TA QUI - 63001-3333-006-2022-000504-01-(30-05-2024)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Sala Segunda de Decisión

Magistrado Ponente: JUAN CARLOS BOTINA GÓMEZ

Armenia, Quindío, Treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Sentencia Radicado: 63001-3333-006-2022-000504-01

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Fredy Giovani Castillo Guzmán

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Instancia: Segunda

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, en contra de la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023), por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia Quindío, mediante la cual accedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. PARTE DESCRIPTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA DE DECISIÓN1

1.1. Objeto de la demanda

Pretende la parte actora que se declare la nulidad del acto administrativo No 2021311000422631 de fecha 02 de marzo de 2021 y como consecuencia de dicha declaración y a título de restablecimiento del derecho se condene a la entidad a reconocer el subsidio familiar regulado en el Decreto 1794 de 200 0, correspondiente al 4% del salario básico más prima de antigüedad, por ser más beneficioso que lo regulado en el Decreto 1161 de 2014.

reconocer el subsidio familiar regulado en el Decreto 1794 de 200 0, correspondiente al 4% del salario básico más prima de antigüedad, por ser más beneficioso que lo regulado en el Decreto 1161 de 2014.

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Demandante: Fredy Giovani Castillo Guzmán Demandado: Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional Solicitó el reconocimiento del subsidio familiar desde la fecha en que contrajo matrimonio, es decir desde el 18 de oct ubre de 2013 y el pago ajustado de las diferencias causadas entre lo reconocido por tal concepto según el Decreto 1161 de 2014 y lo que se debió cancelar de acuerdo al Decreto 1794 de 2000, conforme al IPC.

Pidió además ordenar el cumplimiento de la sente ncia en los términos de los artículos 192 a 195 del CPACA, el pago de los intereses moratorios y condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.2. Razón, causa o fundamento de la pretensión

Como sustento fáctico sostuvo que es soldado profesional de las Fuerzas Militares y que contrajo matrimonio civil con Laura Yamile Hernández Reyes el 18 de octubre de 2013 y por ello informó el cambio de estado civil a sus superiores.

Adujo que el Decreto 1794 de 2000 reguló el subsidio familiar en el artículo 11, el cual fue derogado por el Decreto 3770 de 2009 que a su vez fue declarado nulo por

Adujo que el Decreto 1794 de 2000 reguló el subsidio familiar en el artículo 11, el cual fue derogado por el Decreto 3770 de 2009 que a su vez fue declarado nulo por el Consejo de Estado mediante sentencia proferida en el proceso con radicado 0686-2010.

Expresó que en atención a la fecha de su matrimonio le asiste derecho al reconocimiento del subsidio familiar del Decreto 1794 de 2000 que es más beneficioso, pero el Ejército Nacional le reconoció el mismo emolumento regulado en el Decreto 1161 de 2014.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda . Para el efecto argumentó que al demandante se le ha reconocido el subsidio familiar con fundamento en el Decreto 1164 de 2014, sin que haya lugar a su liquidación con fundamento en el Decreto 1794 de 2000 . Agregó que no es posible aplicar el principio de igualdad porque los sujetos pasivos de la norma no son iguales, pues la ley establece

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Demandante: Fredy Giovani Castillo Guzmán Demandado: Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional funciones específicas y diferentes para el militar oficial y suboficial y para el soldado profesional.

Señaló que el acto administrativo demandado fue expedido por la Entidad de conformidad con la legislación que regula el tema, motivado única y exclusivamente por la voluntad del interesado, y por ende se presume legal.

profesional.

Señaló que el acto administrativo demandado fue expedido por la Entidad de conformidad con la legislación que regula el tema, motivado única y exclusivamente por la voluntad del interesado, y por ende se presume legal.

De otro lado propuso las excepciones denominadas i) inexistencia de ilegalidad o nulidad de los actos administrativos demandados

3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA3

El Juzgado de instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para ello abordó el material probatorio y el régimen salarial y prestacional de los soldados voluntarios y profesionales.

