguna de la sumas que resulten de l as respectivas liquidaciones o las que resulten probadas dentro del proceso en favor de la parte demandante.

• A indexar la suma de dinero a la que tiene derecho desde el momento de su causación, hasta la fecha en que se realice el respectivo reconocimiento y pago solicitado en favor de la parte actora.Page 3 of 26

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Demandante: Magda Patricia Herrera Valencia

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Instancia: Segunda

1.2. Razón, causa o fundamento de las pretensiones.

Señaló que se encuentra vinculada a la Fiscalía General de la Nación desde el 6 de julio de 1994, actualmente en el cargo de Profesional de Gestión II , adscrito a la Dirección Seccional Quindío de esta ciudad.

Indicó que el acuerdo sobre la nivelación salarial que conllevó a la expedición del Decreto 0382 del año 2013, modificado por el Decreto 1269 del año 2015 , creó la denominada «bonificación judicial» con una incidencia prestacional desde el 1º de

Decreto 0382 del año 2013, modificado por el Decreto 1269 del año 2015 , creó la denominada «bonificación judicial» con una incidencia prestacional desde el 1º de enero del año 2013, sin embargo, del mismo se evidenciaron vicios de ilegalidad al señalar en su contenido que únicamente constituiría factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Adujo que en virtud de lo anterior, elevó derecho de petición ante el ente accionado donde solicitó el reconocimiento, pago e indexación de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 del año 2013 como factor salarial al momento de liquidar la totalidad de sus prestaciones sociales, desde el primero de enero del 2013 y hasta la fecha en que se hiciera efectivo el reconocimiento y pago de dicha prestación ; solicitud que fue negada aun después de impugnar el acto administrativo primigenio.

Afirmó que no reconocer el carácter salarial de la bonificación judicial creada a través del Decreto 382 de 2013 es contrario a la Constitución Política en su artículo 53, específicamente en lo relacionado con el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, en virtud del cual debe reconocerse como salario aquellas sumas canceladas a los trabajadores cuando las mismas se perciban en forma habitual y periódica como retribución por los servicios sin importar la denominación que se les dé.

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora consideró que los actos administrativos demandados vulneraron la siguiente normativa:Page 4 of 26

Referencia: Sentencia Radicado: 63001-3333-006-2018-00424-03

La parte actora consideró que los actos administrativos demandados vulneraron la siguiente normativa:Page 4 of 26

Referencia: Sentencia Radicado: 63001-3333-006-2018-00424-03

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Demandante: Magda Patricia Herrera Valencia

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Instancia: Segunda

• Artículo 138 de la ley 1437 de 2011.

• Decreto 1716 del año 2009. - Decreto 0383 de 2013, modificado por el Decreto 1269 del año 2015.

El apoderado de la parte actora cit ó sentencia del 21 de octubre de 2011 proferida por la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado dentro del expediente No 52001 -2331-000-2003-00451-01 (1016 -09), para señalar que, conforme lo indica la Alta Corporación, constituye salario todo lo que recibe el servidor público como retribución por sus servicios de manera habitual y periódica, sea cualquiera la denominación que se le dé : por lo que, considera la bonificación judicial como un elemento salarial, q ue constituye salario, máxime cuando se toma como un mejoramiento económico para el empleado público judicial, por su pago habitual junto con el salario básico (cada mes), mediante el cual se hace un reajuste a los salarios devengados por los servidores ju diciales, y a esta misma bonificación salarial se le realizan descuentos para salud y pensión, lo que conlleva, que se confirme su concepto de elemento – factor salarial, como lo determina el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

salarial se le realizan descuentos para salud y pensión, lo que conlleva, que se confirme su concepto de elemento – factor salarial, como lo determina el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

Señaló que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ya ha reconocido derechos laborales de este tipo, citando como ejemplo a los honorables magistrados a nivel nacional, frente a los cuales se reconoció como factor salarial la bonificación por compensación judicial, citando como fundamento el artículo 53 de la Constitución Política y la extensa normatividad de derecho internacional OIT, que al respecto han protegido los derechos laborales, mismos que son irrenunciables.

2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA2

La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, y para ello expuso que la bonificación judicial establecida en el Decreto 382 de 2013, responde a un proceso de negociación laboral adelantado con los representantes de las agremiaciones sindicales de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, quienes estuvieron de acuerdo con su naturaleza de factor salarial únicamente para la “Base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de

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Demandante: Magda Patricia Herrera Valencia

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Instancia: Segunda

Seguridad Social en Salud” . Los propios funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación designados para participar en la

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

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Seguridad Social en Salud” . Los propios funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación designados para participar en la referida negociación, destacaron que la distribución realizada en el Decreto 382 de 2013 garantizó los criterios de equidad, g radualidad y proporcionalidad de los ingresos totales de sus respectivos servidores, así como la jerarquía y complejidad funcional de los empleos.

