TA QUI - 63001-3333-006-2022-00363-01-(21-09-2023)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Sala Segunda de Decisión

Magistrado Ponente: JUAN CARLOS BOTINA GÓMEZ

Armenia, Quindío, Veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Sentencia Radicado: 63001-3333-006-2022-00363-01

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Joaquín Ángel Rodríguez Morales Demandada: NaciónMinisterio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio1 y y Departamento del Quindío – Secretaría de Educación

Departamental

Instancia: Segunda

ASUNTO

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023), por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia Quindío, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. PARTE DESCRIPTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA DE DECISIÓN2

1.1. Objeto de la demanda

Pretende la parte actora que se declare la nulidad del acto administrativo ficto configurado el 06 de noviembre de 2021 frente a la petición presentada el día 06

1 En adelante FOMAG. 2 Archivo 001 OneDrivePágina 2 de 46

Referencia: Sentencia Radicado: 63001-3333-006-2022-00363-01

1 En adelante FOMAG. 2 Archivo 001 OneDrivePágina 2 de 46

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Instancia: Segunda

de agosto de 2021, tendiente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en el pago de sus cesantías.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó condenar a la entidad demandada al pago de la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo a partir del 15 de febrero de 2021, fecha en que se debió consignar el valor de las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo prestacional.

De igual manera, pidió el reconocimiento de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, según el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990 y en el Decreto 1176 de 1991.

Por otra parte, solicitó realizar los respectivos reajustes con motivo de la disminución del poder a dquisitivo, tomando como base la variación del IPC, condenar a la demandada al pago de costas e intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y hasta que se efectúe el pago de las condenas impuestas y ordenar el cumplimiento d el fallo conforme a los artículos 192 y siguientes del CPACA.

ejecutoria de la sentencia y hasta que se efectúe el pago de las condenas impuestas y ordenar el cumplimiento d el fallo conforme a los artículos 192 y siguientes del CPACA.

1.2. Razón, causa o fundamento de la pretensión

Expuso que el parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 asignó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la competencia de pa gar las cesantías a los docentes de los establecimientos educativos del sector oficial.

Mencionó que con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 se modificó la Ley 91 de 1989, entregando la responsabilidad del reconocimiento y liquidación de las cesantías a las entidades territoriales y el pago de los intereses y consignación de la prestación en la cuenta individual dispuesta para cada docente en el FOMAG, a la Nación.Página 3 de 46

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Adujo que, por laborar como docente en los servicios educativos estatales al servicio de las entidades demandadas, tiene derecho a que los intereses de sus cesantías se consignen a más tardar el día 31 de enero del año 2021 y las cesantías a más tardar el día 15 de febre ro del año 2021, al igual que la totalidad de los servidores públicos y privados.

se consignen a más tardar el día 31 de enero del año 2021 y las cesantías a más tardar el día 15 de febre ro del año 2021, al igual que la totalidad de los servidores públicos y privados.

Así las cosas, señaló que para el 14 de julio de 2021 solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de la cesantía y sus intereses a la entidad nominadora, petición resuelta negativamente en forma ficta.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

La parte actora consideró que el acto administrativo demandado vulneró la siguiente normatividad:

• Artículos 13 y 53 de la Constitución Política • Artículo 5 y 15 de la Ley 91 de 1989. • Artículo 99 de la Ley 50 de 1990 • Artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 • Artículo 1 de la Ley 52 de 1975 • Artículo 13 de la Ley 344 de 1996 • Artículo 5 de la Ley 432 de 1998 • Artículo 3 del Decreto 1176 de 1991 • Artículos 1 y 2 del Decreto 1582 de 1998.

Manifestó que por un largo tiempo el Ministerio de Hacienda ha apropiado los recursos destinados a pagar las cesantías parciales de los docentes en la medida que las iban solicitando, pero los recursos nunc a les eran consignados el 15 de febrero de cada anualidad, situación que considera irregular y que a su juicio no desliga a las entidades territoriales y a la Nación de la obligación de consignar las cesantías de los docentes vinculados después del 01 de e nero 1990, en su

febrero de cada anualidad, situación que considera irregular y que a su juicio no desliga a las entidades territoriales y a la Nación de la obligación de consignar las cesantías de los docentes vinculados después del 01 de e nero 1990, en su respectiva cuenta individual, así éste no las solicite.Página 4 de 46

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Expuso que tanto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido a favor de los docentes oficiales la sanción contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en virtud de la actuación irregular del Ministerio de Educación y de las entidades territoriales y en este sentido invocó las sentencias proferidas por el órgano de cierre de esta Jurisdicción.