Se refirió a la regulación del subsidio familiar y a los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia y conforme a ello concluyó que el señor Fredy Giovani Castillo Guzmán presta sus servicios en el Ejército Nacional como soldado profesional y le fue reconocido subsidio familiar a través de la OAP -EJE No. 2024 del 30 de sept iembre de 2014, con novedad fiscal 23 de julio de 2014, en un porcentaje del 23%; 20% por el matrimonio civil con la señora Laura Yamile Hernández Reyes celebrado el 18 de octubre de 2013, y 3% por su hijo ASCH, quien nació el 12 de enero de 2010 . Concluyó que al demandante le asiste el derecho al reajuste del subsidio según el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, esto es, al 4% del salario básico mensual más la prima de antigüedad, teniendo en cuenta los efectos ex tunc de la sentencia del 08 de junio de 2017 proferida en el asunto

del salario básico mensual más la prima de antigüedad, teniendo en cuenta los efectos ex tunc de la sentencia del 08 de junio de 2017 proferida en el asunto radicado 11001-03-25-000-2010-00065-00 mediante la cual se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 “por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones”, pues con dicha deci sión se revivió el contenido de esta norma, como si nunca hubiese desaparecido, situación que a su juicio otorga el derecho a su aplicación a los soldados profesionales que contrajeron matrimonio o declararon su unión marital de hecho a partir del 14 de septiembre de 2000 y hasta antes del 24 de junio de 2014.

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Demandante: Fredy Giovani Castillo Guzmán Demandado: Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional Conforme a lo anterior declaró la nulidad del acto acusado y condenó a la entidad al reconocimiento y pago a favor del demandante del subsidio familiar regulado en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2 000, con efectos fiscales a partir del 15 de febrero de 2017 y hasta que se retire del servicio, previa compensación de las sumas pagadas por concepto de subsidio familiar conforme al Decreto 1161 de

2014.

4. LA IMPUGNACIÓN4

Replicó lo expuesto en el escrito de contestación y agregó que el demandante no

sumas pagadas por concepto de subsidio familiar conforme al Decreto 1161 de 2014.

4. LA IMPUGNACIÓN4

Replicó lo expuesto en el escrito de contestación y agregó que el demandante no cumplió los requisitos para la aplicación del Decreto 1794 de 2000 en relación con el reconocimiento del subsidio familiar, pues no era casado ni tenía unión marital de hecho vigente, y ello implicaba solo una expectativa de poder acceder al derecho con la regulación existente.

De otro lado expresó no estar conforme con la prescripción declarada, indicando que ésta debe operar en forma trienal y solicitó revocar la decisión apelada.

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

• De la parte demandante: Guardó silencio. - De la parte demandada: No se pronunció. - Concepto del Ministerio Público: No emitió concepto en esta instancia.

II. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER

1. COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 y 247 del CPACA, esta Corporación se declaró competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

Igualmente, se considera que los presupuestos procesales se encuentran reunidos y no existen causales de nulidad que invaliden lo actuado.

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Demandante: Fredy Giovani Castillo Guzmán

Demandado: Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional

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Demandante: Fredy Giovani Castillo Guzmán Demandado: Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional Por lo tanto, se procede a emitir sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta el siguiente,

2. PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo con los argumentos de la apelación5, ¿Se debe revocar la decisión de instancia que le reconoció al demandante en calidad de soldado profesional el emolumento denominado subsidio familiar con base en lo dispuesto en el Decreto 1794 de 2000 y la decisión del H. Consejo de Estado del 08 de junio de 2017 que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 y revivió los efectos del artículo 11 de dicha disposición, bajo la consideración que según el demandado el reconocimiento hecho por la entidad conforme al Decreto 1161 de 2014 fue el legal?.