Expuso que el Decreto 382 de 2013 cumple con todos los requisitos para ser considerado constitucional, tanto en el plano formal como en el material, por lo que, no resulta factible que el juzgador aplique la excepción de inconstitucionalidad, a todas luces improcedente.

Propuso las excepciones de nominadas i) constitucionalidad de la restricción de carácter salarial, ii) aplicación del mandato de sostenibilidad fiscal en el Decreto 382 de 2013, iii) legalidad del fundamento normativo particular, iv) cumplimiento de un deber legal, v) cobro de lo no debido, vi) prescripción de los derechos laborales, vii) buena fe, y la viii) genérica.

3. SENTENCIA APELADA3

El Juez Quinto Administrativo del Circuito de Armenia profirió sentencia de primera instancia el 9 de mayo de 2025 donde resolvió: i) Inaplicar para el caso concreto, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad prevista en la Constitución Política, la frase « y constituirá únic amente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de salud» contenida en el artículo

en virtud de la excepción de inconstitucionalidad prevista en la Constitución Política, la frase « y constituirá únic amente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de salud» contenida en el artículo 1 del Decreto 383(Sic) de 2013 y sus decretos modificatorios; ii) Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio SRAEC-31100-20430-0284 del 15 de marzo de 2018, y Resolución No. 2-1520 del 23 de mayo de ese mismo año, a través de los cuales se negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y se confirmó en apelación respectivamente; iii) Declarar probada la excepción de prescripción respecto de las prestaciones causadas con anterioridad al 5 de marzo de 2015. A título de restablecimiento del derecho condenó a la Nación – Fiscalía General de la Nación a reconocer al demandante, iv) el carácter salarial

3 Anexo 039 del expediente digital SamaiPage 6 of 26

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Demandante: Magda Patricia Herrera Valencia

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Instancia: Segunda

de la bonificación judicial y su inclusión en la liquidación de las prestaciones sociales devengadas, de acuerdo a los cargos desempeñados (Bonificación por servicios prestados – Prima de servicios – Prima de productividad – Vacaciones – Prima de vacaciones – Prima de navidad – Cesantías – Intereses de Cesantías); desde el 5 de marzo de 2015 y, a futuro, mientras continúe vigente su relación laboral, siempre

prestados – Prima de servicios – Prima de productividad – Vacaciones – Prima de vacaciones – Prima de navidad – Cesantías – Intereses de Cesantías); desde el 5 de marzo de 2015 y, a futuro, mientras continúe vigente su relación laboral, siempre que subsistan las condiciones de ley para acceder a tales prestaciones y que la entidad demandada no haga tal reconocimiento a motu proprio; entre otras.

Como fundamento de su decisión hizo referencia al tema de la bonificación judicial señalada en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, el cual preceptúa que la bonificación judicial creada se reconocería mensualmente y constituiría únicamente factor salaria l para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en salud.

En ese sentido, señala que, la bonificación de que trata el Decreto 383 y 382 de 2013, fue instituida con la finalidad de nivelar la remuneración de los empleados de la Rama Judicial, lo que se traduce en la retribución de los servicios prestados por los funcionarios y empleados de la entidad demandada.

Hace referencia al concepto de salario, y para ello trae a colación el artículo 53 de la Constitución Política, que facultó al Congreso de la Republica para expedir el estatuto del trabajo teniendo como pilares mínimos la igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles . Asimismo, dispuso que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación

mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles . Asimismo, dispuso que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna al mismo tenor estableció «La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la digni dad humana ni los derechos de los trabajadores». Por lo tanto, afirma que el bloque de constitucionalidad, los tratados y convenios internacionales son aplicables y de obligatorio cumplimiento como parámetro de legalidad en las ac tuaciones del Estado, es así, que su inobservancia vulnera flagrantemente la Constitución.Page 7 of 26

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Trae a colación el Convenio sobre la protección del salario N°095 de 1949 el cual en su artículo 1 preceptuó sobre el concepto de salario como aquella remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.

Precisa que, conforme a lo anterior, si un emolumento es percibido por el empleado de manera esporádica, casual o sin periodicidad no constituye salario, por el

servicios que haya prestado o deba prestar.

Precisa que, conforme a lo anterior, si un emolumento es percibido por el empleado de manera esporádica, casual o sin periodicidad no constituye salario, por el contrario, si es percibido de forma habitual o periódica, constituye salario, siendo una variable indispensable para su determinación la frecuencia o periodicidad con que se recibe.

En cuanto al tema específico de las bonificaciones habituales, indicó que la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en afirmar que tales bonificaciones tienen el carácter constitutivo de salario, razón por la cual, deben ser tenidas en cuenta al momento de liquidar los salarios y prestaciones sociales.