Expresó que con la expedición de la Ley 50 de 1990 la finalidad fue regular las obligaciones de los empleadores para con los servidores públicos, incluidos los docentes -tal como se ha determinado en las sentencias C -486 de 2016, SU 098 de 2018, SU 332 de 2019, y SU 041 de 2020, a quienes a partir del 1 de enero de 1990 se les modificó el régimen de liquidación de cesantías retroactiva a un régimen anualizado, y también se estableció la obligación de consignar sus cesantías en un

1990 se les modificó el régimen de liquidación de cesantías retroactiva a un régimen anualizado, y también se estableció la obligación de consignar sus cesantías en un término perentorio que no podía superar el 15 de febrero de cada anualidad.

Reiteró que l as cesantías de un docente vinculado después de 1990 son anualizadas, dado que su régimen legal lo determina la Ley 91 de 1989 y la Ley 50 de 1990 y que la entidad demandada no puede seguir insistiendo en la existencia de un procedimiento interno diferente en donde se menciona en un documento a cuanto equivaldrían las cesantías del docente, sin que haya procedido a su pago efectivo, pues lo que pide el docente es la consignación.

Finalmente en cuanto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes, ind icó que la Nación – MEN es la única responsable de la consignación de las cesantías y de su reconocimiento al 15 de febrero de 2021 y el pago de los intereses a 31 de diciembre de 2020, circunstancia que fue modificada en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2 019, donde la función fue descentralizada para las entidades territoriales también para la elaboración y liquidación de los actos administrativos de cesantías con posterioridad al 1 de enero del año 2020, lo que la hace responsable de manera conjunta con la Nación.

Señaló que existe sanción por mora cuando se inicia el trámite contenido en los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 y también en cumplimiento de la normatividadPágina 5 de 46

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artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 y también en cumplimiento de la normatividadPágina 5 de 46

Referencia: Sentencia Radicado: 63001-3333-006-2022-00363-01

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que regula la materia contenida en la Ley 91 de 1989 y la Ley 50 de 1990 y sus reglamentarios, lo que genera para las entidades territoriales y la Nación – Ministerio de Educación Nacional la correspondiente sanción por el no pago de los intereses a las cesantías antes del 31 de enero de cada año y la consignación inoportuna de las cesantías en la cuenta individual del trabajador antes del 15 de febrero de cada año.

Adujo que cuando fue expedida la Ley 91 de 1989, cambiando el régimen de cesantías a los docentes nombrados con posterioridad al 1 de enero de 1990, y se dispuso que para é stos aplicarían las mismas normas que para los empleados públicos del orden nacional, no se refería única y exclusivamente al cambio de régimen de cesantías, sino que de manera inescindible, era necesario, que una vez cambiado el régimen de liquidación se respetara la fecha de consignación de los recursos en el FOMAG, esto es cada año con anterioridad al 15 de febrero, Fondo que precisamente fue constituido para ello.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

recursos en el FOMAG, esto es cada año con anterioridad al 15 de febrero, Fondo que precisamente fue constituido para ello.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. De la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG3

La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto argumentó que el trámite de consignación de las cesantías solicitado no es aplicable a los docentes, pues en este caso no se tiene como fecha límite de consignación el 15 de febrero de cada anualidad.

Como argumentos de defensa hizo referencia a la naturaleza del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y del contrato de fiducia mercantil. Igualmente aludió a la sanción mora contenida en la Ley 50 de 1990 e indicó que no es factible su aplicación al ser incompatible con la calidad que ostenta el FOMAG, en tanto éste no tiene la calidad de empleador, para requerírsele el pago, ni la calidad de fondo

3 Archivo 09 Expediente Digital Samai Primera InstanciaPágina 6 de 46

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privado de cesantías.

Propuso las excepciones denominadas: i) ineptitud sustancial de la demanda por no agotamiento de la reclamación administrativa , ii) inepta demanda por falta de

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privado de cesantías.

Propuso las excepciones denominadas: i) ineptitud sustancial de la demanda por no agotamiento de la reclamación administrativa , ii) inepta demanda por falta de requisitos formales en la demanda por la indebida escogencia del acto administrativo a demandar , iii) Falta de legitimación en la causa por pasiva , iv ) Inexistencia de la obligación y v) Condena en costas.