De reconocerse que el reconocimiento del derecho por parte del juez de instancia fue el adecuado, la prescripción debe modificarse de cuatrienal a trienal?

3. TESIS DE LA CORPORACIÓN

Esta Corporación sostendrá que le asiste derecho al demandante al reconocimiento del subsidio familiar según el art. 11 del Decreto 1794 de 2000 en virtud que la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 08 de junio de 2017 declaró con efectos ex tunc la nulidad del Decreto 3770 de 2009 y revivió los efectos del citado precepto normativo, lo que implica que éste no haya salido del ordenamiento jurídico y sea aplicable al caso del demandante quien cumplió los requisitos para el

precepto normativo, lo que implica que éste no haya salido del ordenamiento jurídico y sea aplicable al caso del demandante quien cumplió los requisitos para el efecto. Además, se advierte que en este caso operó el fenómeno de prescripción

5 Código General del Proceso. Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir e l recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.Página 6 de 16

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Demandante: Fredy Giovani Castillo Guzmán Demandado: Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional cuatrienal conforme a la normatividad aplicable al asunto , razones que llevan a confirmar la sentencia de primera instancia.

4. FUNDAMENTO JURÍDICO – FÁCTICO

Demandado: Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional cuatrienal conforme a la normatividad aplicable al asunto , razones que llevan a confirmar la sentencia de primera instancia.

4. FUNDAMENTO JURÍDICO – FÁCTICO

Las razones para resolver el problema jurídico planteado y sustentar la tesis expuesta son las siguientes:

4.1. De lo probado en el proceso6

De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente , la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

✓ Que el demandante prestó servicio militar en el Ejército Nacional desde el 24 de noviembre de 2003 y fue incorporado como soldado profesional desde el 01 de noviembre de 20057.

✓ Que al demandante le fue reconocido en servicio el emolumento subsidio familiar en un porcentaje del 23% de la asignación mensual8.

✓ Que el señor Fredy Giovani contrajo matrimonio con la señora Laura Yamile Hernández Reyes el 18 de octubre de 20 13 y es padre del menor de edad Andrés Santiago Castillo Hernández quien nació el 12 de enero de 2010 según registro civil No 438228419.

✓ Que la parte actora presentó derecho de petición el día 15 de febrero de 2021 ante la entidad demandada, solicitando el reconocimiento del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000 al considerarlo más beneficioso que el dispuesto en el Decreto 1161 de 2014. En ese orden pidió el pago indexado del retroactivo y diferencias causadas hasta la fecha de reconocimiento del nuevo subsidio10.

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del retroactivo y diferencias causadas hasta la fecha de reconocimiento del nuevo subsidio10.

6 Índice 2 SAMAI 7 Pág. 35 8 Pág. 37 9 Pág. 22-24 10 Pág. 14-20Página 7 de 16

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Demandante: Fredy Giovani Castillo Guzmán Demandado: Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional ✓ Que mediante oficio No. 2021311000422631 del 02 de marzo de 2021 , la entidad demandada dio respuesta negat iva a la petición incoada por el demandante11.

4.2. Régimen Salarial y Prestacional de los Soldados ProfesionalesSubsidio Familiar.

La Fuerza Pública, por mandato constitucional expreso, cuenta con un régimen prestacional propio, pues así lo determinó el constituyente de 1991 en los artículos 150 numeral 19 literal e)12 y 21713.

En lo atinente al subsidio familiar, se tiene que el mismo fue creado mediante el Decreto-Ley 325 de 1959 para los Of iciales y Suboficiales en servicio activo que debían sostener su hogar o que tenían hijos que dependieran económicamente de ellos. Este auxilio fue sostenido para tales grados mediante los Decretos 2337 de 1971, 612 de 1977, 89 de 1984, 95 de 1989 y 1211 de 1990.

Tratándose de los soldados profesionales, fue el Decreto 1793 de 2000 el que

1971, 612 de 1977, 89 de 1984, 95 de 1989 y 1211 de 1990.