Así las cosas, considera que constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable sino todo lo que percibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio prestado, independientemente de la denominación que esta tenga, tales como, primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio y/o porcentajes sobre ventas o comisiones, por ende, es dable concluir que la bonificación judicial constituye salario.

En ese sentido, expresó que conforme a lo dispuesto por el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el legislador autorizó al Gobierno Nacional para que revisara el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad, y, en el Decreto 0383 y 0382 de 2013, se creó para los servidores de la Rama Judicial y Fiscalía una bonificación judicial, la cual se

atendiendo criterios de equidad, y, en el Decreto 0383 y 0382 de 2013, se creó para los servidores de la Rama Judicial y Fiscalía una bonificación judicial, la cual se reconoce mensual mente y constituye únicamente factor salarial para la base dePage 8 of 26

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cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema de Seguridad Social en Salud.

Mencionó que el Gobierno Nacional, en uso de su facultad reglamentaria limitó su connotación de factor salarial, desnaturalizando la lógica y el sentido de la Ley 4° de 1992, la cual desarrolló o reglamentó con su creación, por lo que, esta limitación no solo infringe el objetivo que ésta le había impuesto a la nivelación salarial de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, sino que vulnera flagrantemente el artículo 53 de la Carta Suprema.

Hizo referencia a la excepción de inconstitucionalidad e indica que esta figura jurídica debe ser aplicada cuando se vislumbre una clara contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango constitucional, caso en el cual imperan las garantías constitu cionales cuyos efectos se circunscriben únicamente al asunto particular y específico que se alega.

De esta manera, consider ó que, al ser la restricción prevista en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, desconocedora de los mandatos de optimización contenidos

particular y específico que se alega.

De esta manera, consider ó que, al ser la restricción prevista en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, desconocedora de los mandatos de optimización contenidos en la Ley que desarrolla, vulnera al demandante los derechos a la remuneración mínima, vital y móvil, a la favorabilidad laboral y progresividad, entre otros. Por consiguiente, señaló la necesidad de inaplicar por inconstitucional la expresión «…constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social y al Sistema General de la Seguridad Social en Salud (…)» contenida en el artículo 1º del Decreto 038 2 del 06 de marzo de 2013, con el fin de que se tenga la bonificación judicial que devengó la parte demandante, como factor salarial para todos los efectos salariales y prestacionales.

Concluyó que, la bonificación judicial descrita en el Decreto 038 2 de 2013, reviste carácter salarial y tiene incidencia directa en todos los emolumentos que percibió la demandante, ello por cuanto, tal emolumento se causó de forma permanente y sucesiva, de allí, que resulte imperiosa la obligación de reliquidar las pres taciones sociales y salariales con base en la totalidad del salario que ha devengado.Page 9 of 26

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4. RECURSO DE APELACIÓN 4

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Instancia: Segunda

4. RECURSO DE APELACIÓN 4

La parte demanda da apeló la decisión de instancia. Como argumentos de su inconformidad expresó que las disposiciones contenidas en el Decreto 382 de 2013, son producto de la facultad legal que es otorgada al Gobierno Nacional desde la Constitución Política de Colombia y Ley 4ª de 1992, para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional de los servidores públicos, por lo que de manera formal esta disposición goza de plena validez y eficacia jurídica, encontrándose amparada por el principio de legalidad, más aún bajo el entendido que a la fecha dicha disposición no ha sido objeto de derogación o declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, por lo que a la Fiscalía General de la Nación no le es posible modificar de alguna forma la norma, la interpretación o la aplicación de la misma.

Resaltó que no existe a nivel nacional norma alguna en la que se indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales que reciba, y que el concepto de salario fijado en el Art. 1 del Convenio No. 95 de la OIT debe ser adoptado únicamente para determinar el alcance de las disposiciones de ese mismo convenio, por lo que no es dable otorgarle un alcance mayor como lo hizo el A Quo.

Igualmente adujo, que en los artículos 127 y 128 del C.S.T. se delimita el concepto de salario, por lo que se debe analizar que si bien un pago puede ser habitual ello

Igualmente adujo, que en los artículos 127 y 128 del C.S.T. se delimita el concepto de salario, por lo que se debe analizar que si bien un pago puede ser habitual ello no implica que a dicho valor se le deba otorgar un reconocimiento automático de ser base de liquidación de pr estaciones sociales y demás emolumentos laborales que percibe un empleado , pues tanto en la norma como en la jurisprudencia se observa la facultad del legislador para determinar cuál pago se incluye o no, dentro de las bases de liquidación de otros factores.

Reiteró que existen numerosas sentencias proferidas por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado en las que se ratifica que el legislador o quien haga sus veces, cuenta con la discrecionalidad de determinar qué factores salariales deben ser tenidos en c uenta como bases para la liquidación de prestaciones sociales o demás conceptos laborales, por lo que si bien el juzgador citó varia jurisprudencia

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en la que se avala que el concepto de salario es amplio, esto no quiere decir que son los únicos soportes jurisprudenciales, pues se deben sopesar las dos posturas.