2.2. Del Departamento del Quindío. No contestó la demanda.

3. SENTENCIA APELADA4

El Juzgado de primera instancia negó las pretensiones de la demanda . Para ello abordó el silencio administrativo y la configuración del acto ficto o presunto precisando que la función del ente territorial en estos asuntos es cumplir con la delegación realizada por la Nación (Ministerio de Educación) en virtud de la Ley 91 de 1989 y del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, por lo que no tiene competencia para resolver las solicitudes de reconocimiento y pago de la sanción mora. Indicó que el régimen salarial y prestacional de los docentes es de carácter especial y se encuentra regulado en la Ley 91 de 1989, norma que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como ente encargado d el pago de las prestaciones sociales del personal docente afiliado.

Expuso que las cesantías a favor de los docentes, se encuentran reguladas en el artículo 15 numerales 1º y 3º de la Ley 91 de 1989 y que según esta norma a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 se les aplica

artículo 15 numerales 1º y 3º de la Ley 91 de 1989 y que según esta norma a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 se les aplica un sistema de cesantías c on retroactividad, mientras que a aquellos docentes nacionalizados vinculados con posterioridad a la referida fecha (1 de enero de 1990 y en adelante) o docentes del orden nacional, se les aplica un sistema anualizado

4 índice 18 Expediente Samai-Primera InstanciaPágina 7 de 46

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de cesantías sin retroactividad y suje to al reconocimiento de intereses, tal como lo señaló el Consejo de Estado en sentencia de 25 de marzo de 2010.

Partiendo de lo anterior sostuvo que los docentes tienen un régimen especial configurado en la Ley 91 de 1989, distinto al que fue previsto en su momento para los empleados territoriales conforme a la Ley 6 de 1945 y Decreto 1160 de 1946, denominado sistema retroactivo de liquidación, y distinto al régimen anualizado de cesantías contemplado en la Ley 50 de 1990 previsto para los trabajadores de derecho privado e incorporado posteriormente para los empleados públicos con la Ley 344 de 1996, y por ello únicamente las cesantías de los docentes territoriales o

cesantías contemplado en la Ley 50 de 1990 previsto para los trabajadores de derecho privado e incorporado posteriormente para los empleados públicos con la Ley 344 de 1996, y por ello únicamente las cesantías de los docentes territoriales o nacionalizados vinculados por nombramiento territorial con anterioridad al 1 de enero de 1990 se liquidan por el sistema de liquidación retroactiva. Al respecto hizo referencia a jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, puntualmente a las sentencias C -928 de 2006 y CE -SUJ2 001/16, denotando que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 excluye de su aplicación a los docentes que se rigen por la Ley 91 de 1989, reafirmando así el carácter especial del régimen de cesantías de esta ley.

De otro lado, hizo alusión a las competencias en el reconocimiento y pago de las cesantías d ocentes y precisó que desde la expedición de la Ley 91 de 1989 y conforme a la regulación contenida en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, artículos 2 a 5 del Decreto 2831 de 2005 y Decreto 1272 de 23 de julio de 2018 que modificó el Decreto 1075 de 201 5 y ajustó los términos de reconocimiento de las cesantías a los 15 días de que trata la Ley 1071 de 2006, el trámite de reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a favor de los docentes debía cumplirse en tres fases; la proyección del acto por p arte de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, la aprobación del proyecto por parte de la sociedad fiduciaria (Fiduprevisora S.A.) vocera del FOMAG y la última fase de

fases; la proyección del acto por p arte de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, la aprobación del proyecto por parte de la sociedad fiduciaria (Fiduprevisora S.A.) vocera del FOMAG y la última fase de expedición y notificación a cargo de las secretarías de educación como delegadas de la Nación (Ministerio de Educación).Página 8 de 46

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Refirió que la Ley 1955 de 2019 en su artículo 336 derogó el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y en el artículo 57 señaló que las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, modificación que expuso, no implica en modo alguno que las Secretarías de Educación asuman una competencia autónoma e independiente en el reconocimiento de las cesantías, pues ésta es una competencia de la Nación, quien por virtud legal actúa por conducto de las Secretarías de Educación territoriales y en relación con ello citó la sentencia SU041 de 2020.

También abordó la incompatibilidad del régimen especial de cesantías docente con

competencia de la Nación, quien por virtud legal actúa por conducto de las Secretarías de Educación territoriales y en relación con ello citó la sentencia SU041 de 2020.

