TA QUI - 63001-3333-006-2023-00027-01.-(19-05-2025)

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO SALA CUARTA DE DECISIÓN M.P. Luis Carlos Marín Pulgarín

Armenia Quindío, veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025). REFERENCIA: SENTENCIA. RADICADO: 63001-3333-006-2023-00027-01. MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. DEMANDANTE: CÉSAR AUGUSTO VALLEJO FRANCO DEMANDADO: COLPENSIONES INSTANCIA: SEGUNDA TEMA: REAJUSTE PENSIÓN ALTO RIESGO INPEC 0155-002-2025. I. OBJETO DE DECISIÓN. Agotadas todas las etapas procesales correspondientes a esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, a pronunciarse respecto de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la demandada, en contra de la sentencia del 15 de mayo de 20241 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia Quindío, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. II. ANTECEDENTES. 1. DEMANDA: CÉSAR AUGUSTO VALLEJO FRANCO, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, a través de apoderado judicial, presentó demanda2 en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, con la finalidad de solicitar la declaratoria de nulidad de las Resoluciones i) nro. SUB 64353 del 12 de marzo de 2021 –por medio de la cual se negó la reliquidación de la pensión de vejez de alto riesgo reconocida al actory, ii) nro. DPE 6627 del 26 de agosto de 2021 –por medio de la cual se confirmó la negativa plasmada en la anterior Resolución-. Como consecuencia

medio de la cual se negó la reliquidación de la pensión de vejez de alto riesgo reconocida al actory, ii) nro. DPE 6627 del 26 de agosto de 2021 –por medio de la cual se confirmó la negativa plasmada en la anterior Resolución-. Como consecuencia de lo anterior, solicitó condenar a la entidad demandada a reliquidar la pensión con inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicios -aún reconocidos con posterioridad al retiro, pero causados en ese lapso-, incluyendo sueldo, sobresueldo, bonificación por servicios, prima de riesgo, subsidio de alimentación, subsidio de unidad familiar, auxilio de transporte, bonificación por recreación, prima de vacaciones, vacaciones pagadas e tiempo, prima de navidad, prima de servicios y prima técnica de capacitación, en aplicación de dos sentencias proferidas por el Consejo de Estado, en los años 2013 y 2015, con ponencia del doctor Gustavo Gómez Aranguren. De igual manera pidió que se realicen los respectivos reajustes a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo, tomando como base la variación del IPC, y que se condene a la demandada en costas, así como al pago de los intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y hasta que se efectúe el pago de las condenas impuestas, además de ordenar el cumplimiento del fallo conforme a los artículos 192 y siguientes del CPACA. Respecto a los hechos de la demanda, en síntesis y para lo que interesa al proceso, fueron narrados por la parte actora los siguientes:

1 Samai. Archivo 034SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 37 2 Samai. Archivo 001DemandayAnexos(.pdf) NroActua 2Página 2 REFERENCIA: SENTENCIA. RADICADO: 63001-3333-006-2023-00027-01. MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. DEMANDANTE: CÉSAR AUGUSTO VALLEJO FRANCO DEMANDADO: COLPENSIONES INSTANCIA: SEGUNDA

§ Al señor Vallejo Franco le fue reconocida una pensión de vejez por medio de la Resolución nro. SUB 295207 del 23 de diciembre de 2017, por un valor de $1.466.882, la cual quedó en suspenso hasta que se acreditara su retiro del servicio. § Mediante Resolución nro. 4637 del 13 de diciembre de 2017 del INPEC, se aceptó la renuncia del demandante al cargo y, en consecuencia, la aquí demandada -por medio de Resolución nro. SUB 86316 del 2 de abril de 2018ordenó la reliquidación de la pensión y la inclusión en nómina del señor Vallejo Franco. § Posteriormente, por medio de los actos acusados, Colpensiones negó la reliquidación de la pensión de vejez del actor. Respecto al concepto de violación adujo el apoderado judicial de la parte demandante que los actos administrativos demandados vulneran: los artículos 1, 2, 4, 6, 46 y 48 de la Constitución Política, 36 de la Ley 100 de 1993, Ley 32 de 1986, entre otras. Al respecto, sostuvo que las Resoluciones demandadas, vulneran las normas referidas, asegurando que había lugar a la reliquidación pretendida con inclusión de: “(…) todos los valores que fueron percibidos de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios, pues como ya se dijo, es válido tener en cuenta todos los factores percibidos en el último año independientemente de la denominación que se les dé, siempre y cuando los mismos cumplan con los parámetros establecidos por el Consejo de Estado para el efecto, tales como, asignación

básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio (…)”. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA3: Una vez admitida la demanda la apoderada judicial de COLPENSIONES la contestó, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones y afirmando que la prestación se encuentra reconocida en debida forma. Aseguró que no era posible inaplicar la Ley 100 de 1993 en lo atinente al IBL, como lo pretendía el actor, por lo cual, solicitó al Juzgado negar lo pretendido por el extremo activo de la litis. 3. TRÁMITE IMPARTIDO POR LA PRIMERA INSTANCIA. El 23 de junio de 20234 la Juez dispuso imprimir trámite de sentencia anticipada al asunto, fijando el litigio, incorporando las pruebas que a continuación se relacionan: • Certificación Electrónica de Tiempos Laborados por el señor César Augusto Vallejo Franco5. • Resolución nro. 04637 del 13 de diciembre de 2017, mediante la cual se aceptó la renuncia del demandante al INPEC6. • Resolución nro. SUB 64353 del 12 de marzo de 2021, por medio de la cual se le reconoció una pensión de vejez alto riesgo al actor7.

• Resolución nro. DPE 6627 del 26 de agosto de 2021, a través de la cual se negó la reliquidación pensional pretendida por el señor Vallejo Franco8. • Expediente prestacional del actor9. • Certificación expedida por el INPEC, en la cual se hizo constar cuales fueron los factores salariales sobre los cuales el actor cotizó a pensión10. 3 Samai. Archivo 008ContestacionDemandaColpensiones(.pdf) NroActua 9 4 Samai. Archivo 018ActaAudienciaInicial(.pdf) NroActua 20 5 Samai. Archivo 001DemandayAnexos(.pdf) NroActua 2. Fls. 24-28 y Archivo 18_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 22 (.pdf) NroActua 22. 6 Samai. Archivo 001DemandayAnexos(.pdf) NroActua 2. Fls. 29. 7 Samai. Archivo 001DemandayAnexos(.pdf) NroActua 2. Fls. 30-40. 8 Samai. Archivo 001DemandayAnexos(.pdf) NroActua 2. Fls. 41-54. 9 Samai. Archivo 008ContestacionDemandaColpensiones(.pdf) NroActua 9. Fls. 34-507. 10 Samai. Archivo 18_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 22 (.pdf) NroActua 22, Archivo 027MemorialRespuestaInpec(.pdf) NroActua 31, Archivo 021RespuestaRequerimientoINPEC(.pdf) NroActua 23.Página 3 REFERENCIA: SENTENCIA. RADICADO: 63001-3333-006-2023-00027-01. MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. DEMANDANTE: CÉSAR AUGUSTO VALLEJO FRANCO DEMANDADO: COLPENSIONES

SENTENCIA. RADICADO: 63001-3333-006-2023-00027-01. MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. DEMANDANTE: CÉSAR AUGUSTO VALLEJO FRANCO DEMANDADO: COLPENSIONES INSTANCIA: SEGUNDA

Posteriormente, por medio de auto del 1 de septiembre de 202311 se corrió traslado a las partes para alegar, término dentro del cual estas guardaron silencio. 4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA12: El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia en decisión del día 15 de mayo de 2024 resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, por encontrar que: “(…) a la parte demandante no le asiste el derecho a la reliquidación de su pensión con la inclusión de todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicio, ya que el régimen de transición del que es beneficiario, solo es aplicable en cuanto a los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo. Respecto al IBL, el mismo debe liquidarse de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en armonía con los emolumentos establecidos en los Decretos 691 y 1158 de 1994 como ingreso base de cotización (IBC), teniendo en cuenta las reglas de interpretación fijadas tanto por el Consejo de Estado en Sentencia del 28 de agosto de 2018, como por la Corte Constitucional en Sentencias C-258 de 201311 y SU-395 de 2017. No obstante, teniendo en cuenta que la bonificación por servicios prestados si constituye factor salarial de conformidad con el Decreto 1158 de 1994; que la Resolución No. 001915 del 25 de junio de 201813 reconoció el pago de una suma de dinero por tal concepto, la cual fue cancelada después de la reliquidación realizada por Colpensiones mediante la Resolución No. SUB 86316 del 02