Tratándose de los soldados profesionales, fue el Decreto 1793 de 2000 el que estableció el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de los Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, definiéndolos en el art. 1 14, y el artículo 38 de este Estatuto dispuso que el Gobierno Nacional debía expedir los regímenes salariales y prestacionales del Soldado Profesional, con base en lo dispuesto por la Ley 4 de 1992, sin desmejorar los derechos adquiridos.

11 Pág. 29-30 12 ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. (…) Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las Corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogárselas.

13 ARTICULO 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.

La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio. 14 ARTÍCULO 1. SOLDADOS PROFESIONALES. Lo s soldados profesionales son los varones entrenados y capacitados con la finalidad principal de actuar en las unidades de combate y apoyo de combate de las Fuerzas Militares, en la ejecución de operaciones militares, para la conservación, restablecimiento del orden público y demás misiones que le sean asignadas.Página 8 de 16

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Demandante: Fredy Giovani Castillo Guzmán Demandado: Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional Es así que, en cumplimiento del mandato que se desprende de la norma citada, el Gobierno Nacional estableció el régimen salarial y prestacional para los Soldados Profesionales mediante el Decreto 1794 de 2000, el cual reconoció el derecho a devengar una as ignación mensual correspondiente a un salario mínimo mensual incrementado en un 40%, una prima de antigüedad, prima de servicio anual, prima de vacaciones, prima de navidad, y el subsidio familiar, entre otros.

Sobre el subsidio familiar, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 reconoció a los Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente, el derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar 15. No obstante, con posterioridad fue expedido el Decreto 37 70 de 2009 que derogó la

Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente, el derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar 15. No obstante, con posterioridad fue expedido el Decreto 37 70 de 2009 que derogó la norma que habilitaba el reconocimiento del emolumento subsidio familiar señalando:

“ARTÍCULO 1°. Derógase el artículo 11 del decreto 1794 de 2000,

PARÁGRAFO PRIMERO. Los Soldados profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto estén percibiendo el subsidio familiar previsto en el derogado artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, continuarán devengándolo hasta su retiro del servicio,

PARÁGRAFO SEGUNDO. Aclárase que el valor del subsidio familiar a que se refiere el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 es el resultado de aplicar la siguiente fórmula: 4% Salario Básico Mensual + 100% Prima de Antigüedad Mensual,

ARTÍCULO 2°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el artículo 11 del. Decreto 179 de 2000”

En virtud de la derogatoria del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 el subsidio familiar estatuido a favor de los soldados profesionales dejó de tener e fectos, en principio, desde el 30 de septiembre de 2009, fecha en la que entró a regir el Decreto 3770 de 2009, pues éste a su vez fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia proferida el 08 de junio de 2017 al co nsiderar que sus disposiciones

3770 de 2009, pues éste a su vez fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia proferida el 08 de junio de 2017 al co nsiderar que sus disposiciones constituían normas regresivas que afectaban el derecho al trabajo y a la seguridad

15 ARTICULO 11. SUBSIDIO FAMILIAR. A partir de la vigencia del presente decreto, el soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad. Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el cambio de estado civil a partir d e su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente.Página 9 de 16

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Demandante: Fredy Giovani Castillo Guzmán Demandado: Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional social de los integrantes de las fuer zas militares, y por tanto, debían ser consideradas como inconstitucionales prima facie16.

4.3. Efectos de las sentencias de nulidad.

En vista que fue una sentencia de nulidad la que trajo de nuevo al ordenamiento jurídico el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, para la Sala es forzoso determinar cuáles son las implicaciones de esa decisión y el alcance que jurisprudencialmente se ha dado a la declaración de nulidad de los actos administrativos de carácter general.

cuáles son las implicaciones de esa decisión y el alcance que jurisprudencialmente se ha dado a la declaración de nulidad de los actos administrativos de carácter general.