También abordó la incompatibilidad del régimen especial de cesantías docente con la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 y la indemnización de la Ley 52 de 1975, tema en torno al cual señaló que la Corte Constitucional en sentencias C-486 de 2016, SU-336 de 2017 , SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, y el Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, y sentencias de 1 de febrero de 2018, 17 de noviembre de 2016, 22 de enero de 2015 y 14 de diciembre de 2015 definieron la procedencia del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías contemplada en la Ley 1071 de 2006 a favor de los docentes.

Para establecer la improcedibilidad de aplicar las normas invocadas en la demanda dijo que en el régimen especial docente no existe la obligación a cargo de las entidades territoriales, ni de la Nación, de consignar las cesantías, pues según el artículo 2 numeral 5 de la Ley 91 de 1989, el Fondo es el pagador y no existen un conjunto de cuentas individualizadas. En tal sentido aclaró que la obligación del Fondo respecto a las cesantías causadas a partir del 1 de enero de 1990 es reconocer y pagar un interés anual sobre el saldo existente al 31 de diciembre de cada año, que se liquida anualmente y sin retroactividad, por lo que no existe norma

reconocer y pagar un interés anual sobre el saldo existente al 31 de diciembre de cada año, que se liquida anualmente y sin retroactividad, por lo que no existe norma legal que imponga la obligación de consignar cesantías, sino de realizar aportes al Fondo para que éste permanentemente cuente con recursos y así realizar el pagoPágina 9 de 46

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de las prestaciones sociales de los docentes y prestar los servicios médicos, cuando éstos y sus beneficiarios los requieran.

Expresó que el régimen de cesantías anualizado creado por la Ley 50 de 1990, a diferencia del régimen especial docente se caracteriza porque cada año a 31 de diciembre se realiza una liquidación definitiva de las cesantías por año, valor que se consigna en el año siguiente antes del 15 de febrero en una cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantías que éste elija, y la no consignación tiene como consecuencia jurídica a cargo del empleador el pago de una sanción equivalente a un día de salario por cada día de retardo y además, está a cargo del empleador cancelar al trabajador intereses legales del 12% anual o proporcional por fracción sobre la ce santía definitiva liquidada cada año sin contemplar sanción alguna por mora en el pago de dichos intereses, para lo cual se acude al artículo 1

empleador cancelar al trabajador intereses legales del 12% anual o proporcional por fracción sobre la ce santía definitiva liquidada cada año sin contemplar sanción alguna por mora en el pago de dichos intereses, para lo cual se acude al artículo 1 de la Ley 52 de 1975 que en su numeral segundo prevé una indemnización de un valor adicional igual al de los intereses causados.

Conforme a lo anterior coligió que el régimen de cesantías de los docentes dista de las regulaciones previstas para los trabajadores privados y a partir de la Ley 344 de 1996 para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva de régimen general, de un lado porque las cesantías en el régimen de anualidad de los docentes no se liquidan de forma definitiva, sino mediante un acumulado, año a año. La liquidación se reporta por el ente territorial a 5 de febrero de cada año al FOMAG a través de una plataforma informática y se paga por la Nación a través de la cuenta especial del FOMAG, que no se administra mediante cuentas individualizadas de los docentes. Asimismo, refirió que la Ley 344 de 1996 expresamente excluyó de su aplicación al régimen especial de los docentes regidos por la Ley 91 de 1989.

Finalmente se pronunció sobre la imposibilidad de aplicar la SU - 098 de 2018 y aclaró que con la misma se resolvió una acción de tutela de un docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado a l FOMAG e hizo una amplia relación de las conclusiones dadas en la providencia y en su salvamento de voto, para concluir que este asunto no guarda identidad fáctica con la situación allí definida. SostuvoPágina 10 de 46

Referencia: Sentencia

las conclusiones dadas en la providencia y en su salvamento de voto, para concluir que este asunto no guarda identidad fáctica con la situación allí definida. SostuvoPágina 10 de 46

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que el análisis realizado en la sentencia SU -098 de 2018 es fruto de una interpretación normativa sesgada que no tuvo en consideración la normativa especial de los docentes, ni realizó cita alguna distinta al artículo 15 de la Ley 91 de 1989, trasgrediendo el principio de inescindibilidad al no justificar previamente la existencia de una verdadera obligación de consignación de cesantías de las entidades territoriales

Igualmente mencionó que la Corte Constitucional en la sentencia SU -573 de 2019 seleccionó tres acciones de tutela para revisión en contra de decisiones del Consejo de Estado que negaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, y que en esta decisión se estableció diáfanamente que la sanción por mora en la consignación de cesantías no es aplicable al régimen especial de cesantías de la Ley 91 de 1989.

y que en esta decisión se estableció diáfanamente que la sanción por mora en la consignación de cesantías no es aplicable al régimen especial de cesantías de la Ley 91 de 1989.