de abril de 2018; y que sobre dicha suma se realizó la cotización correspondiente a Colpensiones; se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda, y se ordenará la reliquidación de la pensión de vejez por alto riesgo reconocida al señor Cesar Augusto Vallejo Franco mediante la Resolución No. SUB 295207 del 23 de diciembre de 2017, incluyendo dentro de la base de liquidación la doceava del valor que por concepto de “bonificación por servicios prestados” para el año 2018, le fue reconocido y cotizado por medio de la Resolución No. 001915 del 25 de junio de 2018, y que por lo tanto, servirá para establecer el promedio del decenio. (…)”. Por lo anterior, dispuso: “(…) PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de i) “Estricto cumplimiento a los mandatos legales”, ii) “Inexistencia de la obligación”, iii) “compensación”, y iv) “Prescripción”, y probada la excepción de v) “Procedencia de los descuentos en salud” formuladas por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, por las razones expuestas. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones SUB 64353 del 12 de marzo de 2021 y DPE 6627 del 26 de agosto de 2021, por medio de las cuales se negó y confirmó la negativa respectivamente a la reliquidación de la pensión de vejez por actividad de alto riesgo a favor del señor Cesar Augusto Vallejo Franco, de conformidad a las consideraciones expuestas. TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento

del derecho, ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones reliquidar la pensión de vejez por actividad de alto riesgo de la parte demandante, incluyendo dentro de la base de liquidación la doceava del valor reconocido por concepto de “bonificación por servicios prestados” para el año 2018, por medio de la Resolución No. 001915 del 25 de junio de 2018 del INPEC, sobre el cual se realizó el correspondiente pago por cotización según lo certificó al proceso Colpensiones y que, por lo tanto, servirá para establecer el promedio del decenio. CUARTO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones a pagar los mayores valores que resulten de la reliquidación de la pensión de jubilación ordenada en el numeral anterior, a favor de la parte demandante a partir del 31 de marzo de 2018. 11 Samai. Archivo 00034CorreTrasladoAlegatos(.pdf) NroActua 34. 12 Samai. Archivo 034SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 37Página 4 REFERENCIA: SENTENCIA. RADICADO: 63001-3333-006-2023-00027-01. MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. DEMANDANTE: CÉSAR AUGUSTO VALLEJO FRANCO DEMANDADO: COLPENSIONES INSTANCIA: SEGUNDA

QUINTO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, realizar la indexación de los mayores valores que resulten de la reliquidación de la pensión de vejez por actividad de alto riesgo a partir del 31 de marzo de 2018, con base en el IPC, según lo dispone el artículo 187 del CPACA, teniendo en cuenta las fechas de causación y pago efectivo de los mismos. Lo anterior, aplicando la fórmula pergeñada en la parte motiva. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, para cada diferencia de la mesada pensional dejada de cancelar, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas (…)”. Finalmente, se dispuso no condenar en costas a la parte actora. 4.RECURSOS DE APELACIÓN: El apoderado judicial del demandante13 interpuso recurso de apelación, por considerar que debió ordenarse la reliquidación pretendida, pero no sólo con inclusión de la bonificación por servicios, sino tomando para ello el total de factores salariales percibidos durante el último año de servicios, aplicando en su integridad la Ley 32 de 1986, y sin acudir al régimen de transición dispuesto en el régimen general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005. Por su parte, el apoderado judicial de la demandada14, insistió en los mismos argumentos de la contestación, sin atacar de forma puntual la sentencia de primera instancia, aspecto que se tratará como cuestión previa en las consideraciones. 6.

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN: Una vez proferida la sentencia de primera instancia, la parte actora y la demandada apelaron la decisión dentro del término oportuno, por lo cual los recursos fueron concedidos mediante auto del 06 de junio de 202415; así pues, sometido a reparto16 el expediente y, correspondiéndole el conocimiento del asunto al Despacho Segundo de esta Corporación, su titular, por medio de auto del 26 de junio de 202417, admitió los recursos de alzada. VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA. 6.1. La competencia. Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos, conforme a lo dispuesto en los artículos 153 –competencia de los Tribunales en segunda instancia-, el artículo 243 –la sentencia es susceptible del recurso de alzada-, y la disposición normativa 247 – sobre el trámite de la apelación-. 6.2. Oportunidad de la acción y legitimación en la causa. Evidencia la Sala que en el caso examinado no operó el fenómeno de la caducidad al encontrar que, el presente asunto versa sobre actos que niegan prestaciones periódicas los cuales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 164, numeral 1, literal c) del CPACA, podrán demandarse en cualquier tiempo. Ahora bien, en punto de la legitimación en la causa por activa, se tiene que la demanda se circunscribe al derecho al reajuste pensional reclamado por el señor César Augusto Vallejo Franco, a quien le fue reconocida pensión de vejez – alto riesgo. Finalmente –en cuanto a la legitimación en la causa por pasiva-, la demanda se dirigió contra Colpensiones, entidad que expidió los actos acusados. 6.3. Cuestión previa – sustentación del recurso de apelación por parte de COLPENSIONES. 13 SAMAI. Archivo