Sobre el particular el Consejo de Estado 17 ha dispuesto que “ Bajo esta óptica la jurisprudencia contenciosa ha afirmado, que como la declaración judicial de nulidad se funda en la existencia comprobada de vicios que afectan la validez del acto administrativo, los efectos de tal declaración deben ser «ex tunc», es decir, retroactivas, para deshacer las consecuencias derivadas de la aplicación de actos administrativos espurios. (Negrilla propia).

4.4. Caso en concreto

La Sala advierte que de conformidad con el marco normativo y jurisprudencial citado, las pruebas aportadas y según la posición reiterada de esta Corporación 18, la decisión de primera instancia debe ser confirmada.

En efecto, la presente controversia se suscita en torno a la normatividad que ha de tomar en cuenta la entidad demandada para el reconocimiento del subsidio familiar a favor del señor Fredy Giovanni Castillo Guzmán y puntualmente sobre la posibilidad de aplicar a su caso lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y no el artículo 1º del Decreto 1161 de 2014.

16 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Rad. No.: 11001-03-25000-2010-00065-00(0686-10). CP. César Palomino Cortés.

17 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 27 de abril

000-2010-00065-00(0686-10). CP. César Palomino Cortés.

17 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 27 de abril de 2017. Rad. 11001032500020130108700 (2512-2013). CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 18 Ver sentencia proferida por esta misma Sala el 06 de febrero de 2020 dentro del expediente 630013333-004-2018-00110-01.Página 10 de 16

Referencia: Sentencia Radicado: 63001-3333-006-2022-00504-01

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Demandante: Fredy Giovani Castillo Guzmán Demandado: Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional Como ha quedado expuesto , cuando el demandante ingresó a formar parte del Ejército Nacional se encontraba vigente el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 que estableció a favor de los soldados profesionales el reconocimiento de un subsidio familiar equivalente al 4% de su salario básico mensual más la prima de antigüedad. Esta disposición fue derogada por el Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009 pero el 08 de junio de 2017 el Consejo de Estado mediante sentencia judicial determinó “ Declarar con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009, “por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional”.

De conformidad con la jurisprudencia traída a colación es claro que la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009 tiene como implicación

otras disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional”.

De conformidad con la jurisprudencia traída a colación es claro que la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009 tiene como implicación directa que el Decreto 1794 de 2000 recobrara sus efectos. Al respecto , en auto proferido el 08 de septiembre de 2017 en el que se resolvieron las solicitudes de aclaración y adición de la citada sentencia de nulidad, el Consejo de Estado pese a denegar las mismas, señaló:

“…Precisamente para evitar una controversia en este sentido, que dificultara al interprete desentrañar el alcance del fallo producido el 8 de junio de 2017 por esta Subsección, fue que se incluyó en la parte resolutiva de la providencia, de manera explícita y precisa, que la nulidad declarada produciría efectos ex tunc. Pretender ahora que se aclare lo que está claro, es decir, que se explique el alcance de una Sentencia que declara la nulidad con efectos ex tunc, no solamente nos pondría en los terrenos de Perogrullo, sino que conllevaría a un despropósito sin igual, pues sería tanto como que se solicitara aclarar el significado de un habeas corpus o de la aplicación del principio de supremacía de la Constitución.

(….)

Sin embargo, la Sala considera prudent e reiterar que conforme con su inveterada y pacífica jurisprudencia, es claro que la nulidad de un acto administrativo produce efectos ex tunc, es decir, se retrotrae la actuación desde el momento en que se profirió el acto administrativo anulado, por consiguiente, queda la situación jurídica en el estado en que se encontraban antes de la

administrativo produce efectos ex tunc, es decir, se retrotrae la actuación desde el momento en que se profirió el acto administrativo anulado, por consiguiente, queda la situación jurídica en el estado en que se encontraban antes de la expedición de dicho acto. Por lo tanto, si se declara la nulidad de un acto administrativo que había derogado o revocado otro acto administrativo, la consecuencia es que e l acto revocado o derogado cobra nuevamente vigencia, incluida su presunción de legalidad19.