De otro lado determinó que las sentencias invocadas en la demanda no guardan identidad fáctica con el presente proceso, porque se originaron en la aplicación de la Ley 50 de 1990 pero por la omisión de las entidades territoriales en la afiliación de los docentes al FOMAG, algunos de ellos provisionales o con vinculación precaria que no hacían parte de la carrera docente, o que incluso ya habían culminado su vinculación laboral, y de igual forma estableció que no es factible aplicar la sanción por no consignación de cesantías que alberga la referida norma al régimen especial docentes, ya que además de no existir obligación jurídica para las entidades territoriales de consignar las cesantías, no es posible en este régimen especial determinar una fecha final de la sanción.

4. RECURSO DE APELACIÓN5

La parte demandante expresó no estar de acuerdo con la decisión de instancia que consideró que los docentes al tener un régimen especial no les es aplicable la Ley

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50 de 1990, cuando esta situación quedó revaluada en la sentencia SU -098 de 2018.

Indicó que la postura de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado están direccionadas a proteger los derechos prestacionales vulnerados durante mucho tiempo y que al ser los docentes servidores de la Rama Ejecutiva se hace viable reconocer las prete nsiones reclamadas. Al respecto citó sentencia proferida el 20 de enero de 2022 dentro del expediente 1001 -2021 para señalar que un régimen especial no puede traer inmerso condiciones menos favorables que el general, pues su finalidad es mejorar y dar un p lus de condiciones, por lo que al no regular una situación específica es dable traer del régimen general la norma que cubra ese vacío normativo, interpretación que es aplicable al asunto según las Sentencias C-741 de 2012 y C-486 de 2016 en las que se dispuso que los docentes oficiales se equiparan a los servidores públicos bajo la modalidad de empleados públicos, y por ello les es aplicable el régimen general en aquello que no se encuentra regulado en el régimen especial.

Respecto al pago de los intereses a las cesantías citó el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 para recalcar que su finalidad es procurar que los docentes mantengan quietos los recursos de las cesantías, puesto que, a mayor acumulado, más alta es la liquidación de sus intereses anuales, cuando la realidad es que el docente retira sus cesantías con cierta periodicidad para cubrir sus necesidades, como el resto de

los recursos de las cesantías, puesto que, a mayor acumulado, más alta es la liquidación de sus intereses anuales, cuando la realidad es que el docente retira sus cesantías con cierta periodicidad para cubrir sus necesidades, como el resto de empleados públicos y privados.

Señaló que el a-quo solo sustentó en teoría la existencia de un régimen especial y en aras de denotar las diferencias entre el régimen de la Ley 91 de 1989 y el régimen anualizado incorporó un cuadro comparativo de liquidación de intereses sobre cesantías e indicó que a los docentes se les paga sobre el acumulado una tasa del DTF, que está muy por debajo de la tasa del 12% que se aplica a los demás trabajadores en Colombia con régimen anualizado, lo que a su juicio comporta una desigualdad. Reiteró que jurisprudencialmente se ha concluido que a los docentes se les debe consignar los recursos de sus cesantías en el único Fondo establecidoPágina 12 de 46

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para los trabajadores de la educación y en los términos establecidos en el artículo 99 de 1990 (sic) y que tienen la posibilidad de solicitar la indemnización hasta 3 años después de la causación de la misma.

Manifestó que cuando se expidió la Ley 91 de 1989, ni siquiera había sido expedida

99 de 1990 (sic) y que tienen la posibilidad de solicitar la indemnización hasta 3 años después de la causación de la misma.

Manifestó que cuando se expidió la Ley 91 de 1989, ni siquiera había sido expedida la Ley 50 de 1990, y que estas normas establecieron la afiliación de empleados y docentes vinculados desp ués del 1 de enero de 1990 para efectos del reconocimiento de las cesantías, sin que el MEN hubiese cumplido con dicha obligación.

Seguidamente se refirió a la competencia de las entidades en torno a la consignación de los recursos para el pago de las cesantías y expuso que una cosa es el reconocimiento y otra la consignación de las cesantías. Explicó que se habla de reconocimiento cuando el docente rea