cuanto a la legitimación en la causa por pasiva-, la demanda se dirigió contra Colpensiones, entidad que expidió los actos acusados. 6.3. Cuestión previa – sustentación del recurso de apelación por parte de COLPENSIONES. 13 SAMAI. Archivo 37_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 41 14 SAMAI. Archivo 39_MemorialWeb_Recurso-202300027Apelacion(.pdf) NroActua 43 15 SAMAI. Archivo 044ConcedeApelacionSentencia(.pdf) NroActua 45 16 SAMAI. Archivo 2.ActaIndividualDeReparto2ª(.pdf) NroActua 2 17 SAMAI. Archivo 5Auto admite rec_00620230002701AutoAd(.pdf) NroActua 4Página 5 REFERENCIA: SENTENCIA. RADICADO: 63001-3333-006-2023-00027-01. MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. DEMANDANTE: CÉSAR AUGUSTO VALLEJO FRANCO DEMANDADO: COLPENSIONES INSTANCIA: SEGUNDA

Antes de abordar los argumentos de los recursos de alzada, se hace necesario que la Sala, aclare que no se pronunciará en relación con los expuestos por la demandada Colpensiones, como quiera que, no se efectuó ningún reparo concreto a la sentencia de primera instancia. Al respecto se tiene que, si bien en el recurso de alzada se hizo alusión de forma genérica a la sentencia, lo cierto es que no se explicó cuál era el reparo concreto contra la misma, máxime cuando se transcribieron casi en su integridad, los argumentos expresados en la contestación de la demanda. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, el artículo 328 del Código General del Proceso -aplicable por remisión del artículo 306 del CPACApreceptúa: “(...) El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley (...)”. De igual forma, el Consejo de Estado18 ha recordado que: “(...) El artículo 320 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa de los artículos 296 y 306 del CPACA, indica que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. 18. Esta Corporación ha indicado que la competencia del juzgador de segunda instancia, está delimitada por los argumentos y referencias conceptuales planteadas contra la providencia cuestionada, pues de no hacerse, la única conclusión a la que debe llegarse es que no existe motivo de inconformidad y por lo tanto, la decisión discutida debe mantenerse incólume (...)” (Negrillas fuera de texto). En igual sentido, el pasado 19 de mayo del año en curso19, la Corporación de cierre de esta Jurisdicción recordó, al resolver el recurso de

es que no existe motivo de inconformidad y por lo tanto, la decisión discutida debe mantenerse incólume (...)” (Negrillas fuera de texto). En igual sentido, el pasado 19 de mayo del año en curso19, la Corporación de cierre de esta Jurisdicción recordó, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por esta Sala que, cuando el recurrente incumple con la carga mínima de sustentación, no es procedente que el ad quem examine el fondo del asunto, así: “(…) la apelante omitió precisar los argumentos que no comparte de manera particular frente al fallo impugnado. Además, se observa que el a quo abordó cada una de las razones que expuso esta sociedad en la contestación de la demanda relacionadas con la configuración de la fuerza mayor. Ante situaciones como esta, la Sala ha señalado que, de advertirse la falta de sustentación suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, el superior jerárquico deberá confirmar el fallo apelado, sin evaluar el fondo del asunto en razón a los raciocinios deficientes que formuló el apelante (…)”. Así las cosas, como quiera que el recurso de la demandada COLPENSIONES no contiene algún argumento sobre el cual efectuar pronunciamiento, se insiste, porque no se desarrolló ningún reparo contra la providencia de la a quo, esta Sala no efectuará ningún pronunciamiento al respecto. 6.4. Problemas jurídicos a resolver y, metodología para solucionarlo. Aclarado lo anterior y, atendiendo el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, corresponde a esta Sala establecer si:

18 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA. Villavicencio (Meta), quince (15) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). Referencia: Nulidad electoral. Radicación: 47001-23-33-000-2023-00255-02. Demandante: Manuel Antonio Álvarez de la Hoz. Demandado: Jesús David Moscote Támara, concejal de Concordia, (Magdalena) periodo 2024-2027. Temas: Requisitos para el decreto y práctica de pruebas. AUTO QUE RECHAZA APELACIÓN POR IMPROCEDENTE. 19 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN A. Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ. Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406). Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro. Referencia: Controversias contractuales.Página 6 REFERENCIA: SENTENCIA. RADICADO: 63001-3333-006-2023-00027-01. MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. DEMANDANTE: CÉSAR AUGUSTO VALLEJO FRANCO DEMANDADO: COLPENSIONES INSTANCIA: SEGUNDA