Manifestó que no se desconoce el principio de progresividad como el Despacho lo indica, pues la bonificación judicial nació como una retribución adicional a lo que antes se había normado, por lo que, por lo contrario, la bonificación judicial obedece

Manifestó que no se desconoce el principio de progresividad como el Despacho lo indica, pues la bonificación judicial nació como una retribución adicional a lo que antes se había normado, por lo que, por lo contrario, la bonificación judicial obedece directamente al mismo ; haciendo hincapié en que ello fue resultado de una negociación colectiva que desarrolla los Convenios de la OIT y la jurisprudencia constitucional, los cuales reconocen la posibilidad de que los servidores públicos intervengan en la definición de sus “Condiciones de empleo” sin que se alteren los mínimos legales; en virtud de ello en esta ocasión lo concertado fue la concesión de una retribución adicional que antes no existía, siendo preciso además que las partes de la negoción, es decir por una parte los representantes de los trabajadores de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, y por otra los representantes del Gobierno Nacional, acordaron que dicha bonificación judicial tendría efectos salariales restringidos, tal y como s e puede advertir claramente en las actas de reunión de la mesa técnica paritaria.

Afirmó que la bonificación judicial fue creada y diseñada sobre la base de unos recursos específicos que destinó el Gobierno Nacional para cubrir los efectos de dicha concertación, atendiendo el mandato constitucional de sostenibilidad fiscal, por lo que afectar los efectos salariales que desde su creación se le otorgó a esta retribución provocaría que se ordenar a la disposición de recursos públicos adicionales para sufragar necesidades no proyectadas con anterioridad, desbordando el presupuesto destinado para solventarlo lo que podría conllevar una crisis fiscal del Estado Colombiano.

En tal sentido, solicitó se revoque la decisión de instancia y en su lugar se nieguen

desbordando el presupuesto destinado para solventarlo lo que podría conllevar una crisis fiscal del Estado Colombiano.

En tal sentido, solicitó se revoque la decisión de instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

5. PRONUNCIAMIENTOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.Page 11 of 26

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II. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER

1. COMPETENCIA

El Tribunal declaró ser el juez natural del asunto en segunda instancia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 y 247 del CPACA.

Se considera que los presupuestos procesales se encuentran reunidos, por lo que no hay entonces inconvenientes de ninguna naturaleza, ni existen causales de nulidad que invaliden lo actuado.

Por lo tanto, se procede a emitir sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta el siguiente,

2. PROBLEMA JURÍDICO

Las razones aducidas por la parte recurrente en la sustentación de la apelación delimitan la competencia funcional del Juez en segunda instancia, por lo que le corresponde a la Sala establecer si: ¿Se debe revocar la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda? Y en tal sentido deberá dilucidar si ¿ la parte demandante en calidad de empleada de la

corresponde a la Sala establecer si: ¿Se debe revocar la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda? Y en tal sentido deberá dilucidar si ¿ la parte demandante en calidad de empleada de la Fiscalía General de la Nación tiene derecho a que la bonificación judicial creada a partir del Decreto 0 382 de 2013 y que devenga mensualmente, se constituya en factor salarial para liquidar sus prestaciones sociales , con la consecuente reliquidación en los términos pretendidos en la demanda , o si dicha disposición conforme lo aduce la entidad , solo fue concebida como factor salarial para cotizaciones a salud y pensión?

Igualmente se deberá dilucidar si: ¿Resulta procedente dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad sobre la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud» del Decreto 382 de 2013 y los que lo modifican, tal como lo hizo el A Quo?Page 12 of 26

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3. TESIS DE LA SALA

El Tribunal sostendrá que, la frase contenida en el artículo 1º del Decreto 382 de 2013 y aquellos decretos que lo modifican, consistente en «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud », resulta contraria a principios y

2013 y aquellos decretos que lo modifican, consistente en «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud », resulta contraria a principios y garantías constitucionales y desconoce el efecto útil de la norma en la que fue concebida, razón por la cual, los servidores de la Fiscalía General de la Nación que devengan la mencionada prestación tienen derech o a la reliquidación de sus prestaciones sociales incluyendo la bonificación judicial como factor salarial. En tal sentido, se confirmará la decisión de primera instancia.

4. FUNDAMENTO JURÍDICO – FÁCTICO

Las razones que sustentan la tesis expuesta son las siguientes:

4.1. Lo probado en el proceso.

• La señora Magda Patricia Herrera Valencia, ha sido servidora de la Fiscalía General de la Nación desde el 6 de julio de 1994, devengando la bonificación judicial del Decreto 382 de 2013 desde el 1 de enero de 2013. (Anexo 033 del expediente digital Samai)

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