Sobre los efectos de los fallos de nulidad, también ha sido abundante la jurisprudencia de la Corporación en el sentido de que, en relación con las situaciones jurídicas no consolidadas, son ex tunc, es decir, desde entonces, y se retrotraen al momento en que nació el acto, y como consecuencia de ello,

19 Consejo de Estado. Sección segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2016.

Expediente: 41001-23-33-000-2012-00238-01(0798-14). M.P. William Hernández Gómez.Página 11 de 16

Referencia: Sentencia Radicado: 63001-3333-006-2022-00504-01

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Demandante: Fredy Giovani Castillo Guzmán Demandado: Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional las cosas se vuelven al estado en que se encontraban antes de la expedición del mismo, por lo que las situaciones no consolidadas entre el momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria del mismo , son afectadas por la decisión que en esta última se tome 20. Es así que respecto de las situaciones

del mismo, por lo que las situaciones no consolidadas entre el momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria del mismo , son afectadas por la decisión que en esta última se tome 20. Es así que respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas, se reitera, las sentencias de nulidad de actos de carácter general tienen efecto inmediato, es decir, sobre aquellas que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante esta jurisdicción; por lo tanto, las “afecta”, de manera inmediata21.

Lo dicho quiere significar que solo las situaciones no definidas son afectadas por la decisión anulatoria, bien porque se encontraban en discusión o eran susceptibles de debate en sede administrativa, ora porque estuvieren demandadas o pudieren serlo ante la jurisdicción contencioso administrativa entre el momento de la ex pedición del acto y la sentencia proferida. Se excluyen, entonces, aquellas situaciones consolidadas en aras de la seguridad jurídica y de la cosa juzgada habida cuenta que “la ley (…) ha querido que las situaciones particulares no queden indefinidamente sometidas a la controversia jurídica y para ello ha establecido plazos dentro de los cuales se puede solicitar la revisión de las actuaciones administrativas y de encontrarse violatorias de normas superiores, para excluirlas del ámbito jurí dico y restablecer el derecho del afectado”22 (…)

La nulidad de ese tipo de actos puede generar un aparente vacío normativo en la medida en que se anule un acto general que reguló una materia determinada derogando la regulación preexistente.

En estos eventos, el juez de lo contencioso administrativo puede proveer en el

la medida en que se anule un acto general que reguló una materia determinada derogando la regulación preexistente.

En estos eventos, el juez de lo contencioso administrativo puede proveer en el sentido de entender que la nulidad del acto general implica el recobro de la vigencia de las normas que se derogaron por el acto anulado. Esta conclusión tiene por objeto, en primer lugar, evitar el eventual vacío normativo que quedaría sobre la materia regulada por el acto anulado y, en segundo lugar, propender por la seguridad jurídica que implica que la administración siempre debe contar con normas legales o reglamentarias para desarrolla r su función, todo eso, en virtud del principio de la auto -tutela normativa que se predica de la función administrativa.

El efecto de la sentencia de nulidad de los reglamentos y actos generales frente a las normas derogadas por el propio acto o reglament o que se anula es el de, en principio, revivir la vigencia de la norma derogada siempre que haya vacío normativo, vacío que entorpecería la acción de la administración.

Así, el efecto de esa declaratoria es que el acto derogatorio pierde validez y, por ende, las normas que fueron derogadas recuperen sus efectos jurídicos. Salvo cuando se presenten situaciones individuales consolidadas, evento en el cual le corresponderá al juez de conocimiento analizar los efectos de la nulidad, atendiendo las circunstancias particulares y concretas de cada caso.

20 Consejo de Estado. expediente No 4614 del 21 de enero de 1994. Consejo de Estado. Sección Cuar