¿Debe modificarse la sentencia proferida el día 15 de mayo de 2024 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por encontrarse que debió ordenarse la reliquidación de la pensión con todos los factores salariales percibidos en el último año de servicios? Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, aplicará las normas jurídicas que guían el asunto, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que resulte aplicable. 6.5. En el caso concreto se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito, al encontrarse que, en efecto, la pensión no debe ser reliquidada con el total de los factores salariales devengados durante el último año de servicios. De la narración de los antecedentes hasta aquí efectuados, se evidencia que la Juez de Primera Instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que, si bien el demandante se encuentra cobijado por la Ley 32 de 1986, de acuerdo a las nuevas reglas jurisprudenciales el IBL de la pensión debe regirse por lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 100 de 1993, lo que para el recurrente en apelación desconoce sus derechos fundamentales, al aplicar indistintamente normas de sistemas pensionales diferentes, pues por un lado, se remite a la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, y del otro, el Acto Legislativo Nro. 01 de 2005 y al Decreto 1950 de 2005. En tal sentido, la Sala advierte que resulta necesario abordar el régimen jurídico en pensión de los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia a fin de determinar cuál es la disposición jurídica y la postura

de 2005 y al Decreto 1950 de 2005. En tal sentido, la Sala advierte que resulta necesario abordar el régimen jurídico en pensión de los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia a fin de determinar cuál es la disposición jurídica y la postura actual adoptada por el órgano de cierre de esta jurisdicción en relación con la forma en que debe calcularse el IBL de las pensiones de alto riesgo del personal del INPEC beneficiarios del régimen de transición. Así las cosas, conviene indicar que con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993 el régimen general de pensiones estaba contemplado en la Ley 33 de 1985, sin embargo, en el art. 1 inciso 2 se dispuso expresamente que lo allí consagrado no resultaba aplicable a los empleados oficiales que desarrollaran actividades que por su naturaleza justificaran alguna excepción, ni aquellos que por ley gozaran de un régimen especial de pensiones. Es así como la Ley 32 de 1986, reguló el régimen prestacional del personal de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional y respecto a la pensión reguló en el art. 96, lo siguiente: “Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad” (Negrilla fuera del texto). Luego, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 407 de 1994 y en el artículo 168 estableció un régimen de transición para la pensión de jubilación de estos

servidores, especificando que: “(…) Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos efectos. Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno Nacional. PARAGRAFO 1. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo. PARAGRAFO 2. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas en la Ley 100 de 1993”.Página 7 REFERENCIA: SENTENCIA. RADICADO: 63001-3333-006-2023-00027-01. MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. DEMANDANTE: CÉSAR AUGUSTO VALLEJO FRANCO DEMANDADO: COLPENSIONES INSTANCIA: SEGUNDA

Es decir, y de acuerdo a la norma, que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC que para el 21 de febrero de 1994 (fecha de entrada en vigencia del Decreto 407 de 1994), se encontraran prestando sus servicios a dicha entidad pública tendrían derecho a seguir gozando de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. Por el contrario, a quienes ingresaron a laborar como guardias del INPEC con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto antes mencionado, su pensión le será reconocida conforme a lo que disponga el Gobierno Nacional sobre la materia, ello en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993. Por su parte, el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, estableció en relación con las actividades de alto riesgo que: “De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos. El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad (…). (Negrilla fuera del texto). En atención a la habilitación legal contenida en la disposición anteriormente transcrita y de la Ley 797 de 2003, el Presidente de la República expidió el Decreto 2090 de 2003, mediante el cual se incluyó a los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Guardia Penitenciaria del INPEC como servidores públicos que desempeñan actividades de alto riesgo20 y se derogó expresamente el artículo 168 del referido Decreto

2090 de 2003, mediante el cual se incluyó a los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Guardia Penitenciaria del INPEC como servidores públicos que desempeñan actividades de alto riesgo20 y se derogó expresamente el artículo 168 del referido Decreto 40721, disponiendo en su lugar, lo siguiente: “ARTÍCULO 6o. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo. PARÁGRAFO. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003”. (Negrilla fuera del texto). Posteriormente, se expidió el Decreto 1950 de 2005 que reglamentó el art .140 de la Ley 100 de 1993, en el cual se dispuso que: “(…) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará

el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. Con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con el Decreto-Ley 407 de 1994 en concordancia con el Decreto 1035 de 1994”. 20 Decreto 2090 de 2003. ARTÍCULO 2o. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes: […]. 7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública. 21 ARTÍCULO 11. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente decreto regirá a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias, en particular, el artículo 168 del Decreto 407 de 1994, los Decretos 1281, 1835, 1837 y el artículo 5o del Decreto 691 de 1994, el Decreto 1388 y el artículo 117 del Decreto 2150 de 19